Esta dudosa hipótesis se asemeja mucho a ideas que, en su momento, tenían la solidez de un dogma. Por ejemplo, primero se creyó que el negocio de las drogas se terminaría con la muerte de Pablo Escobar; luego, la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela se consideró como la conclusión de tan amargo capítulo. Hoy sabemos que la ausencia de cabecillas fuertes generó una gran dispersión de este delito y pudo favorecer el ingreso de las Farc al mismo y el tránsito de narcos a ‘paras’ y hasta de ‘paras’ puros a narcotraficantes. Eso, con consecuencias probablemente más negativas que positivas.

Supongamos, en gracia de discusión, que el negocio de las drogas se legaliza no sólo en Colombia sino en el mundo, pues nada nos ganaríamos con hacerlo sólo nosotros y caer en la desgracia de ser vistos como un país paria. ¿Alguien, en realidad, puede considerar seriamente que eso es la solución a la violencia y al delito en nuestro país, que quienes están ávidos de dinero fácil van a dar su brazo a torcer?

Pablo Escobar inició su carrera criminal robando lápidas en los cementerios para revenderlas. Luego robó carros y hasta se presume que su mente criminal estuvo detrás del secuestro y asesinato del industrial Diego Echavarría Misas, ocurrido en 1971. Su llegada al mundo del narcotráfico tuvo ocasión al descubrir los exorbitantes dividendos del negocio de las drogas, los que a su vez catapultaron el poder de ese delincuente a niveles insospechados, pero su esencia delictiva no dependía del tráfico; de hecho, en su familia había antecedentes por contrabando.

Se podría decir con una certeza prácticamente absoluta que la legalización de las drogas no arrojaría ningún efecto positivo en Colombia porque los delincuentes –que eso son los narcotraficantes– buscarán cualquier otro medio ilícito para satisfacer sus apetitos. No en vano podemos ver la influencia de costumbres mafiosas en decenas de prácticas legales e ilegales en el país. El mototaxismo, la venta de minutos a celular, los préstamos conocidos como ‘gota a gota’, los limpiavidrios en los semáforos, los cuidadores de carros, las ventas ambulantes, la mendicidad, los celadores ‘piratas’, etc., son actividades informales controladas con criterios mafiosos: una sola persona es propietaria de 100 motos o de 100 celulares y es quien se lleva las ganancias, o ejerce por la fuerza el control del espacio público para recaudar retribuciones ilícitas, pues calles, esquinas y semáforos tienen ‘dueños’ y hay que pagarles.

Es cierto que las cifras de la lucha antinarcóticos son desalentadoras: Colombia cada vez fumiga más hectáreas pero la producción no disminuye; cada vez se capturan, se extraditan o se dan de baja más delincuentes, pero los herederos pululan; cada vez se corrompen más funcionarios públicos y cada vez son más los muertos y las vergüenzas de un rosario de padecimientos interminables. Y decimos con facilidad: “el culpable del problema no es quien produce las drogas sino quienes las consumen”. Sin embargo, cabe esperar que la legalización de las drogas arroje la certeza de que el negocio de los narcóticos es apenas un medio y no un fin; el fin es enriquecerse a como dé lugar y el medio depende de circunstancias históricas. Eso tan obvio es lo que no ven los partidarios de la legalización.

Publicado en el periódico El Mundo, el 11 de agosto de 2008 (www.elmundo.com).

Artículos relacionados:

• El referendo de California (y 2)
• Las drogas y el mito holandés
• Legalizar, ¿la vía fácil?
• El referendo de California
• Gomorra, de Matteo Garrone

Del primero deben ocuparse los obispos y los doctores de la Iglesia Católica, del segundo nos debemos ocupar todos los colombianos de bien. Al respecto deben hacerse varias consideraciones: que la vida es el don más preciado de todo ser humano, que existe el concepto de «propiedad privada», y que el Estado incumple su obligación primaria de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

Preservar la vida es una actitud que empieza por preservar la propia; si cuidamos nuestra vida podemos cuidar las de los demás. Juan Pablo II, en una de sus encíclicas, justifica el asesinato cuando es una respuesta a la actitud violenta del otro. Es decir, el ladrón buscó su muerte al ingresar a un ámbito privado porque puso en peligro la integridad de decenas de monjas. Así, a la acción del ladrón se produjo la reacción de las religiosas.

El suceso se originó al violar una propiedad privada, concepto que muchos colombianos parecen ignorar pues no se trata solamente del hurto calificado. Aquí ha hecho carrera robar libros en bibliotecas, salir de restaurantes sin pagar, no devolver las cosas que nos prestan y mil etcéteras. La inmoralidad popular ha fabricado frases como «las cosas son del que las necesita» o «no se sabe quién es más bobo si el que presta libros o el que los devuelve». Por eso es que en todo el mundo los colombianos tenemos fama de ladrones, incluso más que de narcotraficantes (¡qué vergüenza!).

Y como el Estado colombiano no es capaz de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos le toca a uno armarse (que no es lo ideal), encomendarse a todos los santos y defenderse como las circunstancias lo ameriten: preparar, apuntar y disparar, porque nadie tiene derecho de meterse en domicilio ajeno y si uno no actúa puede terminar en Medicina Legal, acostado en una mesa de disección.

Me preguntó si ese 39% que no apoya a las monjitas serán los ladrones de Colombia o si tan sólo son compatriotas cándidos que ven en un ladrón a un pobre ser humano que da lástima cuando es asesinado. Lo cierto es que estas monjas se merecen el cielo y la Cruz de Boyacá porque si el Estado no aplica la pena de muerte, la tenemos que aplicar los ciudadanos de bien (el 61%) para salvar a Colombia de las tinieblas del crimen y de la ingenuidad. ♦

Artículos relacionados:

• La cadena perpetua es poquito
• ¿Legalizar para qué?
• El monstruo, el mono y los demás
• La copa de la vida está vacía
• Plebiscito contra la violencia

El fin de semana último, en el barrio Belén Aguas Frías (un barrio pobre), un joven asesinó a una vecina y a su hija, e hirió a otra hija de la víctima y a una vecina, y todo por un balón, por un miserable balón viejo: de la cancha de fútbol patearon fuerte el balón y cayó en el techo de la casa de la señora, quien ya antes se había negado a entregar otro balón.

La solución más expedita era ir a la casa por el «fierro» y matar a la «cucha» y a todo el que se atravesara porque la impunidad es fértil en Colombia, donde los pobres puede que no tengan para comer pero no les falta para el arma; aquí cualquiera tiene revólver o pistola, y casos se han visto de delincuentes comunes con ametralladoras y fusiles de largo alcance.

Colombia es el único país del mundo donde cualquier pendejo lo mata a uno. Por mirarlo. Por mirarle el trasero a su moza de turno. Por cerrarlo con el carro. Por pitarle. Por poner la música a alto volumen. Por no dejarse banderiar. ¿Por no dejarse banderiar? Sí, por no dejarse molestar como Andrés Escobar.

Con un violento no se puede alegar ni por un gol porque termina uno con huecos en el cuero. Cuando Humberto Muñoz Castro, trabajador de los hermanos Gallón Henao, asesinó a Andrés Escobar, el alcalde de Medellín de ese entonces, Sergio Naranjo, prohibió el porte de armas con o sin salvoconducto. Hubo controles y numerosos decomisos. La medida se mantuvo uno o dos meses y luego se cayó porque tenía muchos enemigos; gente irracional que piensa que «uno tiene derecho a estar armado para defenderse».

Nada más falso. Uno solo con un revólver no puede hacer nada frente a cinco bandidos armados hasta los dientes. Para eso debe existir una Policía muy fuerte que nos defienda a todos y las armas deben ser exclusivas del Estado: del Ejército y la Policía.

¿A quién le conviene lo otro? A los delincuentes primero que todo, pero también a las funerarias y a la industria militar: a los comerciantes de la muerte. El arma que asesinó a Andrés Escobar estaba amparada: fue vendida por la Cuarta Brigada de Medellín. ¿Qué hacía un arma ‘legal’ en manos de un individuo con antecedentes penales, que trabajaba para personas de dudosa reputación?

Que un Estado venda aguardiente para pagar la salud y la educación es pasable pero que venda las armas con las que se asesinan 30 mil colombianos al año es imperdonable. El 90 por ciento   de los colombianos de bien no tenemos armas, no las necesitamos porque ni siquiera seríamos capaces de usarlas, pero somos víctimas de esos colombianos que nos avergüenzan ante el mundo.

En nuestro país debe haber un desarme total ordenado y controlado por el alto Gobierno, porque a grandes males grandes soluciones. ¿Cuándo tendremos políticos honestos que paren el desangre con medidas efectivas? Ya lo dijo el Nuncio Apostólico el año anterior: «Colombia es un peligro para el mundo». Cuando Estados Unidos opine lo mismo nos someterá como a Irak y a Yugoslavia. Hay que cambiar y un buen comienzo es desarmando a la población. ·

Artículos relacionados:

• Armas e intolerancia
• ¿Prohibir el porte de armas?
• Corre sangre bajo el puente
• Armas, pensiones y tetas
• Una justicia sectaria