No es una simple casualidad el que varios columnistas coincidan en preguntarse o en llegar a la conclusión de que Colombia se está volviendo un país inviable e ingobernable. Eso debería causar en todos una honda preocupación que nos lleve a rectificar el camino, pero a riesgo de parecer cansón es preciso señalar que ello no ocurre porque buena parte de los que toman decisiones pretenden que el país se hunda en sus contradicciones para abrirle espacio a una alternativa política de extrema izquierda. No pudieron hacer la revolución por las armas, ahora quieren alcanzarla por demolición.

De ello hay muchos ejemplos. Es simplemente absurdo que el Estado no pueda fumigar los cultivos de coca con glifosato solo porque a un ministro de Salud se le ocurrió decir que producía cáncer y fue respaldado por la Corte Constitucional. Lo que ese ministro —hoy elevado a los altares de la rectoría de la más encumbrada universidad privada del país— no pudo explicar es por qué ese químico no es cancerígeno cuando se usa para fumigar toda clase de alimentos que llegan a nuestra mesa.

Muy raro que de los 9 millones de litros de glifosato que se usan en Colombia al año, los únicos cancerígenos sean los 500.000 litros que en promedio empleaban las autoridades para fumigar antes de que Santos se comprometiera con las Farc a prohibirlo. Un estudio publicado en el portal Razón Pública (¿Qué es más peligroso, el glifosato o los agroquímicos para el cultivo de la coca?, 12/08/2019) revela que en los cultivos de coca se utilizan básicamente 31 agroquímicos entre los cerca de 1.500 insecticidas, fungicidas y herbicidas que se comercializan en el país, varios de los cuales se consideran como tóxicos muy peligrosos. Y resulta que entre esos productos utilizados en los cultivos ilícitos está el glifosato, considerado «moderadamente peligroso», empleado por el 44% de los campesinos cocaleros para desmontar malezas. Curiosamente, hay un matamalezas más utilizado: el paraquat, con el 52%, que fue prohibido en el combate a los cultivos ilícitos en los ochenta con argumentos similares a los que se esgrimen contra el glifosato hoy.

De manera que el Estado no puede utilizar glifosato para combatir la coca dizque por ser cancerígeno, pero los campesinos que siembran coca lo usan para hacer más productivos esos sembrados. Obviamente, a los enemigos del glifosato les importa un comino el daño que puedan hacer los otros 30 agroquímicos utilizados, la deforestación causada para sembrar la coca, la veintena de precursores químicos con los que se procesa la droga que terminan en nuestros ríos y mucho menos que esa actividad sea el combustible que empodera a los violentos de todos los pelambres. Tanto dinero de por medio hace ver como bastoneras a los opositores del glifosato.

Algo similar pasa con el fracking. Colombia está cerca de perder la autosuficiencia en petróleo y gas. El horizonte está a la vuelta de la esquina: poco más de seis años para el crudo y diez para el gas. No solo habrá que importar combustible para el consumo interno —para los vehículos, para mover empresas, para cocinar y bañarnos— sino que perderemos los ingresos que genera Ecopetrol, con lo que se hace la política social en este país.

Mientras Estados Unidos se ha convertido en el primer productor mundial de crudo gracias al fracking, logrando remplazar las contaminantes centrales térmicas de carbón por las movidas con las energías limpias del gas natural, en nuestro país hay un activismo absurdo que pretende prohibir todas las técnicas de explotación no convencional y sumirnos en el caos. Lo triste es que los escollos no solo provienen de organizaciones seudoambientalistas como la Alianza Colombia Libre de Fracking, sino que es el mismo Consejo de Estado el que nos tiene a las puertas de una crisis energética y económica, que sería funesta para un país tan endeble como el nuestro.

Es tan ingobernable este país que el futuro de la central energética Hidroituango no depende de sus dueños ni de los expertos sino de lo que decida el Juez 75 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá (sí, de Bogotá), que se inventó una ‘mesa técnica’ de la que se valdrá para determinar si el proyecto que generará el 17% de la energía del país debe llevarse a feliz término o suspenderse. Ojo, con lo del glifosato y el fracking se puede presagiar una infausta decisión. ¿Para qué las elecciones populares si ya esos funcionarios no deciden nada?

Posted by Saúl Hernández

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