Como si no hubiera suficientes indicios de las abultadas concesiones del pésimo acuerdo de paz logrado con las Farc, se han puesto de manifiesto en los últimos días tres asuntos absurdos a más no poder.

El primero es que se está tramitando una ley en la que se prohíbe la creación de grupos paramilitares, cosa que parece muy loable. Sin embargo, estos grupos siempre han estado prohibidos y lo que se pretende con este galimatías de prohibir lo prohibido es, por una parte, que el Estado se arrogue toda la responsabilidad por los crímenes del paramilitarismo con todas sus consecuencias —económicas, políticas y hasta jurídicas—, y, por otra parte, concederles a las Farc la justificación de su existencia como respuesta a un supuesto Estado opresor. Sobra decir que el proyecto no menciona prohibición alguna para el surgimiento de grupos guerrilleros.

Ciertamente, lo que deja de manifiesto esta ley es el reconocimiento, por parte del Estado, de un orden irregular que consistía en crear y/o apoyar grupos criminales con el fin de exterminar a la oposición, lo que constituiría la aceptación de un genocidio. Una falacia a la que se pretende llegar reescribiendo la Historia: los héroes altruistas (Farc) que enfrentaron la mano negra (paramilitares) de la tiranía. Por demás, era de esperar que las Farc se mostraran victoriosas ante el rival que por mucho tiempo fue el único obstáculo que les impidió tomarse a Colombia.

El segundo lo ha puesto en la palestra el exministro Jorge Humberto Botero en una columna titulada Delirio (Semana.com, 18/08/2017), en la que advierte que la Justicia Especial para la Paz se va a amparar en un exótico concepto llamado “justicia prospectiva” para proferir sus fallos. Un modelo de justicia inusual que no tiene cabida, hasta donde se sabe, en ningún país del mundo, y que se podría definir como ‘aquella justicia que profiere las decisiones más convenientes para las futuras generaciones’. Sin duda, algo que suena muy bonito, pero cuyo problema radica en la dificultad de elegir objetivamente lo que sea más conveniente para el futuro de todos. Es decir, ya no tendríamos una justicia dedicada a proferir fallos basados en la valoración de unas pruebas a la luz de una jurisprudencia desarrollada durante años bajo el amparo de los preceptos básicos del derecho universal sino una cuyas decisiones contendrán una alta carga de subjetividad, una justicia prejuiciosa.

¿Acaso no se parece eso a las decisiones por “conveniencia política” que se tomaban en el seno de la Corte Suprema de Justicia contra el gobierno de Uribe? ¿Será exagerado creer que los magistrados de la JEP —elegidos por extranjeros de extrema izquierda— considerarán que lo conveniente para las futuras generaciones es el comunismo y ayudarán, con sus fallos, a remar hacia allá?

El tercer desatino es el inventario de bienes de las Farc. Como si no estuviera suficientemente claro que este proceso ha sido una burla absoluta para con el país, la lista de bienes para reparar a las víctimas es todo un esperpento. Con gran cinismo y actitud provocadora, los narcoterroristas incluyeron en su pobre inventario cosas tan absurdas como tratamientos de vena várice, cirugía de pene, exprimidor de limones y naranjas, traperos y escobas, ollas, pocillos y platicos, y una sal de frutas.

Incluyen otros elementos que no son de su propiedad, como tierras ‘incautadas’ a la mafia y ‘carreteras’ construidas por ellos, así como cerca de 250.000 hectáreas de tierra de las que no aportan documentación alguna y bienes que ya están en proceso de extinción.

Todo esto evidencia que las Farc no van a ofrecer su fortuna para reparar a las víctimas, y que será el Estado colombiano quien termine por hacerlo con cargo a nuestros bolsillos. Recordemos que la revista The Economist tasó la fortuna de las Farc en 30 billones de pesos con información de la UIAF, cuyo director fue despedido por Santos al instante. Un simple incumplimiento más.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 28 de agosto de 2017).

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Posted by Saúl Hernández

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