Los colombianos asistimos por estos días a una trama de intriga que parece sacada de una telenovela de Julio Jiménez, de cuando nuestra televisión era más que capos y tetas. ‘¿Quién mató a Pizano si era tan buen muchacho?’, se podría llamar. O a los Pizano, porque fueron dos, Jorge Enrique y Alejandro, padre e hijo.

Para los suspicaces que dan crédito a cuanta teoría de conspiración surge, hay un doble crimen. Para ellos es imposible aceptar que no haya muestras de cianuro en los tejidos de Jorge y que el tarro de veneno encontrado en su baño tenga sus huellas dactilares. Aun si hubiere un video que lo mostrara comprando el químico en un almacén, tampoco se convencerían. Que un enfermo terminal de cáncer pancreático tenga listo en casa un veneno sorprende a muchos, a pesar de que en Colombia se suicidan más de 3.000 personas al año. Y que un tercero sorba inocentemente ese coctel es como de película, pero puede suceder.

Hasta ahí, no parece haber un crimen. El problema es que don Jorge Enrique era uno de los testigos estrella del caso de corrupción de Odebrecht, y las circunstancias de su muerte y la de su hijo lo hacen ver como ‘el hombre que sabía demasiado’. Si a ello añadimos las grabaciones de unas charlas en las que le había comentado a un amigo los oscuros tejemanejes de la constructora para granjearse los contratos, en lo que se advierten movidas que traspasan el Código Penal, el asunto se pone peliagudo, con el agravante de que ese amigo, al que Pizano grabó y pone hoy, post mortem, en la picota pública, es el actual Fiscal General de la Nación. Todo un culebrón.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué obligación hay de denunciar cuanto cuento de corrupción, o de cualquier otro delito, llega a oídos de uno? ¿Informaciones que a menudo no pasan de ser rumores que no hay manera de sustentar, aunque tengan algún fundamento?

Por ejemplo, no es inusual oír chismes sobre corrupción en la contratación pública, cosas al estilo de que un fulano compró un solar por 50 millones y luego, una entidad pública se lo compró por 1.600 millones de pesos, más de 30 veces el valor real, como acaba de destaparse en Envigado. Pero, como tenemos una administración de justicia y unos entes de investigación y de control sordos, paquidérmicos y también corruptos, pocos ciudadanos se atreverían a perder el tiempo denunciando un rumor que no pueden probar.

La corrupción es cada vez más sofisticada, y se mueve mayoritariamente a través de contratos que ni siquiera necesitan una justificación sólida porque el papel aguanta todo, como si la corrupción se pudiera legalizar. Cuando el Estado compra un bien por mucho más de su valor comercial, la excusa es que el precio incluye seguros, mantenimiento, capacitación y mil arandelas más. En otros casos, el descaro cunde, como cuando se crean cargos o se contratan asesorías innecesarias –como las de la recordada señora Springer–, que toda persona bien conectada se precia de tener.

No hay alcalde que pase su cuatrienio sin malgastar el presupuesto remodelando el parque o comprando la casa que habitó algún ilustre ciudadano, dizque por ser un bien patrimonial. Pero transcurren décadas sin atender necesidades básicas como el agua potable, y hasta se roban costosos préstamos destinados al acueducto sin que pase nada; la culpa es del que ideó el instrumento financiero y no del que robó.

¿Para esto se quiere gravar la canasta familiar? Que el presidente Duque se dedique de tiempo completo a perseguir la corrupción: basta con sentarse a leer contratos; ni siquiera se necesita lupa, y tal vez a sus denuncias sí les presten atención. Ahí están el billete y el filón de su gobierno.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 27 de noviembre de 2018).

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Posted by Saúl Hernández

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