Lloremos a Isagén

Aunque resulte redundante y aparentemente inútil, es imposible abstenerse de comentar el caso de Isagén. La bajeza con la que ha actuado el gobierno de Juan Manuel Santos ha llegado a extremos tan sorprendentes como intolerables. No solo ha exhibido un comportamiento dictatorial, poniéndose en contra del sentir prácticamente de todos los colombianos —los pocos a favor de la venta son personajes mermelados como Rudolf Hommes, según se ha conocido—, sino que se llevó de calle todas las normas morales, éticas y hasta legales, sin mencionar la carencia más absoluta de sentido común.

Isagén no pudo venderse de peor forma ni a un cliente más oscuro. Se vendió a la brava, programando su enajenación en plena vacancia judicial para evitar que fuera frenada por alguno de los varios recursos que estaban en trámite, y se mantuvo la venta a pesar del retiro de la chilena Colbún, dejando sin puja la subasta y facilitando la compra al precio base. Recordemos que en otros casos, como la adjudicación del tercer canal de televisión, las subastas de un solo proponente han sido canceladas.

Como si fuera poco, el fondo canadiense Brookfield —el nuevo dueño— afronta graves acusaciones por sobornos en Brasil, y hay serios indicios de que la bisagra entre el gobierno de ‘Juampa’ y esta corporación es nadie menos que Tony Blair, quien ha tenido extraños contratos de ‘asesoría’ con Planeación Nacional en esta administración.

Aquí la suspicacia no es gratuita. Hay que ser muy ingenuo para creerse el cuento de que esta era la única opción para financiar las carreteras, más cuando el Gobierno dice que estas tienen una espectacular tasa de retorno que las convierte en un negocio muchísimo más rentable que el de la energía. Pero, de ser así, ¿por qué no se les tiraron ‘en voladora’ a financiarlas los bancos, los fondos de pensiones, los gremios…? Pura palabrería, no hay que comer carreta.

Hasta la Constitución Política se violó. Dice el Artículo 60: “Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria”. Más claro no se puede.

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Pasando a otro tema, no podemos echar en saco roto los datos comparativos que arrojan los homicidios del 2015 en dos naciones hermanas como son Colombia y Venezuela. En la nación vecina, ese esperpento del castrochavismo ha fracasado en todo, incluyendo la provisión de seguridad, tema en el que las dictaduras comunistas son implacables.

Pues bien, el año anterior, en Venezuela, se registraron 27.875 homicidios, equivalentes a 76 asesinatos cada día. Como quien dice, una masacre diaria y de enormes proporciones. Tan solo en Caracas hubo 5.200 víctimas. Ese nivel de criminalidad ha convertido el ‘paraíso del siglo XXI’ en uno de los países más violentos del planeta, con un índice de 90 asesinatos por cada 100.000 habitantes.  Y el indicador de Caracas es aún peor: 159 homicidios por cada cien mil.

Colombia, en cambio, ha venido reduciendo el clima de violencia de manera impresionante desde 2002, cuando se inició la implementación de la Seguridad Democrática. El desmantelamiento de los grupos paramilitares y el debilitamiento de las guerrillas han sido un paso fundamental en ese camino. De tal manera que en el año que recién terminó, nuestro país registró 12.193 homicidios, lo que representa un índice de 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes, nada mal para un país “en guerra”.

Para ponerlo en perspectiva, estamos muy cerca de los índices de criminalidad que tenía nuestro vecino antes de que llegara el chavismo, cuando de allá nos miraban por encima del hombro, con cierto desdén. En 1998, Venezuela tenía una tasa de 19 homicidios por cada cien mil, hoy es casi cinco veces mayor, luego de 17 años de chavismo puro, modelo que se esconde tras el proceso entreguista de La Habana. Comparando esas cifras, cabe preguntarse ¿qué país está en guerra, Colombia o Venezuela?

(Publicado en el periódico El Mundo, el 18 de enero de 2016)