Bien dice el valiente ex secretario jurídico del Ministerio de Agricultura Oskar Schroeder que “la inocencia no se negocia”, pero cada quien es dueño de su propio miedo y con eso es que intimida ese mal llamado ‘principio’. Aquí, cualquier inocente, siempre que un juez y un fiscal así lo decidan, puede ser condenado casi a perpetuidad y cualquier criminal ganar la libertad. No es raro, entonces, que muchos —y con mayor razón los bandidos— se acojan a tan indignante negocio: en una sociedad sin valores vale más ser un ‘pícaro’ confeso pero libre que un hombre honesto pero preso. Y hundir a otro es lo de menos.

Mas no puede esperarse que esa ‘Justicia’ se comporte como una dama —de ojos vendados, como se le representa— y no como una meretriz puñalera: el viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar prefirió acogerse al principio de marras, aceptando delitos que no cometió, y le quedaron mal, le clavaron 10 años aunque con la gabela de pagarlos en su casa. Sobra decir que su condena, tildada de ejemplar por algunos, tiene por objeto apuntalar la de Andrés Arias, que ya se presume de inusual severidad.

Diez años es un castigo infame para alguien que no se ha robado un solo peso. Ningún funcionario metió mano en los recursos de Agro Ingreso Seguro. Se los acusa de celebración indebida de contratos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura a pesar de que se han firmado 45 convenios con la misma entidad, en las mismas condiciones y en distintos gobiernos —incluido el actual— desde 1964, y se los responsabiliza de nueve casos de fraccionamiento de tierras por parte de particulares que abusaron del programa.

Pero las evaluaciones de la firma Econometría y del Iica concluyeron que AIS fue altamente benéfico para el campo colombiano y que los dineros se destinaron a lo señalado por la ley. No existió detrimento patrimonial porque los fondos fueron desembolsados directamente a los contratistas que hacían las obras de riego, no a los beneficiarios. Y de los 14.000 millones implicados en los nueve casos de fraccionamiento se han recuperado 12.500 millones. Esa es la mejor prueba de que no hubo corrupción de los funcionarios, sino avilantez de unos particulares y que el tema ha sido magnificado por malquerientes del gobierno de Uribe.

En contraste, los Nule solo fueron condenados a siete años y medio a pesar de que el detrimento patrimonial que causaron —según la contralora Morelli— asciende a más de 800.000 millones, de los cuales muy seguramente no se va a recuperar nada, como en los casos de las pirámides que les tumbaron más de tres billones de pesos a los colombianos. Según Petro, la plata sigue en manos de Inocencio Meléndez, Emilio Tapias y Julio Gómez. Y súmele a los Moreno: Iván se dio el lujo de traer abogados gringos, famosos. Eso no se paga con menuda.

En un país donde la corrupción muerde —según el procurador Ordóñez—, cuando menos, 9 billones anuales (el 13 por ciento de los contratos con el Estado de acuerdo con un estudio hecho con empresarios), es un esperpento confundir un estornudo con el cáncer y politizar tan grotescamente la lucha contra esa calamidad. A los funcionarios les imputan las maquinaciones de unos avivatos que gozan de lindos paseos en yate. Tal vez haya habido un poco de negligencia, alguna ligereza, un descuido, pero como es evidente que no se aplica el mismo rasero en todos los casos, no puede hablarse de justicia, sino de persecución.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 31 de enero de 2012)

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Claro, no es de poca monta que, en un país donde el poder y la gramática siempre han ido de la mano, los comunicados de las Farc sean más amenos, con un estilo adornado de sagaces ironías e infrecuentes referencias históricas, literarias y hasta religiosas, así como un lenguaje bien cuidado, pero no hay porqué hacerse ilusiones, en el fondo son más de lo mismo.

La última epístola es la respuesta a una carta que el historiador Medófilo Medina le había dirigido a ‘Alfonso Cano’ en junio pasado y que este no pudo contestar porque —a decir de ‘Timo’— “las veinticuatro horas del día hay sobrevuelos sobre nosotros ubicando la (más) mínima señal (…) para molernos a bombas”. A pesar de ello, ‘Timoleón’ sí pudo responderla y firmarla desde las “Montañas de Colombia”, aunque a todas luces se ve que es un texto trabajado en escritorio, vaya uno a saber si en Caracas o en Bogotá, mientras se degusta un whisky o un té.

Y es que se trata de un documento bastante extenso, cerca de 50.000 caracteres —equivale a 14 columnas de opinión como esta—, de un contenido sumamente denso y de una pulcritud en materia de ortografía, redacción, puntuación y concordancia, que parece haberse redactado a varias manos y revisado y corregido hasta el cansancio. De ahí que no se pueda pasar por alto el hallazgo de José Obdulio Gaviria —un ‘amargado’ y ‘troglodita’, en palabras del literato ‘Timochenko’—, quien en su columna de El Tiempo (18/01/12) reveló que en los computadores de ‘Reyes’ figuran varios mensajes firmados por ‘Timo’ que más parecen de un iletrado. Entonces, no sería nada raro que el comandante tenga quien le escriba —es decir, en nombre suyo—, como tampoco que los amanuenses sean esos mismos enamorados que le escriben a él.

Entrando en materia, hay que afirmar que el fondo de los comunicados no enseña el menor resquicio de una voluntad de paz; al contrario, los guerrilleros son claros en insistir en la “inevitabilidad de la guerra” y en reclamar un “debate abierto y público de opiniones (…) sobre las realidades económicas, sociales, políticas, culturales y hasta ambientales del momento contemporáneo mundial, latinoamericano y nacional”. Es decir, temas suficientemente amplios como para hablar hasta el fin de los tiempos sin alcanzar ningún acuerdo; la misma mamadera de gallo de las ‘audiencias públicas’ del Caguán, donde se discutía de lo divino y lo humano para simular supuestos avances hacia la paz.

‘Timochenko’ es contundente al señalar que no se desmovilizarán sin que se logre una solución política y que “esta no puede entenderse sino como un replanteamiento del orden existente”: “Promovemos un régimen político distinto”, afirma. “De lo que se trata es de reconstruir las reglas de la democracia” desmontando “el sistema multipartidista y de elecciones periódicas promovido desde la Casa Blanca (…) con el propósito de dar paso a las economías de mercado”.

Como vemos, el publicitado cambio de tono es puro maquillaje. Ni siquiera hay que leer entre líneas para entender que las Farc no quieren la paz sino alcanzar en el escritorio la victoria de imponer el marxismo-leninismo a pesar de haber sido derrotadas por las armas. No nos ilusionemos y que el gobierno no olvide que los colombianos queremos la paz, pero no a cualquier precio.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 23 de enero de 2012)

Documentos de Interés:

Carta a Medófilo Medina

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Tal aseveración entraña el ocultamiento de que tras todo conflicto irregular sobrevienen violentas transiciones que pueden llegar a ser peores que la disputa de origen. Eso es parte del ‘postconflicto’, y en ese contexto se originan las bacrim. Las desmovilizaciones dejan cientos de asesinos entrenados que no sirven para nada más, y armas por montones que no suelen entregarse para mantener una garantía frente al Estado. Venir a desconocer eso es una temeridad.

Los tuertos suelen olvidar —o callar— que los procesos de paz con las guerrillas han sido peores, como el del Epl, en 1991, del que quedó una sanguinaria facción disidente que siguió echando tiros y se alió con las Farc para exterminar a sus antiguos compañeros desmovilizados, que montaron un partido político en Urabá: Esperanza, Paz y Libertad.

Precisamente, los hermanos Úsuga, líderes de ‘los Urabeños’, iniciaron su bandidaje en el Epl e hicieron parte de esa disidencia que, de consuno con las Farc, perpetró esa carnicería. Luego se pasaron al bando de las Autodefensas y combatieron a las guerrillas, pero hoy conviven con ellas pacíficamente en aras del negocio del narcotráfico: producen el 20 por ciento de la cocaína que sale del país, nada mal. O sea que si los Úsuga representan el supuesto fracaso del desmonte del paramilitarismo, también serían la prueba de que la desmovilización del Epl fue un fiasco.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que estos angelitos que tanto en nombre de Mao como del dios dólar han cometido costalados de crímenes se deben de estar muriendo de la risa por la indecisión estatal de combatirlos con todo el poderío de la Fuerza Pública. Según algunos entendidos, dizque el DIH prohíbe el uso desmedido de la fuerza en contra de delincuentes ‘comunes’ y que estos sean combatidos por el Ejército y no por la Policía, que es la encargada del orden interno. Tampoco se les puede bombardear en sus campamentos ni atacar por sorpresa. ¿Qué tal las majaderías?

Si lo que se requiere es darles a ‘los Urabeños’ —y a ‘Rastrojos’, ‘Águilas Negras’ y similares— el rótulo de ‘terroristas’, ya tienen méritos suficientes. No son una banda de cosquilleros sino una peligrosa organización criminal que ejerce soberanía en extensos territorios, con notoria incidencia en las fronteras, y somete a las comunidades, incluso de grandes ciudades, donde cooptan a las bandas delincuenciales para controlar el microtráfico en los barrios. De su ostensible y preocupante dominio dan cuenta los alcances del reciente paro armado y el concurrido y lamentado funeral de alias ‘Giovanni’.

Paralelamente, las Farc continúan con una escalada de violencia ambientada por las pomposas epístolas del comandante ‘Timochenko’, esas que sus amigos —a una— tratan de hacer ver como “un evidente (y esperanzador) cambio de tono”. Con ínfulas de vencedor, ‘Timo’ pide retomar la agenda del Caguán —tan perversa como el despeje mismo— con la nada sorprendente aprobación del ex presidente Pastrana y el atrevimiento de Chávez de ofrecerse como mediador, como si nadie recordara que en la anterior ocasión se atrevió a telefonear a nuestros generales y terminó amenazándonos con los Sukhoi.

Para colmo, el rumor de que Santos tiene acercamientos secretos con las Farc dejó de ser un rumor y se convirtió en franca recomendación. Algo se cocina de espaldas al país, pero no es la paz. Hacerles concesiones graciosas a simples bandidos siempre será una receta ponzoñosa.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 17 de enero de 2012)

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• El comandante tiene quién le escriba

PARTE 1

www.youtube.com/watch?v=Z3Z9ukkWvzE

PARTE 2

www.youtube.com/watch?v=p942zBniXDc

PARTE 3

www.youtube.com/watch?v=a8jRXztEKkA

PARTE 4

www.youtube.com/watch?v=KoTPUGu5TAw

PARTE 5

www.youtube.com/watch?v=tjWUjRR9V7M

PARTE 6

www.youtube.com/watch?v=kjCjQ8iKMK0

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La propuesta de Petro ni es original ni es nueva. Todos los años se desempolva estimulada por muertes absurdas como las que provocan las mal llamadas ‘balas perdidas’. De hecho, la prohibición rige en Medellín desde hace dos años sin que hasta el momento haya resultados notorios, pues cada vez que se prohíbe el porte de armas son las legales las que se ven restringidas, no las ilegales.

De acuerdo con registros del Departamento de Control y Comercio de Armas, en el país hay 1’280.000 armas de fuego legales en manos de civiles, y se calcula que por cada arma legal hay cuatro ilegales. Cada año, las autoridades incautan alrededor de 30.000 armas ilegales en todo el país (29.504 en 2009; 27.117 en 2011), una cifra muy pobre si consideramos que constituye el 0,75% de las cerca de 4’000.000 de armas ilícitas que hay en Colombia. Asimismo, solo 21.241 personas fueron judicializadas por porte ilegal de armas en los últimos cuatro años, con el agravante de que ese era un delito excarcelable hasta la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual impone penas de prisión de 9 a 12 años.

Es decir, los esfuerzos para atacar el problema son insuficientes pero, contrario a lo que se piensa, no somos una sociedad armada. Según Foreign Policy, en EE. UU. hay 90 armas por cada 100 habitantes, y en el top 10 figuran sociedades pacíficas como Suiza, Finlandia, Suecia y Uruguay, donde hay 31 armas por cada 100. Colombia solo tiene alrededor de diez armas —entre legales e ilegales— por cada 100 habitantes. Y aunque con ellas se cometen demasiados crímenes, el reto consiste en desarmar a los delincuentes y a los intolerantes, no en dejar expuesta a la ciudadanía.

Lo ideal es que las armas sean monopolio del Estado, siempre y cuando aquel esté en capacidad de garantizar la seguridad en todo el territorio. En nuestro caso, controlar el porte ilegal de armas de fuego —así como la fabricación, el tráfico y la comercialización— equivale, en la práctica, a derrotar a los violentos de todas las pelambres, una tarea en la que llevamos 200 años.

Claro que esta no ha sido la única polémica del inicio de año. Ya dejó entrever el gobierno que está en trance de reformar el régimen pensional y que aumentará la edad de pensión. Pero como es un gobierno que reversa todas sus decisiones para quedar bien con todo el mundo, será incapaz de llevar a término esta reforma una vez que se desaten las protestas de los sindicatos y el descontento de quienes parecen ignorar —casi todos— que la pensión es para asegurar el sostenimiento en la vejez, no para “disfrutar” a tutiplén algo que no se han ganado. Menos del 30% de nuestros ancianos tienen pensión y una minoría de ellos, antiguos servidores públicos, se están llevando casi toda la tajada con cargo al Presupuesto y no a sus insuficientes aportes.

Al tiempo, no se entiende cómo el Ministerio de Salud ha decidido sufragar los costos de extracción de los defectuosos implantes mamarios franceses marca PIP, que 14.800 colombianas se pusieron en su mayoría por vanidad. Bastará que el médico lo recomiende —y lo hará— para que papá gobierno pague. El costo puede ser de 50.000 millones, a razón de tres por cabeza, cifra similar a la que tiene presos a los funcionarios del caso AIS, y eso que no se la robaron y que el dinero se recuperó. Un claro caso de subsidios que no le llegan, propiamente, a gente pobre.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 9 de enero de 2012)

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Según informa Univisión, Irán ha penetrado América Latina con ayuda del presidente venezolano Hugo Chávez. Habla de los acuerdos firmados entre Irán y Venezuela que van desde la materia militar, nuclear, económica, hasta de construcción de viviendas, pero agrega que estos “acuerdos” van más allá.

Indica que diplomáticos de Irán y Venezuela, estarían presuntamente preparando un ataque cibernético a la Casa Blanca, el FBI, el Pentágono y plantas nucleares. Además de la trama cibernética, entre otras revelaciones, el documental ofrece imágenes inéditas de una operación encubierta del FBI que permitió desmantelar una red que pretendía volar el aeropuerto JFK de Nueva York.  Además lo que vio y documentó un periodista español que se infiltró en las Círculos Bolivarianos de Venezuela y recibió entrenamiento militar.

www.youtube.com/watch?v=D3V6MPThRJc

Parte 2

www.youtube.com/watch?v=5hHZdL9rjlw

Parte 3

www.youtube.com/watch?v=m4H0H1oV87A

Parte 4

www.youtube.com/watch?v=U3EWdDIL3kI

Parte 5

www.youtube.com/watch?v=dPdI-JiCYrY

Parte 6

www.youtube.com/watch?v=zaORwJOoGj4

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Y aunque suene absurdo decirlo —puesto que estoy escribiendo sobre el tema—, creo que los medios de comunicación no deberían prestarse más para amplificar este asunto. Si este suplicio se manejara con discreción europea, en lugar del tropicalismo nuestro, donde los medios se convierten en la colorida carpa del circo, es probable que las Farc hubieran descartado hace tiempo esta práctica como estrategia de presión contra el Gobierno de turno y como ardid para alcanzar otros objetivos.

Lamentablemente, este manoseo que hacen las Farc de las víctimas, las familias y la opinión pública les es tremendamente rentable, ya que las oxigena y las mantiene vigentes, a pesar de su declive militar. De ahí que tengan que convertir una rutina que conocen de sobra en un espectáculo indignante.

Cuando una víctima de secuestro extorsivo es puesta en libertad, su regreso se produce en el término de la distancia, en cuestión de horas. Puede que se tarden dos o tres días en sacarla de la espesura y dejarla a un par de kilómetros de un corregimiento o una cabecera municipal, pero no más. Casi nunca se requiere una comitiva de recepción, ni helicópteros, lanchas o similares. Muchas vuelven a lomo de mula o a bordo de un bus gracias a algún buen samaritano que las descubre deambulando por ahí, a medio camino de la civilización.

Entonces, ¿por qué se toman tanto tiempo para liberar a tres secuestrados cuya devolución estaba decidida —supuestamente— desde antes de la masacre del 26 de noviembre dentro de un grupo de seis? Tratando de comprender la justificación de los actos de la guerrilla, habría que aceptar que las Farc pretenden curarse en salud en dos aspectos: uno, garantizar el regreso de los secuestrados sanos y salvos al entregarlos a mediadores de confianza para ellos; y dos, evitar que la Fuerza Pública tome ventaja militar de la información que pueda recabarse, para lo cual hay que complicar y distorsionar los hechos.

Sin embargo, ambos argumentos resultan traídos de los cabellos. En primer lugar, la insólita lentitud en la logística de las liberaciones devela un cálculo artero, sobre todo cuando a los sitios de liberación —siempre inhóspitos e inaccesibles— llegan primero ciertos periodistas y las cámaras de Telesur que aquellos garantes que fungen como únicos depositarios de las coordenadas, tan celosamente guardadas que hasta los experimentados pilotos brasileños terminan volando a otra parte.

El otro argumento se cae de su peso al echarles un vistazo a operativos militares de rescate de secuestrados, pues en ninguno ha habido ensañamiento con los victimarios. Si por algo fue aplaudida la operación Jaque fue por no haberse disparado un solo tiro, lo que le dio más valor a la proeza. Claro que si los artillados entran y barren a cien guerrilleros, no habría sido menos legítima; son terroristas y el Estado tiene el deber de combatirlos, aunque después se quejen ciertos arzobispos y ONG de fachada de los terroristas.

Hay que estirar la verdad como un caucho para creer que la liberación con cuentagotas es un acto de paz y no parte de la estrategia de supervivencia de la guerrilla, una manera de demostrar que conserva mucha capacidad de hacer daño y de chantajear a la sociedad y al Estado. Los once uniformados que mantiene en su poder son suficientes para engatusar al gobierno de Santos por el tiempo que le resta (según encuestas, no será reelegido), pero si necesitan más, tomarán a otros. ¿Alguien cree, honestamente, que quienes acaban de despedir el año asesinando a la esposa y el bebé de un policía en Orito (Putumayo) están interesados en la paz?

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 3 de enero de 2012)

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Es más, desde que terminó la administración Gaviria se le dio vuelta de página a ese desafuero y hoy, el ex sigue vigente, al frente del resurgimiento del partido Liberal en cuya dirección acaba de implantar a su hijo, y tomándose un gobierno que fue elegido con votos de Álvaro Uribe. El ministro de Defensa de la época, Rafael Pardo, funge de ministro de la revivida cartera de Trabajo, burocracia que trata de justificar alabando la adopción por consenso del salario mínimo para 2012 como si no se tratara de un asunto voluntarioso: en diciembre de 2006 los empresarios ofrecieron un incremento de 6,9% al que los trabajadores se negaron para no darle un éxito al gobierno de Uribe, que terminó fijándolo por decreto en 6,29%.

En el mismo sentido, las Farc engañaron al Estado en varias ocasiones con fingidos procesos de paz, principalmente en el que se desarrolló en el Caguán durante la administración Pastrana. Allá desfiló la crema y nata de la política, la economía y la alta sociedad. Les ofrecieron a los terroristas refundar la Patria a través de una asamblea constituyente, entregándoles el poder y absolviéndolos de todos sus crímenes, muchos de los cuales se cometieron en la zona de distensión en el momento mismo de los diálogos. El señor Pastrana se pavoneaba por el mundo con ínfulas de Mandela, convencido de que le iban a dar el Nobel de Paz ¡y de que se lo merecía!

No obstante, a pesar de los pésimos resultados de esta aventura, también se dobló la página; a nadie se le ha ocurrido judicializar a Pastrana, o a alguno de sus funcionarios, por complicidad con los centenares de crímenes cometidos por los terroristas al amparo de la rendición del Estado en el área que se desmilitarizó o en el resto del país, pues paramilitares y guerrilleros se lo tenían repartido entre sí. Es más, al igual que Gaviria —y que el inefable Samper—, Pastrana opina de lo divino y lo humano como si su gestión fuera digna de recordación: apenas hace unos días le pidió a la OEA que se manifestara sobre la desmovilización de los ‘paras’.

Y son apenas dos ejemplos que nos muestra el retrovisor para sopesar lo que hoy está ocurriendo. El gobierno de Álvaro Uribe implementó la exitosa política de Seguridad Democrática para combatir por igual a todos los actores armados. Arrinconó a las guerrillas, desmovilizó a las autodefensas y extraditó a cerca de un millar de narcotraficantes a EE.UU., incluyendo a los miembros de la cúpula paramilitar, que pretendían perpetrar otro engaño: purgar penas cortas en prisiones de baja seguridad y recuperar su poder al salir.

Una de las políticas más exitosas fue la de desmovilización, pero como cualquier política social no está vacunada contra engaños. Desmovilizados, desplazados, damnificados, víctimas o victimarios ficticios —o sus representantes, como el Colectivo de Abogados del caso Mapiripán— pueden inducir a error al Estado para obtener beneficios fraudulentos como esas pensiones abultadas que consiguen con trampa hasta algunos altos magistrados.

Pero lo más extravagante de todo es que mientras que antes se doblaba la página, ahora se incrimina a los funcionarios y exfuncionarios públicos por los delitos de quienes engañaron al Estado, como en los casos del exministro Arias y del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, graduado de traficante de armas por una Fiscal General que pretende recuperar su legitimidad perdida abusando del Derecho. La persecución es evidente.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 27 de diciembre de 2011)

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De lo que esta biografía no deja dudas es de cómo un sujeto que no terminó la universidad llegó a convertirse en un adalid de nuestros tiempos, empezando porque el determinismo geográfico marcó su destino: en el lugar y el momento en los que nació y creció no había más que ingenieros y empresas de tecnología.

Su historia, necesariamente, lo deja a uno pensando en el tema de la educación. Jobs ingresó a una costosa y muy liberal universidad, el Reed College de Portland. Pero se aburrió rápidamente porque —según cuenta Isaacson— no le gustaba asistir a clases obligatorias y porque “se sorprendió al descubrir que, a pesar de todo el ambiente hippy que se respiraba, las exigencias de los cursos eran altas: le pedían que hiciera cosas como leer la Ilíada y estudiar las guerras del Peloponeso”. ¿Les suena familiar?

La semana pasada se desató una encendida polémica a raíz de la renuncia pública de Camilo Jiménez a una cátedra de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Javeriana, porque sus alumnos no lograron cumplir un ejercicio muy simple para el que tuvieron cuatro meses de plazo: resumir una obra literaria en un párrafo decente. Y lo que deja al desnudo esa renuncia es, ni más ni menos, que uno de los factores que atentan contra la calidad de la educación es la mediocridad de los estudiantes.

Claro que él no es el primero que abandona el barco ni el único que ha acusado el fenómeno. Sé de un profesor de cine que ha renunciado a su cátedra en varias universidades por el bajo nivel de los alumnos, y la también profesora y comunicadora Ana Cristina Restrepo mencionaba en su columna de El Colombiano (14-12-11) que la mayoría de sus estudiantes no han ido más allá de la lectura obligada de Cien años de soledad en secundaria. Es decir, son veinteañeros que se han leído un solo libro en su vida. Y son universitarios; no estamos hablando de albañiles.

A todas estas, lo más sorprendente es que Jiménez haya salido crucificado por poner el dedo en la llaga de un hecho palmario. En una carta dirigida al profesor dimitente, una supuesta alumna le echa toda la culpa y reduce el asunto a una mera transacción comercial en la que al estudiante se le debe garantizar el conocimiento porque para eso ‘paga’, y a que los verdaderos profesores —los que lo son por vocación— tienen la obligación de encontrar la manera de que sus alumnos alcancen los logros propuestos. ¡Qué cinismo!

Ningún maestro puede hacer milagros por más preparado que esté. Para aprender es imprescindible que el estudiante ponga su parte; si no tiene disposición de ánimo o carece de las competencias mínimas, es imposible. Nada se aprende sin esfuerzo; eso no entra por ósmosis.

En lo que sí discrepo con el profesor es en atribuirle la culpa del fenómeno —o así se ha entendido— a la tecnología. Si bien los ‘nativos digitales’ profesan como religión el ‘copy and paste’, habría que preguntarse qué llegó primero a las aulas, si la tecnología o el facilismo.

Los jóvenes de hoy son hijos de la alcahuetería, la condescendencia, la sobreprotección, la comodidad… No los culpo; el conjunto social fue el que acogió las nuevas pautas de crianza: no regañar, no castigar, no frustrar sus demandas, no obligar, no evaluar, no exigir. En esa atmósfera se introdujo el ‘libre desarrollo de la personalidad’ y luego llegó la promoción automática para regalarles el año a los que no estudiaban ni las guerras del Peloponeso. Que nadie se sorprenda.

(Publicado en el periódico El Tiempo,el 20 de diciembre de 2011)

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El caso lo comenté en una columna escrita en ese entonces: “La CIDH acaba de condenar al Estado colombiano por la masacre de 17 contrabandistas en Antioquia, ocurrida en 1987. Pero esa masacre no la cometieron miembros o representantes del Estado sino grupos paramilitares, y se condena al Estado bajo la falsa premisa de que éste alentó el desarrollo de los grupos de autodefensa en el país” (Aberrante fallo jurídico, El Mundo, 12/08/04).

Una de las cosas que hace incomprensible el fallo de la CIDH es que no había impunidad, la justicia colombiana halló a los culpables y los castigó, pero eso no le importó a la Corte: “En esta masacre, a diferencia de la gran mayoría de los asesinatos perpetrados en Colombia (se dice que la impunidad es del 96%), se han declarado culpables intelectuales y materiales. Los primeros son Henry Pérez y su padre Gonzalo, jefes paramilitares de Puerto Boyacá, asesinados en 1991; y de los segundos hay cinco presos, a pesar de lo cual la CIDH no se sintió conforme y dictó un fallo salido de razón: culpar a un ente incorpóreo con base en presunciones y hechos inconsistentes”.

Adicionalmente, con el fin de desprestigiar al Estado colombiano como violador de los Derechos Humanos, la CIDH se apoyó en un argumento verdaderamente absurdo: “que el Estado es cómplice de los paramilitares porque al amparo de un decreto de 1965, permitió armar a particulares con armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. ¿Dónde dejó la Corte el principio de la personalidad de la pena según el cual la responsabilidad penal es individual? ¿Eso quiere decir, acaso, que si alguien asesina a otro con un revólver ‘legal’, el Estado es imputable por complicidad en dicho crimen?

Como si no fuera suficiente, la CIDH se saltó a la torera otro postulado universal del Derecho Penal que dice que a igual delito, igual pena, pues si el Estado colombiano fue culpable de esta masacre, habría que responsabilizarlo, de acuerdo a la dialéctica de este tribunal, “de todas las masacres cometidas por las autodefensas pero también de todos los crímenes de la guerrilla, del narcotráfico, de la delincuencia común, etc.”. Es decir, si este crimen común constituyó una transgresión de esos derechos, todo crimen de la misma especie configura la misma infracción sin importar quiénes fueron sus autores, porque una sanción penal no puede impartirse con sesgo político.

Sin embargo, ningún crimen de las guerrillas ha sido contemplado como una violación de tales derechos porque para las ONG que se autoproclaman como defensoras de los mismos, “los actos de la subversión son maniobras de ‘oposición (política) armada’ que no constituyen violación ni vejamen alguno, si acaso un padecer histórico que mañana será recuerdo de la gesta emancipadora”.

Pero tal vez lo más descarriado de este fallo, y lo que lo hace inaceptable, es que las víctimas no eran ‘comerciantes’, como los llama la CIDH, sino unos contrabandistas que pasaban mercancía por trochas del Magdalena Medio, lejos, por razones obvias, de la acción —y la protección— de las autoridades. La realidad es que —como lo dije en aquella columna— “unos delincuentes (paramilitares) mataron a otros delincuentes (contrabandistas)”, y no deja de ser inconcebible que el Estado (que somos todos y con nuestra plata) deba “indemnizar a las familias de las víctimas y hacerles estatuas y todo… ¡qué aberración!”.

(Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 19 de diciembre de 2011)

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