Mientras en Alemania le acaban de imponer cadena perpetua a un individuo tan solo por envenenar la merienda de sus compañeros de trabajo —ninguno de los cales ha muerto—, en Colombia la izquierda pretende que nos traguemos enterito ese bodrio envenenado que es la Justicia Especial para la Paz (JEP), un tribunal que tiene por misión preservar la impunidad de los crímenes de las Farc, cuyos cabecillas no verán un solo día de cárcel por sus miles de asesinatos, secuestros, reclutamientos forzados, violaciones, desapariciones, etc., ni por el tráfico de narcóticos y los incuantificables daños materiales y morales que han provocado a lo largo y ancho del país durante 50 años.

En sus escasos meses de existencia, la JEP ha protagonizado toda clase de escándalos porque nació podrida de origen e intención. Bastan las palabras del jefe máximo de las Farc, alias ‘Timochenko’, para entender que se trata de una institución espuria, que nada bueno le puede traer al país: «…este tribunal es una experiencia única en el mundo, creado por los mismos insurgentes, en que los mismos insurgentes contribuyeron a su creación para someterse a ese tribunal. No hay antecedentes en el mundo en ese sentido…». De tal manera que la JEP equivale a la cárcel de la Catedral que se construyó el mismo Pablo Escobar para «someterse» a la justicia, y todos sabemos lo mal que terminó esa historia.

Recordemos también que esta imposición de las Farc y del pérfido Juan Manuel Santos, se llevó por los cuernos toda la institucionalidad colombiana, por lo que es ilegítima. En primer lugar, se desconoció la voluntad popular expresada en el plebiscito del 2 de octubre del 2016, que le dijo No a los acuerdos de La Habana. En segundo lugar, se le dio aprobación a este mecanismo en el Congreso, haciendo uso de la llamada «mermelada» (sobornos) para que se le diera trámite de forma expedita (fast-track), acomodando la Constitución a las exigencias de los terroristas. Y, en tercer lugar, se permitió que una comisión de cinco personas de extrema izquierda, en su mayoría extranjeras, eligieran a los magistrados de la JEP. Había un español amigo de ETA, un peruano amigo de Sendero Luminoso, un argentino amigo de los Montoneros… ¿Cómo un país permite semejante injerencia extranjera e ideológica para la formación de una institución de semejante calado?

Pero ahí no terminaron las demasías. Su primer director administrativo tuvo que renunciar en medio de acusaciones mutuas entre él y una cofradía de magistrados, interesados todos en apropiarse de la contratación en la entidad; mucho dinero de por medio y una frondosa burocracia. Por su parte, la directora jurídica, Martha Lucía Zamora, fue acusada por la Fiscalía de colaborar en la salida del país de guerrilleros de las Farc.

Por otra parte, a un hijo del expresidente Ernesto Samper —el que fue patrocinado por los narcotraficantes del Cartel de Cali, como lo rememoró alias ‘Chupeta’ en el juicio contra el ‘Chapo’ Guzmán—, le dieron un jugoso contrato (50 millones de pesos) ejecutable en plena Navidad y con tareas sumamente gaseosas. Le estaban pagando el favor de haber contratado al hermano de la presidenta de la JEP cuando él dirigía una agencia de tierras en el gobierno de Santos. Y es solo la punta del iceberg. La JEP también ha contratado por sumas generosas a decenas de abogados de las Farc para que ejerzan la defensa de sus cabecillas.

Sin embargo, tal vez el episodio más vergonzoso que ha soportado la JEP, en apenas dos años de existencia, es el relacionado con la extradición del narcoterrorista ‘Jesús Santrich’. Desde ese tribunal han tratado de hacer todos los esfuerzos argumentales para tratar de evitar su extradición por narcotráfico a EE. UU., pero ni a los más acerbos críticos de este engendro se les había pasado por la cabeza que funcionarios de esta corporación solicitaran coimas multimillonarias para impedir la extradición del capo.

El video de un miembro de la JEP guardándose 40.000 dólares en el saco mientras sus amigos reciben una maleta con 450.000 dólares más en un hotel, es demoledor. A este adefesio de tribunal le sale pus por donde lo aprieten, y para acabar de ajustar, no ha proferido un solo fallo condenatorio en dos años de malgastar recursos, así solo se trate de castigos figurados.

Y con todo esto, ¿hay quienes pretenden que el presidente Duque no objete algunos pocos artículos de la ley que le da vida a este albañal, como lo prometió en campaña? ¡Si es que habría que extirparlo completo!

(Publicado en el periódico El Mundo, el 13 de marzo de 2019).

Posted by Saúl Hernández

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