Si algo genera malestar entre la opinión pública del país es la corrupción. Todos los colombianos piden un combate frontal contra esta lacra y existe el consenso generalizado de que deben imponerse penas muy severas y castigos muy estrictos para que este mal vaya cediendo.

También se proponen acciones educativas para generar un cambio cultural, lo que está bien, pero hay que tener en cuenta que existe una gran diferencia entre colarse al TransMilenio sin pagar y desfalcar las arcas de una ciudad como Bogotá en montos que se cuentan en cientos de miles de millones de pesos.

Un agravante del problema es que la ciudadanía tiene muy claro que mientras el corrupto más robe, mejor le va. Y son los altos funcionarios los que tienen una verdadera posibilidad de robar a lo grande de los recursos que todos hemos aportado a través de los impuestos. Y nos referimos a altos funcionarios públicos pues en el sector privado no se pierde tanto dinero; allí hay dolientes y cada centavo se invierte con cuidado, en el sector público no.

Todos sabemos que los grandes ladrones reciben condenas supremamente laxas, y eso cuando los vencen en juicio, pues a menudo salen indemnes. Son condenas de 5 años, 10 años. Tan solo en casos excepcionales llegan a 20 o un poco más, pero de todas formas nuestro sistema es garantista en exceso y el delincuente —máxime el de cuello blanco— se ve favorecido por una especie de premios secos que convierten el castigo en un aliciente para delinquir.

Recordemos que estos delincuentes, por lo general, no devuelven un solo peso de lo robado. A veces, la justicia les incauta algunos bienes, pero estos casi nunca constituyen un porcentaje importante del desfalco; eso queda en el extranjero, sobre todo en cabeza de testaferros, sean familiares, amigos, empleados, etc.

Por otra parte, el bandido de cuello blanco paga prisión en cómodas casas fiscales al interior de las penitenciarías o en pabellones cinco estrellas que no tienen los problemas de hacinamiento, violencia e insalubridad del resto del sistema carcelario. No contentos con eso muchos personajes logran hacerse recluir en instalaciones militares donde gozan de las comodidades de los casinos de oficiales. No son calabozos sino habitaciones dignas de un centro vacacional.

Y lo que es peor, con insólita frecuencia estos bandidos logran el beneficio de la casa por cárcel —mansión, en estos casos— por supuestos quebrantos de salud que no pasan de ser meras artimañas. Incluso, hay quienes se han beneficiado de esa medida dizque por ser padres o madres cabeza de familia, como si pudieran ser dignos de ejemplo para sus propios hijos.

Al final, su salida de prisión está a la vuelta de la esquina con las malhadadas rebajas de pena de un tercio de la condena por trabajo y estudio, que en realidad son cualquier cosa, ningún preso trabaja ni estudia de verdad. Y, de contera, está el beneficio de libertad condicional por el cumplimento de las tres quintas partes de la pena, con lo que estos personajes terminan libres y cero kilómetros en un abrir y cerrar de ojos y con casi toda su fortuna mal habida intacta: gastando el dinero de todos en almacenes y restaurantes, a la vista de una Colombia indignada.

A Guido y Miguel Nule, Mauricio Galofre y Emilio Tapia, ningún juez tenía que concederles beneficios solo por cumplir los requisitos matemáticos porque faltaba lo más importante: haber resarcido a las víctimas y eso solo podían hacerlo devolviendo lo que robaron. Por eso queda el tufillo de que estos togados son de los que venden sentencias como sus colegas cartelizados. Si ese tratamiento fuera para todos, a Andrés Felipe Arias le habría sido mejor quedarse, estaría cerca de salir de prisión y no encadenado de pies y manos en una prisión de verdad, como lo son las gringas. Pero él no robó y su condena es política, así que para él no habría tanta laxitud.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 14 de enero de 2019).

 

Posted by Saúl Hernández

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