Hay asuntos domésticos que sorprenden por su magnitud. Uno ellos es el alto número de colados en el sistema TransMilenio de Bogotá. La Universidad Nacional acaba de publicar un estudio según el cual 384.000 personas se cuelan a diario sin pagar el pasaje, con un detrimento de cerca de 220.000 millones de pesos anuales que servirían para construir un sistema de cable para conectar a los pobladores de algún barrio pobre de la capital. Eso significa que el 15% de los usuarios de este medio de transporte, uno de cada siete, son una verdadera carga para los demás. Y cuando se les pregunta por qué no pagan el pasaje, casi todos aducen que el servicio es muy malo, mientras que la empresa operadora afirma que este mejoraría ostensiblemente si no tuvieran ese hueco en las finanzas.

Dicho fenómeno tiene cierta semejanza con el tema de la prestación del servicio de energía en la Costa Atlántica colombiana, donde a la empresa Electricaribe se le acusa de proveer un pésimo servicio sin considerar el alto número de conexiones ilegales y la cultura del no pago que impera en esa región, aun entre personas que cuentan con suficientes recursos económicos. Debido a eso, los colombianos nos veremos abocados a pagar una sobretasa en nuestras cuentas de servicios para ayudar a recuperar a esa empresa y a que los costeños tengan un buen servicio, cosas que no se lograrán mientras la gente se siga negando a cancelar sus cuentas.

En contraste —y las comparaciones suelen ser odiosas— en el Metro de Medellín no existe el problema de los colados, y las Empresas Públicas de Medellín no solo no tienen que lidiar con conexiones ilegales, sino que disfrutan de altos índices de cumplimiento de los usuarios en el pago de sus servicios. No es casualidad, pues, que sean las dos empresas más admiradas de la ciudad (y podría decirse que del país); y si funcionan bien se debe, en gran medida, a que los usuarios pagan de manera oportuna la tarifa, creando un círculo virtuoso: la gente paga porque recibe un buen servicio y las dos empresas suministran un buen servicio porque la gente paga.

Ahora, ¿por qué hay tan marcadas diferencias entre la cultura de los habitantes de unas regiones del país en comparación con los de otras? No es casualidad que en Bogotá las tendencias políticas se inclinen con tanta fuerza hacia la izquierda en tanto que, en Medellín y Antioquia, la tendencia es hacia la derecha. Bien se sabe que en la capital hay un gran arraigo por los subsidios y todo lo que tiene que ver con las ayudas del Estado, lo que podría estar acrecentando la predisposición de sus habitantes a exigir subvenciones y políticas asistencialistas en tanto que en otras ciudades se privilegia el esfuerzo, el trabajo y la iniciativa individual. Si nos fijamos, no es tampoco una casualidad que en la Costa caribe sea donde estén más habituados a la compraventa de votos y a la corrupción administrativa, lo cual parece derivar en que los pobladores pretenden que las cosas sean regaladas, lo que ha terminado por crear una cultura de no pago de los servicios públicos.

Eso es lo que hay que agradecerle a la izquierda en Bogotá; es lo que ha provocado la clase política de la señora Ángela María Robledo, la que insulta a los antioqueños con el anatema de que provenimos de una cultura mafiosa con herencia sicarial. Mientras en Antioquia se construye país, en otras regiones se enseña a vivir de los demás, como zánganos o parásitos, sin aportar nada a la sociedad. No hay que hacer un gran esfuerzo para descubrir que un altísimo porcentaje de los colados de TM está constituido por estudiantes de colegios y universidades públicas, que, de acuerdo con el estudio realizado, se ajustan al perfil de quienes se cuelan por inconformidad: «El colarse se asume como un acto de rebeldía contra la calidad del servicio y contra el ‘sistema’, entendido este último como el ordenamiento político general».

Esa es la «Colombia Humana» del exguerrillero Petro y sus seguidores tirapiedras que presentan notables avances en el descarrilamiento del país, alcanzando ya cifras de alto calado que deberían generar honda preocupación.

EN EL TINTERO: Se cumplieron 17 años de la masacre de Bojayá en la que murieron 119 personas a manos de las Farc. Y para conmemorarla, el Tribunal Administrativo del Chocó nos conmina a todos los colombianos a pagarles 312.000 millones de pesos a cerca de 1.200 víctimas que demandaron al Estado. Un tercio de ese dinero se lo llevarán los abogados, y muchos se preguntan ¿cuánto se llevarán los magistrados?

(Publicado en el periódico El Mundo, el 15 de mayo de 2019).

 

Medellín, 13 de mayo de 2019

[Se autoriza su reproducción total o parcial citando el autor]

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Posted by Saúl Hernández

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