Los gringos tienen las elecciones de medio término (midterm) hacia la mitad del mandato presidencial. En ellas eligen a todos los miembros de la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado, con lo que los periodos de unos parlamentarios se traslapan o intercalan con los de otros y con el del presidente mismo, dándole continuidad institucional a una república que nunca duerme.

Que todas las autoridades de un país tengan sus tiempos sincronizados no conlleva un beneficio intrínseco para su democracia. Es probable que se ahorre unos pesos, pero también es muy posible que esas instituciones y sus representantes puedan manipularse más fácilmente al ir metidos en la misma bolsa.

Unificar los periodos de alcaldes y gobernadores (además de los de ediles, concejales y diputados) con el del Presidente de la República implicaría o que al imponerse una figura muy popular en la primera magistratura lleve en su paquete hasta los alcaldes de los pueblos más insignificantes, o que haya un festín de las maquinarias en cada pueblo, fortaleciendo la compra de votos y socavando el voto de opinión, para poner inquilino en la Casa de Nariño. En cualquier caso, mezclar las elecciones regionales con las presidenciales provocaría una mutua e indeseable contaminación.

Obviamente, los impulsores de este engendro no están pensando en el mesías que aparece cada 50 años, que arrastraría sus candidatos a alcaldías y gobernaciones. No. Ellos están pensando es en poner a funcionar unas maquinarias bien aceitadas para tomarse el poder –y el erario– a punta de ‘mermelada’. Si con el ‘trabajo’ de los candidatos al Congreso, los ‘Ñoños’ y Musas lograron reelegir a un impopular Santos, ¿cómo será metiendo en esa alineación a toda la fauna política, candidatos a alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y Congreso? Así, partidos tan corruptos como ‘la U’ o Cambio Radical podrían, fácilmente, llevar a la presidencia a un Roy cualquiera, a un Benedetti chuzador o a un Vargas Lleras que no levanta cabeza.

Sobra decir que, amén de ser una malísima idea, esta es también, sin ninguna duda, una medida ilegal e inconstitucional; un adefesio que pisotea el mandato del constituyente primario de manera tan grotesca como fue el pasarse por la faja la decisión negativa del plebiscito de hace dos años. Los actuales mandatarios regionales fueron elegidos hasta el último segundo del 31 de diciembre de 2019, y solo el voto popular podría alargar ese periodo así fuera solo por un minuto más. De manera que ese día, cuando suene “Faltan cinco pa’ las doce” podrán irse quitando la banda sin afán. Hacer otra cosa sería un golpe de Estado.

Por eso es muy extraño que después de tantos días de haberse lanzado este globo, la propuesta siga ahí, viva y pasando debates. Los interesados han logrado envolver en huevo esta torta con el cuento, como ya se dijo, de ahorrar unos pesos juntando elecciones, pero también han mencionado una supuesta sincronía de los planes de desarrollo locales y regionales con el nacional, lo cual supondría una supuesta aprobación y ejecución automáticas que no son reales. Y han echado mano al tema de la Ley de Garantías, ese otro Frankenstein que paraliza la contratación los meses previos a las elecciones.

Enhorabuena, muchos alcaldes y gobernadores se amarraron al mástil y no hicieron caso a los cantos de sirena: acatan el periodo para el que fueron elegidos. Lo mismo hizo el presidente Duque, quien va a cortar el nudo gordiano derogando la Ley de Garantías, pues si se creó con ocasión de la reelección presidencial, con su prohibición perdió su razón de ser. Los alargues, mejor, dejémoselos al fútbol.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 30 de octubre de 2018).

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Posted by Saúl Hernández

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