Paradójicamente, Human Right Watch —esa ONG que siempre se ha mostrado tan proclive a defender intereses de la izquierda— es la que más fuertemente se ha pronunciado contra este proyecto, anunciando que la impunidad generada abriría la puerta a la Corte Penal Internacional. A ese respecto, no puede negarse que HRW demuestra en ello coherencia, pues esta organización se opuso férreamente —con argumentos similares— al proceso de paz con los paramilitares, a pesar de que la Ley de Justicia y Paz contempla unos mínimos en materia de verdad, justicia y reparación y está lejos de ser una amnistía.

En contraste, son muchos los que se han mostrado incoherentes. Ya desde la época de los acuerdos de paz de Ralito advertíamos que cuando llegara el momento de negociar con las guerrillas, aquellos que pedían fuertes castigos para los paramilitares pedirían no solo benevolencia para con los terroristas de extrema izquierda sino, simple y llanamente, perdón y olvido a través de cualquiera de esas fórmulas que ya en otras ocasiones se han usado, bien sea amnistía, indulto, absolución, conmutación de pena o como se le quiera llamar.

Es apenas obvio que los dirigentes subversivos no estén dispuestos, ni ahora ni nunca, a un sometimiento que les exija unas penas mínimas de cárcel para redimir sus culpas, pero ese no es un problema del Estado ni de la Sociedad sino de ellos, puesto que —como se recordará— en su momento se les advirtió del plazo límite que tenían —bien para acogerse a un proceso de paz con impunidad o para dejar la violencia— antes de la entrada en plena vigencia de la jurisdicción de la CPI. Lamentablemente, hicieron oídos sordos y prosiguieron con su orgía de sangre, violaciones flagrantes de los derechos humanos que tendrán que ser castigadas por la CPI si nuestra justicia no lo hace. Si se trata de un tribunal serio, independiente y carente de sesgos políticos, no podrá hacer ojos ciegos a los descomunales crímenes de la subversión.

Eso de que transigir con los violentos es una manera de ayudarle a la paz, no es más que una falacia con la que se ha alimentado el conflicto durante medio siglo. Antes nos tragábamos ese sapo con el cuento de que las fuerzas del Estado eran incapaces de derrotar a la guerrilla. Ahora le tienen las manos amarradas a un Ejército al que se le niega el fuero militar consagrado en el artículo 221 de la Constitución Nacional, y del que gozan todos los ejércitos del mundo, aun en países donde no hay enemigos que entrañen grave peligro para la sociedad.

Con ello se le da respiro a unos terroristas que claramente venían perdiendo la guerra gracias a la acción incansable del presidente Uribe —el único que ha cumplido el mandato constitucional de imponer la ley y el orden—, y se le abren espacios a opiniones como la del fiscal Montealegre, liebre que salta con una muy extraña y rebuscada teoría de ‘amnistías condicionadas’, que serían distintas para paramilitares, militares y guerrilleros. Sí, ya sabemos cómo será la repartija de esas indulgencias: los guerrilleros al poder y los demás a la cárcel, que es exactamente lo que tenemos hoy, como en el caso del M-19.

¿Por qué nuestra clase dirigente insiste con propuestas vejatorias que pretenden que el pueblo colombiano se someta y se rinda ante unos criminales? En España, todas las fuerzas políticas han cerrado filas contra ETA; no se admite negociación, solo la disolución de la banda. Allá sí entienden que capitular es una humillación indignante e inadmisible.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 14 de mayo de 2012)

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http://www.youtube.com/watch?v=lAnxbAOp2a4

Aquí la situación es muy distinta. En Bello (Antioquia) hay 150 familias damnificadas por el desastre de La Gabriela, ocurrido el 5 de diciembre del 2010, que aún esperan sus viviendas. Antioquia Presente, una ONG con prestigio y experiencia, les está construyendo un edificio de cinco pisos con 40 apartamentos (menos de 2.500 metros cuadrados) con el producto de donaciones. Y acaba de informar que no estará listo antes de agosto, lo que en buen romance significa diciembre, para cuando se cumplan dos años de la tragedia.

El resto de soluciones tardará más. Empresas Públicas de Medellín se comprometió con 44 viviendas, cuya construcción debió comenzar el pasado mes de enero y no se sabe cuándo concluirá. Entre tanto, las más de 60 familias restantes serán beneficiarias del proyecto Montes Claros, que ofrece más de mil soluciones habitacionales para damnificados del invierno y cuya construcción está en manos de la caja de compensación Comfenalco.

Precisamente, el Gobierno —en palabras de Vargas Lleras— señaló que “las cajas serán socios indiscutibles del programa y ayudarán a acelerar la entrega de las viviendas”. ¿Acelerar? Montes Claros tiene un plazo de ejecución de ‘apenas’ ¡20 meses! Es decir, si se inició en febrero, como estaba planeado, la mayoría de los damnificados de La Gabriela estarían recibiendo su vivienda a finales del 2013, para cuando Santos ya haya tenido que anunciar si va por la reelección o no.

Es obvio que en esto no se aplica la regla de tres (si hacer 1.000 casas se demora 20 meses, ¿cuánto se demora hacer 100.000?), pero este es un caso esclarecedor de lo que está proponiendo el Gobierno: pura carreta. Ya sabemos que las casas de Gramalote están en el aire y las de Útica, en el limbo. También sabemos que hay improvisación: en las 109 iniciativas para lograr la prosperidad democrática, que constituían el programa Santos Presidente [ver documento al final], hay un capítulo dedicado a vivienda con nueve iniciativas, ninguna de las cuales habla de gratuidad. Incluso, el punto 22 propone “replicar el exitoso modelo mexicano”, pero ahora se copia es el modelo de Lula. Bueno, solo los idiotas no cambian de parecer cuando cambian… las encuestas.

Y, además, hay demagogia. Mientras el socialista Hollande grita: “¡Los ricos pagarán!”, Santos amenaza con hacerlos “chillar”, y parafrasea la letra de vallenatos que hablan de un origen pobre que a él no le queda. Es la vieja bandera de azuzar la lucha de clases. Se cambia la promesa de 526.000 casas con subsidio —que venían a paso de locomotora vieja— por viviendas gratis que generan titulares de prensa.

Un plan como este, en medio de la incompetencia y la incapacidad de gestión de nuestras instituciones, es un globo y Santos lo sabe. Ya en tiempos de Belisario se decía que las casas sin cuota inicial quedaban al lado de la universidad a distancia. Colombia sucumbe ante una parálisis institucional, que todo lo frena, igual carreteras, puertos o viviendas. Un juez gringo resuelve 3.135 casos al año; un juez colombiano, solo 448. Montar empresa en Colombia es un calvario de trámites de varios meses; en muchos países, una vuelta de un par de horas.

Este es un gobierno que no tolera críticas, pero al que hay que decirle verdades. Lo que está ocurriendo es consecuencia del camino errado que escogió al darles la espalda a las políticas que lo llevaron al poder, y eso no se endereza con promesas que —muy probablemente— no va a poder cumplir, lo que provocará una frustración tal que lo hará venir abajo como un deleznable castillo de naipes.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 8 de mayo de 2012)

Documentos de Interés:

SANTOS PRESIDENTE – 109 PROPUESTAS

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Es decir, peor imposible, aunque en realidad todo puede empeorar. Y es que Santos tenía —según Ipsos— 71% de favorabilidad en julio de 2011, de manera que ha caído 13 puntos en nueve meses; mientras la satisfacción por su desempeño cayó 16 puntos en el mismo lapso, de 68% en julio de 2011 a 52% hoy, y la sensación de que ha cumplido sus promesas ha bajado del 60 al 47%.

Frente a este panorama, los círculos cercanos al Gobierno se muestran sorprendidos como si hace meses no estuviera claro que el pueblo colombiano está molesto y preocupado por el deterioro de la seguridad, los coqueteos de Santos con las guerrillas y con los vecinos que las apoyan, la imagen frívola y derrochadora de su Gobierno, el escaso contacto con la gente y, en general, con la evidencia de que le dio la espalda al ideario uribista que lo llevó al poder. A pesar de eso, algunos creyeron que el pueblo se iba a tragar el cuento del liderazgo internacional de Santos, como si la gente comiera tapas de revista y cumbres al horno.

Por eso, el anuncio de las 100.000 casas gratis para los más pobres de los pobres, solo puede entenderse como una reacción desesperada a la baja en las encuestas, un acto oportunista de un populismo no tan barato que digamos, puesto que el programa cuesta unos 4 billones de pesos —sin los terrenos y las obras de urbanismo— que hasta ahora no se sabe de dónde saldrán pero que Santos justifica con el argumento de que la economía anda muy bien y que eso tiene que redundar en beneficio de los más pobres.

Sin duda, este es un acto de prestidigitación digno de su mejor amigo, el compadre Chávez, quien ha regalado desde casas hasta electrodomésticos con el fin de mantenerse en las encuestas y conservar una masa crítica de seguidores para poder ganar elecciones. Y, claro, quienquiera que critique estas decisiones corre el riesgo de ser señalado porque es de suponerse que todos los demócratas estamos empeñados en combatir la pobreza.

Sin embargo, esta decisión de Santos no es plausible por varias razones, principalmente porque se trata de un proyecto absolutamente improvisado que —además— cambia planes anteriores. El Gobierno se había comprometido con construir un millón de viviendas en el cuatrienio, de las cuales tendrían subsidio 526.000, de tal manera que las 100.000 parecen una reducción de lo inicialmente ofrecido pero con el gancho efectista de ser gratis, para deslumbrar a la galería. Asimismo, se hace a un lado el plan de Habitabilidad que se lanzó apenas un año atrás y que tenía por objetivo mejorar las condiciones físicas de las cuatro millones de viviendas más humildes con cuatro metas concretas, como eliminar el piso de tierra.

Esta es una administración que se caracteriza por hacer anuncios con bombos y platillos, que luego se desvanecen en el aire generando grandes frustraciones. No ha podido atender a los damnificados de tres inviernos, no ha podido refundar a Gramalote, donde apenas se requieren poco más de un millar de viviendas, tuvo que despedir al director del Incoder porque iba muy lento en la restitución de tierras y tendrá que hacer lo mismo con el Ministro de Transporte por su ineficiencia absoluta.

Todo esto sin mencionar los graves efectos del asistencialismo: con eximir a las personas hasta del más mínimo esfuerzo no se resuelve la pobreza, no se enseña a pescar. Ocurrencias de un Gobierno que por echar la brújula al mar, ya no sabe para donde va.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de abril de 2012)

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¿Perdió capacidad adquisitiva el salario? ¿Se disparó el precio del combustible? En estos 14 años, el mínimo se ha incrementado 2,78 veces mientras el costo de la gasolina se ha multiplicado por 7. Si uno se atiene a diversos estudios que sostienen que el salario mínimo ha ganado poder adquisitivo, tiene que concluir que el combustible es el que se ha disparado, pero no solo aquí. Cuando Chávez llegó al poder, en 1999, el barril de crudo estaba a 12 dólares. Hoy supera los 100 y en el 2008 coqueteaba con los 150, mientras el dictador se frotaba las manos. De manera que el problema es mundial, aunque el serlo de muchos —como reza el dicho— es un consuelo de tontos.

Colombia es un país pobre que está pagando gasolina a precios de país desarrollado. Nos llevan de cabestro con el cuento de que ese es un problema de los ricos y no de los que toman aguapanela. Es cierto que la dinámica de la venta de automóviles, justo cuando el combustible alcanza niveles estratosféricos, parece darle razón al Gobierno en el sentido de que hay un colchón para seguir subiendo. Pero si hacemos el cálculo de lo que han subido los precios del transporte público —o de los fletes de carga— en estos 14 años, seguramente encontraremos que el alza ha sido descomunal.

Según la última medición del Dane, tan solo el 14 por ciento de los colombianos tiene carro propio, pero los pobres no se movilizan en burro, sino en bus, que es lo que algunos soslayan. Cuando menos, el 30 por ciento del costo del combustible corresponde a impuestos tan antitécnicos y lesivos como se dice que lo es el 4 x 1.000. Gravámenes que encarecen de manera notoria los combustibles y que, de rebajarse, conllevarían una disminución similar en las tarifas de transporte público, puesto que la gasolina es el componente principal de la estructura de costos.

Reducirle 1.000 pesos al precio del galón podría (y debería) propiciar una disminución de unos 150 pesos en los pasajes de bus. Así, una familia de cuatro miembros que hace un promedio de ocho viajes diarios —a menudo hacen el doble— economizaría más de 30.000 pesos mensuales, que para un pobre no son poca cosa y que podrían redundar, por ejemplo, en una mejor alimentación.

Y es que las implicaciones de tener un galón por las nubes van más allá. Un estudio del Banco de la República establece que un aumento anual de los combustibles del 19,6 por ciento provocaría un impacto inflacionario de 0,9 por ciento. ¿Cuánta de la inflación de los últimos años es atribuible a las constantes alzas de los combustibles y cuántos traumatismos nos hubiéramos evitado si, en vez de subir tasas para controlar la inflación, se hubiera controlado el precio de la gasolina?

Que haya consenso sobre los perjuicios de subsidiar la gasolina debería ir de la mano de otro consenso, como es el de entender los perjuicios de convertir el combustible en un impuesto. Y, además, habría que considerar si en realidad se puede hablar de subsidios del combustible con base en el costo de oportunidad y no en el de producción.

No hay que ser economista para entender que un galón a 9.000 pesos es un castigo para todos, porque constituye un lastre para la economía y el empleo, al igual que la revaluación del peso y el costo del kilovatio, que también es más caro aquí que en EE. UU. ¿Así es como queremos ser competitivos y productivos para aprovechar el TLC?

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 24 de abril de 2012)

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Sin embargo, contemporizar siempre ha sido una solución cobarde a cualquier problema. Dar el brazo a torcer conlleva cierto cinismo que está bien tipificado en esa frase que dice “si no puedes con tu enemigo, únete a él”. Por esa vía, llegará el momento también de proponer la legalización del atraco, el homicidio, la corrupción, la violación y cualquier otro delito que la sociedad no pueda combatir de forma definitiva porque, por cierto, creer que el combate a las drogas no ha ayudado en nada es una grave imprecisión. ¿Dónde estaríamos en medio de la permisión total?

La tesis de los partidarios de la legalización de las drogas —o cualquier solución intermedia, como la descriminalización— consiste en que el problema no puede mirarse como un asunto de moral sino como un problema de salud pública o, en otras palabras, en reconocer que el adicto no es un criminal sino un enfermo. Hasta ahí no hay mayores discrepancias y es lo que se argumenta en el acto legislativo de 2009 que prohibió el porte de la dosis personal pero sin judicializar al adicto.

La discrepancia está en otra parte. Quienes aducen que la guerra antidrogas fracasó manifiestan que el verdadero y único problema es la violencia generada por las mafias del narcotráfico, organizaciones poderosas que cuentan con enormes recursos para imponerse por la fuerza —haciendo correr ríos de sangre— y para corromper a las instituciones, tanto del orden estatal como del orden social. Y como combatir a esos criminales es una labor ardua y dolorosa, creen que lo mejor es recurrir a la solución mágica de la legalización, creyendo que al perderse las fabulosas ganancias se acabarán las mafias y, por ende, la violencia, añadiendo al argumento que la facilidad para adquirir las sustancias —antes prohibidas— no disparará el consumo por una suerte de autorregulación espontánea.

Sin duda, una hipótesis demasiado buena para ser verdad. Si bien es cierto que en Estados Unidos ocurrió algo similar cuando se levantó la prohibición del alcohol, los contextos son tan diferentes que es necesario concluir que esta teoría es tremendamente infantil. ¿Alguien cree que los peligrosos narcos van a mudarse a actividades legales —y, ante todo, pacíficas— cuando la ley de oferta y demanda les haga injustificables la producción, distribución y comercialización de esas sustancias? ¿O que, incluso, habrá quienes se plieguen a la legalidad, sometiéndose a la tramitomanía estatal y al pago de impuestos, para producir narcóticos como si se tratara de gaseosas?

Clara y contundentemente podemos afirmar que no. Si a los violentos se les arrebata el rentable negocio de las drogas, es obvio que ellos recurrirán a otras actividades ilegales que constituyan una fuente de recursos tan atractiva como el narcotráfico,  imponiéndose por los mismos medios violentos. De hecho, muchas organizaciones criminales ya han hecho ese tránsito, y combinan el negocio de los estupefacientes con la extorsión siciliana, la explotación minera, la prostitución, el juego, los micropréstamos, las armas, el contrabando, la contratación pública, etc. Todo lo cual podría agudizarse, de ser necesario, para compensar las pérdidas.

De manera que, aun sin tener en cuenta el sofisma de que el consumo no crece con la despenalización, y el hecho de que no será posible meter todas las drogas en el mismo saco, se puede concluir que esta es una solución engañosa que hará que nos quedemos con el pecado y sin el género.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 16 de abril de 2012)

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Imposible no recordar los dramas de doña Emperatriz de Guevara, de Johan Steven Martínez o de Andrés Felipe Pérez, el niño enfermo de cáncer que pasó sus últimos meses rogándoles a estos desalmados que liberaran a su padre, el cabo José Norberto Pérez, para verlo por última vez. El niño murió en diciembre del 2001 y tres meses después las Farc ejecutaron al cabo.

Esta última entrega no fue un favor ni un gesto humanitario. Por tanto, no se puede decir que sea un precedente tan categórico como para sentarse a manteles con los responsables cuando hay centenares de civiles secuestrados por motivos económicos, cuyo paradero se desconoce tras cuatro, ocho o doce años de secuestro. Y si para entregar a 10 se tardaron casi cuatro meses desde que decidieron liberarlos y hasta 14 años desde que los plagiaron, ¿cuánto se van a demorar para retornar a la libertad a 600 o 700 personas?, ¿cuánto tardará la entrega de los cadáveres de quienes hayan muerto en cautiverio?

Cuesta creer que sea posible estar explorando opciones de diálogo con quienes ya están preparando explicaciones cínicas sobre sus actos. La exsenadora Córdoba —vocera autorizada, sin lugar a dudas— le recordó al país que las Farc han admitido que tienen en su poder tan solo a nueve civiles. Y ante las denuncias de que esa guerrilla tendría a otros militares de los que no se volvió a tener noticia, se adelantó a conjeturar que posiblemente cayeron en combate y sus despojos nunca fueron recuperados. Es como hace 10 años, cuando ponían en duda que Andrés Felipe tuviera cáncer y negaban ser responsables del secuestro de varios menores, como la niña Clara Oliva Pantoja. Es decir, nada ha cambiado; como anota Vicente Torrijos, “las Farc seguirán secuestrando pero alegarán que no son ellas”.

Cuando la señora Córdoba asegura que “lo que falta es un imaginario en el país de la necesidad de la paz” y que “es necesario (…) que los colombianos se asqueen de la guerra”, está pasando por alto que en el país está sembrado ese imaginario hace rato y que estamos asqueados de todos los violentos, pero particularmente de las Farc. Está tratando de ignorar que hemos votado por tres gobiernos consecutivos que se han comprometido a combatir el terrorismo, y que ha germinado, no en el ‘imaginario’ (aquello “que solo existe en la imaginación”, según el Drae) sino como algo palpable, la certidumbre de que estos grupos se pueden doblegar con las fuerzas constitucionales hasta obligarlos a cesar la violencia.

Por eso luce tan conveniente que se pretendan impulsar unos diálogos a favor de quienes tienen la guerra perdida a pesar de sus brutales demostraciones de fuerza. Un proceso en el que se quiere ignorar la impunidad a pesar de que sus promotores se muestran tan contrariados por la que podría resultar —por ejemplo— de la restauración del fuero militar.

Solo queda confiar en que el presidente Santos no ceda a la tentación de hacer vanos sacrificios “por la ilusión de llegar a la paz”. Él mismo ha señalado que la liberación de los últimos canjeables no es suficiente, pero no deja de ser inquietante un marco para la paz demasiado complaciente, con tintes de sometimiento. Esa no puede ser la llave de la paz.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 10 de abril de 2012)

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Aún así, todo parece indicar que el gobierno de Santos está preocupado no tanto por el deterioro del orden público como por la insatisfacción que ello viene causando entre la ciudadanía, lo cual se refleja en las encuestas. Para Santos, nada podría ser más lesivo ahora que poner en juego su gobernabilidad justo cuando los rumores sobre diálogos con las Farc han avanzado al punto de creerse que ha habido contactos con otros países (Cuba y Suiza) para que presten algún tipo de cooperación bien como mediadores, garantes o anfitriones de una negociación.

A una mesa de diálogo hay que llegar fortalecido, pero no deja de ser paradójico que sea Santos quien haya tenido que recomponer sus cartas ante la arremetida guerrillera de los últimos meses y el descontento popular consecuente. Hasta hace un par de semanas las Farc se mostraban con posibilidades de hacer exigencias de peso frente a un gobierno que se veía muy dubitativo y tremendamente ansioso de pasar a la Historia como el que le puso fin a esta confrontación sin importar mucho el precio. Por eso tuvo que implementarse la operación Espada de Honor, de cuyo éxito depende que la balanza vuelva a estar claramente de parte del Estado y así convencer a las guerrillas de que es mejor aceptar un buen acuerdo que seguir con sus infructuosos intentos de imponersen por la vía armada.

Sin embargo, hay hechos recientes también que demuestran que terminar el conflicto mediante acuerdos de paz puede ser apenas un sueño bienintencionado. Mientras las guerrillas sean solo la expresión armada y violenta de una avanzada ideológica con tentáculos en universidades públicas, ONG, partidos políticos, sindicatos, entidades del Estado y otros sectores de la sociedad, las firmas de paz serán solo un saludo a la bandera que les permitirán fortalecerse a la vez que el Estado baja la guardia adelgazando las Fuerzas Militares con el argumento de usar esos recursos en temas sociales.

Lo que hay que entender aquí es que la extrema izquierda propugna por una visión de la política que es contraria a la democracia y mientras esas fuerzas que son la retaguardia civil de las Farc no renuncien a su intención de convertir a Colombia en un paraiso comunista, no hay diálogo que valga ni habrá acuerdo que se cumpla, todo esto no será más que una estación forzada en el camino de alcanzar el poder para imponer su fracasada doctrina.

Hace rato que la infiltración guerrillera en las universidades es palpable –no solo por los incidentes con papas-bomba–. Ahora se acaba de conocer que jóvenes universitarios capacitaban a los comandantes de frentes de las Farc que estaban haciendo curso de ascenso en el campamento que fue bombardeado en Vista Hermosa (Meta), donde se dieron de baja a 36 guerrilleros. Por otra parte, hay ocho niños entre los 37 guerrilleros abatidos en el bombardeo ocurrido en Arauca, en marzo 20. Y, como si fuera poco, según el Ejército, la masacre de los 11 soldados en Arauca, el 17 de marzo, fue posible gracias al trabajo de inteligencia hecho por milicianos que se hicieron pasar unos como evangelizadores y otros como simples interesados en comprar gallinas.

Es decir, francamente no se ve que esta guerrilla esté interesada en la paz. El reclutamiento forzoso de menores, la incorporación de universitarios y el fortalecimiento de milicias, son tareas para el largo plazo, no para la reconciliación sino para cumplir un plan estratégico que no contempla la paz.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 2 de abril de 2012)

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Cuando TM comenzó a operar, representó un cambio dramático para los bogotanos; de esos buses y busetas destartalados y sucios, pasaron a unos cómodos, limpios y rápidos, con carriles exclusivos. En principio, la guerra del centavo se acabó. Pero -a diferencia del metro-, la operación de TM es un negocio privado donde la maximización del rendimiento fue deteriorando la calidad del servicio. Eso no se puede negar.

No obstante, el factor que más ha contribuido al colapso del sistema es que se ha saltado el tope de su capacidad. Es como tener 100 computadores funcionando en una red que estaba prevista para 50. No es un hecho menor que Bogotá se codee con Kinshasa, Lagos y Dakar -tres sórdidas megaurbes africanas- como las únicas cuatro ciudades del mundo, del tamaño de nuestra capital, que carecen de metro.

Lamentablemente, Bogotá -y sus habitantes- es víctima de la incapacidad de sus dirigentes, de la falta de visión y hasta del embelesamiento de un hombre probo como Enrique Peñalosa, quien por estar obnubilado con su creación ha perdido dos elecciones y se ha convertido en el mayor enemigo de un mejor medio de transporte para los bogotanos, y al que por tratarse de un ‘experto’ respetado internacionalmente muchos no se atreven a contrariar.

De ahí que no se haya superado la discusión sobre la necesidad del metro, tema que debería estar saldado hace rato y entenderse como un triunfo por esos idealistas que sueñan con ciudades para peatones y bicicletas. Este no es un embeleco promovido por “constructores de metros”, sino un asunto de sentido común: los BRT (buses de tránsito rápido, por su sigla en inglés) no son los sistemas principales de transporte de las grandes ciudades; lo son en urbes pequeñas o medianas, como Curitiba, donde el modelo ha tenido su mejor desempeño. Pero, incluso en esa ciudad ya están construyendo un metro.

¿Que el metro de São Paulo vive atiborrado de personas? Seguramente. En horas pico, la congestión en los metros de todas las megalópolis es pavorosa: en el de Tokio, los empleados empujan a los usuarios hasta que logran cerrar las puertas de los vagones (hay videos en Youtube). Aún así, es el sistema cuya robustez permite movilizar a más gente de manera más eficiente.

http://www.youtube.com/watch?v=b_i2sa8igTc

Me da pena con el doctor Peñalosa, pero TM ni hace lo mismo que un metro, ni es tan barato como asegura, lo barato sale caro. Para él, el costo por kilómetro del metro estaría por el orden de los US$ 100 millones, pero otros expertos afirman que la tecnología ha bajado los costos a menos de US$ 50 millones y que el TM de Suba superó los US$ 30 por kilómetro.

Claro, la controversia es bienvenida. Lo que no resulta grato es que personas generalmente sensatas, como Santiago Montenegro, se opongan con argumentos desquiciados como el de aseverar que la posibilidad de un ataque terrorista lo hace inviable: “… una bomba en una estación a treinta o cuarenta metros de profundidad” dejaría el sistema fuera de servicio “… posiblemente varios meses, quizás hasta un año, generando un caos descomunal” (El Espectador, 19/3/12). ¡Caramba, para alarmismos baratos, basta con Gustavo Petro!

Pero, dado el caso de ese atentado imaginario, como el metro no sustituiría a TM, todos recurrirían a los articulados rojos, volviendo a un caos descomunal que, precisamente, es lo que se vive hoy.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 27 de marzo de 12)

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Tal vez lo que preocupa a Fajardo es que el gobernador saliente dejó el listón muy alto al ubicarse en las encuestas como el mejor calificado del país en todo su cuatrienio y, primordialmente, por la notable reducción de los índices de pobreza, fenómeno que —de acuerdo con Planeación Nacional— bajó de 51% a 37,8% en los últimos cuatro años, logro que no ha sido suficientemente destacado y del que Ramos algún mérito debe tener.

No pocos consideran que esa actitud del gobernador Fajardo lo que muestra es un afán de tener a quien culpar cuando las cosas no le salgan como se esperaban. Razonamiento que suena estrafalario conociéndose que Fajardo tiene aptitudes suficientes como para hacer una excelente gestión y lograr resultados relevantes, sobre todo si se ponderan los numerosos problemas del departamento y sus escasos recursos. Pero, lamentablemente, Fajardo es preso de su arrogancia y a menudo se comporta como si fuera su propio enemigo.

Cuando el ‘fajardismo’ se autodenomina, sedicentemente, como la única corriente política honesta, decente y transparente, incurre en la injusticia de criminalizar a gente honorable que no es afín a él, en la quimera de creer en la perfección de sus acciones y en la mezquindad de dividir para reinar: “Quien no está conmigo, está contra mí”. De ahí deviene que, en vez de suscitar consensos, lo que Fajardo genera son resistencias; ya la Asamblea le negó facultades para modificar el presupuesto y el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, (rere)eligió como rector a un candidato distinto al de su preferencia. Así será todo el cuatrienio.

En campaña, Fajardo prometió no despedir a nadie pero la podadora se ha hecho sentir. Es obvio que los asesores y funcionarios más cercanos de una administración no permanezcan en sus cargos cuando se presenta un cambio de gobierno, pero hay casos patéticos como el de Teleantioquia, donde despidieron presentadoras y humoristas de primera línea acaso por considerar que eran cercanos al gobernador saliente. También se le han cortado las alas a un equipo de ciclismo patrocinado por el Departamento desde hace 18 años como si el señor Fajardo fuera particularmente austero en gastos de publicidad. Y el Túnel de Oriente tiene su mayor enemigo en el piso 12 de la gobernación. Más parecen celos, solo lo de él sirve.

Pero lo más penoso de todo este episodio ha sido el mal ha llamado ‘Libro blanco’, un ejercicio inelegante y prosaico que tenía la torpe intención de desprestigiar a la administración precedente. Es claro que cualquier atisbo de corrupción debe ser puesto en conocimiento de las autoridades respectivas pero lo que contiene este libro no son más que generalidades que se le pueden atribuir a cualquier gobierno. Nada más subjetivo que descalificar a un adversario convirtiendo todos sus actos en errores o autoevaluarse sin sentido crítico, estimando que todas las políticas fueron exitosas, como en esas alegres rendiciones de cuentas que se han puesto de moda en el país.

El doctor Fajardo debería guardar el retrovisor —o la lupa— y ponerse a gobernar. Una cosa es ser Alcalde de Medellín, donde se goza de las opulentas arcas del Municipio y las tareas adelantadas desde décadas atrás, y otra, Gobernador de Antioquia, un departamento con fama de rico pero lleno de problemas. Aún así, un reto subsanable para un mandatario probo, a menos que él mismo crea que no lo es.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 19 de marzo de 2012) 

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Pero los motivos para dudar son incontrovertibles, no solo por asuntos históricos, puesto que vienen engañando al país desde los tiempos de Belisario, sino porque las cartas que ‘Timochenko’ venía escribiendo no dejaban un solo resquicio para pensar en negociaciones de paz; en ellas se insistía en los inamovibles de siempre, generando una desconfianza inevitable.

Entonces, no es que de un momento a otro las Farc hayan cambiado de actitud y ahora sí quieran negociar —como dicen algunos—, sino que se vieron obligadas a hacer ofrecimientos más concretos para tratar de convencer a un país que ya no les come cuento y poder así recuperar el terreno perdido mediante un remake del Caguán. Como gran cosa, nos ofrecen la liberación justa y necesaria de los 10 uniformados que han mantenido secuestrados por más de 12 años —y que nunca han debido secuestrar— y anuncian que van a abandonar el secuestro extorsivo, promesa que han incumplido en el pasado.

Se trata de una oferta muy cicatera —amén de lo incierta— como para aventurarse a un nuevo round de cháchara insulsa o incurrir en el despropósito de pactar una tregua bilateral con la subversión, insinuaciones ambas que por venir de parte interesada —de personas que se la pasan afirmando que este país necesita más ‘Marulandas’— deben verse con suma cautela.

Las Farc se financian con el narcotráfico y ya no dependen del secuestro extorsivo como antes, por lo que no es muy meritorio que lo dejen. Además, pretenden mantener la práctica del secuestro con fines políticos y no anuncian nada sobre aclarar lo ocurrido con cientos de secuestrados cuya suerte se desconoce. Por si fuera poco, de las palabras de las Farc se deduce que no hay que confiar en sus promesas: “Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia”. Seguirán secuestrando y lo negarán, como niegan su responsabilidad en recientes atentados terroristas: “Semejantes barbaridades son creación de la inteligencia militar”.

Todos queremos parar la guerra, pero un nuevo engaño solo empeoraría las cosas. El problema es que hablar con las Farc conduce a un diálogo de sordos, porque no hay nada que negociar con ellas: su único interés es imponernos un modelo importado que ha fracasado en todo el mundo. Por otro lado, ellos no representan a nadie —menos al ‘pueblo’— y no tienen la menor legitimidad para exigir cambios en el modelo político, social y económico del país.

El sofisma de que derrotar a las Farc por la vía armada es imposible se derrumbó hace rato. Si sobreviven, es gracias a los vecinos, a la guerra jurídica que tiene maniatadas a las fuerzas del Estado y a la infiltración de ciertos sectores de la vida nacional. Pero aun si aceptáramos que “todo conflicto —como cacarean algunos— termina en una negociación”, esta no puede ser un sometimiento de la sociedad entera ante unos bandidos, sino al revés.

En consecuencia, el único camino de las Farc es la dejación de las armas y la violencia, y la reincorporación a la vida civil. A cambio, nos tendremos que tragar un sapo inmenso de impunidad, otorgándoles penas alternativas por sus innumerables crímenes. Más, imposible.

Por eso, mientras las Farc no declaren que abandonan la lucha armada —y actúen en consecuencia—, es un error que el Gobierno, cediendo a las presiones, eche en saco roto lo conseguido en la última década con la sangre, el sudor y las lágrimas de muchos colombianos y termine entregándoles el país a unos asesinos.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 13 de marzo de 2012)

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