No obstante, como ‘apenas’ tenemos 44 millones de habitantes, si aplicamos la misma cifra de homicidios de México tendríamos una tasa de 34 crímenes por cada 100.000 habitantes en el 2010, lo que indica que nuestro problema de violencia sigue siendo muy alto; somos -cuando menos- 2,5 veces más violentos que los mexicanos. Pero la tendencia incuestionable es que ellos se están ‘colombianizando’ -sus bandidos ya son más crueles que los nuestros-, mientras en Colombia hay una propensión a superar el problema, que soporta un pesado lastre cultural.

Según la Policía Nacional, el 35 por ciento de los homicidios no son producto del conflicto armado ni de la criminalidad común u organizada, sino de la intolerancia, como cuando alguien mata a otro por orinar contra la pared de su casa. Crímenes resultantes de riñas, malquerencias y reacciones desmedidas que demuestran el perverso clima de convivencia existente en la sociedad colombiana.

En el 2010 ocurrieron unos 5.000 casos de este tipo, casi todos con la injerencia del alcohol. Sin ellos, nuestros índices de criminalidad tendrían una reducción sustancial, se ahorrarían miles de millones en asistencia hospitalaria, se reduciría la congestión judicial, mermaría el hacinamiento carcelario, y el impacto general en la economía y la sociedad sería muy positivo. Entonces, no todo es culpa del Estado (ni de la pobreza), sino de cada uno de nosotros.

Ejemplo también de muertes innecesarias y absurdas son las causadas por balas ‘perdidas’, aunque no encuadran del todo en el concepto de intolerancia; son, más bien, casos accidentales, fruto, igualmente, de taras culturales insuperadas. Y, como los colombianos solemos buscar la fiebre en las sábanas, se han tomado como prueba de que es perentorio restringir el porte y la tenencia de armas.

Si bien es cierto que los efectos del armamentismo en Colombia son funestos, dado que el 80 por ciento de los homicidios se cometen con armas de fuego, y que lo ideal es que las armas fuesen monopolio del Estado (siempre y cuando este pueda garantizar un nivel de seguridad aceptable en todo el territorio, cosa que muy pocos Estados pueden cumplir), la realidad es que cada vez que se prohíbe el porte de armas son las legales las que se ven restringidas, no las ilegales.

Según el Departamento de Control y Comercio de Armas, en el país existen 1’280.000 armas legales en manos de civiles. Pero se calcula que por cada arma legal hay cuatro ilegales. En el 2009 fueron incautadas 29.504 armas ilegales en todo el país, 80 por día. Pero eso no es nada si consideramos que representan algo así como el 0,75 por ciento de las cerca de 4’000.000 de armas ilícitas que hay en Colombia. Y solo 21.241 personas fueron judicializadas por porte ilegal de armas en los últimos cuatro años, 5.000 cada año. Esos son logros muy pobres para la dimensión del problema.

No somos el país más armado del mundo. Según Foreign Policy, en EE. UU. hay 90 armas por cada 100 habitantes. En el top 10 figuran sociedades pacíficas como Suiza, Finlandia, Suecia y Uruguay, donde hay 31 armas por cada 100. Colombia no llega ni a 20, entre legales e ilegales, pero con ellas se cometen demasiados crímenes. Sin embargo, el reto consiste en desarmar a los delincuentes y a los intolerantes, no en dejar a la ciudadanía inerme y maniatada.

(El Tiempo, enero 18 de enero de 2011)

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Es lamentable que ningún político abandere el tema, que haya pocas organizaciones sociales que lo promocionen –con tibios resultados– y que la sociedad lo soslaye por miedo a enfrentar un asunto que sigue siendo tabú. De esta manera se consiente la noción arcaica e inaceptable en nuestros días, de que engendrar es un derecho ‘inalienable’ de la persona y que cada quien decide cómo, cuándo, dónde y con quién quiere, puede o desea tener uno o muchos hijos. Es más, el que se atreve a cuestionar esto es tildado de ‘fascista’.

La política no puede regirse por criterios metafísicos, como el derecho a la vida de sujetos que aún no han nacido. Colombia supera por mucho la población de países con similar desarrollo y tamaño como Venezuela, Perú y Chile, e incluso tiene más habitantes que Argentina y está cerca de sobrepasar a países con economías robustas como España –la octava economía del mundo– y Corea del Sur. En contraste, nuestra economía es muy lenta para absorber la creciente oferta laboral que, por cierto, es poco calificada, y el Estado no alcanza a satisfacer las necesidades crecientes en materia de salud, educación, vivienda, servicios públicos y demás.

Como si fuera poco, un alto porcentaje de los niños concebidos hoy en día, no es deseado; otro alto porcentaje pertenece a familias disfuncionales, casi siempre carentes de padre o con uno maltratador; y proliferan los menores en los sectores más pobres, criándose en ambientes sórdidos. En realidad, la explosión demográfica nos afecta a todos, tener un hijo no es un asunto sólo de los padres sino de todo el conjunto social, por eso no es un despropósito pedir un ordenamiento legal que obligue a las personas a planificar.

La columnista Salud Hernández-Mora se preguntaba hace poco “…por qué a los padres naturales no les exigen nada a la hora de tener un hijo (…) si para adoptar a un niño es imprescindible acreditar unos requisitos jurídicos básicos, tales como idoneidad de orden mental, social y económica, y edad mínima de 25…” (El Tiempo, 2009-06-27). También se preguntaba si tiene derecho a volver a engendrar una mujer que asesinó a su bebé o un hombre que maltrate a un menor.

En un noticiero, una mujer supuestamente desplazada, que había sido desalojada por las autoridades de un terreno de invasión, decía a grito herido que tenía cinco niños y el alcalde del lugar no se había hecho presente con alguna ayuda. ¿Será que ese alcalde es el papá de esos infantes?, ¿será que algún funcionario público hizo de celestina en la concepción de esos críos?, ¿o será que los hijos no son responsabilidad de los padres sino del Estado?

Si la respuesta es la última, entonces el Estado debe ser quien zanje algunos asuntos sobre la reproducción, principalmente en cuanto al límite y a la probidad de las personas que procrean hijos, porque de lo contrario estaría siendo cómplice de los maltratos a que son sometidos los no deseados, casi siempre condenados a ejercer la delincuencia y la prostitución; sería también cómplice de una vasta porción de la violencia, pues hay estudios que demuestran la íntima relación entre embarazos no deseados y criminalidad; y estaría (el Estado) alimentado la pobreza que se propone erradicar. China impuso su política del hijo único –desde 1979– por racionalidad y no por despotismo, y con ello inició su despegue económico.

El doctor Rubén Ardila propone para Colombia la política del hijo único, pero aduce que se debería hacer “por medio de ‘programas educativos’, no por coerción ni por medio de leyes impositivas” (El Tiempo, 2009-07-05). Eso es demagogia, así no funcionaría nunca. Aunque suene paradójico, la solución puede estar en los subsidios y demás ayudas del Estado, que deberían preferir a quienes menos hijos tengan y a quienes hayan cerrado la fábrica en vez de seguir alcahueteando tanta desmesura y cinismo. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 20 de julio de 2009 (www.elmundo.com).

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No obstante, se ha demostrado fehacientemente que las armas legalmente amparadas tienen una amplia participación en crímenes de diversa índole, desde los que son cometidos por ciudadanos ‘de bien’ en estado de embriaguez o de ira y dolor extremos, hasta aquellos que son ejecutados por peligrosos delincuentes. Es decir, sorprende verdaderamente la laxitud de las autoridades militares para otorgar licencias para porte y tenencia de armas de fuego a cualquier persona sin la menor cautela. Pareciera que fuera política de las Fuerzas Militares la venta desmedida de armas de fuego con el mero criterio del lucro económico, el único que para este caso no puede prevalecer.

A quienes se sienten inseguros y consideran que es preciso portar un arma para defenderse, hay que preguntarles qué puede hacer un ciudadano con un revólver cuando lo toman, por sorpresa, delincuentes mejor armados y en mayor número. La verdad es que en esos casos, estar armado no sirve de mucho. Cientos de ciudadanos armados han sido víctimas de delincuentes sin que el arma lo haya podido evitar. Y cientos de personas, en nuestro país, han sido asesinadas con armas legales -adquiridas en las guarniciones militares y portadas bajo licencia-, muchas veces por simple intolerancia y no de manera premeditada. Tenemos mala memoria: el ya olvidado futbolista Andrés Escobar, fue asesinado con un arma ‘legal’.

No puede negarse, sin embargo, que la situación de seguridad en el país, si bien ha mejorado, aún tiene falencias que están por subsanarse. Prohibirle a la gente que porte un arma para su defensa exige un gran compromiso por parte de las autoridades y un redoblamiento de esfuerzos que no se ve. En un país como el nuestro, con una violencia tan compleja que se resiste a desaparecer, es un despropósito poner a buena parte de las fuerzas policiales a perseguir al ‘cartel de los añoviejos’, como ocurrió en las recientes festividades. Aquí son más los efectivos que se dedican a perseguir polvoreros, vendedores ambulantes, fabricantes de discos y libros piratas y hasta traficantes de fauna silvestre, que los destinados a perseguir a los verdaderos delincuentes que hacen inseguras nuestras ciudades.

Y a prevenir. Porque si lo que se quiere realmente es recuperar el monopolio de las armas por parte del Estado y que nadie salga armado a las calles, las autoridades deben demostrar tener pleno control por lo menos de las áreas céntricas de las principales ciudades, exhibiendo un nutrido y disuasorio pie de fuerza; una dotación de armamento, vehículos, medios de comunicación y tecnología de avanzada que les dé una franca ventaja sobre los criminales; un superior grado de entrenamiento y capacitación que haga a los efectivos más confiables en su misión de servicio a la ciudadanía; y haciendo que la Policía se dedique decididamente a hacer su deber y no a ser un simple espectador reactivo. La única manera de asegurar que nadie porte armas será realizando permanentemente rigurosos operativos de control. De no ser así, la prohibición de portar armas legales –las ilegales obviamente están prohibidas pero igual las portan- termina siendo un saludo a la bandera y un favor para los delincuentes, ya que muchos ciudadanos de bien quedarían inermes a merced suya.

No cabe duda de las bondades de impedir el porte de armas por parte de todos los colombianos, recuperando para el Estado el absoluto monopolio –aunque suene redundante- de las mismas, pero queda la duda de si las autoridades están preparadas para dar este paso que debería ser el siguiente capítulo de la seguridad democrática.

Publicado en el periódico El Mundo, el 12 de enero de 2009.

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Esta dudosa hipótesis se asemeja mucho a ideas que, en su momento, tenían la solidez de un dogma. Por ejemplo, primero se creyó que el negocio de las drogas se terminaría con la muerte de Pablo Escobar; luego, la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela se consideró como la conclusión de tan amargo capítulo. Hoy sabemos que la ausencia de cabecillas fuertes generó una gran dispersión de este delito y pudo favorecer el ingreso de las Farc al mismo y el tránsito de narcos a ‘paras’ y hasta de ‘paras’ puros a narcotraficantes. Eso, con consecuencias probablemente más negativas que positivas.

Supongamos, en gracia de discusión, que el negocio de las drogas se legaliza no sólo en Colombia sino en el mundo, pues nada nos ganaríamos con hacerlo sólo nosotros y caer en la desgracia de ser vistos como un país paria. ¿Alguien, en realidad, puede considerar seriamente que eso es la solución a la violencia y al delito en nuestro país, que quienes están ávidos de dinero fácil van a dar su brazo a torcer?

Pablo Escobar inició su carrera criminal robando lápidas en los cementerios para revenderlas. Luego robó carros y hasta se presume que su mente criminal estuvo detrás del secuestro y asesinato del industrial Diego Echavarría Misas, ocurrido en 1971. Su llegada al mundo del narcotráfico tuvo ocasión al descubrir los exorbitantes dividendos del negocio de las drogas, los que a su vez catapultaron el poder de ese delincuente a niveles insospechados, pero su esencia delictiva no dependía del tráfico; de hecho, en su familia había antecedentes por contrabando.

Se podría decir con una certeza prácticamente absoluta que la legalización de las drogas no arrojaría ningún efecto positivo en Colombia porque los delincuentes –que eso son los narcotraficantes– buscarán cualquier otro medio ilícito para satisfacer sus apetitos. No en vano podemos ver la influencia de costumbres mafiosas en decenas de prácticas legales e ilegales en el país. El mototaxismo, la venta de minutos a celular, los préstamos conocidos como ‘gota a gota’, los limpiavidrios en los semáforos, los cuidadores de carros, las ventas ambulantes, la mendicidad, los celadores ‘piratas’, etc., son actividades informales controladas con criterios mafiosos: una sola persona es propietaria de 100 motos o de 100 celulares y es quien se lleva las ganancias, o ejerce por la fuerza el control del espacio público para recaudar retribuciones ilícitas, pues calles, esquinas y semáforos tienen ‘dueños’ y hay que pagarles.

Es cierto que las cifras de la lucha antinarcóticos son desalentadoras: Colombia cada vez fumiga más hectáreas pero la producción no disminuye; cada vez se capturan, se extraditan o se dan de baja más delincuentes, pero los herederos pululan; cada vez se corrompen más funcionarios públicos y cada vez son más los muertos y las vergüenzas de un rosario de padecimientos interminables. Y decimos con facilidad: “el culpable del problema no es quien produce las drogas sino quienes las consumen”. Sin embargo, cabe esperar que la legalización de las drogas arroje la certeza de que el negocio de los narcóticos es apenas un medio y no un fin; el fin es enriquecerse a como dé lugar y el medio depende de circunstancias históricas. Eso tan obvio es lo que no ven los partidarios de la legalización.

Publicado en el periódico El Mundo, el 11 de agosto de 2008 (www.elmundo.com).

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La prensa brasileña, escrita y audiovisual, ha reaccionado con gran energía, condenando de manera severísima el cierre de Radio Caracas Televisión por el aprendiz de dictador venezolano, comandante Hugo Chávez. Hasta el Senado brasileño hizo lo mismo en un gesto que lo enaltece, sobre todo considerando los remilgos y silencios cobardes de los otros parlamentos latinoamericanos frente al atropello cometido por Chávez en su designio de acabar con el pluralismo informativo y la libertad de expresión en Venezuela.

Penoso, eso sí, el apoyo que recibió Chávez del presidente Lula, que justificó la clausura de RCTV para no desencadenar las iras del caudillo venezolano, por lo que, afortunadamente, ha recibido de la prensa brasileña muchas y muy justas recriminaciones. Por lo demás, no existe el menor peligro de que Lula imite a Hugo Chávez: aunque le mande besos volados y simule a veces apoyarlo, su política está en las antípodas del estatismo y el colectivismo económico que el destemplado comandante aplica en su país, decidido por lo visto a producir en Venezuela una catástrofe económica e institucional semejante a la que causó en Perú el general Juan Velasco Alvarado, otro de los mentores y modelos de Hugo Chávez, además de Fidel Castro.

Lula ha optado por un socialismo moderno, a la europea, es decir, por un socialismo que de tal sólo tiene el nombre, pues apoya la inversión extranjera y el mercado, la apertura económica y la empresa privada, y por eso los empresarios brasileños están felices con él: saben que sus declaraciones esporádicas de simpatía hacia Chávez son meras concesiones retóricas a la izquierda radical para tratar de aplacarla, sin el menor éxito por lo demás, pues ésta lo ataca ya como un traidor a la revolución. Vaya paradojas del tiempo en que vivimos: Lula, campeón del capitalismo para una derecha económica brasileña que ve en el antiguo sindicalista la mejor defensa contra el “socialismo del siglo XXI” que propone Hugo Chávez.

El último número del semanario Veja -que tira un millón doscientos mil ejemplares de cada número- contiene una excelente investigación realizada por la revista sobre este “socialismo del siglo XXI” que se ha inventado el comandante Hugo Chávez y que, a golpe de petrodólares, se empeña en diseminar por toda la región.

El reportaje, que firma el periodista Duda Teixeira, quien ha verificado sus datos sobre el terreno, no tiene desperdicio. Algunos ejemplos muestran la velocidad y obscenidad con que los más estrechos colaboradores políticos del caudillo-paracaidista se han enriquecido en el poder. El psiquiatra Jorge Rodríguez, vicepresidente nombrado por Chávez, es dueño de un lujoso hotel, en la isla Margarita, el principal balneario del país. Adán Chávez, hermano del presidente y ministro de Educación, es dueño de una empresa propietaria de 1600 camiones y barcos de pesca, y don Eudomario Carrujo, director financiero de la poderosa Pdvsa, la compañía petrolera estatal, posee una flota privada de quince automóviles de lujo, entre ellos un Hummer H2, que vale cien mil dólares. Este último vehículo es el preferido de los funcionarios chavistas, según confesaron a Veja los distribuidores de automóviles en Caracas. Y uno de los principales corifeos del “socialismo del siglo XXI”, el gobernador chavista de Carabobo, Luis Acosta Carlez, lo proclamó en la televisión sin el menor rubor: “¿Por qué nosotros, los revolucionarios, no tendríamos el derecho de tener una camioneta Hummer H2?”.

En efecto, ¿por qué no? ¿Acaso el presidente Brezhnev, de la URSS, no tenía el hobby de coleccionar Mercedes-Benz? No sólo los coches de lujo son las debilidades de las actuales autoridades venezolanas. Otra es Miami y sus shopping centers , cabarets y hoteles de lujo. En esto, dice el periodista de Veja con mucha gracia, Hugo Chávez ha conseguido igualar ya a su héroe epónimo Fidel Castro: como los cubanos, todos los venezolanos sueñan ahora con escapar a los Estados Unidos.

La diferencia está en que los altos funcionarios chavistas sí pueden hacerlo. Como no está bien visto que vayan a gastarse sus petrodólares en el imperio contra el que su jefe y caudillo despotrica día y noche, se valen de picardías y pillerías que el informe de Veja refiere con lujo de detalles. Como tener dos pasaportes -uno, sólo para los viajes a Estados Unidos- o arrancar las páginas con los sellos de entrada al infierno imperialista.

El “socialismo del siglo XXI” consiste también en un desaforado mercantilismo. En la Venezuela de hoy se puede ser -todavía- un exitoso capitalista, a condición de ser un chavista servil. Como la transparencia se evaporó con la instalación del régimen, las concesiones, las licitaciones y los contratos estatales se otorgan a dedo y, algunas veces, mediante subastas o concursos amañados. El criterio político prevalece siempre, de acuerdo con la antigua ley de hierro de las dictaduras tercermundistas: “Para los amigos, todos los favores; para los enemigos, la ley”. Como, gracias a la política chavista, la producción industrial se desplomó, la importación de artículos de primera necesidad es hoy un excelente negocio. Pero, para conseguir los dólares necesarios, el importador debe estar en muy buenas relaciones con el gobierno, pues para eso mismo se estableció el control de cambios, instrumento de coerción y de soborno tradicional de los gobiernos “nacionalistas” latinoamericanos.

El reportaje de Veja , pese a la pavorosa realidad de corrupción, amiguismo, demagogia y autoritarismo que describe, no es totalmente pesimista. Por una parte, confirma algo que yo sospechaba, al ver la valerosa manera en que la oposición venezolana se movilizó contra el cierre de Radio Caracas Televisión. Que, esta vez, el caudillo venezolano ha dado un paso en falso y el pueblo venezolano ha comenzado a abrir los ojos frente al monstruo que ha creado, dando su confianza y sus votos a un demagogo que puede llevar el país a la ruina y a una dictadura totalitaria.

Las encuestas que transcribe Veja del Instituto Hinterlaces, de Caracas, son elocuentes: 78% de los venezolanos reprueba el antinorteamericanismo de Chávez; 85% condena el financiamiento político a otros países; 86% no quiere un socialismo a la cubana, y también el 86% está contra la confiscación de propiedades privadas.

Más aún: el cuarenta por ciento de los venezolanos que votaron por Chávez en las elecciones de diciembre pasado declaran que hoy votarían contra él.

Todavía hay, pues, esperanzas para Venezuela. Y podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que el “socialismo del siglo XXI”, hechura del espadón matonesco, pasará pronto, como una patraña más de esas dictaduras esperpénticas de que está constelada la historia latinoamericana.

¿Qué llevó a millones de venezolanos a votar tantas veces en los últimos años a favor de Hugo Chávez? La corrupción que corroía a la democracia y la incapacidad de ésta para reducir la pobreza y las inicuas desigualdades sociales. Pero, en vez de optar por una alternativa libertadora, se pusieron la soga al cuello apoyando una política que ha triplicado en cinco años la criminalidad en el país, disparado la inflación, derrochado los recursos públicos financiando el extremismo marxista en todo el continente y manteniendo vivo al semicadáver cubano. Pero, sobre todo, a un régimen que ha añadido nuevas y más perniciosas formas de corrupción a las varias que el país arrastraba.

Ahora, el comandante Chávez sabe que su impopularidad crece cada día y por eso se apresura a cerrar los escasos espacios que quedan en Venezuela para denunciar sus atropellos. Lo ocurrido con RCTV es sólo el comienzo de un proceso que, como en Cuba, acabará por poner todos los medios de comunicación venezolanos bajo el control del Estado, salvo, tal vez, dos o tres excepciones, empresas supuestamente independientes -parece ser el caso de Venevisión, a juzgar por su ominoso silencio frente a la clausura de RTCV- para mantener la farsa del pluralismo informativo. Pero, a juzgar por la gallarda reacción que esta medida ha provocado en el medio estudiantil y popular que antes apoyaba al régimen, este episodio podría ser también el principio del fin de la revolución chavista.

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Los niños del Chocó mueren desde hace años por diversas causas. Su hambre es producto de la corrupción, pues los dineros que gira la Nación no llegan a su destino y la bienestarina que el Gobierno aporta para los hogares comunitarios termina alimentando cerdos. Se señala también a la guerra y los desplazamientos como factores que provocan desabastecimiento, pero incluso hay aspectos culturales que los llevan a la tumba: en una región que puede dar comida en abundancia se limitan a la dieta del plátano y ni siquiera acuden al pescado de los caudalosos ríos. ¿No será que están practicando la ley del mínimo esfuerzo?

Ya la sociedad colombiana se está acostumbrando a un tipo de familia que no es el ideal, a familias casi siempre sin el padre como en el caso del niño que murió no por la mordedura de una rata sino por desnutrición y falta de cuidados que lo llevaron a una deshidratación por diarrea. La madre es sola; su marido se fue con otra y luego se suicidó. Le dejó tres hijos. El niño que murió es de otro padre que jamás lo reconoció. Probablemente, el embarazo fue un recurso desesperado de una mujer indefensa para conseguir la provisión de sus otros hijos y una vez malogrado su objetivo descargó su frustración sobre el niño, minimizando su atención.

Claro que esa pobre mujer no es más que una víctima de su propia trampa, de decisiones equivocadas instigadas por la ignorancia y la miseria. En el fondo, el origen de estos problemas está en la manera desaforada en que se reproducen las clases pobres, eso hay que decirlo sin ambages. Aún hay quienes consideran que la reproducción es un acto autónomo del individuo y que la Sociedad y el Estado no pueden coartar esa libertad, ese ‘derecho’. No obstante, se trata de un asunto que nos compete a todos. Los economistas aseguran que el crecimiento demográfico colombiano está contenido, que se ha reducido casi al nivel de países desarrollados, pero lo que vemos es que en las clases populares hay una explosión desenfrenada que viene acompañada de diversos fenómenos como el madresolterismo, el embarazo infantil y juvenil —con la consecuente desescolarización—, los hijos de distintos padres, la convivencia con padrastros o compañeros ocasionales de la madre, la crianza por parte de tíos y abuelos y muchas otras anomalías.

La complejidad de esta problemática trasciende el tema de la moral religiosa. Está comprobado que las familias disfuncionales son un caldo de cultivo de la delincuencia. Salvo contadas y milagrosas excepciones, de allí sólo brotan más pobres sumidos en la ignorancia que prácticamente no tienen ninguna posibilidad de superar su condición y, en los peores casos —que no son pocos—, sólo surgen delincuentes, prostitutas, viciosos, mendigos y toda clase de personajes indeseables para la comunidad.

En el libro Freakonomics, los economistas Steven Levitt y Stephen Dubner demuestran de forma estadística que la violencia disminuyó en Estados Unidos gracias a la aprobación del aborto en 1973, mecanismo al que generalmente recurren mujeres pobres y solas que no están en condiciones de darle afecto y cosas materiales a sus hijos. De otro lado, el espectacular despegue de China habría sido imposible sin la ley del hijo único adoptada en 1979.

Por eso es poco cualquier esfuerzo que se haga para evitar los embarazos no deseados promoviendo la vasectomía o la ligadura de trompas mediante beneficios palpables. El primer acto de violencia contra una persona es no planificar su nacimiento ni ansiar su llegada como el más caro de los anhelos, y lo que está en juego es la posibilidad de tener menos delincuencia y más desarrollo para todos.  ·

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 16 de abril de 2007

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De casi toda discusión se excluye el problema real de salud pública, y los defensores de estas y otras tesis coinciden finalmente en afirmar que todo el lío del narcotráfico se soluciona de un plumazo con la legalización de las drogas. Acaso se acuerdan de algunos filmes gringos, sobre la prohibición de los treinta, que terminan con el usual happy end de Hollywood: los capos en las cárceles, las metras silenciadas y los gringos tomando bourbon en las cantinas.

Quienes en verdad pretendan buscar una solución del problema de criminalidad asociada al negocio de las drogas en Colombia deberían prestar menos atención a esas ideas que no por ser muy difundidas y apoyadas dejan de ser completamente simplistas, y leer con detenimiento al profesor Francisco Elías Thoumí, el hombre que más le ha gastado cabeza a este asunto.

Para el profesor Thoumí, la legalización no es más que una quimera puesto que parte de la falsa creencia de que las drogas se cultivan y procesan en Colombia sólo por ser un negocio muy rentable y que, en consecuencia, al eliminar aquello que infla el precio, la prohibición, se acaba el negocio y la violencia que genera.

Legalizar es una tesis simplista, porque desconoce de tajo el problema de pérdida de valores que ha vivido la sociedad colombiana y esa proclividad decimonónica al delito, atada a nuestra idiosincrasia. El problema de Colombia no es el narcotráfico sino el individualismo que se ha enquistado en nuestra cultura, haciéndonos vulnerables a la tentación del dinero fácil y a la ilegalidad en general; llevándonos a infringir las normas sociales y legales en un entorno de rasgos enfermizos que constituyen el peor de los mundos posibles: carencia de institucionalidad, debilidad e inoperancia de la justicia y laxitud moral de la sociedad.

Así como a cualquier ciudadano de ‘bien’ le importa un pito infringir una norma de tránsito y sobornar a las autoridades para evitar la sanción, delincuentes curtidos como los narcotraficantes no se van a cruzar de brazos en el evento de que el mundo legalice las drogas. Las ganancias que dejarían de percibir tendrán que salir de otras actividades rentables como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de armas, la falsificación de moneda y productos de marca, la corrupción pública, el contrabando y demás.

La delincuencia organizada no se conforma con las ganancias fabulosas del perico sino que roban hasta gasolina, presupuestos municipales, dineros de la salud, regalías del petróleo, y despojan a grupos étnicos de sus territorios ancestrales… ¿Debemos, entonces, legalizar todas esas barbaridades?

Pero, además, no hay que hacerse vanas ilusiones porque ningún país del mundo va a fijar una regulación de mercado libre para las drogas. A lo sumo, en el mediano plazo se admitirá la formulación médica para los adictos en tratamiento y no la venta libre, cosa que no es coherente con las medidas antitabaco que se implementan en todo el mundo, o con la prohibición de quemar chispitas mariposa en Bogotá. Así que quien no tenga fórmula médica para comprar cocaína en la farmacia seguirá recurriendo a un jibarito y la coca, en alto porcentaje, seguirá siendo de las mafias colombianas.

Luis Carlos Galán se pasó la vida pidiendo la moralización de las instituciones y de las costumbres para salvar a Colombia, ideal por el que todos debemos luchar. Ahora, a su hijo le parece que el camino es, simplemente, legalizar la coca.  ·

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Por eso no de extrañar que tantos colombianos se hayan ido del país en los últimos dos años, que tantos se estén yendo a diario y que tantos otros quieran irse. Para el ciudadano corriente es casi imposible no imputarle a la guerrilla este panorama, pero la clase política es la verdadera culpable de todo, es en las sábanas del Gobierno, del Congreso, de los partidos, donde debe buscarse el origen de la fiebre que tiene a este país enfermo aunque también, todos y cada uno de nosotros, debemos darnos la pela y pensar qué tanta culpa tenemos, qué hacemos por el país en vez de esperar que el Estado lo haga todo.

A nivel político es un año perdido. El Presidente no pudo nunca poner en marcha la reforma política que prometió con el famoso Referendo. Por el contrario, después de que su propio puesto estuvo en peligro, las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso se fortalecieron mediante las prebendas y la reaparición de los auxilios parlamentarios que en el pasado hicieron tanto daño y cuya eliminación representó un triunfo de los ciudadanos honestos. Tampoco se le pudo poner límite al desangre burocrático al que estamos sujetos por culpa de tantas corporaciones públicas y entidades de toda laya, de comprobada inutilidad y que no representan nada para la democracia, como los concejos, las asambleas, la mayoría de los ministerios y embajadas, verdaderos inodoros por donde se va la plata que nos sacan en impuestos mientras las escuelas se caen a pedazos, los hospitales se cierran porque no hay ni una aspirina y las gentes duermen en ranchos de cartón y tablas porque no hay suficientes desarrollos de vivienda social, mientras no hay suficiente fuerza pública y la rama judicial trabaja con las uñas.

La corrupción se pasea por todo el abanico de niveles del Estado, del presidente para abajo. Se contrata con los amigos y siempre por el doble o el triple del valor real. Un computador de tres millones, le vale seis al Estado, o nueve, o doce. El proveedor es una firma recién creada (con 100 mil pesos de capital) que resulta ser mejor, en la licitación, que IBM o Compaq o Microsoft. Y, de acuerdo con la entidad que contrata, es de un amigo del presidente, del alcalde o del gerente. Juan Hernández, amigo y secretario del Presidente, tenía contratos por 12 mil millones con la Policía, su asesor de imagen ha recibido 2.260 millones por indicarle si tiene torcida la corbata o si le queda bien el sueter amarillo que le regaló María José, y otros amigos suyos, los hermanos Bautista Palacio, firman grandes contratos con la presidencia y otras entidades del Estado después de haber pagado cárcel en Estados Unidos por un fraude bancario de 105 millones de dólares cometido en los años ochentas. ¡Unos verdaderos delincuentes!

Se termina un año en el que el mandato local ha sido particularmente duro y trágico. Los alcaldes desalojan a vendedores por la fuerza en aras de recuperar el espacio público, con violencia y sin importar el hambre de nadie, decretan obras innecesarias con pago a cargo de la comunidad, mandan a tumbar cerramientos y entregan concesiones de todo tipo a particulares para que se enriquezcan a expensas de lo público.

Un año perdido en materia económica. Se va otro año para la historia en que el manejo de la economía colombiana ha tenido por único objetivo obedecer a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y su engendro de la globalización de la economía. Las privatizaciones se pusieron a la orden del día. El ministro Juan Camilo dijo, en Los Pozos, que privatizar era bueno porque las multinacionales pagan mejor. Tirofijo le preguntó lo único inteligente que ha dicho en su vida: «¿Qué va a hacer el Gobierno cuando no tenga nada más qué vender?».

Las constantes alzas de la gasolina atentan contra el poder adquisitivo del colombiano promedio, el salario mínimo es incrementado en un 9.5 por ciento con base en la dudosa cifra de inflación que revela el Dane cuyo director René Versywel debió renunciar por supuestos errores que desmentían una fingida recuperación industrial anunciada por la Andi, a principios del año. El desempleo galopa en el 25 por ciento, cifra oficial, mientras la Asociación Colombiana de Economistas habla hasta de un 50 por ciento. Las grandes obras que debería impulsar el Gobierno para proveer puestos de trabajo brillan por su ausencia. La desindustrialización de las ciudades y la quiebra del campo nos van a llevar a la ruina por culpa de la apertura económica. Felices comiendo papa canadiense, carne argentina, salsas francesas… ¿es una McDonald? No, es bandeja paisa. Hasta los uniformes con los que mueren nuestros soldados son extranjeros.

La violencia aleja el capital foráneo y también el capital nacional. Cerca de 2 mil millones de dólares fueron expatriados este año con miras a inversión en Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos o, simplemente, para reposar en una cuenta en Suiza o Panamá. La reforma tributaria no tiene otro objeto que mantener la burocracia y pagar cumplidamente la deuda externa, ahorcando a los de abajo, a los del medio y a los de arriba con más impuestos y eliminando subsidios y exenciones que crean un panorama incierto porque ante la ausencia de una política económica clara nadie invierte.

Un año perdido en la construcción de comunidad. En el año que termina la insolidaridad se instaló con mayor ahínco en Colombia. Al alcalde de Bogotá lo sacaron a piedra de un barrio por querer instalar una guardería para los niños del Cartucho, los hijos de los indigentes. Un anciano llamado Arturo Suspe, murió en la Gobernación de Cundinamarca cuando trataba de demostrar que aún vivía para cobrar su pensión. Como él, miles de ancianos se deben someter a tortuosas filas para cobrar lo que les corresponde. Una poderosa cadena de almacenes, cuyo fundador fue famoso por su don de gentes y su altruismo cristiano, desalojó el barrio San Pedro del Ferrocarril, en Usaquén, para construir su nuevo hipermercado. Los vecinos del edificio Mónaco, en Medellín, antigua propiedad de Pablo Escobar, se valieron de sus influencias, de su destacada posición económica y social, para sacar una dependencia de la Fiscalía que se había instalado allí, tratándolos como leprosos. Y, como si fuera poco, los mismos habitantes de Puerto Tejada (Cauca), saquearon el comercio después de una toma guerrillera de las Farc. Ah, y ¿a quién le importan los desplazados?

En resumidas cuentas el año 2000 es un año para olvidar, un año perdido en la tarea de sacar a Colombia del abismo y si no reaccionamos vamos a llegar al punto de no retorno.

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La verdad es que el principal problema de Colombia no son los derechos humanos violados por el gobierno o los militares. La verdad es que la sociedad colombiana está completamente sitiada por una guerrilla que empezó como reacción política hace muchos años, pero que se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas que ha conocido la humanidad.

La verdad es que, al contrario de lo que pretenden mostrar ONG’s manipuladas y periodistas desorientados, el gobierno en Colombia es débil. El Ejército y la Policía son incapaces de proteger la vida de los ciudadanos porque carecen de respaldo político. En Colombia se puede decir lo que se quiera contra el gobierno y contra las autoridades sin temor a represalias. Inclusive se permite la oposición con violencia, en una tolerancia que se ha considerado equivocadamente como parte de la cultura democrática.

La verdad es que lo que sí es muy peligroso, es expresarse contra la guerrilla. Periodistas, políticos, religiosos o ciudadanos comunes y corrientes son sistemáticamente asesinados o secuestrados por expresar sus opiniones en contra de la violencia de la guerrilla. Esto ha llevado a un silencio y temor generalizado, que permite que se disemine la versión que la guerrilla le quiere hacer creer al mundo: que ellos no han tenido otra opción que armarse para liberar a su pueblo de un gobierno opresor.

La verdad es que Colombia ha tenido democracia durante casi todo el siglo 20. Con imperfecciones y defectos como todas las democracias pero nunca ha existido autocracia u opresión que justifique que la oposición política sea violenta. La actividad política en Colombia ha tenido periodos de mayor o menor violencia, pero la intolerable situación actual es principalmente generada por una guerrilla que ha olvidado todo objetivo o ética política.

La verdad es que la inmensa mayoría de los colombianos, son gente decente, trabajadores honestos, que quieren su país y sus costumbres, que simplemente desean un ambiente de paz para poder trabajar. La inmensa mayoría cree que las diferencias políticas se pueden resolver por la vía de la discusión política y de las reformas democráticas. La inmensa mayoría cree que la injusticia social se resuelve mucho mejor sin armas, sin muertes, sin secuestros, sin grupos armados; con imaginación, con trabajo duro, con empresas justas y solidarias, con libertad económica. Pero se han dejado imbuir de una cultura equivocada de tolerancia con el delito y han perdido el control de su país en manos de poderosas organizaciones criminales.

La verdad es que Colombia no es esa republiqueta banana que quieren ver los intelectuales europeos y académicos americanos, dominada por 5 familias poderosas que recorren polvorientos pueblos lanzando monedas a las multitudes hambrientas. En Colombia hay una clase media urbana fuerte que mueve en forma importante la economía del país. Hay una base industrial que cada vez la aleja más del tercer mundo. Hay una infraestructura aceptable que le permitiría intercambiar y competir con otros países en desarrollo. Hay empresas y ONG’s dedicadas al equilibrio social que son modelos para el mundo. Hay una belleza natural que la haría paraíso turístico mundial. Pero todo esto se está acabando gradualmente por la actividad demencial de una guerrilla que sólo cree en la destrucción y la muerte como camino para instaurar una imposible nueva sociedad.

La verdad es que la mayoría de los colombianos tienen la suficiente ilustración para saber que los modelos de dictadura del proletariado, control estatal de la economía y abolición de la libertad política, probaron ser un fracaso en todas las comunidades del mundo en donde se implantaron. Y que esos pueblos sufren ahora un atraso y miseria mucho mayor que el que tenían cuando fueron “liberados de la opresión”. Los colombianos tienen un nivel de educación muy superior al de sus países vecinos y han demostrado una iniciativa envidiable en todos los países en los que se exilian. Pero están apabullados y confundidos por un socialismo trasnochado y salvaje, que una guerrilla anacrónica les pretende imponer con sangre, fuego y lagrimas.

La verdad es que la inmensa mayoría de los colombianos saben que un ignorante y violento campesino que se hace llamar con orgullo “Tirofijo”, no puede tener calificación alguna para regir sus destinos y menos para gobernar un país. Pero también saben que ha sido muy hábil al rodearse de los mas cínicos, infames y crueles guerreros que han sabido instaurar el régimen del terror en todas las regiones que dominan. Lo saben desde el más sencillo campesino que tiene que entregar sus gallinas y sus hijos a la guerrilla, o el humilde camionero que ve como le queman su único medio de vida en una carretera, o el empresario que tiene que abandonar el esfuerzo de toda una vida porque no es capaz de pagar las cuotas que se le exigen, para poder ver a su familia con vida.

La verdad es que guerrilla y narcotráfico han prosperado gracias a una diabólica simbiosis que ha permitido que Colombia se convierta, por cuenta de unos pocos criminales, en el centro de la droga y la violencia del mundo. La guerrilla protege a los narcotraficantes y gracias a la aceptación de la violencia como recurso político que lograron incorporar a la sociedad, las mafias prosperaron en Colombia como en ningún otro país. La cultura y métodos de la Mafia en poco se distinguen de los de la guerrilla. La vida no tiene valor alguno. Matan sin consideración al que no los apoya. Asesinan sin piedad al que no cumple sus contratos, sea anciano, mujer embarazada o niño. Han refinado y desarrollado todas las formas de secuestro convirtiendo a Colombia en el centro mundial de trafico de vidas humanas.

La verdad es que los guerrilleros de Colombia han sido muy hábiles para crear confusión conceptual en Colombia y reclutar idiotas útiles en la intelectualidad internacional. Mientras el gobierno colombiano ha utilizado sus recursos diplomáticos para pagar favores políticos, la guerrilla ha sido capaz de armar, con sus crecientes recursos del crimen, una muy activa diplomacia internacional que se encarga de maximizar y resaltar cada exceso del Ejército o cada acción de los paramilitares, e ignorar por completo todas las atrocidades cometidas por ellos. Los periodistas, políticos, jueces, y lideres nacionales, son amenazados o pagados para impedir que se levante un frente que los denuncie. Y los periodistas y ONG’s de derechos humanos son dirigidos y manipulados. Cuando visitan el país son “llevados de las narices” y se les muestra únicamente lo que estos grupos quieren que vean.

La verdad es que la mayoría de los colombianos que sí han vivido el clima de horror, se asombran cada que ven los informes de la prensa internacional y no pueden entender cómo pueden presentar una visión tan parcializada. Pero los que están en Colombia saben que ponen sus vidas en riesgo, si tratan de contrarrestar la tendencia. Y los que están por fuera, no tienen cómo manifestarse o temen que los identifiquen y no hablan por proteger a los familiares que aun tienen en Colombia. Son muy escasos los periodistas que no llegan guiados o contactados por estas poderosas organizaciones, que pueden mostrarle al mundo lo que está ocurriendo en Colombia.

La verdad es que los derechos humanos de la gran masa de colombianos que viven y trabajan honestamente, sometidos al permanente asedio o amenaza de los criminales, son violados y desconocidos por ONG’s y medios, que organizan grandes despliegues cuando uno de los suyos es afectado, pero ignoran sistemáticamente la realidad de todos los secuestrados y asesinados que no pertenecen a su círculo.

La verdad es que los paramilitares han surgido como reacción a las atrocidades de la guerrilla. Sus accionar resulta tan criticable porque usan los mismos métodos de la guerrilla. Sus más activos miembros han visto asesinar a sus padres, secuestrar a sus hijos, torturar a sus hermanos a manos de alguno de los variados grupos en que se dividen los guerrilleros. Y a pesar de que su accionar tiene similares características criminales al de sus oponentes, han manifestado repetidamente que están dispuestos a desmontar su organización si se acaba la violencia de la guerrilla.

La gran mayoría de los colombianos de todas las clases sociales, han perdido la esperanza de vivir en un país civilizado porque han presenciado con tristeza cómo se aplica la desquiciada estrategia de la destrucción, con voladura de oleoductos, torres de energía, hidroeléctricas, puentes, ataques y devastación pueblos inermes. Porque han aprendido a convivir con la masacre de humildes policías y soldados, el selectivo asesinato de personalidades y el secuestro y boleteo aplicado a todo el que haya logrado un nivel de vida que sería evaluado como mediano en cualquier otro país.

La verdad es que colombianos de todos los niveles sociales están emigrando en forma masiva. Hastiados de la criminalidad y el delito, salen a buscar el orden y respeto que su gobierno no es capaz de proporcionarles. En su peregrinar en busca de un destino mejor, son discriminados por la sola razón de su pasaporte y clasificados como delincuentes hasta que logren demostrar lo contrario. Y aun en el exilio, siguen atemorizados y no son capaces de hacer conocer la realidad de su país por temor a que la larga mano de la guerrilla le llegue a sus familiares en Colombia. Por eso este documento se disemina sin la firma original, por todos los colombianos que quieren contribuir a que al mundo se le presente la verdad del genocidio que está ocurriendo en Colombia.

La verdad es que Colombia esta siendo arrastrada progresivamente hacia una guerra civil gracias al soporte político que poderosas ONG’s y gobiernos socialistas le dan a los guerrilleros. Con ese apoyo compran armas, hacen sus movimientos financieros y han logrado montar una efectiva estrategia de “derechos humanos”, que bloquea constantemente el accionar del Ejército: cada que este, con todas sus limitaciones legales, logra atestar un golpe contra la guerrilla, es hábilmente presentado como masacre de inocentes campesinos. El Ejército debe seguir dispendiosos procedimientos para detener y juzgar un subversivo que tiene todos los derechos políticos, por más criminal que haya sido su delito. En cambio, la guerrilla ataca al ejercito con la clásica estrategia de guerra sucia: emboscadas, bombas, ataques masivos de 200 guerrilleros a puestos de 5 policías. Nunca estos actos de horror y violación de los más elementales derechos de unos trabajadores del Estado y sus familias, son presentados hacia fuera o incluidos en las estadística.

Si usted conoce la verdad de lo que ocurre en Colombia y quiere ayudar a que los demás la conozcan, reproduzca este documento o describa la realidad con sus palabras y hágalo circular con todos sus contactos.

Si usted es periodista o miembro de una ONG de derechos humanos, sea honesto con su trabajo. Vaya a Colombia. Viva un tiempo. Conozca a la gente. Entérese de la verdad. No siga la formula simple de entrevistar unas pocas personas dirigidas y orientadas. No se deje llevar a donde lo quieren llevar.

Si usted no está de acuerdo con lo escrito edúquese, conozca lo que está pasando en política en el mundo. Recorra a Colombia, escuche el clamor de sus compatriotas. Una sociedad no se construye con el crimen y, aunque triunfe la guerrilla, el delito no podrá sentar nunca las bases de una sociedad viable.

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