El escritor R. H. Moreno-Durán vaticinó que un presidente con nombre de funeraria y elegido en un cementerio sería desastroso para el país. Y lo fue. Gaviria empezó mal: se descachó en su ataque a Casa Verde, el santuario de las Farc, el 9 de diciembre de 1990. El mismo día que el país estaba eligiendo a los integrantes de ese embeleco que él impulsó, la Constitución que dizque iba a arreglar el país, surgida ilegítimamente de una tal ‘séptima papeleta’ que fue votada apenas por dos millones de personas y cuyos miembros sólo alcanzaron 3,8 millones de votos (73 por ciento de abstención) cuando el Congreso había sido votado por más de ocho. En su seno, Pablo Escobar compró —con plata o plomo— la no extradición: a los 10 minutos de tomarse la decisión, se subió a un helicóptero rumbo a la Catedral. Sólo Gaviria cree que no fue así.

El único que no sabía que Pablo era el dueño de esas tierras de las lomas de Envigado era Gaviria. También era el único que no sabía que él mismo construyó la cárcel, y que los guardias internos eran empleados suyos, que tenía comprados los anillos de seguridad del Ejército y la Policía, que adentro se cometían crímenes y que seguía siendo el capo de tutti capi. Cuando se escapó, Gaviria persiguió a Escobar por presión de los gringos y, para aniquilarlo —y no es que lo esté llorando—, el Estado se amangualó con los peores delincuentes del país, esa fuerza de tarea llamada ‘Los Pepes’.

Gaviria tampoco puede hablar mucho de la lucha contra el paramilitarismo. Durante su administración, y en la precedente, de la que fue ministro de Gobierno, fue exterminada la UP. ¿Qué hizo para evitarlo? Vaya uno a saber. Además, fue en su gobierno que se crearon las Convivir, reglamentadas por su álter ego, Rafael Pardo, ministro de Defensa de la época. Seguramente a los dos les da vergüenza reconocerlo y les alegra que le achaquen eso al ex gobernador de Antioquia.

¿Qué hizo contra la guerrilla o contra los ‘paras’? Nada que se sepa. Su apertura económica fue desbocada, a ella se le debe la quiebra de cientos de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. También el apagón fue en su gobierno; no es culpable del verano, pero sí de la falta de soluciones. ¿Ya prendieron las barcazas? Usó el puesto como plataforma para presidir la OEA, enviando a su canciller a hacer lobby para algo que sólo lo beneficiaba a él. ¿Es eso ético, o legal?

Gaviria dice que le ha dado “trabajo entender” lo de las ‘bases gringas’. Muy gracioso, porque él se gastó medio gobierno explicando el asunto de Juanchaco y los sobrevuelos de aviones gringos en Medellín. “No se puede pasar a defender a los narcos con el manido artilugio de la soberanía… ellos son quienes no respetan fronteras, esa sí es una verdadera violación…” (EL TIEMPO, 30-07-92).

Hace días cuestionó que la violencia en Medellín ha aumentado el 80 por ciento. El pico de violencia en Medellín data de 1991, con 6.658 asesinatos. ¿Qué hizo el presidente Gaviria? Montar una ‘consejería’, al mando de María Emma Mejía, para hacer foros, seminarios, mesas barriales, empanadas bailables y un programa en Teleantioquia. El resultado: que a la bella María Emma los parceros la llamaban ‘la monita’.

En el 2008 hubo 1.066 homicidios en Medellín. En 1991 (con un índice de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes) había un 524 por ciento más de homicidios. En el 2002 (primer año de Uribe, con 3.591 homicidios) había un 236 por ciento más. Es preocupante que frente al 2007 (con 788) haya un incremento de 35 por ciento, pero es una tasa que ronda los 40 x 100.000, no los 400 de su época. Las matemáticas no mienten.

En fin. La era Gaviria es de ingrata recordación y carece de logros que lo provean de autoridad moral para criticar al actual Gobierno. No vale la pena salir trasquilado por agenciar unas candidaturas que no superan el margen de error de las encuestas. ·

Publicado en el periódico El Tiempo, el 15 de septiembre de 2009

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La prensa brasileña, escrita y audiovisual, ha reaccionado con gran energía, condenando de manera severísima el cierre de Radio Caracas Televisión por el aprendiz de dictador venezolano, comandante Hugo Chávez. Hasta el Senado brasileño hizo lo mismo en un gesto que lo enaltece, sobre todo considerando los remilgos y silencios cobardes de los otros parlamentos latinoamericanos frente al atropello cometido por Chávez en su designio de acabar con el pluralismo informativo y la libertad de expresión en Venezuela.

Penoso, eso sí, el apoyo que recibió Chávez del presidente Lula, que justificó la clausura de RCTV para no desencadenar las iras del caudillo venezolano, por lo que, afortunadamente, ha recibido de la prensa brasileña muchas y muy justas recriminaciones. Por lo demás, no existe el menor peligro de que Lula imite a Hugo Chávez: aunque le mande besos volados y simule a veces apoyarlo, su política está en las antípodas del estatismo y el colectivismo económico que el destemplado comandante aplica en su país, decidido por lo visto a producir en Venezuela una catástrofe económica e institucional semejante a la que causó en Perú el general Juan Velasco Alvarado, otro de los mentores y modelos de Hugo Chávez, además de Fidel Castro.

Lula ha optado por un socialismo moderno, a la europea, es decir, por un socialismo que de tal sólo tiene el nombre, pues apoya la inversión extranjera y el mercado, la apertura económica y la empresa privada, y por eso los empresarios brasileños están felices con él: saben que sus declaraciones esporádicas de simpatía hacia Chávez son meras concesiones retóricas a la izquierda radical para tratar de aplacarla, sin el menor éxito por lo demás, pues ésta lo ataca ya como un traidor a la revolución. Vaya paradojas del tiempo en que vivimos: Lula, campeón del capitalismo para una derecha económica brasileña que ve en el antiguo sindicalista la mejor defensa contra el “socialismo del siglo XXI” que propone Hugo Chávez.

El último número del semanario Veja -que tira un millón doscientos mil ejemplares de cada número- contiene una excelente investigación realizada por la revista sobre este “socialismo del siglo XXI” que se ha inventado el comandante Hugo Chávez y que, a golpe de petrodólares, se empeña en diseminar por toda la región.

El reportaje, que firma el periodista Duda Teixeira, quien ha verificado sus datos sobre el terreno, no tiene desperdicio. Algunos ejemplos muestran la velocidad y obscenidad con que los más estrechos colaboradores políticos del caudillo-paracaidista se han enriquecido en el poder. El psiquiatra Jorge Rodríguez, vicepresidente nombrado por Chávez, es dueño de un lujoso hotel, en la isla Margarita, el principal balneario del país. Adán Chávez, hermano del presidente y ministro de Educación, es dueño de una empresa propietaria de 1600 camiones y barcos de pesca, y don Eudomario Carrujo, director financiero de la poderosa Pdvsa, la compañía petrolera estatal, posee una flota privada de quince automóviles de lujo, entre ellos un Hummer H2, que vale cien mil dólares. Este último vehículo es el preferido de los funcionarios chavistas, según confesaron a Veja los distribuidores de automóviles en Caracas. Y uno de los principales corifeos del “socialismo del siglo XXI”, el gobernador chavista de Carabobo, Luis Acosta Carlez, lo proclamó en la televisión sin el menor rubor: “¿Por qué nosotros, los revolucionarios, no tendríamos el derecho de tener una camioneta Hummer H2?”.

En efecto, ¿por qué no? ¿Acaso el presidente Brezhnev, de la URSS, no tenía el hobby de coleccionar Mercedes-Benz? No sólo los coches de lujo son las debilidades de las actuales autoridades venezolanas. Otra es Miami y sus shopping centers , cabarets y hoteles de lujo. En esto, dice el periodista de Veja con mucha gracia, Hugo Chávez ha conseguido igualar ya a su héroe epónimo Fidel Castro: como los cubanos, todos los venezolanos sueñan ahora con escapar a los Estados Unidos.

La diferencia está en que los altos funcionarios chavistas sí pueden hacerlo. Como no está bien visto que vayan a gastarse sus petrodólares en el imperio contra el que su jefe y caudillo despotrica día y noche, se valen de picardías y pillerías que el informe de Veja refiere con lujo de detalles. Como tener dos pasaportes -uno, sólo para los viajes a Estados Unidos- o arrancar las páginas con los sellos de entrada al infierno imperialista.

El “socialismo del siglo XXI” consiste también en un desaforado mercantilismo. En la Venezuela de hoy se puede ser -todavía- un exitoso capitalista, a condición de ser un chavista servil. Como la transparencia se evaporó con la instalación del régimen, las concesiones, las licitaciones y los contratos estatales se otorgan a dedo y, algunas veces, mediante subastas o concursos amañados. El criterio político prevalece siempre, de acuerdo con la antigua ley de hierro de las dictaduras tercermundistas: “Para los amigos, todos los favores; para los enemigos, la ley”. Como, gracias a la política chavista, la producción industrial se desplomó, la importación de artículos de primera necesidad es hoy un excelente negocio. Pero, para conseguir los dólares necesarios, el importador debe estar en muy buenas relaciones con el gobierno, pues para eso mismo se estableció el control de cambios, instrumento de coerción y de soborno tradicional de los gobiernos “nacionalistas” latinoamericanos.

El reportaje de Veja , pese a la pavorosa realidad de corrupción, amiguismo, demagogia y autoritarismo que describe, no es totalmente pesimista. Por una parte, confirma algo que yo sospechaba, al ver la valerosa manera en que la oposición venezolana se movilizó contra el cierre de Radio Caracas Televisión. Que, esta vez, el caudillo venezolano ha dado un paso en falso y el pueblo venezolano ha comenzado a abrir los ojos frente al monstruo que ha creado, dando su confianza y sus votos a un demagogo que puede llevar el país a la ruina y a una dictadura totalitaria.

Las encuestas que transcribe Veja del Instituto Hinterlaces, de Caracas, son elocuentes: 78% de los venezolanos reprueba el antinorteamericanismo de Chávez; 85% condena el financiamiento político a otros países; 86% no quiere un socialismo a la cubana, y también el 86% está contra la confiscación de propiedades privadas.

Más aún: el cuarenta por ciento de los venezolanos que votaron por Chávez en las elecciones de diciembre pasado declaran que hoy votarían contra él.

Todavía hay, pues, esperanzas para Venezuela. Y podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que el “socialismo del siglo XXI”, hechura del espadón matonesco, pasará pronto, como una patraña más de esas dictaduras esperpénticas de que está constelada la historia latinoamericana.

¿Qué llevó a millones de venezolanos a votar tantas veces en los últimos años a favor de Hugo Chávez? La corrupción que corroía a la democracia y la incapacidad de ésta para reducir la pobreza y las inicuas desigualdades sociales. Pero, en vez de optar por una alternativa libertadora, se pusieron la soga al cuello apoyando una política que ha triplicado en cinco años la criminalidad en el país, disparado la inflación, derrochado los recursos públicos financiando el extremismo marxista en todo el continente y manteniendo vivo al semicadáver cubano. Pero, sobre todo, a un régimen que ha añadido nuevas y más perniciosas formas de corrupción a las varias que el país arrastraba.

Ahora, el comandante Chávez sabe que su impopularidad crece cada día y por eso se apresura a cerrar los escasos espacios que quedan en Venezuela para denunciar sus atropellos. Lo ocurrido con RCTV es sólo el comienzo de un proceso que, como en Cuba, acabará por poner todos los medios de comunicación venezolanos bajo el control del Estado, salvo, tal vez, dos o tres excepciones, empresas supuestamente independientes -parece ser el caso de Venevisión, a juzgar por su ominoso silencio frente a la clausura de RTCV- para mantener la farsa del pluralismo informativo. Pero, a juzgar por la gallarda reacción que esta medida ha provocado en el medio estudiantil y popular que antes apoyaba al régimen, este episodio podría ser también el principio del fin de la revolución chavista.

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Los dos primeros años de esta administración se perdieron por la terquedad del entonces ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, que no quiso liberar la banda cambiaria y se limitó a manejar una economía de ascensor, creyendo que todo se arregla subiendo o bajando las tasas de interés. La teoría con la que se ha manejado la economía colombiana en los últimos años es infantil: bajar las tasas de interés para que los industriales se endeuden, contraten materias primas, equipos y personal y —magia, magia— se reactive la economía. Y con la misma laxitud mental se cree lo inverso: suben las tasas y se atraen ahorradores por la rentabilidad de la inversión, se fortalece la banca y crece la base financiera para prestar (aunque a intereses muy altos).

Igual pasa con el precio del dólar, sube y los exportadores obtienen más pesitos y les va mejor; baja y las importaciones se abaratan, no importan si son chucherías o equipos que necesita nuestra industria. Esos dos criterios tan banales son los que han estado rigiendo nuestra economía, sobre todo en la era Pastrana, y serían útiles si se tratara de una situación coyuntural y no de un problema estructural originado por la apertura económica y empeorado por las condiciones de orden público y la globalización de los mercados.

Si miramos la historia reciente, todos los países que han caído en profundas crisis económicas han salido de ellas cerrando las fronteras, sustituyendo importaciones por productos nacionales, recuperando capitales fugados, ofreciendo excelentes condiciones de inversión para el capital foráneo, recogiendo el gasto fiscal en lo suntuario e invirtiendo en obras públicas y en todos los campos donde se requiera mano de obra no calificada. Roosevelt sacó a Estados Unidos de la depresión de los años 30 siguiendo, básicamente, esas políticas, y muchas naciones han repetido la fórmula con éxito.

Pero veamos lo que se hace en Colombia: las importaciones están desbocadas. Se traen 8 millones de toneladas de alimentos anuales que podrían producirse en el país. En el reciente paro campesino, los papicultores de la meseta cundiboyacense denunciaron la quiebra a la que han ido porque su papa no se vende, ahora la importan de Holanda los grandes comerciantes que se enriquecen a costa del hambre del campesinado.

En cuanto a los capitales no sólo no se recuperan sino que se siguen fugando ante las condiciones de seguridad del país no sólo en materia de orden público sino del ambiente financiero. Como es más rentable invertir en dólares en el exterior hasta las clases medias están sacando sus recursos y quienes no lo hacen prefieren invertirlos en actividades especulativas. Nadie quiere hacer industria por el exceso de trámites, por la desprotección en que el Estado tiene a todos los sectores de la economía y por los bandazos de sus políticas económicas y laborales.

Precisamente, esa falta de estabilidad de las políticas va en contra de la necesidad de ofrecer atractivas condiciones de inversión para el capital foráneo —incluso para el nacional—. Basta recordar las facilidades y prerrogativas que otorgó la Ley Páez para establecer industrias en el Cauca y permitir la rehabilitación social de esa región después de la avalancha del río Páez en junio de 1994. Exención de impuestos de industria y comercio por varios años, y de otros tributos, fueron las condiciones que se eliminaron de un tajo por la reforma tributaria que practicó Juan Camilo, de manera que lo que un gobierno ofrece el otro lo tumba.

En cuanto al gasto fiscal se ha ido reduciendo con una sola medida: recortar personal. Si bien el Estado colombiano es un paquidermo burocrático, los recortes masivos de personal aceleran la contracción de la economía y no son una solución barata en el corto plazo por las costosas indemnizaciones. Mientras tanto, los gastos suntuarios no se recortan, no se combate la corrupción con la decisión requerida por aquello de que “entre bomberos no nos pisamos las mangueras”, y se está terminando otro cuatrienio sin hacerle la reforma a un Estado gigante al que la Constitución del 91 dotó de nuevas entidades costosas e inútiles.

Lo peor de todo es que la plata que malgasta el Estado no se emplea en grandes inversiones generadoras de puestos de trabajo. La administración Pastrana no le deja al país ni una sola obra de magnitud que haya generado miles de puestos durante muchos meses, ni una sola política que impulse grandes obras en las grandes ciudades donde está el grueso de los desempleados.

Frenar el desempleo y reactivar la economía requiere mucha creatividad y múltiples medidas que se complementen. No basta con una reforma laboral, ni con que el ministro de Trabajo, Angelino Garzón, promulgue el ‘empleo social’, que “el que pueda contratar un jardinero o un conductor lo haga”, ni basta con hacer campañas publicitarias. La economía colombiana hay que volverla a manejar con criterio de ama de casa y no con el de los presidentes arrodillados ante el Fondo Monetario Internacional. ·

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La apertura económica en Colombia, fundamentada en la presunción de que obligar a nuestras empresas a ser más competitivas era benéfico, además de privatizar las empresas nacionales y entrar en el terreno salvaje de las concesiones, está obligando a nuestros empresarios a apagar las luces y largarse a Miami. Las encuestas con grandes, medianos y pequeños empresarios indican que el modelo económico es más terrorífico que el Mono Jojoy y el desempleo lo confirma.

La economía colombiana no se está reactivando ni lo hará mientras se mantenga el orden dictado por las multinacionales, colosos contra los que es imposible competir sin optar por un doloroso ahorro de costos que siempre involucra despidos masivos a raíz de las fusiones, absorciones y cierres que están a la orden del día en nuestro país. El gobierno obedece a ciegas las normas dictadas con base en las políticas de mercado de los países industrializados como la reciente orden de abrir el mercado de las telecomunicaciones, poniendo en peligro a Telecom, Orbitel y demás empresas que frente a AT&T no tendrán mucho que hacer.

La lista de empresas que se han vuelto historia es larga pero hay casos resonantes. Cemento Argos cerró su planta, hoy es sólo un holding que especula en el mercado de capitales y recibe las ganancias de otras cementeras de su propiedad. Siderúrgica de Medellín (Simesa) también cerró su planta, el nombre se mantiene como propietario de Siderúrgica de Boyacá. Las aerolíneas Avianca y Aces se fusionan para salvarse mutuamente mientras el Éxito se traga a su clásico adversario, el Ley (Cadenalco), y Fabricato hace lo propio con Tejicóndor.

Hay sectores completamente destrozados. Las programadoras de televisión, enraizadas en el sentir de los colombianos en los últimos 40 años, ya no existen. Punch, Producciones JES, 24 Horas, RTI y muchas más se fueron al olvido. El producto de la TV por cable y los sistemas satelitales (DirecTV, Sky) se va casi todo para el extranjero. Celumóvil es Bellsouth, Codensa es de Chile, el Cerrejón ya se regaló, del petróleo nos dejan migajas, goteras. Los españoles no fundan empresas nuevas, compran bancos viejos para extraer sus ganancias.

Las fronteras están abiertas no ya a la inversión extranjera sino a la invasión y el saqueo, mientras las de los países ricos están cerradas para nuestros productos y para nosotros mismos. Como si fuera poco, lo mejor de nuestra tierra ya no se vende: el banano se muere si nos quitan la cuota exportadora, las flores dizque ya no son negocio, el café ahora sí se acabó, ya es mejor el de Vietnam, y la coca es de las Farc. Un país con ese modelo no sobrevive. Por lo menos, tenemos gente que protesta a nuestro favor allá donde están las causas del infarto, donde toman las medidas que en realidad nos están sacando del subdesarrollo pero para alinearnos junto a países como Etiopía, Somalia y similares. ·

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El Dane reconoce entonces que el 50% de los colombianos no tiene recursos para la subsistencia y, como el hambre no da espera, es de entender que estas personas están viviendo de la caridad o están delinquiendo para sobrevivir. Lo que no reconoce el Dane es el aumento del desempleo porque, para lavarse las manos y evadir responsabilidades, el gobierno de Pastrana y su equipo económico han decidido maquillar la realidad. Ahora no se considera desempleado al que labore una hora semanal y se piensa que las causas del desempleo son las amas de casa que salen a buscar trabajo en vez de quedarse cocinando y los jóvenes que abandonan las aulas en vez de seguir disfrutando de la educación excelente y barata, accesible para todos.

Nuestro Gobierno criticó duramente los nulos alcances de la administración Samper en el mismo terreno pero hasta ahora no ha logrado disminuir la tendencia creciente del desempleo ni lo logrará acudiendo a criterios de imagen porque el problema es estructural y seguirá en alza hasta que no se impongan políticas adecuadas. A diario se repite que la apertura económica del perplejo Gaviria fue la caja de Pandora que dio inicio a la caída del empleo pero nada se hace para reversarla o condicionarla.

Cualquier país del mundo que vive recesiones como la nuestra aplica planes nacionales de desarrollo impulsando la realización de grandes obras como ciudadelas, carreteras, puertos, etc. Por el contrario, las medidas de Andrés Pastrana son privatizar, estimular la corrupción y los gastos suntuarios de sus amigos y de la clase política, ahorcar a la ciudadanía con más impuestos (a pesar de que prometió reducirlos) y constantes reformas tributarias, y crear un ‘hueco social’ para cubrir el faltante fiscal despidiendo miles de trabajadores estatales mediante la Ley 617.

Como si fuera poco, la responsabilidad del sector privado se murió con los industriales de antaño. Hoy existe la idea generalizada de que las pérdidas se socializan pero las ganancias son privadas; el Estado y la sociedad, mediante el impuesto a las transacciones bancarias, han salvado la banca privada con 6 billones de pesos tan sólo en este Gobierno. Sin embargo, cuando el sector obtiene ganancias la retribución es nula, sólo dan alcancías y llaveros. En el ámbito público no hay diferencia: Interconexión Eléctrica (Isa) se quiere privatizar en cerca de US$500 millones cuando los colombianos hemos invertido en esa empresa cerca de 3 mil millones de dólares, que es lo que vale en libros.

Con el consabido cuento de la globalización económica —que aquí conocemos como apertura—, ese engendro que sólo ha servido para que los países pobres caminemos por la cuerda floja en beneficio de los países ricos y sus multinacionales, el mismo que ya tiene detractores que han protestado sonoramente en Seatle, Praga, Washington, Davos y otras ciudades donde el Fondo (FMI) ha hecho sus aquelarres, el empresariado maneja el criterio de la ‘competitividad’ con un mandamiento supremo que es echar gente. Por eso en los periódicos no se lee nada que no sean despidos o reestructuraciones aunque la empresa ande bien y dé utilidades. El miedo a la competencia externa estimula la avidez de los industriales y ellos aplican su filosofía de «a mayores despidos mayor eficiencia y mayores ganancias», sin importar el impacto social.

Pero mírese el otro lado de la moneda. El egoísmo de colombianos nos lleva a preferir que nos despidan a que nos bajen el sueldo ante las dificultades de una empresa. Es increíble que un país pobre como éste presente desigualdades en todos los niveles y una ausencia de políticas que aseguren una mayor armonía social. En empresas públicas y privadas los sindicatos han logrado una serie de conquistas que ponen y han puesto en dificultades a muchas organizaciones y que terminan por sustraer muchos puestos de trabajo por lo oneroso que resulta cada uno. El sueldo mínimo en Bavaria es de 750 mil pesos mensuales (y están en huelga pidiendo aumento), en Noel es de $734 mil, en las Empresas Públicas de Medellín, $705 mil. Una aseadora en la Gobernación de Antioquia recibe $600 mil sin ninguna preparación académica, barriendo, trapeando y sirviendo tintos, suma que muchos profesionales no obtienen después de diez semestres de instrucción y una inversión considerable sobre todo si provienen de universidades privadas.

Ahora, no es justo sugerir que las personas con escasa preparación no tienen derecho a lograr un mejor nivel de vida y no es la idea, mucho menos cuando el modelo se repite en el otro extremo. Los salarios de los altos ejecutivos de las grandes empresas son exorbitantes para un país en crisis. Sueldos que están entre 50 y 200 salarios mínimos, o sea entre 15 y 60 millones mensuales. Allí también se ubican nuestros ‘padres de la patria’ y otros altos funcionarios públicos que nos cuestan oro.

Una solución inmediata para el desempleo sería la de hacer un pacto social bajando los sueldos altos. Tres sueldos de $600 mil suman 1 millón 800 mil que divididos por cuatro dan $450 mil, lo que sigue siendo un buen sueldo por barrer, trapear y servir tintos. El otro extremo también debe poner de su parte. Si bien esas personas pagan altísimos impuestos el costo social de sus honorarios es tema espinoso porque expanden la brecha entre pobres y ricos y generan la violencia que hoy padecemos. Si bien el señalar la necesidad de establecer salario máximo puede ser considerado como un intervencionismo anacrónico, hoy es necesario en Colombia que mediante un decreto de emergencia económica, el Gobierno señale un tope salarial para el sector público y otro, un poco más amplio, para el sector privado. Eso con el fin de usar el excedente para crear puestos de trabajo aunque no sean productivos: limpieza de parques, reforestación, bomberos municipales, etc.

Otra alternativa es exigirle a las empresas inversionistas de capital, que generan grandes utilidades especulando en el mercado financiero, una cuota proporcional al patrimonio para una bolsa de empleo de choque. Así se podría crear un ejército de trabajadores que abra caminos veredales, mantenga vías, construya escuelas, etc. Por ahora los esfuerzos deben encaminarse a que los colombianos coman y puedan mandar sus hijos a la escuela y no a esperar que el sector productivo se recupere como guiado por una mano invisible pues ello no sucederá mientras nuestro sector productivo carezca de mercados; tanto el interno como el externo pertenecen a las multinacionales y a productores subsidiados en sus países de origen.

Si el presidente Pastrana es incapaz de enfrentar a las autoridades del Fondo Monetario y el Banco Mundial para ponerle coto a la apertura o para refinanciar el servicio de la deuda, donde muere el 40% del presupuesto nacional, la única alternativa es apelar a la pirinola de Mockus y hacer caso del ‘TODOS PONEN’. Lamentablemente, las demás alternativas son paños de agua tibia que van a prolongar la agonía de un país que no es Nación porque ya no nos importa ni el hambre del vecino. ·

***

INCREÍBLE. En la página comandantechavez.com se anuncia que llegó la hora de invadir a Colombia. Esas son las intenciones del movimiento bolivariano de Chávez, tan cercano a las Farc.

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No es sino recordar. Decía el escritor Rafael Humberto Moreno Durán, con sobrada razón, que un presidente propuesto en un cementerio y con nombre de funeraria (Gaviria) no podía traerle nada bueno a un país, y menos al nuestro. En efecto, un correveidile de Palacio, sabedor de toda artimaña política, experto en demagogia, llegó a situarse no sé cómo, no sé cuándo, tan cerca del brillante Luis Carlos Galán que al ser asesinado éste, su hijo, Juan Manuel, el que hoy se dedica a boberías como escribir en un diario que no le gusta Colombia porque aquí no se consigue tal vino o aquel queso europeo tan delicioso, cometió la marranada de pedirle a Gaviria que tomara las riendas de su padre, saltándose a verdaderos galanistas como Iván Marulanda Gómez (no confundir con Tirofijo) y José Blackburn.

Así, un advenedizo llegó a la presidencia y nos dio la ‘bienvenida al futuro’ con su voz afeminada, a ese futuro descalabro que tempranamente los más avezados analistas previeron en cuanto a la apertura económica y su promesa de mercados multitudinarios para nuestros productos y, ahí sí, los ríos de leche y miel que iban a correr por la patria. Esa fue la bienvenida al futuro de la corriente neoliberal que llegó sin asustar a nadie porque pocos eran los que conocían el verdadero significado de esa palabrita que a muchos les sonaba a Galán, a Nuevo Liberalismo y, entonces, debía ser una maravilla.

Ese señor que fue incapaz de manejar una guerrilla limitada y que pensó —bueno, pensar es un decir— que bombardeando a Casa Verde daba por terminado el asunto, y que tampoco fue capaz de poner en cintura a los narcotraficantes y menos a ese Escobar que lo puso —nos puso— en ridículo mundial con su fuga de una cárcel cinco estrellas, con su muerte asistida por la DEA, los Pepes y la mafia de Cali, ese inútil, es el que viene a decir ahora que está perplejo.

Ese individuo que puso a su canciller Noemí a mostrar sus bellas piernas y a viajar de país en país en el avión presidencial sólo para conseguir los votos para su puestico en la OEA, como si el país no tuviera más preocupaciones, ese que movió cielo y tierra para liberar a su hermano secuestrado brincándose las leyes y realizando con los captores acuerdos que no se han hecho para rescatar a ningún otro colombiano, ni de los de más alta estirpe, ese que solía echarle la culpa de todo al ‘fenómeno del niño’ y que se lavó las manos por el ‘apagón’, se ha olvidado de su gobierno perverso para venir a decir que Colombia está mal y no se había dado cuenta.

Ese presidente que se colgó al pecho la medalla de la séptima papeleta, esa que alebrestó estudiantes para que jugaran a la democracia y pidieran una nueva constitución política más justa, que promovió el diseño de una carta que en diez años no ha solucionado nada, que se pasó cuatro años firmando cheques para contentar a Dios y al diablo, que es añorado por muchos politiqueros por sus ‘habilidades’ para manejar la cosa pública y que habla abiertamente en los cocteles de la necesidad de modificar la Constitución para él volver a la presidencia ha dicho que está perplejo de ver cómo él y sus compinches tienen al país, y cree que no nos damos cuenta de quiénes son los culpables, toda la vil y siniestra clase política colombiana, liberales y conservadores, entre quienes los ex presidentes —incluido Gaviria—, en una revolución de verdad (no esa canallada de la guerrilla), deberán ser los primeros en filar frente al paredón por ser los principales culpables de la agonía de Colombia. ¡Ave César! Me pregunto si después de quemar a Roma, Nerón se sintió perplejo. ·

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Por eso no de extrañar que tantos colombianos se hayan ido del país en los últimos dos años, que tantos se estén yendo a diario y que tantos otros quieran irse. Para el ciudadano corriente es casi imposible no imputarle a la guerrilla este panorama, pero la clase política es la verdadera culpable de todo, es en las sábanas del Gobierno, del Congreso, de los partidos, donde debe buscarse el origen de la fiebre que tiene a este país enfermo aunque también, todos y cada uno de nosotros, debemos darnos la pela y pensar qué tanta culpa tenemos, qué hacemos por el país en vez de esperar que el Estado lo haga todo.

A nivel político es un año perdido. El Presidente no pudo nunca poner en marcha la reforma política que prometió con el famoso Referendo. Por el contrario, después de que su propio puesto estuvo en peligro, las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso se fortalecieron mediante las prebendas y la reaparición de los auxilios parlamentarios que en el pasado hicieron tanto daño y cuya eliminación representó un triunfo de los ciudadanos honestos. Tampoco se le pudo poner límite al desangre burocrático al que estamos sujetos por culpa de tantas corporaciones públicas y entidades de toda laya, de comprobada inutilidad y que no representan nada para la democracia, como los concejos, las asambleas, la mayoría de los ministerios y embajadas, verdaderos inodoros por donde se va la plata que nos sacan en impuestos mientras las escuelas se caen a pedazos, los hospitales se cierran porque no hay ni una aspirina y las gentes duermen en ranchos de cartón y tablas porque no hay suficientes desarrollos de vivienda social, mientras no hay suficiente fuerza pública y la rama judicial trabaja con las uñas.

La corrupción se pasea por todo el abanico de niveles del Estado, del presidente para abajo. Se contrata con los amigos y siempre por el doble o el triple del valor real. Un computador de tres millones, le vale seis al Estado, o nueve, o doce. El proveedor es una firma recién creada (con 100 mil pesos de capital) que resulta ser mejor, en la licitación, que IBM o Compaq o Microsoft. Y, de acuerdo con la entidad que contrata, es de un amigo del presidente, del alcalde o del gerente. Juan Hernández, amigo y secretario del Presidente, tenía contratos por 12 mil millones con la Policía, su asesor de imagen ha recibido 2.260 millones por indicarle si tiene torcida la corbata o si le queda bien el sueter amarillo que le regaló María José, y otros amigos suyos, los hermanos Bautista Palacio, firman grandes contratos con la presidencia y otras entidades del Estado después de haber pagado cárcel en Estados Unidos por un fraude bancario de 105 millones de dólares cometido en los años ochentas. ¡Unos verdaderos delincuentes!

Se termina un año en el que el mandato local ha sido particularmente duro y trágico. Los alcaldes desalojan a vendedores por la fuerza en aras de recuperar el espacio público, con violencia y sin importar el hambre de nadie, decretan obras innecesarias con pago a cargo de la comunidad, mandan a tumbar cerramientos y entregan concesiones de todo tipo a particulares para que se enriquezcan a expensas de lo público.

Un año perdido en materia económica. Se va otro año para la historia en que el manejo de la economía colombiana ha tenido por único objetivo obedecer a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y su engendro de la globalización de la economía. Las privatizaciones se pusieron a la orden del día. El ministro Juan Camilo dijo, en Los Pozos, que privatizar era bueno porque las multinacionales pagan mejor. Tirofijo le preguntó lo único inteligente que ha dicho en su vida: «¿Qué va a hacer el Gobierno cuando no tenga nada más qué vender?».

Las constantes alzas de la gasolina atentan contra el poder adquisitivo del colombiano promedio, el salario mínimo es incrementado en un 9.5 por ciento con base en la dudosa cifra de inflación que revela el Dane cuyo director René Versywel debió renunciar por supuestos errores que desmentían una fingida recuperación industrial anunciada por la Andi, a principios del año. El desempleo galopa en el 25 por ciento, cifra oficial, mientras la Asociación Colombiana de Economistas habla hasta de un 50 por ciento. Las grandes obras que debería impulsar el Gobierno para proveer puestos de trabajo brillan por su ausencia. La desindustrialización de las ciudades y la quiebra del campo nos van a llevar a la ruina por culpa de la apertura económica. Felices comiendo papa canadiense, carne argentina, salsas francesas… ¿es una McDonald? No, es bandeja paisa. Hasta los uniformes con los que mueren nuestros soldados son extranjeros.

La violencia aleja el capital foráneo y también el capital nacional. Cerca de 2 mil millones de dólares fueron expatriados este año con miras a inversión en Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos o, simplemente, para reposar en una cuenta en Suiza o Panamá. La reforma tributaria no tiene otro objeto que mantener la burocracia y pagar cumplidamente la deuda externa, ahorcando a los de abajo, a los del medio y a los de arriba con más impuestos y eliminando subsidios y exenciones que crean un panorama incierto porque ante la ausencia de una política económica clara nadie invierte.

Un año perdido en la construcción de comunidad. En el año que termina la insolidaridad se instaló con mayor ahínco en Colombia. Al alcalde de Bogotá lo sacaron a piedra de un barrio por querer instalar una guardería para los niños del Cartucho, los hijos de los indigentes. Un anciano llamado Arturo Suspe, murió en la Gobernación de Cundinamarca cuando trataba de demostrar que aún vivía para cobrar su pensión. Como él, miles de ancianos se deben someter a tortuosas filas para cobrar lo que les corresponde. Una poderosa cadena de almacenes, cuyo fundador fue famoso por su don de gentes y su altruismo cristiano, desalojó el barrio San Pedro del Ferrocarril, en Usaquén, para construir su nuevo hipermercado. Los vecinos del edificio Mónaco, en Medellín, antigua propiedad de Pablo Escobar, se valieron de sus influencias, de su destacada posición económica y social, para sacar una dependencia de la Fiscalía que se había instalado allí, tratándolos como leprosos. Y, como si fuera poco, los mismos habitantes de Puerto Tejada (Cauca), saquearon el comercio después de una toma guerrillera de las Farc. Ah, y ¿a quién le importan los desplazados?

En resumidas cuentas el año 2000 es un año para olvidar, un año perdido en la tarea de sacar a Colombia del abismo y si no reaccionamos vamos a llegar al punto de no retorno.

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La tolerancia política es esencial para que una civilización subsista y bien dicen muchos analistas que gran parte de la ferocidad de la guerrilla responde a la misma ferocidad con la que fue arrasada toda la militancia de la Unión Patriótica (UP), en los años ochenta, simplemente porque pensaban distinto y porque fingidamente se creyó que permitirle a la UP unas cuantas alcaldías y unos pocos escaños en el Congreso significaba sucumbir ante el comunismo.

Eso, por supuesto, era fingido. El pueblo colombiano no ha creído nunca en el comunismo porque es demasiado cristiano, porque es raizalmente bipartidista y porque no gusta de la anarquía. De ahí que el comunismo no sea una opción ni represente un peligro pero sigue siendo mal visto porque, para los partidos de izquierda, la expresión política siempre ha estado exenta de madurez; se sustenta organizando sindicatos y sus subsecuentes consecuencias: marchas, paros, protestas. Su trabajo es evangelizador al mejor estilo de los Testigos de Jehová, su redentor es Mao, Dios es Marx y su Biblia es El Capital. Le lavan el cerebro a la gente ignorante y los lanzan a la protesta.

Por eso produce vergüenza ajena ver obreros y profesores quemando banderas norteamericanas, arengando consignas pasadas de moda, tirando petardos y enfrentando a la fuerza pública por una bobada tan grande como el hecho de que el presidente gringo venga a pasear en su avión azul. Atentan contra la historia cuando denigran contra el imperialismo yanqui cuando éste es sólo una consecuencia lógica de la supremacía de esa potencia. Esa es la historia humana, basta pensar en Roma, Egipto, España, Gran Bretaña…

Pero los izquierdistas se alzan con las palabras mágicas: intervencionismo y soberanía. Además se contradicen al explicar que no están de acuerdo con lo del dinero gringo para la guerra pero que si fuera para inversión social otro sería el cantar. De manera que una ayuda desinteresada del Tío Sam es caridad cristiana, pero una ayuda con contraprestación de por medio es invasión. La izquierda colombiana está tremendamente equivocada en sus conceptos. La autodeterminación de los pueblos no significa que deba existir autonomía para que una facción aniquile a otra, así como la soberanía no da la facultad de delinquir impunemente dentro de un territorio que se considere independiente y libre.

Hoy, precisamente, la tan mentada globalización incluye la intromisión de las naciones en los conflictos que presenten características de exterminio, por eso la ayuda de países amigos no puede calificarse de intrusión y ni siquiera puede ponerse en duda por la supuesta participación de militares en actos violatorios de los derechos humanos cuando la horda de delincuentes que nos afecta no respetan norma alguna y cuando, además, nuestras Fuerzas Armadas están legalmente constituidas para defender nuestras vidas e intereses.

Lógicamente hay que aceptar que frente a la potencia del norte hay sumisión de nuestra parte, pero es más culpa de nuestros dirigentes que de los gringos. Ya no estamos en los tiempos de la United Fruit Company, que convirtió a Latinoamérica en un patio y a los nativos en esclavos de las bananeras. Ahora la invasión es cultural y económica, y ya está aquí, hace rato. Ya el Gobierno de los Estados Unidos no manda, ahora son las multinacionales y los organismos transnacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o como dice el pensador francés Paul Virilio, ya el amo no es Clinton sino Bill Gates.

Y la cultura nos la inoculan –sin que protestemos a través del cine, la televisión, la música o Internet. También dice Virilio que ahora los medios simbolizan la ocupación. De paso, nos meten la mano al bolsillo con nuestro asentimiento para cambiarnos nuestros pesos por sus carros, sus electrojuguetes, sus fantasías y sus Big Mac. Un informe de la misma universidad donde mataron al policía Soto Londoño dice que la apertura económica acabó con un millón de empleos en el campo, en los últimos diez años, y redujo en 900 mil hectáreas la tierra cultivada. Sólo en 1998 se importaron 1800 millones de dólares en alimentos, mucho más que lo que el gobierno de Clinton nos va a dar en un periodo de dos años.

Nadie nos obligó a hacer la apertura, ni a desproteger sectores claves, ni a mantenerla, son nuestros dirigentes los culpables, nadie más, y esa es la verdadera intervención, la que nosotros mismos permitimos. La ayuda de Clinton, en cambio, corresponde a un clamor del pueblo colombiano para lograr el milagro de llevar una vida normal donde los niños puedan seguir soñando con ser reyes del vallenato o jugadores de la Selección y los grandes podamos hacer que sus sueños se cumplan.

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Y es que con todo lo espinoso que pueda deducirse de las amenazas guerrilleras, el desempleo es, probablemente, un enemigo peor que la subversión porque el estómago vacío y las miles de necesidades insatisfechas de varios millones de colombianos son factores de desestabilización más poderosos que cualquier otro.

El martes anterior, el Dane reveló que el desempleo en Colombia llegó al 20.2 por ciento, el más alto de toda América Latina. No obstante luego de cierta recuperación de la economía, y después de un bochornoso escándalo en el que el mismo Dane reconoció un inexcusable error al medir el crecimiento industrial del mes de enero, no se entiende cómo la economía mejora mientras el desempleo se agrava, cosa absurda que hace presumir que las cifras oficiales son muy benévolas para una realidad que demuestra otra cosa.

Es una ligereza, además, que las entidades del Estado que manejan el renglón de la economía no consideren dentro de la definición de ‘desempleo’ al ejército de marginados que sobreviven mercadeando chucherías en los semáforos, pidiendo limosna o rebuscándose al margen de la Ley. La situación laboral en Colombia es desesperante y desesperanzadora porque las causas del fenómeno son muy complejas y la voluntad política para remediar el mal es nula.

La raíz de estas dolencias está fundada en el cuento del neoliberalismo (bueno en teoría pero catastrófico en la práctica) que hace 25 años comenzó a hacer carrera entre los economistas como la panacea para el subdesarrollo. En Medellín es famosa una anécdota, protagonizada por el ex ministro de Hacienda Rudolph Hommes, a quien le pidieron un concepto acerca de Coltejer, cuando aún era la primera empresa del país, la mayor empleadora. Cuentan que el joven y aventajado economista recomendó cerrar la textilera y abrir un banco. «Eso da más plata», sentenció, y no mentía; al fin y al cabo, el objetivo del empresario es el máximo lucro, no la viabilidad empresarial ni el impacto social.

El problema se magnifica cuando el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, la globalización de mercados y cualquier cantidad de tendencias similares se vuelven política de Estado, y no precisamente por conveniencia sino por exigencia de entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que no nos prestan por caridad sino por negocio y que hacen hasta lo imposible por favorecer sus intereses, o sea los intereses de los países industrializados.

Eso es lo que pasó hace diez años cuando nos obligaron a entrar en el circo de la apertura económica, ilusionándonos —o engañándonos, mejor— con la utopía de abastecer un mercado más amplio. Nos decían que era hora de salir de la parroquia y muchos se tragaron el cuento. Hoy, la verdad sea dicha, muy pocos países tercermundistas se han beneficiado de ese disparate de poner a competir economías pobres y raquíticas con las superpotencias. Qué necedad creer que las señoras del Country van a comprar empanadas de la calle del cartucho. En el mar, el pez grande se come al chico y esa es una ley natural que no puede cambiar ninguna teoría económica.

Hace apenas unos días manifestantes gringos sentaron protesta en Washington contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial por ser responsables, en parte, de nuestra pobreza. Meses atrás ya habían protestado en Seatle contra la Organización Mundial de Comercio y su política de ‘globalización de mercados’ que, a diario, está dejando más gente sin trabajo, particularmente en Colombia.

Mientras tanto, nuestros dirigentes siguen empecinados en una apertura sin control y en unas privatizaciones dictadas por el FMI: al ministro Juan Camilo le interesa más cumplir los cronogramas y los planes trazados por el Fondo que poner en marcha planes de choque y de contingencia contra el desempleo. Parece un mensajero que trae las decisiones que se toman en Washington y no un ministro.

Así, mientras la producción nacional no pueda competir tan siquiera en nuestros mercados el desempleo va a seguir disparado y la pauperización que se avecina no está escrita. El empleo no se va a recuperar abriendo portales de Internet y empresas de papel y menos, claro, ante la estampida de inversionistas aterrorizados por la violencia y el desgobierno. Entonces, ¿qué hacer?

Primero, ser más justos con nuestra industria y ponerla a competir en igualdad de condiciones o quitarle la competencia, dejar de soñar con la quimera de los grandes mercados y, segundo, crear empleos de choque en obras públicas, planes de reforestación, vivienda social, etc.; es más sano para el país poner a comer a los pobres que a los burócratas. Lo malo, como decía Séneca, es que para un barco sin rumbo, cualquier viento es malo.

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Hace años que en Medellín no aparecen grandes empresas nuevas y, por el contrario, las que habían se están acabando. Coltejer, Fabricato y demás, ya no son lo que fueron en el pasado.

A raíz de la apertura económica de César Gaviria Trujillo, los despidos masivos y el cierre de empresas han sido el pan de cada día. Nos inundaron de productos extranjeros mejores y más baratos contra los cuales es imposible competir.

La gente no se ha concientizado de que cuando compra artículos extranjeros —sean legales o de contrabando— le están haciendo daño al país. Todos sabían —y se denunció a su debido tiempo— que la apertura económica iba a ser nociva para Colombia porque nuestra calidad y eficiencia no era la mejor. Una cosa es abrir fronteras a vehículos y electrodomésticos, a cosas que no se fabrican aquí, y otra es traer textiles, ropa, zapatos, vajillas, muebles…: de todo…

Si nadie compra lo que su empresa produce, ¿con qué le van a pagar a usted? Es urgente tomar medidas proteccionistas para no acabar la industria pero eso no es suficiente, el Estado está en mora de poner en práctica grandes estrategias.

Yo me pregunto si en México hubieran aceptado que una empresa colombiana les pavimentara las calles, como en Bogotá. Estoy seguro de que no. Colombia debe hacer grandes obras públicas por parte de empresas nacionales y con mano de obra netamente colombiana. También se deben hacer grandes proyectos industriales con auxilio estatal.

El Estado le ha vendido costosas licencias a los grandes grupos económicos para montar canales privados de televisión, sistemas de telefonía de larga distancia, y de telefonía celular. Es decir, para cosas que no generan riqueza, para servicios que no son básicos y no le aportan nada a la macroeconomía del país.

¿Que tal, por ejemplo, si el Estado vende una licencia para producir vehículos con cero impuestos? Hacer carros no tiene ninguna ciencia. El diseño se puede comprar a una firma extranjera, aunque aquí debe haber cualquier cantidad de diseñadores capaces de hacerlo. Las piezas electrónicas se comprarían en el exterior.  Posiblemente, también, el motor.

Se podría hacer un buen carro que costara 8 ó 10 millones con la característica de un Mazda 323 o un Corsa, vehículos que, en Colombia, valen el doble por los altísimos impuestos. Se podrían vender unas 10 mil unidades al año. Si la gente no lo compra el Gobierno podría decretar que los taxis nuevos en todo el país fueran de «nuestra marca».

Una empresa de esas ocuparía por lo menos 10 mil personas y evitaría que gran parte de nuestro capital se vaya para Japón, Corea, Estados Unidos y Francia, mejorando la macroeconomía.

¿Le parece absurdo? En Bogotá hay una empresa de buses que se llama Carrocerías El Sol. Hacen unos buses gigantes de dos pisos, espectaculares, pero el alcalde de Bogotá no quiere tenerlos en cuenta para su proyecto de transporte «Transmilenio».

Peñalosa quiere comprar buses gigantes para la capital. Los extranjeros valen casi mil millones cada uno, los de El Sol valen 300 millones cada uno, pero el alcalde prefiere los extranjeros. El dueño de El Sol dice que le han pedido dinero —por debajo de la ruana—  para poderlo tener en cuenta pero que él no le jala a la corrupción (Agenda CM&, 22 de abril de 1999).

Si Peñalosa le comprara los buses a El Sol, su dueño, un campesino boyacense, se convertiría en un verdadero multimillonario y le daría trabajo por lo menos a mil personas… pero preferimos lo de afuera a costa de nuestro propio bienestar. Los colombianos somos como hienas, nos comemos los unos a los otros. ¿Cómo queremos mejorar así? ¡Colombiano: compre colombiano! ♦

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