Pero repito que hubo errores que no se debieron cometer. Por ejemplo, no me pareció apropiado contratar un ejército para recolectar las firmas, pregonando, de paso, que la organización del Referendo era generadora de puestos de trabajo. De otra parte, se vio extraño, cuando menos, que la organización hubiera tenido acceso a las bases de datos de la Registraduría para verificar la autenticidad de las firmas. Igualmente, lució ridículo que trasladaran los mamotretos con las firmas en camiones blindados de Transval, empresa que resultó relacionada con DMG, lo que le dio pie a David Murcia para decir que había aportado 5.000 millones en especie, en transporte de documentos en camiones y helicópteros según su versión.

También, como ha quedado de manifiesto, los organizadores violaron los topes de financiación, pero además  el origen de los recursos no fue el más ortodoxo: se habla de autopréstamos y de aportes financieros hechos, casi en exclusiva, por contratistas del Estado.

Y tanta torpeza es imperdonable cuando se tiene entre manos un producto que, por su calidad, se vende solo. Sé que es muy fácil hablar después de sucedidos los hechos y desde la barrera, pero un comité organizador más prudente, sensato, reflexivo, cuidadoso, minucioso…, podría haber optado por utilizar voluntarios para recoger las firmas, pedir pequeñas contribuciones de los ciudadanos, cumplir una meta más modesta –menos pretenciosa y más fácil de alcanzar– de uno o dos millones de firmas, trasladar los libros en un camioncito contratado en una plaza de mercado, etcétera.

Creo que el Comité quiso descrestar incautos desde el principio, haciendo uso inapropiado del buen nombre del Presidente de la República, quién sabe con qué intereses. Y eso, de momento, tiene al Referendo herido de muerte en los despachos de la Corte Constitucional. Aún no está dicha la última palabra pero creo que es hora de que Juan Manuel Santos vaya ensillando para salir en campaña.

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Traigo esto a colación porque uno de los obstáculos que le quieren atravesar al referendo reeleccionista es el de la pregunta que fue respaldada por las firmas ciudadanas. Visto está que aquí no se le niega una firma a nadie, pero, en el caso del referendo, estaba claro que todos firmaban para apoyar la posibilidad de reelegir al Presidente Uribe en el periodo 2010-1014. Lo demás es literatura, que es a lo que se deben dedicar los gramáticos de ocasión que siembran dudas sobre la claridad de algo tan palmario. Ahora no falta sino que las dudas sobre la redacción de la pregunta sean vistas como un impedimento y que Devia sea admitido como candidato. El  mundo al revés.

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En ese entonces primaron, en el seno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, varios conceptos que deberían ser igualmente válidos hoy:

1. Que  la “séptima papeleta suscitó un verdadero plebiscito que no requiere prueba, pues se trató de un acto masivo y público”.

2. Que el país reclamaba “el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del orden jurídico”.

3. Que el constituyente primario tiene toda la competencia para ejecutar cambios.

4. Que “el no acceder a este clamor del pueblo será, sin ninguna duda, un factor de mayor desestabilización del orden público”.

Esos postulados, sin embargo, no fueron tan ciertos en esa época como lo son hoy; por lo que la Corte Constitucional debería actuar en consecuencia y reconocer la competencia del constituyente primario. Ojalá no se incurra en una incoherencia histórica.

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