En las elecciones presidenciales de 2010, Gustavo Petro solo obtuvo en Bogotá 241.834 votos, luego de que Antanas Mockus capitalizara los votos de la izquierda, alcanzando 774.215 sufragios en la capital. Ante ese fracaso, Petro afirmó que no competiría por la Alcaldía de Bogotá, a la que Samuel Moreno Rojas, en las elecciones de octubre de 2007, accedió con 915.769 votos, que son poco menos de los conseguidos por Petro y Mockus, juntos, el año anterior.

Pero Petro sí se lanzó a la Alcaldía. Para eso tuvo que armar un partido ‘nuevo’, el Progresista, con el fin de despojarse del lastre de corrupción e ineficiencia que carga el Polo Democrático Alternativo tras llevar a la capital a la peor crisis de su historia. En realidad, lo único que hizo fue cambiar de ropaje porque, en esencia, el Polo y el Progresista son lo mismo. Entonces, ¿por qué ganó Petro? La lectura es muy simple: principalmente porque los votantes de izquierda son fieles y disciplinados, de un activismo comprometido. Y si vemos con cuidado los datos podríamos concluir que en la capital hay cerca de 700.000 electores fijos que sufragan por corrientes de izquierda, a los que eventualmente se suman votos de opinión.

Son esos electores disciplinados de izquierda los que acaban de llevar a Petro al segundo cargo del país, otorgándole 721.308 votos (32,16%). Ellos entienden que dividirse es perder y como las posibilidades de triunfo del candidato oficial del Polo eran escasas, solo 32.300 personas (1,44%) ‘botaron’ el voto yéndose con Aurelio Suárez. Entre este y Petro apenas pasan de tres cuartos de millón de votos, lo cual sigue estando lejos de la votación de Samuel Moreno. En cambio, la centro-derecha se dividió de manera irreconciliable y suicida, por lo menos entre cinco candidaturas que no representan visiones de ciudad muy distintas sino apetitos burocráticos propios. El hecho es que entre Peñalosa (559.307), Parody (375.574), Galán (284.989), Luna (93.463) y Castro (10.509) suman más de un 1.3 millones de votos que llegan casi a duplicar la votación de Petro, con 602.534 votos más.

Lo anterior es, sin duda, una nociva y mortal dispersión que no hace más que confundir a los electores, a lo que hay que agregar que el 52.6% de los bogotanos no acudieron a las urnas y de quienes sí lo hicieron, el 67.84% no votaron por Gustavo Petro. Luego, ¿a razón de qué viene el ‘Comandante Aurelio’ a lanzar un discurso de corte presidencial en el que hasta se atrevió a indicarle al presidente Santos que su triunfo es casi un reclamo de que debe hacer la paz con las Farc? ¿En realidad creerá Petro que un triunfo alcanzado gracias a las circunstancias es un mensaje de reconciliación que representa un gran cambio para el país? Si eso es lo que cree, significa que no va a dedicar sus energías a solucionar los problemas de Bogotá sino a incidir en la política nacional, con lo que continuará el sufrimiento de los capitalinos.

Ya Petro dijo que no se lanzará a la Presidencia en el 2014 pero también había dicho que no se iba a lanzar a la Alcaldía. Sea en el 2014 o en el 2018, es obvio que Bogotá es solo un trampolín. Por fortuna, en el resto del país la izquierda es casi inexistente, por lo que es virtualmente imposible que un guerrillero envuelto en un manto de impunidad llegue a la Primera Magistratura, no importa lo bien que le vaya en la capital.

Otro tema interesante que se deriva de estas elecciones regionales es lo que algunos tildan de gran derrota del expresidente Álvaro Uribe, cosa absolutamente fantasiosa. De hecho, el Partido de la U sigue siendo el partido de mayor votación en el país, y el expresidente es su principal figura. El asunto hay que verlo en su contexto. La caída del bipartidismo tradicional incluyó también el derrumbe de las anteojeras que le impedían al elector mirar a los costados. La ‘disciplina para perros’ de liberales y conservadores, obligados a votar solo rojo o solo azul, sin conocer nombres ni propuestas, pasó al olvido hace rato. Hoy lo más común es que la gente vote por combinaciones de la más diversa estirpe sin que ello signifique un conflicto de identidad. La proliferación de múltiples y variadas alianzas ha engendrado un notorio gusto por la política ‘crossover’, en la que cualquier paleta es válida para quien elige libremente: un gobernador verde, un alcalde liberal, un concejal de la U, un diputado conservador, un edil de Cambio Radical, etc.

Otra de las consecuencias más claras es que los votos no son endosables, ni estando pegados de maquinarias ni tampoco estando pegados de la estimación hacia un personaje como el expresidente Uribe. Es decir, por buena imagen que tenga esta no es suficiente para ayudarle a obtener el triunfo a figuras prácticamente desconocidas para la opinión pública como Carlos Mario Estrada y Federico Gutiérrez. Téngase en cuenta que tampoco César Gaviria pudo montar a su candidato a la Alcaldía de Pereira ni Horacio Serpa dejar sucesor en la Gobernación de Santander. Asimismo, la ‘casa Suárez’, que domina el Municipio de Bello desde hace 20 años, se quemó en la tarea de ganar sin rivales. El voto en blanco ganó por primera vez en Colombia por mayoría, lo que obliga a repetir la votación con nuevos candidatos.

Y hay más casos. El Alcalde de Rionegro (Antioquia) Alcides Tobón Echeverri, que ha recibido múltiples premios y nominaciones por su gestión, no pudo elegir a su preferido. A su vez, el poderoso gobernador Fajardo, que arrasó con 922.403 votos (49.44%), apenas nombró a cuatro de los suyos (tres verdes y uno de la ASI) entre 26 diputados a la Asamblea de Antioquia, y tampoco logró imponer a Rosa Acevedo en Itagüí, a pesar de que participó activamente en esa candidatura.

Enilse López, ‘La Gata’, tampoco pudo nombrar a su candidato en su propio pueblo, Magangué (Bolívar); y Juan Carlos Martínez, el exsenador que dice que es más rentable una alcaldía que un embarque (de coca), nombró cuatro gobernadores a expensas de una maquinaria poderosa, pero su intención era poner decenas de candidatos entre alcaldes y gobernadores. Un último dato: el senador Jorge Enrique Robledo, quien el año anterior obtuvo la tercera votación más alta para el Senado con 152.936 votos, apenas pudo transferirle poco más de 30.000 (como ya vimos) a su amigo  Aurelio Suárez. Y eso es bueno, significa que en la intimidad del cubículo, el elector, bien o mal, vota como le da la gana.

Sin embargo, así como Petro convirtió en triunfo su derrota de hace 15 meses, el que crea que Uribe y sus ideas están aniquilados se puede llevar una sorpresa mayúscula, sobre todo si continúa el deterioro del orden público y se entra en un apaciguamiento con las guerrillas que favorezca la impunidad. La realidad es que el uribismo seguirá siendo mayoría en Colombia por mucho tiempo.

(Publicado en el periódico El Mundo, [en dos entregas] los días 7 y 21 de noviembre de 2011)

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La situación de violencia en Colombia siempre la hemos llamado ‘guerra’. Se ha hablado de ‘guerras’, en plural; contra el narcotráfico, contra Pablo Escobar, contra las guerrillas, contra la corrupción, contra los paramilitares. A eso, el presidente Uribe prefiere llamarlo “amenaza terrorista”, y esa minuciosidad semántica ha venido suscitando toda clase de polémicas y confusiones. Según el presidente Uribe y sus asesores, en Colombia no hay ‘guerra’ o ‘conflicto armado interno’ por cuanto tal figura implica que un partido político está alzado en armas contra el establecimiento, en representación o con posesión de un territorio y con apoyo de una facción específica de la población.

Fácilmente se colige que eso no es lo que ocurre en Colombia. Las Farc ni tienen ni son un partido político a pesar de sus cercanías con el Partido Comunista y sus nuevas vertientes de nombres engañosos. Tampoco tienen las guerrillas territorios propios, a pesar de los santuarios que la extrema pereza de los mandatarios anteriores les han permitido, ni son propias de una región en concreto como la Costa, los Llanos o Antioquia. Ni siquiera representan a un grupo de población en particular, sea de carácter étnico, racial o religioso. Entonces, no cabe duda de que nuestra ‘guerra’ no es una ‘guerra’, si nos atenemos a las definiciones de los tratados internacionales.

Pero, ¿para qué se mete el presidente Uribe en estos berenjenales de no llamar al pan, pan y vino al vino? ¿Por qué recurrir al eufemismo de ‘amenaza terrorista’? Baste mencionar que en las naciones desarrolladas suelen ser precisos con el lenguaje y también consecuentes con él. Entonces, ¿cómo hacer que las Farc pierdan apoyo si se habla de ‘conflicto interno’, si la terminología indica que la guerrilla es un partido levantado en armas con tierra y pueblo detrás? De ahí que muchos crean que el establecimiento, cerrado y autoritario, está siendo combatido por adalides de la Libertad. Nada más falso.

Por lo tanto, la decisión del Jefe de Estado tiene sentido. A un país pobre como el nuestro le tiene que importar lo que los demás piensen de nuestro conflicto y por eso la cantaleta del presidente Uribe es justificada.

En cambio, el juego de palabras que no parece tener mucho sentido es el propuesto por el ex presidente Alfonso López Michelsen. Dice él que el terrorismo no es un delito, que no está tipificado en “ninguna legislación en el mundo”; y que las Farc “no son terroristas” o que acciones como volar oleoductos y atacar edificaciones militares o de Policía no lo son. Pero si bien podría aceptarse que la voladura de un oleoducto no tiene por objeto crear terror, cualquier acto de esa naturaleza puede derivar en consecuencias tan graves como si se hubieran ejecutado para hacerlo. Machuca es el ejemplo.

De otra parte, si bien al brazo armado del Estado le corresponde por su naturaleza el ser atacado, con todas las consecuencias que de ello se deriven, eso no exime del atributo de ‘terroristas’ a ciertos actos cometidos de tal manera que aún siendo contra la Fuerza Pública, generan terror entre la población, como en decenas de pueblos donde, por atacar instalaciones militares y de Policía con cilindros-bomba, se terminó tumbando la iglesia, la alcaldía, la escuela, la biblioteca, la casa de las putas y casas de familia donde murieron ancianos miserables.

Decir que las Farc no son terroristas es pisotear la memoria de miles de niños, adultos y ancianos  víctimas de bicicletas-bomba, balones-bomba, burros y caballos-bomba, carros-bomba, minas quiebra patas, etc., y del terror sistemático de acciones como el secuestro, el desplazamiento forzado, la extorsión, el constreñimiento electoral, el reclutamiento forzado y demás. Como vemos, no se trata solo de un juego de palabras.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 9 de mayo de 2011)

Lea la versión original: Juegos de palabras

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Precisamente este curita, en un país que suele jactarse de ser laico y de que la Constitución del 91 dejó en claro la separación Iglesia-Estado, ha escrito una carta plagada de calumnias con la que pretende evitar no solo que Uribe continúe dando clases en Georgetown sino que esta y otras distinciones se conviertan en obstáculos que impidan llevarlo a juicio en procesos armados por la izquierda para cobrarle el daño que le infringió a las guerrillas comunistas.

Ya en el mes de agosto, cuando Uribe asumió la vicepresidencia de la comisión creada por Naciones Unidas para estudiar el caso del ataque israelí a la flotilla ‘humanitaria’ que se dirigía a Gaza, abundaron las críticas dirigidas a Ban Ki-moon y a la ONU en general, rechazando esa designación con la misma retahíla de calumnias que más tarde dirigirán a otros centros universitarios que también le han pedido a Álvaro Uribe dictar cátedras, como Harvard y Oxford.

En su calumniosa carta, enviada a otro sacerdote jesuita, el norteamericano John Dear, el padre Giraldo descalifica el nombramiento de Uribe como docente con base en las quejas de “personas y grupos que sufrieron enormemente durante su gobierno” y arguye que es “posible que las directivas de Georgetown hayan recibido conceptos positivos de colombianos de altas posiciones económicas o políticas”, demostrando un claro sesgo ideológico que nos recuerda aquel sofisma de que el único logro de Uribe fue que los ricos pudieran volver a sus fincas.

El cura Giraldo no tiene empacho alguno en condenar el supuesto hecho de que Uribe “hubiera fundado y protegido tantos grupos paramilitares, llamados eufemísticamente ‘Convivir’”, y lo responsabiliza de “que asesinaron y desaparecieron a millares de personas y desplazaron multitudes cometiendo otras muchas atrocidades”, lo que para Giraldo implica “una exigencia de censura ética para encomendarle cualquier responsabilidad en el futuro”. Queda claro el propósito de la izquierda: condenar a Uribe al ostracismo, ojalá en una celda.

Y, como era de esperarse, el cura se muestra como el dueño de la verdad absoluta, retorciendo los hechos a su amaño y denigrando de políticas que no son de su agrado pero que brindaron excelentes resultados en materia de seguridad: “no sólo continuó patrocinando esos grupos paramilitares sino que los mantuvo y los complementó con un nuevo modelo de paramilitarismo legalizado, como son las redes de informantes, las redes de cooperantes y el nuevo tipo de empresas de seguridad privada que involucran a varios millones de civiles en actividades militares relacionadas con el conflicto armado interno, mientras le mentía a la comunidad internacional con una falsa desactivación de los paramilitares”.

Giraldo incrimina a Uribe por los ‘falsos positivos’, arguyendo que “con ello pretendía mostrar victorias militares falsas sobre los rebeldes y eliminar a los activistas de los movimientos sociales que buscan justicia”. Y llega al extremo de inventar datos tremebundos: “la coordinación entre el Ejército y los grupos paramilitares llevó a que durante su período se produjeran 14.000 ejecuciones extrajudiciales”.

Como si se tratara de cualquier comunicado de las Farc o de Piedad Córdoba, Giraldo trata de enlodar el gobierno de Uribe haciendo alusiones mendaces sobre corrupción, paramilitarismo y narcotráfico, acudiendo a verdades a medias, como cuando dice que “hay más de cien congresistas en procesos criminales, todos ellos del entorno electoral más cercano del Presidente Uribe”. ¿Olvida, acaso, que los nexos de esos congresistas con ‘paras’ fueron antes de 2002 en la gran mayoría de casos y que pertenecían al Partido Liberal?

Finalmente, Giraldo acude al desgastado argumento de que los antiuribistas son los colombianos ‘buenos’: “La decisión de los jesuitas de Georgetown de ofrecerle una cátedra (…) ofende profundamente a los colombianos que aún conservan principios éticos…”. No, es la carta de Giraldo la que ofende el sentir de la amplia mayoría de los colombianos y del proyecto de país que queremos, un modelo muy distinto al que proponen los que pasaron de la oposición a la calumnia.

Publicado en el periódico El Mundo, el 20 de septiembre de 2010

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No importa que un puñado de insensatos le auguren extradición, presidio y tormento, ni que sea intelectualmente incorrecto apreciar su obra y un supuesto signo de inteligencia el demeritarla. El hecho es que la mayoría silenciosa reconoce los logros de estos ocho años de gobierno sin eludir las falencias ni ignorar los desaciertos porque la gran masa de colombianos, ajenos a ese activismo político que obnubila los sentidos, advierte con sosiego el contraste entre el país de antes, del que todos querían irse, y el de ahora, que ya no avergüenza y hasta empieza a despertar fundado orgullo. En síntesis, los colombianos reconocemos que Álvaro Uribe nos devolvió la esperanza y el país.

Los detractores se siguen preguntando, indignados, qué le ve el pueblo a Uribe, cuál es la ‘magia’. Entre otras cosas, una dedicación absoluta, una cercanía íntima con los gobernados y una determinación rotunda de cumplir los objetivos propuestos. De su descomunal capacidad de trabajar hemos sido testigos todos; un ímpetu, una intensidad que a ratos abruma. Fernando Londoño dice que “para el trabajo, parece nacido de la raza de los titanes”, y no se equivoca en su conclusión: “Otro como él no volverá”.

Su contacto con la gente y el combate contra la violencia están estrechamente ligados. Antes de Uribe, el Presidente de Colombia era un señor que nunca salía de Bogotá, y más concretamente de los cocteles que organizan esos que tanto denigran de él. Y no salían de la capital porque, a pesar de sus esquemas de protección, en ninguna parte estaban seguros tras décadas de entrega de la soberanía a narcos, paracos y guerrilleros, o a cualquiera que tuviera con qué pagar un buen sicario. Décadas de no cumplir la ley, décadas de no cumplir con su trabajo.

Y el resto de autoridades se contagiaban de esa abulia. Era más fácil recurrir a los parapoderes para resolver un problema, que tener acceso a un gobernador, un alcalde o un concejal. Y ni soñar con un juez, un comandante del Ejército o la Policía o un parlamentario. Los gobernantes eran autistas y los criminales los remplazaron: la gente se cansó de la resignación y el conformismo de sus dirigentes. “No se puede hacer nada” era la doctrina de nuestros mandatarios.

En otras épocas, con otros líderes, las cosas cambiaban para que siguieran igual, pero otra de las virtudes de Uribe es que prefiere reformar que maquillar. Y si bien no ejecutó todas las reformas necesarias, tuvo compromiso y decisión para muchas transformaciones. Pero lo de Uribe no es una estrategia calculada y postiza. Su abnegación, su amor desmedido por Colombia, su entrega, son cualidades innatas y actitudes auténticas.

Todavía hay quienes creen que Uribe llegó al poder sólo por su oposición a las Farc. Eso es conocerlo poco o pretender negar sus capacidades. El que repase su biografía verá que toda su carrera política y sus realizaciones lo llevaron de manera indefectible hasta la primera magistratura, donde la semilla cayó en tierra buena.

Parafraseando a Newton, Juan Manuel Santos manifestó que “estamos parados sobre los hombros de un gigante”. El rumbo está demarcado y será responsabilidad de todos los colombianos cosechar los frutos.

Señor presidente Uribe: usted aceptó y cumplió ese duro encargo que recibió hace ocho años, de salvar la patria. En consecuencia, recurro a la tradición de nuestros ancestros antioqueños para decirle, simplemente, que Dios se lo pague, y anticipándome al juicio de la Historia hago propias las palabras que Domingo Choquehuanca le dirigiera al Libertador Bolívar a orillas del lago Titicaca: “Con el tiempo, tu gloria crecerá como la sombra cuando el sol declina”.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 3 de agosto de 2010

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La verdad es que la gente es más sensata que nuestra clase dirigente. Para nadie tiene sentido gastarse 90.000 millones de pesos (pólvora en gallinazos, con el perdón debido) cuando en primera vuelta hubo un resultado contundente; a ojo sacado, no hay segunda vuelta que valga. Ese es uno de los muchos yerros de la Constitución de 1991. Es que doblar la votación del segundo en primera vuelta debería ser concluyente. Bien dice Alfredo Rangel que “(en Argentina) si un candidato saca más del 40 por ciento de los votos con una ventaja de más de 10 puntos sobre el segundo, no hay segunda vuelta” (Semana, 01-06-2010). La falta de sentido común lesiona la democracia.

Que no se diga ahora que el incremento de la abstención en segunda vuelta (5 por ciento más que en la primera, 1’443.362 votos menos) le resta legitimidad al gobierno de Santos. Más bien, habría que aceptar que la votación fue notable, aun cuando en las dos experiencias anteriores, en 1994 y 1998, la abstención se redujo en segunda vuelta en 10 y 7 por ciento, respectivamente. En ese entonces también se votó en medio de mundiales de fútbol en los que, por cierto, estaba participando la Selección Colombia, con la diferencia de que dichos comicios estuvieron más apretados en primera vuelta: en 1994, Samper aventajó a Pastrana por poco más de 20.000 votos, y en 1998, Serpa lo aventajó por cerca de 40.000. En esos casos, el ballotage es más que justo.

Ya sabemos que los votos muy difícilmente se endosan. Si sumamos a la votación de Santos en primera vuelta (6’802.043) los votos de Vargas Lleras, Noemí y el Partido Liberal, se alcanza un total de 9’807.791, o sea 800.000 votos más de los obtenidos. Eso demuestra que no todos fueron obedientes; ahí estuvo buena parte del aumento de la abstención.

En cuanto a los votos del Polo Democrático (1’331.267), podría decirse que 312.214 de ellos fueron a engrosar el número de votos en blanco, nulos y no marcados, que casi se duplicaron en segunda vuelta, al pasar de 432.404 a 744.618. De los restantes, 454.597 se sumaron a la votación de Antanas Mockus, que tuvo un incremento del 14,5 por ciento, y 564.456 votantes se abstuvieron. Si estos los sumamos a los 800.000 de arriba, tenemos casi el total de indecisos que, entre vueltas, prefirieron abstenerse.

Vistas así las cosas, no hubo votos nuevos en segunda para ninguno de los candidatos, ni siquiera para Mockus, que cerró las puertas a cualquier alianza y se centró en una fórmula de Coquito: que cada uno de sus tres millones de seguidores convenciera a dos amigos para sumar nueve. ¡Vaya descubrimiento!

No puede negarse, sin embargo, que, si la primera vuelta concedió a Santos un triunfo contundente, la segunda no fue inferior (aumento del 32,38 por ciento), lo que ofrece una victoria tan aplastante que, si antes se hablaba de unanimismo en torno de las iniciativas del presidente Uribe, la unidad nacional de Santos ya tiene tintes de amancebamiento, sobre todo por la presencia de oportunistas que han sido particularmente críticos del gobierno saliente, cuya cabeza visible sigue siendo el dueño del balón y de los voticos.

Decir que toda Colombia es santista –mapa anaranjado con excepción del Putumayo– es una galantería que el presidente electo merece. Pero lo real es que el país sigue siendo uribista, cosa que quedó en claro desde los comicios parlamentarios. Y si Santos lo entiende así, tendrá que ir en contravía de esas aves de mal agüero que –cual insoportables vuvuzelas– machacan que debe desmarcarse de Uribe cuando, más bien, deberá hacerlo de muchos politiqueros que se le colaron en la fiesta y amenazan arruinarla.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 22 de junio de 2010

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Por eso, puede afirmarse que este no fue un fallo en derecho, fue un fallo político. ¿Qué habría pasado si no se hubiera incurrido en ninguno de los cinco vicios que el magistrado Sierra Porto consideró insalvables en su ponencia? Pues lo mismo, porque el propósito era bajar del caballo a un jinete que había acumulado mucho poder, nada más. De hecho, los magistrados se percataron, a última hora, de que una sentencia de inexequibilidad por los vicios señalados sería tan débil como un muro pegado con babas, y se inventaron un vicio de fondo –con un apretado 5-4–, arrogándose la facultad de implantar normas pétreas en la Constitución para que nadie –y muchísimo menos Uribe– pueda ser presidente por más de dos periodos.

Es decir, no importaría que se presenten quince millones de firmas, que no se violen los topes, que se redacte una pregunta con una gramática digna de Cervantes, que la Registraduría certifique el proceso en letras de molde y que en el Congreso aprueben la ley con una disciplina monacal. Ahora el Constituyente Primario carece de la más mínima potestad para poner en funcionamiento un mecanismo de participación directa, que es, de por sí, frustrante para el ciudadano, por la barrera infranqueable de un umbral hipotético que se basa en un universo ficticio de gentes aptas para votar, pero apáticas, en vez de fijarse con base en los votos válidos de las últimas elecciones.

Pero, volviendo al tema, cabe preguntarse también si en el fallo no hay algo de sesgo ideológico. Dicen que el veredicto es prueba de la independencia de poderes en Colombia y de que no somos una banana republic. Pero, ¿qué habría pasado si Uribe fuera un líder de izquierda como Evo, Ortega o Chávez? Me temo que se le hubiera dado paso a la reelección indefinida. Por cierto, no eran neutrales los aplausos que retumbaron en el recinto de la Corte en el momento de leerse el fallo, lo que recuerda que el mamertismo nacional nunca mostró respeto por un gobierno legítimamente elegido por una amplia mayoría.

En cambio, el mejor ejemplo de respeto lo dio, precisamente, el presidente Uribe. Porque los demócratas de verdad ni nos alegramos ni nos afligimos con el veredicto. Estamos tranquilos porque sabemos que las ideas que se han articulado en torno del liderazgo de Álvaro Uribe representan el sentir de quienes sueñan con un país mejor para las futuras generaciones, una doctrina basada en la promoción de las libertades individuales, pero enmarcadas en el orden jurídico; en la igualdad de derechos y oportunidades con sujeción al cumplimiento de deberes, y en el ejercicio legítimo de la autoridad para generar un clima que permita avanzar. Es la cara opuesta del régimen que los tiranos instauran en solares vecinos y al que los violentos nos quieren someter aquí.

El presidente Uribe no ha hecho otra cosa que fortalecer la democracia colombiana durante toda su trayectoria política, sobre todo desde cuando recibió la conducción de un Estado fallido y una sociedad desesperanzada. Hay que tener memoria para que no nos reescriban la historia y no caer en el error de entregarles el timón a personajes que transigen con los violentos. Las Farc se trazaron el objetivo vital de pasar el “chaparrón de Uribe” y sería de lamentar eternamente que nos dejemos seducir por cantos de sirena y nos devolvamos a pocos metros de la orilla. Bien dice Juan Manuel Santos –en Jaque al terror– que quienes hereden esta empresa estarán parados “sobre hombros de gigantes”, de un gigante que señaló un rumbo que se debe mantener. Y, justamente, nadie mejor que Santos para mantener el curso.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 2 de marzo de 2010

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Desde ahora, Santos se perfila cómodamente en el primer lugar de las encuestas, como en esta de Napoleón Franco.

Vea el documento completo.

Doc-2027_201031

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Y es que no se puede pasar por alto tan fácilmente que Hugo Chávez es un aliado de las Farc y un sátrapa que ha violentado la democracia de su país para imponer el comunismo en contra de los designios de su propio pueblo, cosa que también pretende hacer con nosotros. Es decir, el coronel no es un vecino cualquiera y por eso no tiene ningún sentido que los dos mandatarios se sienten a dialogar, mucho menos ahora que Uribe está terminando su periodo de gobierno mientras que el ‘varón’ Chávez hará todas las maromas posibles para quedarse todo el tiempo que pueda, hasta que los venezolanos se cansen y lo saquen ruidosamente un buen día de estos. Sólo es cuestión de tiempo.

No es más que un diálogo de sordos el sentarse a la mesa con alguien que delira con la idea de invadirnos y anexionarnos para reunificar el sueño bolivariano de la Gran Colombia; alguien que necesita desesperadamente una salida al Pacifico para exportar su petróleo a China y desprenderse de la dependencia del mercado gringo, paso indispensable para iniciar su combate contra el imperio; alguien que desea fervientemente convertirse en el nuevo Fidel y superar su legado, expandiendo el comunismo a toda América Latina, en lo que el barbudo fracasó.

No seamos hipócritas: lo mejor para Colombia es que el pueblo venezolano le pase cuenta de cobro a quien ha convertido a un país rico en un infierno donde campea el crimen –10.000 asesinatos tan sólo en Caracas en 2009–, donde no hay energía eléctrica, donde escasean los víveres, donde no hay respeto por la propiedad privada, donde se reprime descaradamente a la oposición, donde se coarta la iniciativa privada y donde la hacienda pública se maneja como plata de bolsillo. Allá todo apunta a una catástrofe histórica.

Colombia se debe separar de ese paciente terminal y dejar que la dinámica de los acontecimientos haga su tarea. Es incomprensible que el gobierno colombiano le ofrezca venderle energía a Venezuela como si pretendiera darle una mano al gobierno de ese país para que solucione su crisis. Una cosa es tener sentido humanitario con un pueblo hermano y asistirlo en una tragedia, por ejemplo, y otra, muy distinta, convertirse en alcahueta de un régimen despótico que nos dará una puñalada artera en cuanto pueda. Y todo por unos pesos. Es una verdadera estupidez que evoca aquella máxima de Lenin: “Los capitalistas nos venderían hasta las sogas con las que los ahorcaremos”.

Es cierto que la caída de las exportaciones colombianas a ese país afectan el empleo y la economía nacional, pero también afecta a los venezolanos y a su nefasto gobierno. Ya nos ha quedado claro que no es conveniente depender de un cliente inestable que en cualquier momento nos deja colgados de la brocha, por lo que sería un grave error permitir que esa apreciable dependencia del mercado venezolano, que hubo en los últimos años, prospere de nuevo. Mientras el dictador vecino se mantenga en el poder, eso no significaría otra cosa que vivir a cuenta del chantaje y las intimidaciones que oscilan al vaivén de su temperamento ciclotímico y de sus protervas intenciones.

Por otro lado, puede ser práctico bajarle temperatura a las relaciones con Venezuela con el fingimiento propio de la diplomacia, pero eso no puede implicar concesiones inadmisibles –y suicidas– como renunciar a las mal llamadas ‘bases militares gringas’.

Y seamos claros en algo: no se puede reprochar el legítimo reclamo del presidente Uribe en la Cumbre de Cancún, ni comparar su actitud frentera con la vulgaridad y ordinariez de quien lleva años insultándolo a él y a Colombia entera.

EN EL TINTERO: Con el hundimiento del referendo no sólo se fue a pique un nuevo periodo del presidente Uribe sino el poder mismo del Constituyente Primario. La participación ciudadana en Colombia es una fábula; cinco millones de firmas, millones de votos en dos elecciones y decenas de encuestas (ciencias estadísticas), no valen nada. Es una pena.

Publicado en el periódico El Mundo, el 1 de marzo de 2010

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Valga decir que la popularidad y aprobación del actual gobierno es, en buena medida, atribuible a muchos columnistas, analistas y dirigentes de moderado o marcado sesgo de izquierda, que desde que Álvaro Uribe tenía el 2% en las encuestas, a comienzos del 2002, lo convirtieron en blanco de toda clase de acusaciones, y descalificaban de plano su propuesta de seguridad con el argumento falaz de que nos iba a conducir a una guerra total que no iba a dejar piedra sobre piedra.

Es más, esos mismos críticos, desde sus cómodos escritorios, insistían osadamente en mantener diálogos de paz con las Farc como si no se hubieran enterado de todo lo ocurrido en el Caguán: el fracaso absoluto de ese proceso, la forma descarada como las Farc se burlaron de una administración —la de Pastrana— que les tendió una mano más que generosa, la forma en que la subversión arreció sus ultrajes contra los colombianos.

Sin duda alguna —y afortunadamente—, eso quedó tan atrás que hoy es como hablar de historia patria. Desde los primeros meses del Gobierno de Uribe la situación mejoró dramáticamente, las Farc se replegaron y de inmediato empezaron a desencadenarse signos claros de recuperación cuando la Fuerza Pública volvió a hacer presencia en todas las regiones, retomando el control de territorios de los que nunca debió haber salido. Sin embargo, la mayoría de columnistas y dirigentes no reconocieron progreso alguno; más bien ironizaban sobre la posibilidad que tenían los ricos de volver a sus fincas y nada más.

Por eso, lo que la revista Cambio llama “club (de columnistas) anti-reelección” es, simplemente, un club anti-uribe, que lleva siete años remando contra toda evidencia, con escasa credibilidad entre la opinión. Decía Santayana aquella frase manida de que “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Y si bien se ha creído siempre que el colombiano promedio es desmemoriado, aquí el recuerdo de lo que era Colombia hace una década aún está fresco y hasta las comparaciones menos odiosas ponen un abismo de por medio entre la situación de antes y la de hoy.

Eso que Semana llama la “intelligentsia colombiana” ha sido demasiado miope como para percatarse de que para las mayorías de todas las pelambres, los gobiernos anteriores fueron tiempo perdido para el país, y que si un gobierno como este hubiera llegado antes nos hubiéramos ahorrado muchos padecimientos.

Al colombiano común le importan poco las formas democráticas mientras haya mejoras tangibles, y en eso este gobierno lleva años luz de ventaja. Tratar de explicar el divorcio entre el pueblo y la “intelligentsia” con el argumento de que todo obedece al “enorme poder mediático del Presidente” y a la influencia suprema de la televisión, es de una lamentable pobreza conceptual. Si la cosa es así, que se postulen Amparo Grisales o Robinson Díaz.

De otra parte, hay quienes zanjan el asunto de manera más simple, poniendo en duda el exuberante respaldo popular del Presidente. El ex magistrado Alfredo Beltrán Sierra especula que no puede entenderse el referendo como una petición del pueblo porque su voluntad “fue expresada por una porción de alrededor del 5% del censo electoral y no por la totalidad de los votantes. Quiere decir que el 95% del pueblo no se ha pronunciado” (El Espectador, 03-10-2009). Pues, de eso se trata el mecanismo, de permitir que todos se pronuncien y puedan dejar por sentado que la última palabra es la del constituyente primario, no la opinión de algunos privilegiados, por ilustrada que esta sea. ·

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