El caso lo comenté en una columna escrita en ese entonces: “La CIDH acaba de condenar al Estado colombiano por la masacre de 17 contrabandistas en Antioquia, ocurrida en 1987. Pero esa masacre no la cometieron miembros o representantes del Estado sino grupos paramilitares, y se condena al Estado bajo la falsa premisa de que éste alentó el desarrollo de los grupos de autodefensa en el país” (Aberrante fallo jurídico, El Mundo, 12/08/04).

Una de las cosas que hace incomprensible el fallo de la CIDH es que no había impunidad, la justicia colombiana halló a los culpables y los castigó, pero eso no le importó a la Corte: “En esta masacre, a diferencia de la gran mayoría de los asesinatos perpetrados en Colombia (se dice que la impunidad es del 96%), se han declarado culpables intelectuales y materiales. Los primeros son Henry Pérez y su padre Gonzalo, jefes paramilitares de Puerto Boyacá, asesinados en 1991; y de los segundos hay cinco presos, a pesar de lo cual la CIDH no se sintió conforme y dictó un fallo salido de razón: culpar a un ente incorpóreo con base en presunciones y hechos inconsistentes”.

Adicionalmente, con el fin de desprestigiar al Estado colombiano como violador de los Derechos Humanos, la CIDH se apoyó en un argumento verdaderamente absurdo: “que el Estado es cómplice de los paramilitares porque al amparo de un decreto de 1965, permitió armar a particulares con armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. ¿Dónde dejó la Corte el principio de la personalidad de la pena según el cual la responsabilidad penal es individual? ¿Eso quiere decir, acaso, que si alguien asesina a otro con un revólver ‘legal’, el Estado es imputable por complicidad en dicho crimen?

Como si no fuera suficiente, la CIDH se saltó a la torera otro postulado universal del Derecho Penal que dice que a igual delito, igual pena, pues si el Estado colombiano fue culpable de esta masacre, habría que responsabilizarlo, de acuerdo a la dialéctica de este tribunal, “de todas las masacres cometidas por las autodefensas pero también de todos los crímenes de la guerrilla, del narcotráfico, de la delincuencia común, etc.”. Es decir, si este crimen común constituyó una transgresión de esos derechos, todo crimen de la misma especie configura la misma infracción sin importar quiénes fueron sus autores, porque una sanción penal no puede impartirse con sesgo político.

Sin embargo, ningún crimen de las guerrillas ha sido contemplado como una violación de tales derechos porque para las ONG que se autoproclaman como defensoras de los mismos, “los actos de la subversión son maniobras de ‘oposición (política) armada’ que no constituyen violación ni vejamen alguno, si acaso un padecer histórico que mañana será recuerdo de la gesta emancipadora”.

Pero tal vez lo más descarriado de este fallo, y lo que lo hace inaceptable, es que las víctimas no eran ‘comerciantes’, como los llama la CIDH, sino unos contrabandistas que pasaban mercancía por trochas del Magdalena Medio, lejos, por razones obvias, de la acción —y la protección— de las autoridades. La realidad es que —como lo dije en aquella columna— “unos delincuentes (paramilitares) mataron a otros delincuentes (contrabandistas)”, y no deja de ser inconcebible que el Estado (que somos todos y con nuestra plata) deba “indemnizar a las familias de las víctimas y hacerles estatuas y todo… ¡qué aberración!”.

(Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 19 de diciembre de 2011)

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Para la extrema izquierda, mentir es un recurso habitual. Lenin acuñó la frase de que “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. Por eso no es extraño encontrar grandes fraudes como mampara de sus denuncias, como quedó al descubierto, con respecto al tema sindical, en el libro El gran fraude del investigador Libardo Botero. El día que se hagan verdaderos censos de desaparecidos y desplazados, veremos que ninguno de esos asuntos es de la magnitud con que los pintan. Los desaparecidos de la guerra sucia no superan el 10% de los casos reportados y en cuanto a desplazados, priman los migrantes por razones económicas en razón a la difícil vida del campo.

Basta ver que según el Personero de Medellín Jaime Herrán Vargas, hasta junio hubo 407 denuncias por desaparición, de las cuales solo 40 eran casos de desaparición forzada; valga decir, desapariciones de tipo violento que implican la muerte de la víctima. Igualmente, en todo 2010 hubo 832 casos reportados, pero solo 57 fueron desapariciones forzadas (El Mundo, 02/10/11). Los demás casos corresponden, en su mayoría, a desapariciones voluntarias o a raptos relacionados con la trata de personas. Sin embargo, a todas las desapariciones —incluso las de fin de semana de maridos infieles— se les suele dar tinte político.

Otro filón de falsas denuncias es el de los señalamientos a militares. El caso del Palacio de Justicia es paradigmático. El coronel Alfonso Plazas enfrenta una condena de 30 años por un proceso inquisitorio plagado de mentiras que se han ido derrumbando, a pesar de lo cual sigue en la cárcel. Ni qué decir del general Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años precisamente por los falsos hechos de Mapiripán, de los que no tenía responsabilidad alguna por estar fuera de su jurisdicción. Su condena también se debe a un montaje del colectivo Alvear Restrepo al que, en palabras de Gustavo Petro en el Senado, “le parecía más importante la condena de un general que de un mayor (Orozco, quien sí tenía el mando de las tropas)”.

Seguramente el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo tratará de lavarse las manos y les endosará la responsabilidad de esta maquinación a campesinos que a duras penas saben firmar. Pero no hay que llamarse a engaños, estos montajes son la razón de ser de un sinfín de organizaciones movidas por oscuros intereses que van de lo monetario a lo ideológico. Organizaciones que demandan y hacen escándalo por víctimas de paramilitares o de fuerzas de seguridad del Estado pero nunca por los crímenes de las guerrillas. Organizaciones para las cuales, por definición, la violación de derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad son actos exclusivos del Estado y sus ‘cómplices’, pero nunca de los subversivos porque a estos los cobija el ‘derecho’ a la rebelión. Curiosa doctrina que los caracteriza como compañeros de ruta de la subversión.

Y todo esto pone al descubierto también el peligroso camino que atravesarán las leyes de Víctimas y Tierras. Ya lo habíamos advertido.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 31 de octubre de 2011)

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Estimada ciudadana comprometida:

Gracias por su carta en la que expresa la preocupación por el trato que damos a los terroristas talibanes y de Al Qaeda en manos de las Fuerzas Armadas Canadienses.

En atención a las quejas que recibimos de ciudadanos comprometidos como usted, hemos creado un nuevo programa de pacifismo e integración para los terroristas.

De acuerdo con ese programa, hemos decidido seleccionar un terrorista y colocarlo bajo la dependencia de la familia de usted.

El próximo lunes tendrá usted en su casa a Alí Mohamed Amé Ben Mahmud (puede llamarlo simplemente Amé).

Espero que puedan tratarlo amablemente tal como exigía usted en su carta de protesta, lo más probable es que necesite usted contratar a algunos ayudantes para esa misión.

Cada semana nuestro departamento le va a hacer una visita de inspección para comprobar que se tienen en cuenta los principios de buen trato que exigía usted en su carta.

Debo advertirle que Amé es un psicópata extremadamente violento, pero confiamos en que, con la sensibilidad que usted manifestaba en su carta, logrará superar ese inconveniente.

Insistimos en que su huésped resulta extremadamente eficiente en el combate cuerpo a cuerpo y que puede matar con un lápiz o un cortaúñas, además, Amé es un experto en fabricar artefactos explosivos con productos caseros; así que tenga bien guardados esos productos a menos que en su opinión esa decisión pueda ofender a Amé.

El terrorista no querrá relacionarse con usted o con sus hijas (excepto sexualmente) puesto que él considera a las mujeres como meros objetos, ese es un aspecto muy sensible, puesto que se le han observado tendencias violentas respecto a las mujeres que no cumplen con el atuendo islamista, así pues, confío en que a usted no le moleste llevar el burka; de ese modo contribuirá usted a respetar la cultura y las creencias que manifestaba en su carta.

Gracias otra vez por su preocupación, estamos reconociendo a las personas como usted e informaremos a nuestros conciudadanos de su cooperación.

Buena suerte y que Dios le bendiga.

Atentamente

Gordon O’Connor
Ministro de Defensa

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En efecto, lloran como plañideras los miembros de muchas ONG que, por años, han retorcido la imagen del país en el exterior, vendiendo la idea de que aquí se violan sistemáticamente los derechos humanos. Pues ese concepto es el que Europa (el Tribunal de Estrasburgo) ha comprado para negar la extradición de Klein. Y como si no fuera suficiente que esas ONG de izquierda resultaran siendo ‘víctimas’ de su propia medicina, se pretende culpar al ex vicepresidente Francisco Santos por haber expresado que el mercenario israelí tenía que pudrirse en una cárcel colombiana. ¿Acaso no es esa la contundencia que se ha reclamado contra los ‘paras’ y sus cómplices, incluso desde Europa?

La verdad es que tras las lágrimas de cocodrilo solo hay un afán de vindicta. Estas personas nunca han pedido que se haga justicia con los muchos terroristas que han instruido a miembros de las Farc tanto en el país como en el extranjero. El caso más paradigmático es el de los tres famosos terroristas del Ejército Republicano Irlandés, James Monaghan, Martin McCauley y Niall Connaly, que vinieron a entrenar a las Farc en el Caguán, siendo detenidos cuando salían del país para, meses después, ser liberados sospechosamente por un juez.

A los activistas del desgastado marxismo no les preocupa, en lo más mínimo, que los irlandeses estén protegidos en su país por los acuerdos del Viernes Santo y que ello constituya un monumento a la impunidad. A fin de cuentas, ellos persisten en el argumento falaz de que los crímenes de la subversión son ‘altruistas’ mientras los cometidos por narcos y paramilitares son crímenes de lesa humanidad. Es decir, según esa aberración, las víctimas de las guerrillas no valen nada.

A decir verdad, lo que muchos buscan con la extradición de Klein, como el senador Juan Manuel Galán, es que este denuncie en Colombia “a empresarios, políticos y militares” que hayan tenido alguna relación con la expansión del paramilitarismo en los años 80, para aplicarles la estrategia instaurada por la Corte Suprema de Justicia en los casos de la parapolítica: cárcel para cualquiera que sea incriminado sin importar la precariedad de la confesión.

Por otra parte, el oportunismo de estos antropófagos también puede apreciarse en el caso de los graves hechos acaecidos en Tame (Arauca), donde el subteniente del Ejército Raúl Muñoz, un criminal aborrecible que se coló en las filas de la institución, violó dos niñas y asesinó a una de ellas junto con sus dos hermanitos. Pues bien, de inmediato aparecieron las insinuaciones de que el crimen era atribuible a toda una compañía de la Brigada 18, con expresa responsabilidad del mando superior, y que este tipo de abusos son comunes por parte de uniformados. Incluso la ONU, y su delegado en Colombia, saltaron a la palestra como un vampiro sobre su presa cuando, generalmente, esta entidad poco interés manifiesta por las continuas violaciones y asesinatos de menores que quedan en la impunidad, y mucho menos por los que son cometidos por las guerrillas.

Son tan tendenciosas las actitudes de los miembros de diversas ONG frente a casos como este que a pesar de que se ha demostrado que el criminal fue un solo individuo –un sádico que mancilló el honor militar y sobre quien debe caer todo el peso de la ley–, y que el acto se cometió al margen de cualquier actividad militar, alientan la idea de que los culpables fueron, necesariamente, varios militares, y que este es otro eslabón más de la supuesta cadena de infracciones y violaciones de los derechos humanos atribuibles al Ejército de Colombia. Veremos, en próximos días, cómo convierten este triste acontecimiento en otra campaña de desinformación en contra de nuestra fuerza pública.

(El Mundo, 15 de noviembre de 2010)

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Los amigos de las Farc —como Piedad— pusieron en duda la autoría del crimen del Gobernador a pesar del reconocimiento velado que hicieron los guerrilleros al acusar a su víctima de tener vínculos con el paramilitarismo. Es decir, un hombre al que secuestraron previamente en cuatro ocasiones —sin que los gobiernos de la época movieran un dedo para evitarlo—, tiene que ser sospechoso de haberse aliado con paramilitares para defenderse. Por tanto, era un objetivo militar ‘válido’ para quienes creen que las guerrillas tienen el propósito altruista de ‘liberar al pueblo de la oligarquía explotadora’.

A la vez, hay una sutil argucia según la cual, por definición, los derechos humanos sólo son violados por el Estado —y su fachada oculta, que serían los ‘paras’—, pues los grupos subversivos no están obligados a respetarlos. Esa treta tiene otras facetas, como la de considerar criminales a las empresas que pagaban extorsiones a grupos paramilitares y como víctimas a las que se las  pagaban a las guerrillas. A las unas se les considera como instigadoras de asesinatos de sindicalistas y aliadas del paramilitarismo con fines de lucro. A las otras, en cambio, se les exonera de cualquier responsabilidad, aún cuando hay indicios de colaboración indebida.

Este estado de cosas hace mucho rato llegó a cortes internacionales dedicadas, supuestamente, a la protección de los derechos humanos. Desde hace más de una década, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, viene fallando contra el Estado colombiano cualquier demanda sobre crímenes cometidos por la Fuerza Pública o por grupos paramilitares con el argumento de que son flagrantes violaciones de tales derechos o, cuando menos, porque se acusa al Estado de haber fallado en la protección de los civiles como es su obligación. Incluso, los hechos se pervierten hasta el extremo de llamar ‘comerciantes’ a un grupo de 17 contrabandistas que fueron asesinados por paramilitares en el Magdalena Medio en 1987, y obligar al Estado a indemnizar a las familias de las víctimas.

Pero quien vaya ante esa Corte a solicitar un castigo contra el Estado colombiano por los secuestros y asesinatos cometidos por las Farc, pierde el tiempo; lo mismo que quien vaya a solicitar medidas de protección especial ante las amenazas de la guerrilla, en tanto que sí las reciben quienes denuncien estar en riesgo por acción u omisión del Estado, como han hecho algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para estos, el sistema interamericano pidió medidas cautelares, para Manuel Moya y Graciano Blandón hubo un portazo en la cara.

El mismo día que la Corte Interamericana negó medidas cautelares para Moya y Blandón, el pasado 17 de diciembre, las Farc los asesinaron en el Chocó. Ambos eran objetivos militares de ese grupo terrorista por denunciar su responsabilidad en el desplazamiento de comunidades negras de sus territorios ancestrales, en connivencia con varias ONG como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz —del sacerdote Javier Giraldo— y la canadiense PASC.

Claro que también falló el Estado al negarles protección mientras —como dice Rafael Nieto en El Colombiano (28-12-2009) — la gente de izquierda goza de carros blindados y guardaespaldas. ¿Acaso la presión internacional nos ha hecho vergonzantes de los muertos de la izquierda e indiferentes con los que no comulgan con los subversivos?

La verdad del caso es que si los sistemas que dicen defender los derechos humanos siguen demostrando tan descaradamente su inclinación política, el Estado colombiano debería desconocer sus fallos e ignorar su competencia o ¿será mejor decir, su incompetencia?

Publicado en el periódico El Mundo, el 3 de enero de 2010

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En la Cuba comunista se prohibe:

1- Viajar al exterior sin permiso del gobierno. Aunque se cuente con una visa aprobada y los pasajes de avión, únicamente se puede abandonar Cuba con un salvoconducto oficial (la conocida Tarjeta Blanca) cuyo proceso de obtención puede tomar años y en muchos casos nunca ser otorgada. Los trabajadores vinculados a la salud, aquellos de los ministerios del estado, de las fuerzas armadas, o los deportistas de alto rendimiento, entre otros, deberán esper ar al menos 5 años, pero en la mayoría de los casos nunca recibirán el dichoso permiso.

2- Viajar al exterior por motivo de trabajo con esposa y/o hijos (con excepción de algunos altos funcionarios oficiales

3- Cambiar de trabajo sin permiso del gobierno.

4- Cambiar de domicilio. Las permutas obligan a someterse a decenas de regulaciones.

5- Publicar cualquier cosa sin permiso del gobierno.

6- Poseer una computadora personal, un fax o una antena parabólica.

7- Acceso a Internet. La Internet está estrechamente controlada y vigilada por la seguridad del estado. Sólo el 1.7 % de la población tiene acceso a internet.

8- Mandar a sus hijos a un colegio privado o religioso. Todas las escuelas son del estado comunista.

9- Practicar cualquier culto religioso sin penalizaciones. Los adultos pueden ser despedidos de sus trabajos; a los niños se les puede expulsar de la escuela.

10- Pertenecer a cualquier organización independiente de carácter nacional o internacional, con excepción de las gubernamentales (Partido Comunista, Unión de Jóvenes Comunistas, Comités de Defensa de la Revolución , etc)

11- Ver o escuchar emisoras de radio y televisión privadas o independientes. Todos los medios de difusión son propiedad estatal y están dirigidos por el gobierno. Los cubanos escuchan o ven ilegalmente la Voz de las Américas, Radio y TV Martí , etc.

12- Leer libros, revistas o periódicos, con excepción de aquellos aprobados/publicado-s por el gobierno (todos los libros, revista o periódicos son publicados por el gobierno ). No existe prensa independiente autorizada. Leer ’1984′ o Rebelión en la Granja ‘ de George Orwell es tan subversivo como tener una revista Sputnik o Novedades de Moscú del período de la Perestroika.

13-Recibir publicaciones del extranjero o de visitantes (punible con cárcel según la Ley 88) ..

14- Comunicarse libremente con periodistas extranjeros.

15- Visitar o quedarse en hoteles, restaurantes, playas, y complejos para turistas (de donde están excluídos los cubanos).

16- Aceptar regalos o donaciones de visitantes extranjeros.

17- Buscar empleo en compañías extranjeras establecidas en la isla sin la aprobación del gobierno.

18- Poseer negocios propios (propiedad privada). Aunque algunos negocios muy pequeños han sido aprobados por el gobierno han sido sometidos a impuestos y regulaciones asfixiantes.

19- Ganar más de la tarifa establecida por el gobierno para todos los empleos: 7-12 dólares al mes para la mayoría de los trabajos, 15-20 dólares al mes para los profesionales, como médicos y funcionarios del gobierno.

20- Vender cualquier pertenencia personal, servicios, productos alimenticios preparados en casa o artesanía casera sin la aprobación del gobierno .

21- Pescar en las costas o subirse a un bote sin permiso del gobierno.

22- Pertenecer a un sindicato independiente (sólo hay uno: el gobierno controla los sindicatos y ningún contrato, individual ni colectivo está permitido;tampoco huelgas o protestas).

23- Organizar cualquier equipo deportivo, actividades deportivas y actuaciones artísticas sin permiso del gobierno.

24- Reclamar cualquier premio monetario, o tratar de actuar en el extranjero.

25- Escoger un médico o un hospital. Todos los asigna el gobierno.

26- Buscar ayuda médica fuera de Cuba.

27- Contratar a un abogado, a no ser que esté aprobado por el gobierno.

28- Negarse a participar en manifestaciones o demostraciones masivas organizadas por el Partido
Comunista . La negativa a participar en concentracione s como las del 1ro de mayo o del 26 de julio, implica el ser categorizado como desafecto al régimen y quedar expuesto a las consecuencias que se derivan.

29- Negarse a participar en el trabajo ‘voluntario’ para adultos y niños.

30- Negarse a votar en elecciones con un partido único y candidatos nominados por el gobierno… (Fidel Castro no es ‘elegido’ por voto directo. Su nombre nunca aparece en las botetas).

31- Aspirar a un cargo público a no ser aquellos escogidos a dedo por el Partido Comunista .

32- Criticar o simplemente cuestionar las leyes represivas del régimen, o cualquier comentario o decisión de dirigentes, o del máximo líder.

33- Transportar productos alimenticios para consumo personal o familiar de una provincia a otra. Las maletas de los viajeros son continuamente revisadas por la policía en los trenes, omnibus, carros particulares, bicicletas y cualquier medio de transporte, en busca de viandas, azúcar, café o carne, entre otros. Productos que son confiscados y sus portadores son procesados judicialmente por tal ‘delito’.

34- Matar una vaca. Los campesinos propietarios de ganado vacuno no pueden sacrificar sus propias reses para consumo y mucho menos para vender la carne. Este delito grave se sanciona con cinco años de cárcel.

35- Comprar o vender inmuebles y terrenos. Los ‘propietarios’ de las casas no pueden venderlas y únicamente las permutas, es decir, las cambian, (entre casas similares) con muchas regulaciones, se permiten. Aunque menos del 6% de las tierras agrícolas quedan en manos de campesinos (el resto fue expropiada en la primera década de la revolución) los ‘propietarios’ tampoco pueden vender sus terrenos.

36- Importar al país los siguientes equipos eléctricos: freezer, acondicionadores de aire, cocinas y hornillas, incluyendo resistencias; hornos y microwaves, calentadores de agua, duchas, freidoras, planchas y tostadoras de pan.

37- Regresar a vivir al país después de haber emigrado. Los que un día deciden visitar a sus familiares en Cuba necesitan visa-permiso para volver a la tierra que los vió nacer y deberán obtener un pasaporte cubano (aunque ya tengan otra nacionalidad oficialmente reconocida). El proceso cuesta más de 450 dólares, sin incluir pasajes y otros gastos. Cuando el permiso de entrada es denegado, el dinero queda en manos del gobierno cubano.

38- Visitar fuera de Cuba a un ‘desertor’ miembro de la familia. Cuando un cubano ‘deserta’ en el exterior en trabajos que el gobierno considera ‘misiones oficiales’ (deporte, ciencia, arte, etc) los familiares deberán esperar al menos cinco años hasta que el gobierno decida si pueden viajar. Los padres, hijos o hermanos no podrán visitar a su ser querido aunque cuenten con visa y pasaje del país en que reside su familiar ‘desertor’.

39- Conservar las propiedades cuando alguien emigra o es capturado en el intento. Cuando un cubano recibe el permiso de salida, su balsa es interceptada en altamar o es repatriado, usualmente sus ‘propiedades’ (casa, televisor, muebles, ropa, etc) son confiscadas. En caso de los repatriados o interceptados en el mar, tambien se verán imposibilitados de volver a trabajar, perderán la libreta de racionamiento (medio por el que obtienen derecho a pagar una paupérrima porción de los alimentos que necesitan), enfrentarán actos de repudio y/o penas judiciales.

40- Escoger libremen te la carrera que se desea estudiar. Un graduado del 12mo grado, independientemente de su índices académicos y la disponibilidad de plazas, no puede seleccionar la
carrera que prefiere estudiar. En el proceso de selección, para las universidades (todas en manos del
estado comunista) priman factores ideológicos asociados al grado de incondicionalidad de los jóvenes y a las ‘necesidades de la revolución’ en ese momento.

41- Invitar a un extranjero a pasar una noche en su casa. Si los vigilantes CDR (Comités de Defensa de la Revolución , es decir, espías de sus vecinos) advierten y denuncian que un extranjero esta pernoctando en la casa de un cubano, se inician investigaciones que generalmente terminan en multas o en el caso de los reincidentes, en la expropiación de la vivienda.

42- Negarse a participar en las Milicias de Tropas Territoriales , CDRs, Brigadas de Respuesta Rápida y cualquier organización represiva del régimen. La negativa es interpretada como una clara muestra de desafecto revolucionario y conlleva castigo.

43- Comprar leche en establecimientos regulados (bodegas) para niños mayores de siete años. Sólo los niños hasta siete años pueden en Cuba a recibir el derecho a pagar una cuota de leche, a partir de esa edad la venta de leche se elimina y sus padres sólo podrán adquirir la leche en el mercado negro, lo que implica una clara violación de la ley.

44- Vivir en libertad y con derechos humanos . Sobrevivir como un ser humano. mucho gusto

45- Decir ABAJO FIDEL… O MUERA FIDEL!! PORQUE ENTONCES TU MORIRAS

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- La hormiga trabaja a brazo partido todo el verano bajo un calor aplastante.

- Construye su casa y se aprovisiona de víveres para el invierno.

- La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa el verano riendo, bailando y jugando.

- Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en su casita donde tiene todo lo que le hace falta hasta la primavera.

- La cigarra, tiritando, sin comida y sin cobijo, muere de frío.

VERSIÓN COLOMBIANA

La hormiga trabaja a brazo partido todo el verano bajo un calor aplastante.

Construye su casa y se aprovisiona de víveres para el invierno.

La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa el verano riendo,bailando y jugando.

Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en su casita donde tiene todo lo que le hace falta hasta la primavera.

La cigarra, tiritando, organiza una rueda de prensa en la que se pregunta por qué la hormiga tiene derecho a vivienda y comida, cuando hay otros, con menos suerte que ella, que tienen frío y hambre.

La televisión organiza un programa en vivo en el que la cigarra sale pasando frío y calamidades, y a la vez muestran extractos del video de la hormiga bien calientita en su casa y con la mesa llena de comida.

Todo mundo se sorprende de que en un país próspero como el suyo dejen sufrir a la pobre cigarra mientras hay otros que viven en la abundancia.

Las asociaciones contra la pobreza, y la Comisión de Derechos Humanos se manifiestan delante de la casa de la hormiga y la llenan de grafitis y consignas.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, manifiesta que posiblemente el Presidente Uribe es el culpable de la discriminación contra las cigarras y del favorecimiento a las oligarcas hormigas.

La corte SUPREMA DE JUSTICIA por intermedio de sus voceros manifiesta que Vivanco tiene la razón.

Los periodistas encabezados por Felix de Bedout organizan una serie de artículos en los que cuestionan cómo la hormiga se ha enriquecido a espaldas de la cigarra…e instan al público a opinar en sus encuestas telefónicas y on line a través de una mañosa pregunta donde tienen qué escoger si son partidarios de la igualdad o de la discriminación. (Como la ‘egoísta e insensible hormiga’)

Respondiendo a las encuestas de opinión, el congreso se pronuncia por una Ley sobre la igualdad económica y una Ley Anti-discriminación.

El Polo por intermedio de sus voceros Carlos Gaviria, Avellaneda y Robledo, citan al Ministro de Salud y piden su destitucion. El Director del Partido Liberal, César Gaviria y Juan Fernando Cristo, respaldan al Polo, pero solicitan pedirle también la renuncia a URIBE.

Evo Morales, Rafael Correa en compañía de Hugo Chavez expiden en su revolución Bolivariana un decreto para que nunca más se permita ocupar casa a las hormigas, y que estas serán del pueblo de las CIGARRAS.

Los impuestos a la hormiga son elevados notoriamente y por si fuera poco, se le asigna una altísima multa porque no se hizo cargo de la cigarra, en el invierno.

La hormiga decepcionada, empaca y termina por irse a otro país, donde su esfuerzo sea reconocido y pueda disfrutar libremente de los frutos de su trabajo… Donde no se le juzgue ni se le castigue cuando tenga éxito.

La antigua casa de la hormiga se convierte en albergue social para cigarras que irresponsablemente se reproducen, que esperan a que alguien llegue a donarles el alimento y los recursos para sobrevivir dignamente… ellas y sus descendientes.

Al gobierno se le reprocha no poner los medios necesarios. Los partidos proponen una comisión de investigación pluripartidista, que costará 100 mil millones de pesos.

Entretanto la cigarra muere de una sobredosis de holganza, comida y cerveza. Los medios de comunicación comentan el fracaso del gobierno para corregir las desigualdades sociales y la injusticia económica… La casa termina siendo ocupada por una banda de arañas inmigrantes.

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Primero. Ejecuciones extrajudiciales ha habido siempre y en todas partes. A veces, el crimen es producto de un error ‘inocente’ y la ‘solución’ es hacer pasar al occiso como un transgresor de la ley; poner en su mano inerte un arma de fuego es una práctica inveterada en todo el mundo. En otras ocasiones, sin duda, se trata de crímenes aleves cometidos con diversos propósitos como acallar testigos, desviar investigaciones, ofrecer un chivo expiatorio, demostrar eficiencia o hacer ver la seguridad como algo necesario. Todo eso es tan viejo como la guerra y esta es tan vieja como el hombre.

En Colombia ha habido casos paradigmáticos, como la mal llamada ‘limpieza social’, práctica a la que han estado vinculados agentes del Estado. En la Medellín de Pablo Escobar, agentes encubiertos ejecutaban masacres de jóvenes en las comunas más pobres, en retaliación por los asesinatos de policías que ordenaba Escobar y ejecutaban sus sicarios. Recuérdese la masacre de Villatina (9 muertos) en 1992. Por eso no le queda bien al ex presidente César Gaviria criticar los asesinatos de hoy cuando siempre ha ignorado los cometidos bajo su administración.

Segundo. Hay personas malévolas o muy mal informadas que se han ido lanza en ristre contra el Gobierno por haber impedido la aprobación de la Ley de Víctimas, arguyendo que si es costosa ello se debe a la gran cantidad de víctimas fruto de las políticas guerreristas del actual gobierno. Nada más falso. La Ley de Víctimas tiene por objeto indemnizar a familiares de personas asesinadas y/o desaparecidas en los últimos 45 años, cuyo número se estima en más de 200.000. Por el contrario, el periodo más pacífico que ha vivido el país desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, han sido los siete años del Gobierno de Uribe, cuyo alto respaldo popular se basa en logros como este.

Tercero. El ‘crimen de Estado’ es un artificio aplicable a cualquier hecho, como el incendio de una guardería en Hermosillo (México) que dejó cerca de 50 niños muertos. Los ‘falsos positivos’ son crímenes de lesa humanidad pero no son crímenes de Estado porque no fueron ordenados por estamentos superiores ni corresponden a un plan establecido para exterminar a una raza, a un partido político o a los miembros de una religión. De hecho, no hubo selectividad en los asesinados puesto que no tienen en común algo más que la pobreza que los hace carne de cañón para los violentos. Su escogencia fue tan fortuita como desventurada.

A diferencia de los Estados criminales –como los de Hitler y Stalin–, aquí no se justifican estos excesos con argumentos moralistas y ni siquiera con la tesis de que son consecuencias inevitables del conflicto. Fue el Estado, en cabeza del Ministro de Defensa, el que develó lo que estaba pasando y se reconoce claramente que se trató de crímenes verdaderamente deshonrosos.

El señor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, ha dicho que estas transgresiones han sido “más o menos sistemáticas” y que no se trata “de unas cuantas manzanas podridas”. Pero es que el señor Alston no ha probado las amargas manzanas colombianas. Las guerrillas, los grupos paramilitares y los poderosos ejércitos de los carteles de las drogas, han sido conformados con muchachos sin ideología alguna y carentes de escrúpulos éticos o morales que, por unas monedas, se unen a cualquier bando y cometen los más horrorosos crímenes. De esos mismos muchachos se nutren los organismos de seguridad del Estado y si los ilegales se atreven a tanto no es inverosímil que muchas balas oficiales se disparen de manera infame, arbitraria y perversa.

Publicado en el periódico El Mundo, el 29 de junio de 2009 (www.elmundo.com).

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No es justo que se condenen sin ponderación los crímenes cometidos por errores de apreciación en el fragor del combate o en medio de patrullajes en zonas de alto riesgo, donde hay una fuerte presencia de guerrillas, narcotraficantes o paramilitares. De la misma forma, pueden ser medianamente comprensibles los asesinatos de sospechosos de pertenecer a grupos irregulares contra quienes no hay pruebas para su arresto. Eso es guerra sucia, sin duda, y constituye una falla en el servicio, una violación de los derechos humanos y un crimen que debe ser castigado por la ley. Pero es entendible que ello ocurra en la medida en que las vidas de los mismos servidores públicos corren un alto riesgo y su condición humana los obliga a preservarla mediante acciones inicuas.

Lamentablemente, estas actuaciones irregulares son como una bola de nieve: no sólo se van haciendo más frecuentes sino cada vez más perversas. Es así como de infamias viejas surgen vergüenzas nuevas. Hace décadas se conoce la mal llamada ‘limpieza social’, una ignominia cometida no sólo por las autoridades sino por todos los grupos ilegales para ganarse el favor de las comunidades eliminando la escoria social: drogadictos, violadores, ladrones, travestis y demás. También es antigua la práctica de ‘legalizar’ crímenes de los paramilitares, sin importar si se trataba de guerrilleros o no, haciéndolos pasar como bajas de combate con las Fuerzas Militares.

Pues bien, de la fusión de tan nefastas prácticas y aprovechando que los marginados no tienen mejores opciones de trabajo que unirse a bandas criminales por la promesa de un salario –lo que también tiene graves connotaciones morales–, a algunas manzanas podridas, de entre más de 250 mil efectivos, se les ocurrió mancillar el honor del Ejército asesinando inocentes para demostrar una supuesta efectividad operativa y, muy seguramente, para embolsillarse alguna parte del dinero de las recompensas que el Estado colombiano les paga a civiles por su información. Pero, además, aquellos que ultrajaron con esas vilezas a la institución más apreciada por los colombianos y a la sociedad misma, se valieron impúdicamente del propósito de incentivar con días de descanso, condecoraciones y ascensos a quienes presentaran mejores resultados. Pareciendo imposible, entonces, que alguien matara por un fin de semana de descanso, esa efectividad se evaluaba teniendo en cuenta el número de bajas enemigas, lo que llevó a unos pocos a poner en movimiento una infame maquinaria asesina que desprestigia al Ejército, deshonra la memoria de los caídos y le sirve a algunos para pedir el desmonte de la doctrina de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe.

Pero pongamos las cosas en perspectiva: no hay ejército en el mundo que pueda asegurar que todas sus actuaciones se ciñen a la moral, a los derechos humanos, al sentido común, al uso proporcionado de la fuerza, etc. Las principales potencias tienen un largo y reiterativo historial: Abu Ghraib, Guantánamo, Beslán, Dubrovka, Osetia y Georgia, el Tíbet…

En Colombia, el primero en reconocer estas irregularidades, ofrecer correctivos ejemplarizantes y clamar por la aplicación de pronta y suficiente justicia ha sido el Gobierno, pues hechos como estos deben convertirse en una oportunidad para perfeccionar y fortalecer la política de seguridad que ha salvado la democracia colombiana, no para desmontarla.

El contrato social por el que se funda cualquier Estado tiene como propósito fundamental el de salvaguardar la vida, honra y bienes de los asociados. Y, para ello, el Estado debe contar con instituciones enérgicas, dinámicas; unas que legislen, otras que apliquen justicia y otras que ejerzan la autoridad. Es por los notables altibajos que desde el siglo 19 ha tenido el Estado colombiano en cuanto a preservar el imperio de la ley, que el país llegó a ser casi un Estado fallido y por lo que aún se sienten fuertes coletazos criminales de lo que algunos califican como una ‘cultura mafiosa’. Volver a lo de antes sería fatal.

Publicado en el periódico El Mundo, el 10 de noviembre de 2008 (www.elmundo.com).

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Se comienza a destapar un nuevo escándalo que involucra a las FF.MM. al conocerse que al menos nueve de más de veinte jóvenes que desaparecieron de Soacha –al sur de Bogotá–, habían sido inhumados en Ocaña (Norte de Santander) en calidad de delincuentes al servicio de bandas disidentes de los grupos paramilitares, que fueron dados de baja en combate por el Ejército. Y si bien es sabido que guerrilleros y paramilitares reclutan carne de cañón en sectores marginados, lo que no cuadra en este caso son las fechas entre el momento de la desaparición y su muerte en combate pues en varios casos apenas hay días de diferencia, lo que hace pensar en un montaje para mostrar resultados.

A lo anterior se suma la acusación contra varios agentes de Policía de haber provocado la muerte de un aficionado de un equipo de futbol en Bogotá, otro caso –grabado en video– en el que un policía embiste a un aficionado con su moto de forma artera y aleve, y la condena contra un agente del Esmad por el homicidio de un estudiante de la Universidad del Valle, ocurrido en septiembre de 2006. Sin duda, la frecuencia de casos como estos es muy preocupante.

A militares y policías les toca hacer el trabajo más duro en un país plagado de delincuentes: combatirlos y estar en sus miras. Y cuando desfiguran su misión convirtiéndola en ‘trabajo sucio’, son censurados por el Estado, aborrecidos por la Sociedad y perseguidos por sus malquerientes, idiotas útiles de sus enemigos naturales, que son los enemigos de todos.

De manera que estos servidores públicos, ante tan delicada tarea y para no exceder sus atribuciones, deberían tener una formación equivalente a un doctorado o un Ph.D., devengar un salario digno de un Senador de la República y estar rodeados de más medidas de seguridad que un piloto de Fórmula 1. Pero no, ocurre todo lo contrario. Un individuo sin cursar estudios primarios puede tener un fusil oficial entre sus manos, sus salarios son algo mejores que los de un celador o un obrero y todo el día están ‘marcando calavera’; o sea, con un pie en la tumba, o sobre una mina quiebrapatas, como mínimo.

Y a estos funcionarios los maltratan sus superiores y la ciudadanía, y entre todos les exigimos resultados. Los tratamos como esclavos que deben lidiar con la escoria social, desde manejar borrachos y controlar vecinos ruidosos hasta enfrentar sicarios, terroristas, narcos…

Policías y soldados muertos o lisiados son cosa sin importancia, frías estadísticas, gajes del oficio. Eso no le importa a nadie. Pero, ¡ay de aquel que provoque una tragedia! No importará la buena fe ni se apreciarán las causas. Más le valdría engrosar las frías estadísticas.

Es así que los culpables de la toma del Palacio de Justicia no son ya los conspicuos líderes del M-19, hoy devenidos en prestantes funcionarios públicos, sino los militares que se vieron obligados a repeler la toma. Igualmente, los culpables de la violencia de los noventa en Urabá no son quienes la sometieron a sangre y fuego sino aquellos militares a quienes se les exigieron resultados. Y, en uno y otro caso, los errores no se sopesan frente a la gravedad de la obligación que tenían entre manos; olvidándose, además, que los hombres de armas no pueden objetar sus deberes porque, para acabar de ajustar, son acusados de cobardía.

Ahora, muchos quieren utilizar los errores de policías y militares en materia de Derechos Humanos para arrinconar al Estado y despojarlo de autoridad moral para cumplir su misión de proteger vida, honra, bienes y hasta creencias de los ciudadanos. Es decir, esto se usa como un argumento para hacer inviable el actual sistema de gobierno y hasta el modelo económico de nuestra sociedad, estrategia que no se puede dejar prosperar.

Es claro que los excesos no son norma ni del Ejército ni de la Policía –ni se trata de una política de Estado, ciertamente–, pero si queremos que esto no siga siendo pan de cada día por cuenta de la actuación de unos pocos –de buena o de mala fe–, es necesaria una profesionalización integral de las Fuerzas Militares y de Policía, de manera que cada uno de sus miembros se haga más competente y responsable de su misión al tiempo que se vean revestidos de mayores garantías para tener la certeza de que no son desechables a los que la sociedad les voltea la cara al menor yerro. Sin eso, jamás habrá seguridad ni paz efectivas. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 29 de octubre de 2008 (http://www.elmundo.com/).

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