Bien dice el valiente ex secretario jurídico del Ministerio de Agricultura Oskar Schroeder que “la inocencia no se negocia”, pero cada quien es dueño de su propio miedo y con eso es que intimida ese mal llamado ‘principio’. Aquí, cualquier inocente, siempre que un juez y un fiscal así lo decidan, puede ser condenado casi a perpetuidad y cualquier criminal ganar la libertad. No es raro, entonces, que muchos —y con mayor razón los bandidos— se acojan a tan indignante negocio: en una sociedad sin valores vale más ser un ‘pícaro’ confeso pero libre que un hombre honesto pero preso. Y hundir a otro es lo de menos.

Mas no puede esperarse que esa ‘Justicia’ se comporte como una dama —de ojos vendados, como se le representa— y no como una meretriz puñalera: el viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar prefirió acogerse al principio de marras, aceptando delitos que no cometió, y le quedaron mal, le clavaron 10 años aunque con la gabela de pagarlos en su casa. Sobra decir que su condena, tildada de ejemplar por algunos, tiene por objeto apuntalar la de Andrés Arias, que ya se presume de inusual severidad.

Diez años es un castigo infame para alguien que no se ha robado un solo peso. Ningún funcionario metió mano en los recursos de Agro Ingreso Seguro. Se los acusa de celebración indebida de contratos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura a pesar de que se han firmado 45 convenios con la misma entidad, en las mismas condiciones y en distintos gobiernos —incluido el actual— desde 1964, y se los responsabiliza de nueve casos de fraccionamiento de tierras por parte de particulares que abusaron del programa.

Pero las evaluaciones de la firma Econometría y del Iica concluyeron que AIS fue altamente benéfico para el campo colombiano y que los dineros se destinaron a lo señalado por la ley. No existió detrimento patrimonial porque los fondos fueron desembolsados directamente a los contratistas que hacían las obras de riego, no a los beneficiarios. Y de los 14.000 millones implicados en los nueve casos de fraccionamiento se han recuperado 12.500 millones. Esa es la mejor prueba de que no hubo corrupción de los funcionarios, sino avilantez de unos particulares y que el tema ha sido magnificado por malquerientes del gobierno de Uribe.

En contraste, los Nule solo fueron condenados a siete años y medio a pesar de que el detrimento patrimonial que causaron —según la contralora Morelli— asciende a más de 800.000 millones, de los cuales muy seguramente no se va a recuperar nada, como en los casos de las pirámides que les tumbaron más de tres billones de pesos a los colombianos. Según Petro, la plata sigue en manos de Inocencio Meléndez, Emilio Tapias y Julio Gómez. Y súmele a los Moreno: Iván se dio el lujo de traer abogados gringos, famosos. Eso no se paga con menuda.

En un país donde la corrupción muerde —según el procurador Ordóñez—, cuando menos, 9 billones anuales (el 13 por ciento de los contratos con el Estado de acuerdo con un estudio hecho con empresarios), es un esperpento confundir un estornudo con el cáncer y politizar tan grotescamente la lucha contra esa calamidad. A los funcionarios les imputan las maquinaciones de unos avivatos que gozan de lindos paseos en yate. Tal vez haya habido un poco de negligencia, alguna ligereza, un descuido, pero como es evidente que no se aplica el mismo rasero en todos los casos, no puede hablarse de justicia, sino de persecución.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 31 de enero de 2012)

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Con todo, no hay que condenar la riqueza. Deng Xiaoping dijo que “ser rico es glorioso”, y nuestro Pambelé sacó una conclusión similar. El problema es que la mentalidad predominante de estos tiempos se fundamenta en la execrable proposición de que ‘Riqueza es igual a Felicidad’, por lo que ser rico se ha tornado, para muchos, en lo único realmente importante, algo por lo que hay que luchar como si de un ‘derecho inalienable’ se tratara, ajustándonos, incluso, a un nuevo canon moral que justifica cualquier medio que se siga para alcanzar ese fin.

Entonces, hacerse rico ya no se entiende como una consecuencia lógica de la excelencia empresarial, el talento artístico, el ingenio creativo, la capacidad deportiva, un golpe de suerte o largos años de trabajo y ahorro. Como pocos son los escogidos, ahora todo se reduce a ser ‘vivo’ y a aprovechar los ‘papayazos’ que se dan silvestres por todas partes, no solo en el sector público.

La corrupción es como un veneno. Un poco no hace daño, pero cada organismo es vulnerable a una dosis letal. Y como un país es un organismo, si esa toxina no se controla y se reduce “a sus justas proporciones” —esa frase de la que antes se hacía mofa y que hoy parece tan cuerda—, nuestra subsistencia como Nación podría ponerse en riesgo. Valga anotar que aún no estamos entre los países más corruptos del mundo, sino a mitad de tabla, puesto 74 entre 189, según Transparencia Internacional (Barómetro Mundial de la Corrupción, 2009), por lo que aún hay mucho que perder.

Sin embargo, el combate de la corrupción se suele tratar con demagogia cada vez que un gobernante quiere quedar bien, lo que conduce a no dar resultados, acrecienta el desprestigio de las instituciones y provoca más frustración en los ciudadanos. Y por más que se implementen estrategias para combatirla, el problema sigue ahí; se renueva, se sofistica, se hace más resistente a los antídotos.

El estatuto anticorrupción, por ejemplo, endurece las penas para los corruptos, cosa que está muy bien, pero sigue fallando en lo mismo: no tiene manera de prevenir el mal. Seguirá siendo difícil detectar tempranamente la vena rota y revertir el daño. Ya hemos visto que los dineros perdidos nunca se recuperan, y lo que necesitamos es curar el paciente, no que el entierro sea bonito.

Una idea que parecía esperanzadora, pero que hasta el momento ha sido un fracaso, es el Portal Único de Contratación (www.contratos.gov.co) y el uso de tecnologías de la información y la comunicación para visibilizar el manejo de los dineros públicos. Se supone que allí deberían aparecer todas las convocatorias, todos los contratos y hasta listas de precios únicos. Un lápiz de 1.000 pesos no puede valerle 5.000 al municipio de Tauramena o 15.000 a Pivijay. Si hubiera acceso a la información, muchos ciudadanos podrían ejercer vigilancia y sería más fácil controlar la corrupción.

Pero vuelvo a lo mismo: si bien ha habido corrupción toda la vida, los escrúpulos son cada vez más escasos. Ya no se persigue una existencia digna, sino una vida excéntrica, llena de lujos y excesos. A muchos privilegiados hasta les parece insuficiente un salario de congresista y hemos visto en las noticias que los que se ganan una licitación estallan como si se tratara del gol del campeonato y no de una gran responsabilidad. Somos como niños que, al reventar la piñata, se pelean por las sorpresas sin entender que son veneno.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 19 de julio de 2011)

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Es irresponsable plantear que la corrupción empezó ayer, que el gobierno anterior fue un dechado de podredumbre o que esta degradación la inventó el Polo en Bogotá. Flaco favor le hace al país la justicia espectáculo cuando toma decisiones dizque “para que los medios no nos cocinen” (Mendoza Diago), o cuando se exagera la verdadera magnitud de las cosas para justificar medidas arbitrarias.

Es cierto que los ciudadanos estamos esperando resultados, pero no estamos reclamando venganzas ni pidiendo chivos expiatorios. La corrupción en Colombia es alta, pero eso no es excusa para hacer un manejo alegre de las cifras. Por ejemplo, si entre el 2005 y el 2010 se concedieron 4,9 billones de pesos en recobros, no puede decirse que se robaron 4,5 billones porque eso equivaldría —como afirma el ex ministro Palacio— a que todos los recobros fueron fraudulentos y a que hay centenares o miles de cómplices entre jueces, miembros de comités técnicos y ‘pacientes’ que se prestaron para estafar al sistema.

Algo similar ocurrió cuando el fiscal del caso AIS acusó de peculado a los cinco ex funcionarios del Ministerio de Agricultura, asegurando que todo el dinero destinado al módulo de riego era una defraudación a favor de los 33.000 beneficiarios. Claro que a estos funcionarios no les han encontrado indicios de que se hayan apropiado de recursos públicos, como en el caso del saqueo a la salud, donde hay correos electrónicos que comprueban el chanchullo y el cinismo de estos delincuentes: “… por fin vamos a salir de pobres. Jajajaja”.

Seamos serios. En Colombia siempre ha habido corruptos dedicados a identificar puntos débiles para defraudar al Estado, como el filón de los recobros al Fosyga, que pasaron de 626.000 millones en el 2007 a 2,6 billones en el 2010. Pero recordemos que mientras el Gobierno y algunos comentaristas asegurábamos que eso era un abuso al que había que ponerle coto, la oposición aducía que a los pacientes había que darles lo que fuera y al costo que fuera.

EL TIEMPO ha publicado casos de corrupción en la salud por montones. Cobros por cirugías de próstata en mujeres, tutelas que ordenan poner ascensores en casas de enfermos o pagar sesiones de ‘perroterapia’ o de campos magnéticos. Pero, a pesar de que el gobierno anterior se mostró renuente a admitir esos excesos, en los tribunales periodísticos los inquisidores condenan a ex funcionarios con argumentos pueriles: “¡Usted cómo no se dio cuenta!”, “¡usted por qué no hizo nada!”.

La corrupción es silenciosa, como el cáncer, y suele ser un delito sofisticado —lo dice la Fiscal General—, del que nadie se da cuenta hasta mucho después. No entender algo tan básico es desconocer su naturaleza. Y hay algo peor: nuestro ordenamiento jurídico impide tomar medidas prontas y contundentes, el ‘debido proceso’ es una maraña de recovecos legales muy apropiada para salirle al quite a cualquier imputación. Si el Estado no tiene dientes ni para obligar a un conductor a que pague sus comparendos, ¿qué puede esperarse que haga contra organizaciones poderosas que tienen dinero, conexiones y numerosos abogados?

Para combatir este fenómeno con éxito es necesario entenderlo a cabalidad y ponderarlo seria y serenamente. Convertirlo en arma de desprestigio y persecución política es un grave error que solo les conviene a los amigos del caos y la anarquía.

****

AÚN ME RESISTO a creer que tras el reconocimiento del ‘conflicto armado’ haya propósitos ocultos. Pero algo huele mal en Dinamarca…

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 10 de mayo de 2011)

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En efecto, la corrupción en Colombia es un asunto cultural y, por cierto, es un síntoma muy grave el hecho de que poca gente lo reconozca. Y al decir que es cultural estamos admitiendo que se trata de una tara enquistada en todos los niveles sociales desde hace siglos, sin distingo de raza, sexo o credo. Tal vez cambian los niveles o grados en que se manifiesta pero es un asunto aceptado por todos, de una u otra forma, y practicado por la mayoría, sobre todo porque se cree que este mal solo tiene expresión en el ámbito público y no en el privado.

Ya desde la colonia se decía eso de “Se acata pero no se cumple” y hoy nos regimos por la doctrina del “Hecha la ley, hecha la trampa”. Es corrupción colarse sin pagar a un sistema de transporte; es corrupción hacer una conexión ilegal a un servicio público; es corrupción granjearse un cargo o un contrato mediante influencias de cualquier clase, sean roscas o faldas muy altas; es corrupción no pagar multas de tránsito y lo es hasta violar un semáforo en rojo, como afirmaba Mockus en la pasada campaña.

A muchas personas, casos como los anteriores les parecen de poca monta, y puede que individualmente no constituyan un hecho desestabilizador, pero si sumamos el efecto que tienen en conjunto, el resultado es calamitoso. Por ejemplo, cuando alguien adquiere un producto pirateado –un libro, un CD, un DVD, unos tenis– está cometiendo un acto de corrupción que implica no solo el desconocimiento de los derechos económicos del autor y de toda la cadena de producción que participa en la elaboración de ese artículo, sino también del pago al Estado de los impuestos correspondientes, esos mismos recursos que nos da tanta rabia que los funcionarios se roben. Y las consecuencias van desde el desempleo –la industria discográfica ya prácticamente no existe– hasta la caída de los recursos que el Estado necesita para invertir en educación o salud.

Lamentablemente, tenemos un imaginario fundado desde lo religioso en el que estos actos son vistos como pecados veniales que no le hacen mal a nadie. Y nos justificamos esgrimiendo toda clase de excusas, pretextos y evasivas que demuestran el carácter inmaduro e irresponsable de nuestra cultura: “Eso no es matar ni es robar”, “el original es muy caro y yo soy muy pobre”, “vale más la multa que la moto” o “si a los ‘paras’ apenas les metieron ocho años por masacres…”.

Entonces, si los ciudadanos corrientes somos incapaces de abstenernos de incurrir en esas conductas, ¿qué nos hace pensar que los funcionarios públicos sí pueden hacerlo? Vivimos molestos porque los escándalos de corrupción pública son cosa de nunca acabar y los culpables nunca reciben castigo. Pero, ¿cuál es nuestro aporte para combatir esta peste?

Es posible que el Estatuto Anticorrupción logre ajustar algunos tornillos en materia de contratación pero no todo se soluciona con leyes. En nuestra sociedad hay una gran proclividad por el dinero, sin importar su origen, y mientras esa tendencia no cambie los recursos públicos estarán en riesgo. El nivel de corrupción de un país no es una señal de la calidad de sus funcionarios públicos sino de la virtud de todos sus habitantes, de sus valores. Ojalá esa ley no sea una nueva frustración.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 28 de febrero de 2011)

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De hecho, muchos consideran que el país necesita reordenar el gasto, dejando de dilapidar recursos en cosas sin importancia y eliminando la indeseable duplicidad de funciones, pues el Estado emplea cuantiosos recursos en una infinidad de asuntos que no arrojan ningún beneficio para la comunidad y tiene estructuras burocráticas redundantes. A finales del año anterior, por ejemplo, se ordenó a diversas entidades del Estado cancelar sus fiestas de fin de año en solidaridad con los damnificados del invierno. Pero, ¿acaso es justificable que las entidades públicas realicen fiestas costosísimas que nada tienen que ver con sus funciones?

Otro ejemplo de gastos inútiles es el de la publicidad que hacen los gobernantes, cada vez con más descaro. Las buenas gestiones no necesitan publicidad, los logros se ven y se sienten. Pero ha hecho carrera el cuento chino de que si un gobernante tiene baja aceptación es porque no ha sabido ‘comunicar’ –léase vender– sus logros. Además, la publicidad oficial tiene el efecto perverso de comprar el favor de los medios beneficiados, que dejan a un lado cualquier rezago de objetividad para tomar partido a favor de quienes les compran pauta publicitaria y en contra de quienes no lo hacen. A esto se suma que, por ley, los mandatarios están obligados a divulgar su obra de gobierno. Por eso pululan libros, folletos, videos, insertos en periódicos y revistas, etc., donde se dan autobombo, el papel aguanta todo.

En cuanto a duplicidad de funciones, un caso patético es el que se presenta en el área metropolitana de Medellín, de la que hacen parte esa capital y nueve municipios más, todos con su parafernalia completa de alcaldes, secretarios, concejales, etc. Son diez entes territoriales que podrían fusionarse en uno solo porque, en la práctica, esos otros nueve municipios no son más que barrios de Medellín, cubiertos por la oferta de servicios (telefonía, acueducto, energía, gas, internet, televisión por cable) de las empresas públicas de la ciudad. Y tal es el grado de conurbación, en un área tan pequeña, que los 3,5 millones de habitantes de esta ciudad-región se entremezclan en sus actividades diarias de trabajo, estudio, recreación y residencia.

Si los gastos de funcionamiento de esos nueve satélites se emplearan en más educación, más infraestructura, más desarrollo social, se elevaría enormemente la calidad de vida de sus habitantes. Pero en Colombia persiste la creencia de que el desarrollo viene de la mano de la autonomía regional o local, tesis que es promovida y defendida por políticos corruptos interesados en cooptar recursos que vayan directamente a sus bolsillos. Por eso hay que mirar con desconfianza esas propuestas tipo ‘Región Caribe’, que contempla la creación de un ente burocrático suprarregional sin eliminar las gobernaciones existentes, o la creación del departamento de la ‘Depresión Momposina’, proyecto que está en marcha hace algún tiempo en una región donde el grado de corrupción es altísimo.

Pero la tapa de las duplicidades, el despilfarro y la corrupción es, sin duda, el Congreso de la República. Volverlo unicameral nos ahorraría miles de millones de pesos de un plumazo sin menoscabar su apenas aceptable desempeño. Es que, además, estamos cansados de los escándalos de todos los años, sea por compra de computadores, por cambio de sillas y pupitres (el Senado parece un call center desde que pusieron un monitor inútil en cada puesto) o por la compra de vehículos blindados cuando el país aún no sale de la tragedia invernal.

Con los vehículos, los escándalos son repetitivos: los ponen al servicio de terceras personas, recalan en lugares donde no tienen por qué estar, se adueñan de ellos negándose a devolverlos y, lo peor de todo, los destruyen en un dos por tres. Por donde se mire es una verdadera aberración la decisión de alquilar por cuatro años (renting) 376 vehículos blindados por 142.000 millones de pesos, lo que da un costo de 377 millones por unidad, y eso que ni siquiera los están comprando. Para mayor sorpresa, a cada senador le corresponderán dos.

Esta situación abusiva es el pan de cada día de nuestra democracia y si el gasto no se enfoca en las necesidades reales vamos a ser un país verdaderamente inviable.

(El Mundo, enero 24 de 2011)

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Es decir, la corrupción en Colombia supera de largo los cuatro billones de los que habla el zar. Sin añadir, para mayor tormento, el despilfarro de recursos en cosas que no son prioritarias, la falta de austeridad, el desangre de las demandas contra el Estado que obligatoriamente se pierden, y los subsidios que –como lo han reiterado expertos como Hugo López y José Leivobich– no llegan a los estratos bajos, sino a manos de gente ‘acomodada’; verbigracia, la presencia minoritaria de estudiantes de estratos uno y dos en las universidades públicas.

De ahí que, casi superado el problema de la subversión, la corrupción es hoy el principal impedimento para la prosperidad nacional y la estabilidad misma del país, pues se trata de un escollo que debe superarse para poder torcer los indicadores de pobreza e inequidad. Por eso es incomprensible la minusvalía del Estado para luchar contra este cáncer: las ‘asustadurías’ son tan corruptas como los antros que deben investigar, y tan ineficientes que cuestan más que la plata que recuperan, y la oficina del zar, que debería estar mejor dotada que un escuadrón antiterrorista, apenas es una especie de consejería.

No nos vayamos por las ramas. A menos que se demuestre técnicamente que esa no es su voz, la grabación en la que el representante liberal Germán Olano admite haber recibido dos mil y pico de millones del Grupo Nule es una confesión que debería bastar para meterlo muchos años a la cárcel, en compañía de todos los responsables de este cartel de las contrataciones.

Claro que, vista la forma como opera la justicia en Colombia, no sería de extrañar que una prueba tan notoria pierda efecto en los tribunales ante la laxitud judicial y el excesivo garantismo imperante, así como por cierta connivencia –léase complicidad– de muchos jueces, fiscales y entes de control.

Influye también el alto grado de indiferencia que está carcomiendo a la sociedad. ¿Dónde quedó la pasión que despertaba la promesa de legalidad de la campaña de Mockus hace apenas dos meses? A esta hora el país debería estar henchido de indignación, deberían bullir grupos en Facebook que pidieran cárcel para estos delincuentes y el Partido Verde debería estar en plena cruzada, con Mockus a la cabeza, presionando la toma de acciones contundentes, en el entendido de que los verdes no se diluirán en tanto demuestren –y les será difícil– que ese principio de que “los dineros públicos son sagrados” no era solo un estribillo de campaña.

La verdad es que para contener la corrupción se requiere la misma determinación que tuvo el presidente Uribe para combatir sin misericordia a las Farc, desbaratando, antes que nada, ese dogma de que no se las podía derrotar militarmente y que solo cabía la vía negociada. Se precisa, principalmente, de voluntad política para montar un bloque interinstitucional dotado de unos dientes bien afilados para raspar esas células cancerosas que han hecho metástasis en las entrañas del Estado. Escándalos como el de Olano no se pueden seguir quedando apenas en el titular de prensa. La Unidad Nacional tendrá que darse la pela y someter al Estado a una quimioterapia severa, si no queremos seguir en las mismas.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 6 de julio de 2010

[Vea la nota de Caracol Televisión con apartes de la grabación]

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Lo que la campaña de Mockus ha logrado es de un maniqueísmo superior pues todos pretendemos ser o parecer honestos. Pero, como Mockus se ha apoderado del discurso moral en esta campaña, quien no esté de su lado aparece como deshonesto o corrupto, dando lugar a la dualidad que venimos señalando hace rato: Mockus y quienes lo apoyan, conforman el grupo de los ‘decentes’, mientras el resto vendríamos a ser los ‘indecentes’ que tienen sumido al país en el atraso y la pobreza.

De lo anterior surge el carácter utópico de la propuesta de la ‘legalidad democrática’, iniciando con el hecho puntual de que votar por Mockus no le limpia los pecados a nadie, como tampoco son condenables los que voten por otros candidatos. Igualmente, el solo hecho de votar por el matemático no limpia al país del problema de la corrupción así como la elección de cualquier otro candidato no la agrava de forma automática, ni significa ello que no se pretenda combatir. A ningún gobierno le conviene la corrupción porque entorpece la gobernabilidad e impide lograr el cumplimiento de las promesas realizadas. Entonces, alguien preguntará: ¿y si es así por qué hay tanta corrupción?

Miremos dos aspectos: la ilegalidad es un rasgo distintivo de todo el Estado, no sólo del Gobierno; es decir, no es exclusiva del Ejecutivo central (Presidencia, ministerios, superintendencias), donde además se puede aseverar que es menor por estar en el centro de atención nacional, sino que está diseminada en todos los niveles y en todos los ámbitos territoriales, en escenarios donde el Presidente de la República no tiene poder decisorio ni campo de acción. El segundo aspecto es que la ilegalidad no es un rasgo distintivo del Estado colombiano en exclusiva, sino de la sociedad en general; el Estado es una parte de la Nación, y en él se configuran todos los defectos de esta. Políticos y funcionarios públicos no son marcianos, están dentro de la sociedad, hacen parte suya.

Mockus pretende, si lo hemos escuchado bien, moralizar lo público sin moralizar lo privado. En la esfera privada, apoya la despenalización del consumo de alucinógenos y el aborto en todos los casos –aunque para él “la vida es sagrada”–; pero, al tiempo, procura estimular una especie de moralidad ciudadana que se traduce en cultura cívica: usar los puentes peatonales, respetar los semáforos, etcétera.

Sin embargo, de lo anterior sobrevienen dos choques: uno es que para moralizar lo público en una democracia con división de poderes, donde el Presidente carece de poder absoluto, implicaría transformar (o violar) la ley para asumir un poder despótico. Por ejemplo, mucho se creyó que Uribe cerraría el Congreso, medida que por razones que no requieren explicación sería aplaudida por casi todos los colombianos. De la misma forma, en el referendo del 2003 se pretendían eliminar entidades costosas donde hay despilfarro y corrupción, pero el mismo no superó las barreras legales.

Creer en la apuesta de Mockus de poder moralizar al Estado con ejercicios deliberativos es como creer en dragones y la otra alternativa –darle carta libre– siempre constituye la apertura de una peligrosa caja de Pandora. Sería toda una ironía que la rebelde juventud de estos tiempos, que eran niñitos de jugar carritos y muñecas en la época del Caguán, termine abriéndole la puerta a un proyecto liberticida que nos constriña en pos de una visión de bienestar de un candidato que no la ha podido explicar.

Ahora, el otro choque al que me refería es el de moralizar a una sociedad donde la ilegalidad está incrustada en la cultura: “Hecha la ley, hecha la trampa”, “Se acata pero no se cumple”. Los cuatro billones que se roban del Presupuesto Nacional, cada año, se pierden con la participación de los contratistas privados, sin ellos es imposible robárselos así como la prostituta no peca sola sino en connivencia con quien le paga, que también peca. Luego, vale preguntarse si los votantes de Mockus se están lavando las manos, como quien da una limosna, o son conscientes de que sacar al país de la ilegalidad implica que ellos mismos lo hagan, que cada cual lo haga: pagar impuestos, no comprar contrabando, no jalarle a la piratería, no valerse de las roscas, no sobornar al policía de tránsito…

¿Por qué no hacen todo eso de una vez? ¿O será que los que van a votar por Mockus en realidad son impolutos? No, aquí no hay quien pueda tirar la primera piedra, ni doña Nijole, su madre, pues Mockus relata que a sus padres les dieron permiso de entrada a Colombia con el pecado original de un soborno de por medio.

Publicado en el periódico El Mundo, el 17 de mayo de 2010

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Como en el cuento de Monterroso (“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”), pasarán narcos, ‘paras’, guerrillas y demás, mientras los mismos politiqueros estarán ahí, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, porque los seguimos eligiendo. Y esto se hace evidente cuando se ve a gentes de cualquier estrato, todavía, a estas alturas, pidiendo votos por el que le va a dar trabajo al hermano o al cuñado. En cualquier conversación sobre elecciones a corporaciones públicas, priman los comentarios sobre el diputado o el congresista que controla todos los puestos en esta o en aquella región. Y, por supuesto, sobre los que dominan la contratación, que es el interés principal en los estratos altos.

Es difícil, pues, sentirse optimista con el Congreso que se ha elegido, con honrosas excepciones. Es cierto que, por lo menos en apariencia, se asegura la gobernabilidad. Pero es que preocuparse por la infiltración ‘para’ ha sido una búsqueda del ahogado río arriba y de la fiebre en las sábanas. El hecho de que las campañas al Congreso cuesten varios miles de millones (por curul) cuando, en caso de ser elegido, se recibirá menos de mil en ingresos legítimos -y acaso insensatos- en todo el cuatrienio, es la prueba reina de que ahí está la llave maestra de los por lo menos 4 billones de pesos que los corruptos le están arañando al presupuesto cada año.

Y, obviamente, las deseadas reformas que requiere esta Corporación se quedan en veremos porque ningún vicioso se rehabilita a sí mismo. Sigue siendo pertinente reducir el Congreso a una sola Cámara de 100 o 150 integrantes, abolir cualquier forma de carrusel, reducir los ingresos de los parlamentarios a no más de 20 salarios mínimos, eliminar la pensión de congresista, castigar el ausentismo, reducir la reelección a no más de cuatro periodos (Peñalosa propone que sean sólo dos), crear inhabilidades a parientes de congresistas para evitar las herencias mal avenidas, etcétera.

Pero eso no es lo único que requiere reformas urgentes. La Registraduría Nacional está desempeñando un papel vergonzoso que debería culminar en la renuncia del registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, sin detrimento de las enmiendas que deben aplicarse al Código Electoral.

Los comicios deben regirse por el sentido común, la claridad, la facilidad; no la complejidad y la confusión. No puede haber tarjetones con tres secciones distintas, según la circunscripción, como el de Cámara. No puede haber tantas votaciones sobre temas distintos el mismo día. En el 2002, aun con foticos en el tarjetón, los votos nulos para el Senado fueron 355.070; en el 2006, ya sin fotos ni nombres, los votos nulos fueron 1.212.004. Los votos nulos de ayer están por el orden del millón y medio.

Si bien es cierto que el número de sufragantes se incrementó en tres millones, también lo es que el censo ha aumentado significativamente. Y es muy probable que la participación mejore si este galimatías electoral se acaba. Hay que empezar a introducir el voto electrónico y también limitar el número de inscritos en las listas, hay que hacer verdaderamente atractivos los estímulos electorales, aumentar el horario de votaciones hasta las seis de la tarde, como en muchos países, o alargar las votaciones durante varios días, de acuerdo con el número de la cédula. En fin, algo hay que hacer.

Pero más grave que la complejidad de la votación, es el pobre desempeño de la Registraduría en el conteo de la consulta del Partido Conservador. Sería el colmo alimentar dudas hasta el sábado, cuando lo que está en juego es la Presidencia misma. El sistema tocó fondo.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 16 de marzo de 2010

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Eso no debe sorprender a nadie. De hecho, un sueldo mensual de más de 21 millones de pesos –que alguien con salario mínimo se tardaría tres años y medio en ganar–, es atractivo para cualquier persona por lo que no faltan quienes pretenden capitalizar su fama o notoriedad para hacerse a una curul. Por eso abundan en campaña personajes de la farándula. Lo que es verdaderamente preocupante es que muchos candidatos están invirtiendo en sus campañas gruesas sumas de dinero  que superan ampliamente el salario que recibirán durante cuatro años en el Congreso, más  el reembolso que hace el Estado a los partidos por reposición de votos (4.217 pesos por voto).

El tope de gastos para candidatos al Senado fue fijado en 675 millones; para la Cámara por Bogotá en 531 millones; para la Cámara por departamentos con un censo electoral de más de un millón de votantes en  477 millones. No obstante, se sabe que el costo de una campaña al Senado ronda un promedio de 1.500 millones de pesos y hasta se habla de campañas de 4.000 millones. Un parlamentario se gana algo más de mil millones en los cuatro años y si alcanza  una alta votación, digamos de 100.000 votos, le reembolsarían poco más de 400 millones de pesos. Luego, en su mayoría estarían a ras entre lo que invierten y lo que ganan legalmente, lo que constituye un perverso modelo que conduce a la corrupción.

Lamentablemente, hace meses que se viene rumorando acerca de una frenética actividad de compra de votos en muchas regiones del país, pero ya no sólo con tamales, sancochos o unos pocos adobes, sino en un mercado abierto con ofertas que rondan los 60.000 pesos por voto, negociados en bloque por presidentes o representantes de juntas de acción comunal o asociaciones similares. Además, algunos partidos y candidatos vienen haciendo un derroche de dinero en publicidad tan inusitado como sospechoso, con gigantescas vallas, numerosos pasacalles y abundante presencia en medios.

Es evidente que quienes hacen campañas que cuestan miles de millones de pesos por encima de los ingresos que obtendrán en su ejercicio legislativo los van a recuperar con creces a través de contratos con entidades del Estado que controlan con sus maquinarias políticas. Esto ha existido toda la vida pero en estos comicios el fenómeno parece agravarse. Por ejemplo, hay un ardid aparentemente nuevo como es el de hacer política ‘en cuerpo ajeno’, estrategia mediante la cual algunos condenados por parapolítica pretenden mantener su cuota de poder haciendo elegir parientes cercanos con los votos amarrados de sus clientelas.

No menos grave es la ausencia de propuestas sensatas y el populismo rampante. Da grima escuchar los planteamientos de la mayoría de los candidatos, quienes ofrecen solucionar mágicamente todos los problemas del país acudiendo a formulismos vagos cuyas falsas promesas aún confunden y engañan a buena parte del electorado.

Es tan pobre esta campaña –conceptualmente hablando– que ha merecido más atención la promesa de una señora que ofrece desnudarse en una revista si resulta elegida. Nada raro que lo logre, pero eso sería una burla para la democracia y una bofetada a la clase política, similar a la del caso del lustrabotas que obtuvo un escaño en el Concejo de Bogotá hace unos años. Y si bien puede ser menos dañino tener a estos personajes que a políticos deshonestos, su presencia en nada ayuda a la formación de instituciones sólidas y maduras. Triste antesala de unos comicios más insulsos todavía, y una campaña aún más vacía como la presidencial, donde el único argumento es impedir que se reelija el actual primer mandatario de la Nación.

Publicado en el periódico El Mundo, el 22 de febrero de 2010

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• Un fraude de nunca acabar

Sin embargo, el Zar sólo tuvo en cuenta para el cálculo los 30 billones de pesos del presupuesto de este año destinados a inversión, como si los 73 billones de pesos que cuesta el funcionamiento del gobierno central estuvieran a salvo, o los respectivos presupuestos de inversión y funcionamiento de los entes territoriales. Lamentablemente, ninguno de esos recursos está seguro porque, como bien dice el Contralor General Julio César Turbay, buena parte de ellos se destina a “financiar fiestas, patrocinar turismo deportivo, erigir monumentos, pagar medallas honoríficas y pintar las fachadas de los edificios públicos”. Es decir, no sólo hay corrupción sino despilfarro y problemas de eficiencia en el gasto. Por tanto, el menoscabo de las arcas públicas debe superar en mucho lo estipulado por el Zar.

No obstante, la corrupción en Colombia no nació ayer ni es exclusiva de este gobierno como algunos insinúan. Es más, no hay evidencia alguna de que durante el mandato de Álvaro Uribe haya habido un incremento de la corrupción, si bien la lucha por combatirla tampoco parece estar dando frutos. Por eso, son teatrales y demagógicas las declaraciones del Fiscal interino Guillermo Mendoza Diago, quien ha manifestado su preocupación por detectarse casos de corrupción “en todas las áreas de la administración pública”. Igualmente las del Procurador General Alejandro Ordóñez, quien afirma que “la corrupción ha desbordado la institucionalidad y esa es una circunstancia dramática sin antecedentes” . Ambos saben que las entidades que dirigen también están plagadas de corrupción, y que en sus largas carreras en el sector público, han sido testigos de esa realidad. Es artificioso decir otra cosa.

Siendo justos, hay que reconocer que la corrupción es un problema de todos, una tara cultural si se quiere, aunque eso no puede admitirse como una justificación. Un ejemplo de ello es el desfalco del que viene siendo objeto la vieja Telecom por pago de pensiones fraudulentas, que ya va en 120.000 millones de pesos y que podría llegar a dos billones. En esa artimaña están confabulados ex trabajadores de la entidad; abogados venales que promueven el despojo; jueces deshonestos que fallan contra Derecho, saltándose, incluso, sentencias de la Corte Constitucional; y los funcionarios de la entidad liquidadora que han pagado hasta dobles reclamaciones, lo cual es claramente ilegal. Del mismo fraude han sido víctimas el Seguro Social y Cajanal, y hace poco se conocieron nuevos casos de corrupción (en la misma modalidad) en Foncolpuertos .

Y lo más grave es que todo esto se desarrolla bajo el amparo de la ley, con apariencia de legalidad, porque es precisamente bajo su sombra que se desangra el erario a través de las regalías, las transferencias, los contratos con el Estado… Cada una de las trampas del Manual publicado por el Zar Anticorrupción, tienen como propósito eludir algún tipo de control establecido en el ordenamiento legal: hecha la ley, hecha la trampa. Además, la corrupción se ve estimulada por la impunidad existente en el país, que es del 96% según estudios de la Unión Europea. Es que el Estado colombiano no tiene dientes ni para obligar a conductores imprudentes —asesinos en potencia—, a pagar sus infracciones.

Acusar de corrupta a la clase política es muy fácil, sobre todo porque malgastar dineros públicos es peligrosamente sencillo. Pero en nada ayuda venir a decir, con criterio electorero, que el tema es nuevo o que se ha empeorado de la noche a la mañana, y que el culpable es el Ejecutivo cuando nada de eso es cierto. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 7 de diciembre de 2009

Fuentes documentales:

• 4 billones pierde el país cada año por la corrupción – (Revista Cambio, 30-09-2009)

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