En los últimos veinte años he escrito varias columnas sobre el glifosato que han exigido recabar mucha información. Y la primera conclusión a la que se llega es que este es un tema de honor para la izquierda en todo el mundo, muy de la mano con el de las semillas modificadas y los alimentos transgénicos, que los zurdos consideran nocivos para la salud. De hecho, la empresa Monsanto, productora del glifosato (Roundup) y de muchos tipos de semillas mejoradas, es para ellos poco menos que el demonio. Pero en el tema agrícola conviene comparar el legado comunista de hambrunas y charlatanería, como la de su científico «estrella», el soviético Lysenko, con los avances capitalistas guiados por la ciencia, en cabeza de Norman Borlaug, premio Nobel de paz en 1970, padre de la revolución verde y de quien se dice que salvó a mil millones de personas de morir de hambre.

Todos los que se oponen a la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, pasan por alto, olímpicamente, que con esa sustancia se fumigan toda clase de cultivos lícitos: «es el herbicida más usado en el mundo y de corriente aplicación en sembrados de caña, granos, frutas, hortalizas, tubérculos, oleaginosas y viñedos», como lo afirmé en una columna hace muchos años («Los mitos del glifosato», El Tiempo, 26/12/2006). Incluso, mencioné que, en ese entonces, «el Gobierno ecuatoriano ‘aclaró’ —luego de que el ministro Andrés Felipe Arias puso sobre el tapete que Ecuador fumiga sus cultivos lícitos con 800 mil galones anuales de glifosato— que el problema no es el herbicida, sino la aspersión aérea» (por el supuesto arrastre del viento). Es decir, ante tamaña evidencia, Correa no se atrevió a sostener la caña.

En la misma columna destaqué un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec (Canadá), realizado para la Organización Panamericana de la Salud, en 2001, sobre el caso colombiano en particular. En él se concluyó que «este agente tiene una toxicidad muy débil, que no afecta el tejido nervioso ni la capacidad reproductiva, que no es cancerígeno ni es bioacumulable, que no es mutagénico ni produce malformaciones en embriones…». También mencioné un estudio (Maibach, 1986) que afirma que el Roundup no es más irritante que un limpiador multiusos o un champú para bebé, pero donde se advierte que «beberse un champú —o un vaso de Roundup— puede causar hipervolemia, edema pulmonar, hemólisis y, finalmente, la muerte», y se concluye que «a pesar de su utilización profusa en el mundo se han reportado pocos casos significativos de intoxicación. Los graves son resultado de la ingestión voluntaria teniendo como propósito fundamental el suicidio». O sea, como suele decirse, dependiendo de la dosis, todo es veneno.

En otra columna («Controversia vieja y deshonesta», El Tiempo, 19/05/2015), cité que en los noventa, «el biólogo Jesús Idrobo se hacía la pregunta del millón: “Si se han invertido 1’300.000 litros de glifosato en Colombia en cultivos comerciales y nunca ha sucedido nada, ¿por qué se genera tanta controversia con estos cultivos ilegales?” (El Tiempo, 03/02/1992)». Y expuse que «la entrega a las Farc llevó (al gobierno de Santos) a ocultar un informe técnico-científico del Instituto Nacional de Salud, en el que se afirma sin ambages que el glifosato no da cáncer. El informe dice que los estudios indican algún riesgo solo cuando hay exposición ocupacional (trabajo con herbicidas) con multiexposición a otros plaguicidas; que el riesgo para la población no se modifica en las condiciones actuales del programa de fumigaciones y que la toxicidad e impacto agudo y crónico de los precursores químicos usados para elaborar cocaína son mucho mayores que los que puede generar la exposición a glifosato».

Ya en los ochenta, la administración de Belisario Betancur había incurrido en la misma contradicción. El 22 de mayo de 1984, el periodico El Tiempo informó: «El Gobierno descartó el uso del herbicida paraquat en cultivos de marihuana y cocaína, pero autorizó su utilización en la agricultura». Ahora es el glifosato el que se prohibe para asperjar cultivos ilícitos por ser «cancerígeno», pero se permite su uso en todo lo demás. Es que «si al Gobierno (el de Santos) en realidad le importara la prevención del cáncer en la población colombiana, prohibiría cosas que comprobadamente lo ocasionan y otras sobre las que hay indicios no concluyentes. (…) ¿Qué tal el tabaco, los embutidos, el asbesto, la contaminación del aire?

La verdad es que el narco siempre logra satanizar todo instrumento de combate de las drogas; sus defensores ocupan puestos claves del Estado para asegurarse de que así sea.

EN EL TINTERO: Si se armó tremendo escándalo solo por objetar seis artículos, ¿qué tal que el presidente Duque hubiera objetado toda la ley estatutaria de la JEP como debió suceder? Colombia no debe temerle al pataleo de los narcoterroristas en pos de su impunidad.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 20 de marzo de 2019).

 

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Posted by Saúl Hernández

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