Un mes atrás, la oposición estaba de plácemes porque el Gobierno había perdido el control de sus mayorías en el Congreso, pero ahora cunde el desespero luego de que el Senado y la Cámara terminaron por aprobar el referendo reeleccionista. De ahí que se empeñen en señalar toda clase de fallas que deberían dar al traste con la iniciativa en el control que hará la Corte Constitucional.

En primer término se arguye una necedad: que esta modificación de la Carta, para permitir un nuevo periodo del Presidente Uribe, sustituye la Constitución. Los opositores señalan que la Corte Constitucional había pronunciado, hace cuatro años, que la reelección por una sola vez no atentaba contra el balance de poderes, de lo que infieren que una segunda reelección sí lo haría, de manera insalvable además. Pero lo necio de esta crítica radica en pretender que las constituciones no se pueden modificar ni siquiera siguiendo los parámetros establecidos para ello y el deseo de las mayorías, lo que no puede compararse con el caso de Honduras.

En un artículo anterior (El Tiempo, 26-05-2009), expresé que si la reelección es inconstitucional, habría que preguntarse si no lo fue el suplantar la Carta de 1886 mediante una ‘séptima papeleta’ que no tuvo gran acogida —menos de dos millones de votos en un censo electoral de 14, o sea que no habría superado el umbral que se exige para el referendo—, y que se fraguó para darles gusto a unos pocos, entre ellos a los grupos armados que pedían una Asamblea Constitucional para promover algunas reformas políticas.

Y traje a colación varios conceptos que en ese entonces primaron en la discusión en el seno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y que deberían ser igualmente válidos hoy: 1) que la “séptima papeleta suscitó un verdadero plebiscito que no requiere prueba, pues se trató de un acto masivo y público”; 2) que el país reclamaba “el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del orden jurídico”; 3) que el constituyente primario tiene toda la competencia para ejecutar cambios y 4) que “el no acceder a este clamor del pueblo será, sin ninguna duda, un factor de mayor desestabilización del orden público” (EL TIEMPO, 03-10-1990).

Por otro lado, se habla de anomalías en la recolección de las cuatro millones de firmas avaladas por el Consejo Nacional Electoral. Pero lo sustantivo es que las firmas no se compraron, la gente firmó a plena luz del día de manera absolutamente voluntaria, cosa que no merece dudas dada la popularidad del Presidente y el hecho probado de que aquí no se le niega una firma a nadie. Las irregularidades sobre la financiación son un tema que compromete sólo al Comité que recolectó las firmas y constituye, según la Ley 134 de 1994, causal de mala conducta, mas no compromete el respaldo ciudadano al trámite del referendo.

El otro tema delicado es el de la repartición de dádivas a los congresistas, como el supuesto caso de las notarías. Ese tema tiene mucho de largo y de ancho. El senador Roy Barreras denunció que el ex presidente Gaviria adjudicó más de 200 notarías a dedo y un conocido comentarista radial reveló que Samper y Pastrana crearon más de 100 cada uno mientras Uribe sólo ha creado poco más de 30. Entonces, ¿con qué autoridad moral pueden criticar una costumbre poco plausible pero arraigada? Así ha sido siempre la relación entre Ejecutivo y Legislativo.

Hasta ahora el manejo del proyecto de referendo ha sido normal, aunque no exento de polémicas. Y es importante que se mantenga así, por lo que no es oportuno plantear cambios extravagantes en la manera de calcular el censo. Depurarlo sí, pero no ir más allá. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 7 de septiembre de 2009

Artículos relacionados:

• La ingobernabilidad es el dilema
• Un ultraje a la voluntad popular
• El dilema de la reelección
• A mantener el curso
• Por descrestar incautos

Es una verdad de Perogrullo que la democracia es el gobierno de las mayorías, y que si bien las minorías no deben arrinconarse o liquidarse, es una quimera pretender que estas impongan su voluntad. Al respecto, el ex senador Amílkar Acosta -en un escrito contra la reelección titulado ‘El estado del malestar’ (febrero de 2009)-, cita un principio irrefutable: “En el sistema democrático, el que ganó no puede destruir al que perdió, ni el que perdió puede hacer invivible la Nación tratando de destruir al que ganó”. El ex senador había usado esa misma frase en un escrito de diciembre del 2000, pero esa vez criticando al entonces presidente Pastrana por no haber aceptado la propuesta de Horacio Serpa de hacer un frente común por la paz. Es que tal enunciado cabe en cualquier discurso porque ese es el quid del asunto.

Ahora se habla de la desinstitucionalización del país aludiendo, a grandes rasgos, al ocaso de los partidos y a la primacía -no ‘dominio’- del poder presidencial sobre las otras ramas. Pero es osado decir que la decadencia de los partidos y de la política sea obra del actual Gobierno cuando podría aseverarse más bien lo contrario, que el ascenso de una figura como Uribe es fruto de las abominables administraciones precedentes y las incalificables costumbres políticas -aún en práctica-.

Igualmente, la hipertrofia de la cabeza del Estado no es un asunto nuevo ni autóctono, sino un problema generalizado, basta ver el vecindario. Pero tiene matices. De un lado, es lógico que el declive de los partidos se refleje en los órganos de representación como el Congreso. No se puede tener un ‘Congreso admirable’ cuando la mayoría de sus miembros no son dignos de admiración.

Del otro lado, no puede decirse alegremente que la Justicia esté menguada o vaya a estarlo por el excesivo poder de Uribe, que apenas nomina tres miembros de la Corte Constitucional. En esto ha habido más ruido que otra cosa, originado en el enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia por el sesgo ideológico de esta, implacable en los casos de la ‘parapolítica’ mientras ignora la ‘farcpolítica’. La Rama Judicial es independiente y el reto de la Justicia colombiana no debería ser otro que combatir el atroz índice del 97 por ciento de impunidad.

En cuanto a la presunta inconstitucionalidad de la reelección, habría que preguntarse si ¿acaso fue constitucional suplantar la Carta de 1886 a través de una ‘séptima papeleta’, que no tuvo una votación sobresaliente (menos de dos millones en un censo electoral de 14) y que pretendía darles gusto a grupos armados que pedían una Asamblea Constitucional como mecanismo para concretar una profunda reforma política?

En ese entonces primaron varios conceptos que deben ser igualmente válidos hoy, como que la “séptima papeleta suscitó un verdadero plebiscito que no requiere prueba, pues se trató de un acto masivo y público”; que el país reclamaba “el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del orden jurídico”; que el constituyente primario tiene toda la competencia para ejecutar cambios y que “el no acceder a este clamor del pueblo será, sin ninguna duda, un factor de mayor desestabilización del orden público” (EL TIEMPO, 03-10-1990).

Nada más masivo y público que el apoyo popular de Uribe, nada más evidente que el reclamo de permitir su continuidad… Lo bueno es que ningún uribista se va a enojar si no se logra, ni Uribe se va a comportar como el Santos Banderas de cierto país vecino.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 26 de mayo de 2009 (www.eltiempo.com).

Artículos relacionados:

• Las dificultades del referendo
• Un ultraje a la voluntad popular
• El dilema de la reelección
• Tres ideas sobre la reelección
• ¿Reelección o hecatombe?

Esa es una época negra de la historia de Colombia que muchos no recuerdan y que a los jóvenes de hoy no les tocó. Esos comunicados presagiaban sangre; después de cada amenaza venía un magnicidio o un carrobomba y, en varias ocasiones, el miedo se impuso a la razón y se prohibió la extradición de colombianos con argumentos tan pobres como el de la soberanía nacional.

Claro que, en realidad, el argumento que siempre hundió la extradición fue el de la plata o el plomo, que era lo que Escobar siempre ofrecía. Su lugarteniente alias ‘Popeye’ –que más de una verdad ha revelado– acaba de acusar al actual Personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, de ser uno de los muchísimos constituyentes que recibieron plata de Pablo para prohibir expresamente la extradición en el texto de la nueva Constitución. No sería nada raro pues es un hecho sabido que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se vendió: el mismo día que aprobaron esa proscripción, Escobar se ‘entregó’ a la justicia y fue recluido en su propia cárcel de ‘La Catedral’ sin el temor de ser extraditado.

Y ese temor tenía y sigue teniendo una razón fundamental: en las cárceles gringas el dinero de los narcos no es el que manda. En las cárceles gringas los narcos no pueden hacer lo que les dé la regalada gana, ni se pueden escapar cuando les plazca. A la justicia gringa no la pueden engañar con patrañas de abogado barato, las penas que profiere no son tan ridículamente cortas como en Colombia y no hay descuentos de pena tan grotescos como los nuestros. En términos generales, ni el aparato judicial gringo ni su sistema carcelario son sobornables –no tan fácilmente–, y la política criminal de E.U. no tiene nada de blandengue.

A pesar de sus bondades, la extradición ha generado más resistencia por razones políticas que filosóficas, sobre todo por el sentimiento antiimperialista que profesan algunos sectores. Es exagerado creer que la extradición implica un sometimiento o una rendición al ‘imperio’ cuando la realidad indica que somos nosotros los verdaderos beneficiarios de esa cooperación judicial. Si ellos se quieren encartar con unos delincuentes crueles y peligrosos, autores de tanta depravación y perversidad, los colombianos no deberíamos sentir más que alivio y hasta cierta gratitud pues, por donde pasan, los narcos sólo dejan dolor, muerte y destrucción, y lo importante es que estos criminales reciban un castigo justo por parte de quien pueda doblegarlos. A la larga, el lugar donde un bandido pague sus culpas no tiene importancia.

Toda esta discusión parecía superada pero el debate se revive de vez en cuando. Lo que nadie tenía entre sus cálculos es que fuera un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que le diera un entierro de tercera a la extradición. En la práctica, hoy no hay extradición en Colombia. El pasado 19 de febrero, esa Sala negó la extradición de Fredy Ferney Monsalve con el argumento de que esta persona ya fue condenada por narcotráfico en Colombia, lo que significa un cambio de jurisprudencia pues nunca se había tenido en cuenta esa condición. Y aunque el mismo día esa misma Sala autorizó la extradición de otro colombiano que también estaba ya condenado en Colombia, se ha abierto una puerta para que los narcotraficantes pedidos en extradición se hagan condenar en el país y se libren de la justicia norteamericana.

Es inevitable preguntarse qué es lo que persigue la Corte Suprema con un timonazo de esa naturaleza y qué tiene que ver esta actitud con la animadversión que, algunos magistrados, no ocultan hacia el presidente Uribe. ¿O fue que tan rápido olvidaron que el M-19 –también pagado por Escobar– quemó el Palacio de Justicia precisamente el día y hora que la Corte iba a estudiar la constitucionalidad de la extradición de nacionales? ¿Será cuestión de amnesia? ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 24 de marzo de 2009 ( www.elmundo.com ).

Artículos relacionados:

• ¿A los jueces quién los ronda?
• ¿Por qué hilar tan delgadito?
• La dictadura de los jueces
• Suprema injusticia
• El porqué del escándalo

Entonces la gente se convenció de que Samper y todo lo que tuviera que ver con él era malo. Eso determinó su muerte política y en el mismo barco se hundió Horacio Serpa Uribe. La gente sintió que votar por Serpa iba a empeorar las cosas porque sí, porque estaba «tocado» por Samper y se decidieron a votar contra él. Seis millones de personas estaban dispuestas a votar  contra el «bigote» aunque ello significara darle el timonel del país a la misma Regina 11, a Clímaco Urrutia o a Paquita Gallego.

Por eso Andrés es presidente, un hombre del que se sabe que fue pésimo estudiante, pésimo alcalde de Bogotá, pésimo periodista, pésimo perdedor… Así, en  medio de la meritocracia que reclamaba Noemí, Colombia está en manos de un inútil que si no fuera hijo de rico sería un «don nadie» y ese pelele es el que trata de gobernarnos en la peor época de nuestra historia porque a la violencia sin control se ha unido la debacle económica, una hecatombe que apenas comienza y de la cual no se sabe cuando saldremos, si es que salimos…

No se puede negar, sin embargo, que Pastrana tiene sus méritos: dos hijas preciosas, un hijo apuesto, una esposa de ensueño. Su familia parece de revista, su discreción, su elegancia. Eso también es importante porque la gente los ve como un ejemplo, pero… pare de contar: tenemos un Presidente que lleva ocho meses echándole la culpa de todo al anterior, le ha faltado gallardía para reconocer su incapacidad e incompetencia. Ah, faltó poco para que culpara a Samper del terremoto de Armenia.

El anterior fue el peor presidente de la historia pero Pastrana parece dispuesto a superar esa deshonrosa distinción, aunque sin reconocer sus pecados. Si lo que se quiere es culpar a alguien de la situación actual del país hay que ir más atrás y evaluar la apertura económica —el boquete— de César Gaviria Trujillo. Nuestra industria ineficiente está tan lejos de poder competir con los productores extranjeros que poco a poco los diferentes sectores industriales han ido cayendo como fichas de dominó. Ya lo había dicho el escritor Rafael Humberto Moreno Durán:  «un presidente nombrado en un cementerio y con apellido de funeraria no puede ser bueno para el país».

Tampoco es bueno el actual, ni lo fue el anterior, ni lo iba a ser Serpa. Que Dios bendiga a Andrés y lo ilumine para que cierre la apertura y recupere la producción. Por ideas neoliberales y exigencias del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no podemos morirnos todos. ¿Será que el tonto presidente de los tontos nos saca de la olla? ¿Será capaz? (Que Dios nos bendiga, que Dios me bendiga y se apiade de Colombia).♦

Artículos relacionados:

• ¿Reparación o pillaje?
• A nuestras espaldas
• Libertad para el presidente
• El candidato Gaviria
• Carta abierta a Horacio Serpa Uribe