En la Cuba comunista se prohibe:

1- Viajar al exterior sin permiso del gobierno. Aunque se cuente con una visa aprobada y los pasajes de avión, únicamente se puede abandonar Cuba con un salvoconducto oficial (la conocida Tarjeta Blanca) cuyo proceso de obtención puede tomar años y en muchos casos nunca ser otorgada. Los trabajadores vinculados a la salud, aquellos de los ministerios del estado, de las fuerzas armadas, o los deportistas de alto rendimiento, entre otros, deberán esper ar al menos 5 años, pero en la mayoría de los casos nunca recibirán el dichoso permiso.

2- Viajar al exterior por motivo de trabajo con esposa y/o hijos (con excepción de algunos altos funcionarios oficiales

3- Cambiar de trabajo sin permiso del gobierno.

4- Cambiar de domicilio. Las permutas obligan a someterse a decenas de regulaciones.

5- Publicar cualquier cosa sin permiso del gobierno.

6- Poseer una computadora personal, un fax o una antena parabólica.

7- Acceso a Internet. La Internet está estrechamente controlada y vigilada por la seguridad del estado. Sólo el 1.7 % de la población tiene acceso a internet.

8- Mandar a sus hijos a un colegio privado o religioso. Todas las escuelas son del estado comunista.

9- Practicar cualquier culto religioso sin penalizaciones. Los adultos pueden ser despedidos de sus trabajos; a los niños se les puede expulsar de la escuela.

10- Pertenecer a cualquier organización independiente de carácter nacional o internacional, con excepción de las gubernamentales (Partido Comunista, Unión de Jóvenes Comunistas, Comités de Defensa de la Revolución , etc)

11- Ver o escuchar emisoras de radio y televisión privadas o independientes. Todos los medios de difusión son propiedad estatal y están dirigidos por el gobierno. Los cubanos escuchan o ven ilegalmente la Voz de las Américas, Radio y TV Martí , etc.

12- Leer libros, revistas o periódicos, con excepción de aquellos aprobados/publicado-s por el gobierno (todos los libros, revista o periódicos son publicados por el gobierno ). No existe prensa independiente autorizada. Leer ’1984′ o Rebelión en la Granja ‘ de George Orwell es tan subversivo como tener una revista Sputnik o Novedades de Moscú del período de la Perestroika.

13-Recibir publicaciones del extranjero o de visitantes (punible con cárcel según la Ley 88) ..

14- Comunicarse libremente con periodistas extranjeros.

15- Visitar o quedarse en hoteles, restaurantes, playas, y complejos para turistas (de donde están excluídos los cubanos).

16- Aceptar regalos o donaciones de visitantes extranjeros.

17- Buscar empleo en compañías extranjeras establecidas en la isla sin la aprobación del gobierno.

18- Poseer negocios propios (propiedad privada). Aunque algunos negocios muy pequeños han sido aprobados por el gobierno han sido sometidos a impuestos y regulaciones asfixiantes.

19- Ganar más de la tarifa establecida por el gobierno para todos los empleos: 7-12 dólares al mes para la mayoría de los trabajos, 15-20 dólares al mes para los profesionales, como médicos y funcionarios del gobierno.

20- Vender cualquier pertenencia personal, servicios, productos alimenticios preparados en casa o artesanía casera sin la aprobación del gobierno .

21- Pescar en las costas o subirse a un bote sin permiso del gobierno.

22- Pertenecer a un sindicato independiente (sólo hay uno: el gobierno controla los sindicatos y ningún contrato, individual ni colectivo está permitido;tampoco huelgas o protestas).

23- Organizar cualquier equipo deportivo, actividades deportivas y actuaciones artísticas sin permiso del gobierno.

24- Reclamar cualquier premio monetario, o tratar de actuar en el extranjero.

25- Escoger un médico o un hospital. Todos los asigna el gobierno.

26- Buscar ayuda médica fuera de Cuba.

27- Contratar a un abogado, a no ser que esté aprobado por el gobierno.

28- Negarse a participar en manifestaciones o demostraciones masivas organizadas por el Partido
Comunista . La negativa a participar en concentracione s como las del 1ro de mayo o del 26 de julio, implica el ser categorizado como desafecto al régimen y quedar expuesto a las consecuencias que se derivan.

29- Negarse a participar en el trabajo ‘voluntario’ para adultos y niños.

30- Negarse a votar en elecciones con un partido único y candidatos nominados por el gobierno… (Fidel Castro no es ‘elegido’ por voto directo. Su nombre nunca aparece en las botetas).

31- Aspirar a un cargo público a no ser aquellos escogidos a dedo por el Partido Comunista .

32- Criticar o simplemente cuestionar las leyes represivas del régimen, o cualquier comentario o decisión de dirigentes, o del máximo líder.

33- Transportar productos alimenticios para consumo personal o familiar de una provincia a otra. Las maletas de los viajeros son continuamente revisadas por la policía en los trenes, omnibus, carros particulares, bicicletas y cualquier medio de transporte, en busca de viandas, azúcar, café o carne, entre otros. Productos que son confiscados y sus portadores son procesados judicialmente por tal ‘delito’.

34- Matar una vaca. Los campesinos propietarios de ganado vacuno no pueden sacrificar sus propias reses para consumo y mucho menos para vender la carne. Este delito grave se sanciona con cinco años de cárcel.

35- Comprar o vender inmuebles y terrenos. Los ‘propietarios’ de las casas no pueden venderlas y únicamente las permutas, es decir, las cambian, (entre casas similares) con muchas regulaciones, se permiten. Aunque menos del 6% de las tierras agrícolas quedan en manos de campesinos (el resto fue expropiada en la primera década de la revolución) los ‘propietarios’ tampoco pueden vender sus terrenos.

36- Importar al país los siguientes equipos eléctricos: freezer, acondicionadores de aire, cocinas y hornillas, incluyendo resistencias; hornos y microwaves, calentadores de agua, duchas, freidoras, planchas y tostadoras de pan.

37- Regresar a vivir al país después de haber emigrado. Los que un día deciden visitar a sus familiares en Cuba necesitan visa-permiso para volver a la tierra que los vió nacer y deberán obtener un pasaporte cubano (aunque ya tengan otra nacionalidad oficialmente reconocida). El proceso cuesta más de 450 dólares, sin incluir pasajes y otros gastos. Cuando el permiso de entrada es denegado, el dinero queda en manos del gobierno cubano.

38- Visitar fuera de Cuba a un ‘desertor’ miembro de la familia. Cuando un cubano ‘deserta’ en el exterior en trabajos que el gobierno considera ‘misiones oficiales’ (deporte, ciencia, arte, etc) los familiares deberán esperar al menos cinco años hasta que el gobierno decida si pueden viajar. Los padres, hijos o hermanos no podrán visitar a su ser querido aunque cuenten con visa y pasaje del país en que reside su familiar ‘desertor’.

39- Conservar las propiedades cuando alguien emigra o es capturado en el intento. Cuando un cubano recibe el permiso de salida, su balsa es interceptada en altamar o es repatriado, usualmente sus ‘propiedades’ (casa, televisor, muebles, ropa, etc) son confiscadas. En caso de los repatriados o interceptados en el mar, tambien se verán imposibilitados de volver a trabajar, perderán la libreta de racionamiento (medio por el que obtienen derecho a pagar una paupérrima porción de los alimentos que necesitan), enfrentarán actos de repudio y/o penas judiciales.

40- Escoger libremen te la carrera que se desea estudiar. Un graduado del 12mo grado, independientemente de su índices académicos y la disponibilidad de plazas, no puede seleccionar la
carrera que prefiere estudiar. En el proceso de selección, para las universidades (todas en manos del
estado comunista) priman factores ideológicos asociados al grado de incondicionalidad de los jóvenes y a las ‘necesidades de la revolución’ en ese momento.

41- Invitar a un extranjero a pasar una noche en su casa. Si los vigilantes CDR (Comités de Defensa de la Revolución , es decir, espías de sus vecinos) advierten y denuncian que un extranjero esta pernoctando en la casa de un cubano, se inician investigaciones que generalmente terminan en multas o en el caso de los reincidentes, en la expropiación de la vivienda.

42- Negarse a participar en las Milicias de Tropas Territoriales , CDRs, Brigadas de Respuesta Rápida y cualquier organización represiva del régimen. La negativa es interpretada como una clara muestra de desafecto revolucionario y conlleva castigo.

43- Comprar leche en establecimientos regulados (bodegas) para niños mayores de siete años. Sólo los niños hasta siete años pueden en Cuba a recibir el derecho a pagar una cuota de leche, a partir de esa edad la venta de leche se elimina y sus padres sólo podrán adquirir la leche en el mercado negro, lo que implica una clara violación de la ley.

44- Vivir en libertad y con derechos humanos . Sobrevivir como un ser humano. mucho gusto

45- Decir ABAJO FIDEL… O MUERA FIDEL!! PORQUE ENTONCES TU MORIRAS

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Primero. Ejecuciones extrajudiciales ha habido siempre y en todas partes. A veces, el crimen es producto de un error ‘inocente’ y la ‘solución’ es hacer pasar al occiso como un transgresor de la ley; poner en su mano inerte un arma de fuego es una práctica inveterada en todo el mundo. En otras ocasiones, sin duda, se trata de crímenes aleves cometidos con diversos propósitos como acallar testigos, desviar investigaciones, ofrecer un chivo expiatorio, demostrar eficiencia o hacer ver la seguridad como algo necesario. Todo eso es tan viejo como la guerra y esta es tan vieja como el hombre.

En Colombia ha habido casos paradigmáticos, como la mal llamada ‘limpieza social’, práctica a la que han estado vinculados agentes del Estado. En la Medellín de Pablo Escobar, agentes encubiertos ejecutaban masacres de jóvenes en las comunas más pobres, en retaliación por los asesinatos de policías que ordenaba Escobar y ejecutaban sus sicarios. Recuérdese la masacre de Villatina (9 muertos) en 1992. Por eso no le queda bien al ex presidente César Gaviria criticar los asesinatos de hoy cuando siempre ha ignorado los cometidos bajo su administración.

Segundo. Hay personas malévolas o muy mal informadas que se han ido lanza en ristre contra el Gobierno por haber impedido la aprobación de la Ley de Víctimas, arguyendo que si es costosa ello se debe a la gran cantidad de víctimas fruto de las políticas guerreristas del actual gobierno. Nada más falso. La Ley de Víctimas tiene por objeto indemnizar a familiares de personas asesinadas y/o desaparecidas en los últimos 45 años, cuyo número se estima en más de 200.000. Por el contrario, el periodo más pacífico que ha vivido el país desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, han sido los siete años del Gobierno de Uribe, cuyo alto respaldo popular se basa en logros como este.

Tercero. El ‘crimen de Estado’ es un artificio aplicable a cualquier hecho, como el incendio de una guardería en Hermosillo (México) que dejó cerca de 50 niños muertos. Los ‘falsos positivos’ son crímenes de lesa humanidad pero no son crímenes de Estado porque no fueron ordenados por estamentos superiores ni corresponden a un plan establecido para exterminar a una raza, a un partido político o a los miembros de una religión. De hecho, no hubo selectividad en los asesinados puesto que no tienen en común algo más que la pobreza que los hace carne de cañón para los violentos. Su escogencia fue tan fortuita como desventurada.

A diferencia de los Estados criminales –como los de Hitler y Stalin–, aquí no se justifican estos excesos con argumentos moralistas y ni siquiera con la tesis de que son consecuencias inevitables del conflicto. Fue el Estado, en cabeza del Ministro de Defensa, el que develó lo que estaba pasando y se reconoce claramente que se trató de crímenes verdaderamente deshonrosos.

El señor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, ha dicho que estas transgresiones han sido “más o menos sistemáticas” y que no se trata “de unas cuantas manzanas podridas”. Pero es que el señor Alston no ha probado las amargas manzanas colombianas. Las guerrillas, los grupos paramilitares y los poderosos ejércitos de los carteles de las drogas, han sido conformados con muchachos sin ideología alguna y carentes de escrúpulos éticos o morales que, por unas monedas, se unen a cualquier bando y cometen los más horrorosos crímenes. De esos mismos muchachos se nutren los organismos de seguridad del Estado y si los ilegales se atreven a tanto no es inverosímil que muchas balas oficiales se disparen de manera infame, arbitraria y perversa.

Publicado en el periódico El Mundo, el 29 de junio de 2009 (www.elmundo.com).

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De cierta forma, los grandes contribuyentes compensan en algo la situación pagando el impuesto al patrimonio con el que se ha incrementado el pie de fuerza y financiado la modernización de los equipos de las fuerzas estatales. Sin embargo, el banquero Luis Carlos Sarmiento ha propuesto que este gravamen sea pagado por todos los colombianos –incluyendo a los que sí prestan a sus hijos para defender a los demás–, sin hacer distinción alguna en la capacidad de pago de cada cual. Eso estaría muy bien si se tratara de un impuesto progresivo, en el que pague más quien más tiene, pero es inaceptable si lo que se pretende es un ‘simple’ aumento de uno o dos puntos en el IVA para gravar a todos los colombianos sin excepción, como si se tratara de una sociedad igualitaria.

El impuesto a la seguridad no puede tener el mismo tratamiento que aquellos tributos que buscan recursos para el cine o el deporte pues se trata de un asunto que, además del político, tiene un trasfondo filosófico. A los pobres no se les pueden cargar el gravamen y los muertos al mismo tiempo, cuando los problemas de seguridad están íntimamente ligados con las profundas desigualdades. La pobreza no justifica la violencia pero alienta en algunos la presunción de que les da derecho de atentar contra la vida, honra y bienes ajenos como forma de reivindicación social.

En ese orden de ideas, los ricos demandan más seguridad porque corren más riesgos, en tanto que los pobres son más susceptibles de convertirse en una amenaza para la seguridad de los otros, debido a sus precarias condiciones de subsistencia. Es un contrasentido que quienes más necesitan seguridad paguen menos por ella y que a los más necesitados se les arrebate algo más de sus escasos ingresos para agravar su situación de vulnerabilidad. Además, las clases altas y las empresas invierten cada vez más en seguridad privada, lo cual también es ilógico. Debería ser a la inversa, menos seguridad privada y mayor fortalecimiento de las instituciones.

El hecho de que la financiación de la seguridad quede huérfana le da alas a quienes creen que los organismos de seguridad están sobredimensionados y que estrategias como la negociación política y la legalización de las drogas harían innecesario el actual nivel de gasto militar. Esa es una tesis muy peligrosa porque las guerrillas no han mostrado ni la menor intención de querer un acuerdo de paz. Acceder a una negociación en este momento equivale a abdicar y echar por la borda los logros de la Seguridad Democrática.

De otro lado está el sofisma de que legalizar las drogas acaba con el crimen organizado. La mafia nunca abandona la delincuencia; se transforma, se diversifica, pero nunca con apego a la ley. El periodista Roberto Saviano hace un buen retrato de esa realidad en el libro Gomorra, donde muestra la infiltración de la mafia en todos los sectores de la economía de Nápoles y el sur de Italia: el contrabando, la trata de personas, la falsificación de marcas, etc.

Estamos en un país en el que la ilegalidad se ha enquistado en la cultura y se expresa con graves manifestaciones de violencia. Faltan décadas para que se pueda prescindir de grandes inversiones en seguridad y justicia para cambiar este panorama y es un mal presagio que los más beneficiados quieran tirar la toalla tan pronto. La seguridad es la mejor inversión, es una lástima que ellos no lo vean así.

Publicado en el periódico El Mundo, el 1 de junio de 2009 (www.elmundo.com).

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No es justo que se condenen sin ponderación los crímenes cometidos por errores de apreciación en el fragor del combate o en medio de patrullajes en zonas de alto riesgo, donde hay una fuerte presencia de guerrillas, narcotraficantes o paramilitares. De la misma forma, pueden ser medianamente comprensibles los asesinatos de sospechosos de pertenecer a grupos irregulares contra quienes no hay pruebas para su arresto. Eso es guerra sucia, sin duda, y constituye una falla en el servicio, una violación de los derechos humanos y un crimen que debe ser castigado por la ley. Pero es entendible que ello ocurra en la medida en que las vidas de los mismos servidores públicos corren un alto riesgo y su condición humana los obliga a preservarla mediante acciones inicuas.

Lamentablemente, estas actuaciones irregulares son como una bola de nieve: no sólo se van haciendo más frecuentes sino cada vez más perversas. Es así como de infamias viejas surgen vergüenzas nuevas. Hace décadas se conoce la mal llamada ‘limpieza social’, una ignominia cometida no sólo por las autoridades sino por todos los grupos ilegales para ganarse el favor de las comunidades eliminando la escoria social: drogadictos, violadores, ladrones, travestis y demás. También es antigua la práctica de ‘legalizar’ crímenes de los paramilitares, sin importar si se trataba de guerrilleros o no, haciéndolos pasar como bajas de combate con las Fuerzas Militares.

Pues bien, de la fusión de tan nefastas prácticas y aprovechando que los marginados no tienen mejores opciones de trabajo que unirse a bandas criminales por la promesa de un salario –lo que también tiene graves connotaciones morales–, a algunas manzanas podridas, de entre más de 250 mil efectivos, se les ocurrió mancillar el honor del Ejército asesinando inocentes para demostrar una supuesta efectividad operativa y, muy seguramente, para embolsillarse alguna parte del dinero de las recompensas que el Estado colombiano les paga a civiles por su información. Pero, además, aquellos que ultrajaron con esas vilezas a la institución más apreciada por los colombianos y a la sociedad misma, se valieron impúdicamente del propósito de incentivar con días de descanso, condecoraciones y ascensos a quienes presentaran mejores resultados. Pareciendo imposible, entonces, que alguien matara por un fin de semana de descanso, esa efectividad se evaluaba teniendo en cuenta el número de bajas enemigas, lo que llevó a unos pocos a poner en movimiento una infame maquinaria asesina que desprestigia al Ejército, deshonra la memoria de los caídos y le sirve a algunos para pedir el desmonte de la doctrina de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe.

Pero pongamos las cosas en perspectiva: no hay ejército en el mundo que pueda asegurar que todas sus actuaciones se ciñen a la moral, a los derechos humanos, al sentido común, al uso proporcionado de la fuerza, etc. Las principales potencias tienen un largo y reiterativo historial: Abu Ghraib, Guantánamo, Beslán, Dubrovka, Osetia y Georgia, el Tíbet…

En Colombia, el primero en reconocer estas irregularidades, ofrecer correctivos ejemplarizantes y clamar por la aplicación de pronta y suficiente justicia ha sido el Gobierno, pues hechos como estos deben convertirse en una oportunidad para perfeccionar y fortalecer la política de seguridad que ha salvado la democracia colombiana, no para desmontarla.

El contrato social por el que se funda cualquier Estado tiene como propósito fundamental el de salvaguardar la vida, honra y bienes de los asociados. Y, para ello, el Estado debe contar con instituciones enérgicas, dinámicas; unas que legislen, otras que apliquen justicia y otras que ejerzan la autoridad. Es por los notables altibajos que desde el siglo 19 ha tenido el Estado colombiano en cuanto a preservar el imperio de la ley, que el país llegó a ser casi un Estado fallido y por lo que aún se sienten fuertes coletazos criminales de lo que algunos califican como una ‘cultura mafiosa’. Volver a lo de antes sería fatal.

Publicado en el periódico El Mundo, el 10 de noviembre de 2008 (www.elmundo.com).

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El ataque de las Farc en Tierradentro, corregimiento de Montelíbano (Córdoba), en el que fallecieron 17 policías y tres civiles, da cuenta de dos realidades duramente cuestionadas: la primera es que los grupos paramilitares sí se han desmovilizado; no se ha efectuado un proceso fingido, como consideran algunos contradictores,  en el que subsisten las estructuras mientras se entregan algunas cuantas armas y se ‘desmovilizan’ individuos que no son combatientes. El otro asunto es que las zonas que antiguamente estaban dominadas por los paramilitares están siendo copadas por las guerrillas tal como temían los campesinos —prueba fehaciente del desmonte del paramilitarismo—, y el Estado no tiene recursos suficientes para mantener el control.

El sitio del ataque, Tierradentro, está en el corazón de lo que hasta hace un par de años, a lo sumo, era el principal enclave de las autodefensas. Mientras estuvo bajo el poder de los paramilitares a nadie se le habría pasado por la cabeza que hasta allí llegara una columna de 500 subversivos para atacar el puesto de Policía, para poner en entredicho la política de seguridad del Gobierno, para anunciar que son los nuevos mandamases de la región y para apropiarse de los abundantes cultivos de coca que, otrora, financiaban a sus enemigos.

Desde que se iniciaron los diálogos con los grupos de autodefensa, la preocupación de muchos sólo giraba en torno del tema de los castigos para tan temibles asesinos y perpetradores de masacres. El tema se politizó, apenas se hablaba de verdad, justicia y reparación, mientras que a los guerrilleros siempre se les ha recibido con los brazos abiertos del indulto y con promesa de Constituyente, receta mágica que el mismo presidente Uribe ofertó hace un mes cuando gobierno y Farc se hicieron algunos coqueteos de paz. Pero en las zonas paramilitares la preocupación de los campesinos siempre fue otra, la de cómo los iban a proteger de las vengativas incursiones guerrilleras.

Desde el comienzo se supo que las Farc fueron copando las zonas abandonadas por el paramilitarismo, huérfanas de seguridad. La guerrilla regresó rápidamente a regiones de donde habían sido desplazadas sin  el menor reparo y poco a poco fortalece su presencia gracias a su gran capacidad de mimetizarse entre la población civil sin que las Fuerzas Armadas puedan hacer mayor cosa sin incurrir en supuestas y en reales violaciones de los derechos humanos. Cabe recordar que si el paramilitarismo pudo extirpar a la guerrilla de muchas regiones se debió a cruentas prácticas de exterminio, eliminando sin reserva a quien pareciera o fuera comprobadamente un colaborador de las guerrillas. De esa manera, jugando al ensayo y al error, asesinando guerrilleros de civil, como decía Carlos Castaño, pero equivocándose a menudo, como también lo admitía, le  cortaron el oxigeno a la subversión en áreas que antes dominaban. Sobra decir que las Fuerzas Armadas no pueden operar de esa forma.

Por supuesto que sería una canallada pretender decir que las estructuras paramilitares debieron mantenerse tranquilas y hasta permitir que se hubieran diseminado en otras zonas del país para atacar a la subversión con sus métodos despiadados, pero las buenas intenciones con las que el gobierno del presidente Uribe impulsó el desmonte del paramilitarismo cuentan muy poco. El Gobierno arguyó que este factor de perturbación debía desaparecer por cuanto la guerrilla siempre ha exigido su disolución para hacer la paz. También se mencionó la desinstitucionalización producida en inmensas zonas en donde no hacía presencia el Estado y era suplantado por los grupos de autodefensa. Igualmente se dijo que los ‘paras’, considerados terroristas y narcotraficantes, eran enemigos del Estado y debían ser combatidos; sacarlos de la confrontación era, por tanto, aliviar la tarea de unas Fuerzas Armadas que debían enfrentar a varios enemigos al tiempo, y quitar de en medio un factor que ha corrompido a muchos miembros del Estado.

Todo esto es cierto pero el problema es que la cosas tienen derecho y tienen revés. Eliminar el paramilitarismo sin vencer a la subversión no sólo resulta siendo un favor para las guerrillas, quitarles de encima a su peor enemigo, sino un error en una ecuación en la que el orden de los factores altera el producto. Las autodefensas sólo pueden desaparecer cuando lo haga la subversión y mientras ésta subsista aquellas revivirán. Las zonas que dejan los ‘paras’ deben coparlas fuerzas de paz extranjeras, desmovilizados bajo el mando del Ejército o unas Fuerzas Armadas robustecidas en número de efectivos y mejores recursos. Los pilotos más experimentados mueren en los vetustos aviones de la Fuerza Aérea y a las tropas las masacran en las carreteras cuando se movilizan en unos camiones más apropiados para transportar gallinas. Por eso el impuesto de guerra a los altos patrimonios debería ser permanente, que los pudientes pongan plata ya que ni siquiera prestan a sus hijos para tomar los fusiles.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 13 de noviembre de 2006 (www.elmundo.com).

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“Si los hombres han nacido con dos ojos, dos orejas y una sola lengua es porque se debe escuchar y mirar dos veces antes de hablar”.

Marquesa de Sévigné

Confieso que nunca había sido tan difícil escribir una columna como en esta ocasión, después de los eventos suscitados por las declaraciones del Presidente la semana anterior tras el atentado en la Escuela Superior de Guerra. Pero no por las declaraciones mismas ni por lo que puedan significar o provocar, sino por las opiniones y columnas de los que uno cree que son expertos en hacerlo y de los que uno debería aprender.

Para quien escribe por primera vez en su vida, sin saber todavía muy bien por qué, resulta desconsolador oír a “importantes” directores de medios y encopetados columnistas de los principales diarios de la capital aseverando cosas sobre las que poco saben, a partir de lo que creen que “pudo” haber sucedido, sin estar seguros de nada, demostrando una ignorancia y ligereza aterradoras que deberían dar cárcel, por la responsabilidad de formar opinión pública, destilando un veneno que sólo puede ser el lixiviado de un cerebro putrefacto y mal intencionado, poniendo en duda la integridad del presidente que elegimos en contra de sus deseos y la de los miembros de las Fuerzas Armadas, que con errores incuestionables que no pueden ignorarse, ponen el pecho para que sus costosos vestidos de paño inglés no vayan a mancharse con su sangre.

Asquean las lágrimas de cocodrilo, o mejor, babas de caracol, que el director de una cadena radial quería hacernos creer que salían de alguno de los orificios de su cara cuando, en compañía de un dañino ex presidente que se niega a viajar a las profundidades que le esperan, intentaba hacer ver las decisiones del Presidente como el acto de un ser irracional que está empeñado en asesinar a los pobres compatriotas que están privados de la libertad por los verdaderos enemigos de Colombia.

Asquea la falta de dignidad el salir a provocar las verdaderas lágrimas de los reales afectados, cual sepultureros disfrazados de médicos, mostrándose como adalides y compañeros de causas que realmente sólo les interesan para subir su rating.

Asquea la forma en que se dicen las cosas y se presentan los hechos, así sean pocos, provisionales y más parecidos a indicios, para forzar conclusiones que lo que intentan es hacer ver sus puntos de vista como verdades reveladas y satisfacer el apetito de bestias que se alimentan exclusivamente de carroña, que en caso de no encontrarlos en esa condición, describen los acontecimientos de forma que parecieran que todo estuviera podrido. ¿Hacer ver el país en ruinas, errático, dirigido por un fanático y corrompido no será acaso la forma en que sus propias vergüenzas no se pongan en evidencia al desaparecer por completo un punto de comparación que las contraste?

Nadie decente puede siquiera insinuar que los medios no tengan entre sus obligaciones poner a la luz pública los errores y fallos, pero la intencionalidad de esta responsabilidad no puede ser la de trofeos de caza sin medir los efectos que tiene. Cuando un niño cae en una mina antipersonal o un grupo de soldados son emboscados y asesinados no es el error de “ustedes” los militares, es Colombia la que pierde. Cuando algo no sale bien no es simplemente una falla del gobierno, es Colombia la que pierde. Cuando una generosa propuesta de cese de hostilidades y conversaciones fracasa por las malditas ambiciones de los verdaderos enemigos de Colombia, algunos medios de comunicación no han comprendido que somos quienes nos quedamos en el país los que perdemos y no el presidente de turno que seguramente terminará viviendo en otro cuando termine su período. ¿Se nos olvida o nos negamos a aceptar que el Estado somos todos?

¿Será que ser “exitoso”, mas no “valioso”, en los medios y en la prensa de Colombia es tarea de sujetos comedores y productores de estiércol que desean que todo se convierta en estiércol para garantizar su fuente de alimentación y que los demás tengan el cerebro lleno de lo mismo para que no puedan degustar nada diferente? Porque si es así, le pido a Dios me convierta en el peor columnista del mundo.

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Amnistía Internacional (AI) acaba de producir un informe sesgado sobre el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia centrándose en los resultados del proceso en Medellín, ciudad en la que jefes paramilitares como alias ‘Don Berna’ han tenido especial influencia durante muchos años. El informe es sesgado porque presenta un panorama diferente al que se vive en la realidad y se centra en reclamar castigo para los desmovilizados sin importar para nada el renovado clima de convivencia que se respira en Medellín, el que se refleja en la disminución de las muertes violentas y de otras conductas delictivas.

Quienes mejor le toman el pulso a las ciudades son los taxistas. Hace poco le pregunté a uno de ellos cómo veía la seguridad en Medellín y me confirmó que por primera vez en más de veinte años no había barrios vedados para transitar. Desde los años ochentas los barrios marginados eran enclaves controlados por bandas de delincuentes enemigas entre sí. Había bandas de sicarios al servicio del narcotráfico, luego las guerrillas conformaron milicias urbanas y poco después llegaron los paramilitares. Muchas otras bandas, de antes y de ahora, no tienen tendencia ideológica, han sido simples delincuentes. Por dos décadas los barrios pobres de la ciudad estuvieron bajo control de algún grupo y la población fue mancillada por los violentos. El caso más grave fue el control total de las Farc en la Comuna 13 durante más de dos años, cosa que a AI y otras ong con el mismo sesgo ignoraron hasta que el presidente Uribe ordenó a las tropas recuperar el control en octubre de 2002.

Una humilde aseadora me suministró otro testimonio de primera mano: me relató que un vecino suyo robó en su casa y se lamentaba de que los paramilitares ya no estuvieran para cobrarle su delito. «Esa gente hace cosas horribles pero cuando estaban uno vivía más tranquilo, como la Policía por allá no sube…». Por supuesto que no es legítimo hacer justicia por mano propia pero como este hay cientos de testimonios que dan fe de que la estructura paramilitar en Medellín se desarticuló o, por lo menos, ya no actúa en la forma en que lo hacía antes.

A finales de mayo, cuando se ordenó el arresto de Don Berna por el crimen de un diputado, se llegó a hablar de atentados terroristas en Medellín como represalia por su captura pero lo que se dio fue un paro de transporte pacífico en señal de que quien llegó a convertirse en un poderoso generador de violencia está dispuesto a presionar sin violencia, a ejercer de otras formas el gran poder que aún posee. Corre el rumor de que Don Berna advirtió a las bandas sobre las que tenía control que él quería la paz y quien persistiera en la violencia se tendría que ir. Tal advertencia, viniendo de quien viene, entraña una paradójica amenaza pero es un avance que un actor armado instruya a su gente en tal sentido.

Por supuesto que varios desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara han incurrido en delitos tras el desarme pero esas son las contrariedades que el postconflicto implica; sin embargo, no puede alegarse, como aduce AI, que sea una prueba de que la desmovilización fue una pantomima y de que estos grupos siguen cometiendo crímenes. Al igual que la aseadora, la mayor preocupación del campesinado de las zonas en las que se han desmovilizado los grupos de autodefensa es bien contraria a las lamentaciones de Amnistía, pues temen que las guerrillas se apoderen de las áreas que han quedado libres como ya está sucediendo. En Valdivia (Antioquia), las Farc incursionó en zonas que antes eran de control paramilitar y asesinaron a 15 campesinos el pasado 23 de agosto (varios de ellos degollados). Y el 26 de agosto, el mismo grupo incursionó nada menos que en Valencia (Córdoba), a media hora de la zona especial de Santa Fe de Ralito donde se encuentran los jefes paramilitares, provocando el desplazamiento de 400 personas y la desaparición de cuatro. De esto, Amnistía no dice nada.

En lo que sí puede tener razón AI es en la gran posibilidad de que los paramilitares se ‘reciclen’, no por las razones que señala esta ong en su informe en el sentido de que la Ley de Justicia y Paz es una estrategia para limpiar y dejar impunes sus delitos sino porque a medida que la guerrilla se tome sus antiguas zonas y las insuficientes fuerzas del Estado sean incapaces de controlarlas será necesario el regreso de los paramilitares y sus cuestionados métodos de lucha. De hecho, aunque es plausible la iniciativa del gobierno Uribe de sacar combatientes del conflicto colombiano, siempre se consideró ilógico desmovilizar a los paras sin extinguir primero su causa y razón de ser que es la guerrilla. Hubiera sido mejor desmovilizar a los jefes pero mantener a los combatientes de base como una guardia rural adscrita a las Fuerzas Armadas así los hipócritas que dicen querer la paz de Colombia se hubieran rasgado las vestiduras. Estamos cansados de esos lobos con piel de oveja que pretenden que metamos a los paras a una mazmorra y al Mono Jojoy y sus amigos al Congreso. Esos lobos, con tal de lograrlo, son capaces de decirle al mundo cualquier mentira.

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El mayor problema para consolidar el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y los grupos paramilitares es que por primera vez en la historia del país, donde se han realizado varios procesos de este tipo, se quiere transformar en venganza lo que debería ser perdón, y eso quiere consolidarse en el marco jurídico que se está debatiendo en el Congreso; una ley que pretende aplicarse en lo futuro también a las guerrillas, pero que podría frustrar la paz con unos y otros porque su enfoque es de enemigos vencidos y no de fuerzas en diálogo.

Dentro y fuera del país hay más preocupación por castigar a los jefes paramilitares por sus numerosos crímenes que por aclimatar una atmósfera de tranquilidad. Es tal que los opositores a la extradición de colombianos están muy interesados en el envío de los ‘paras’ a EE.UU., por su innegable vinculación con el narcotráfico, y esperan que los demás cumplan largas condenas en el país por sus masacres, por el desplazamiento de campesinos, por el robo de tierras y ganado, por las desapariciones y asesinatos selectivos de los que son imputables y un largo etcétera.

Mientras tanto, la suerte de los combatientes de  base de las ‘autodefensas’ poco le importa a los legisladores, a los sesgados ‘defensores’ de los derechos humanos y a los opositores del Gobierno. Todos creen que ese es un asunto de menor importancia que va a solucionarse con programas de asistencia agrícola y alternativas de trabajo similares. Tampoco les interesan los habitantes de las zonas que hoy dominan los paramilitares, atemorizados por la posible irrupción de las guerrillas en esas áreas cuando los ‘paras’ entreguen las armas. En el pasado, los reinsertados de guerrillas como el EPL, la Corriente de Renovación Socialista o las milicias de Mircoar en Medellín, fueron objeto de venganzas de las Farc y el ELN por ‘traición’ a la causa subversiva; ahora que los desmovilizados son los enemigos con mayor razón se verá la arremetida.

Es cierto que hay por qué preocuparse por los niveles de impunidad de este proceso, por el poder de facto —representado en tierras y dinero— que seguramente mantendrán hombres como Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Diego Murillo alias ‘Don Berna’ y Ernesto Báez, entre otros; también por su pretensión, aún poco creíble, de hacer política en los escenarios legítimos de la democracia y de manera transparente; o por la intromisión de narcotraficantes puros en estas organizaciones armadas que terminarían expiados en el proceso. Claro que ninguna de las guerrillas desmovilizadas en Colombia —el M-19, por ejemplo— han sido coros de ángeles y, sin embargo, no puede negarse que la práctica ha demostrado que las desmovilizaciones son más positivas que negativas aunque el postconflicto siempre tenga dificultades.

Es necesario superar los temores y las reservas porque, por fortuna, los acuerdos de este tipo ya no son de punto final como acaba de demostrarse en Argentina con la caída de acuerdos de perdón y olvido. Ni los jefes paramilitares pueden pretender que el proceso es un baño de agua bendita que no sólo los deja ‘cero kilómetros’ sino en gracia de inmunidad, ni pueden creer los contradictores que el Gobierno está entregando una patente de corso o una licencia para matar. El que en el futuro vuelva a delinquir será tratado en consecuencia, el que vuelva a traficar droga podrá ser extraditado, y las tierras deberán poder entrar en procesos de extinción de dominio porque esta ley de paz no es una cédula real.

No cabe duda de que el Estado debe cumplir los compromisos que se pacten dentro de sensatos términos siempre y cuando los ‘paras’ cumplan sus obligaciones. A la larga, nadie ha vencido al Estado y el incumplimiento de los compromisos debe ser castigado con la pérdida de los beneficios. En el fondo, lo que interesa es que la ciudadanía no sienta nunca más la necesidad de apoyar grupos ilegales para defenderse de otros grupos ilegales, que se entienda que la única alternativa es el monopolio de las armas por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía, instituciones que actualmente ostentan la más alta imagen entre la opinión pública colombiana. Con su dedicación y esfuerzo este proceso, con todas sus fallas, será más positivo que el mantener 15 mil hombres en armas avivando la devoradora llama del narcotráfico que al mismo tiempo los sustenta y bañando en sangre sus territorios conquistados en pos de mezquinos intereses.

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Los recientes ataques de las Farc que han cobrado la vida de más de  40 soldados en Iscuandé (Nariño), en Putumayo y en Mutatá (Antioquia), han dado pie para que muchos contradictores del actual Gobierno se vengan lanza en ristre contra el mayor logro del presidente Uribe como es la llamada ‘seguridad democrática’. Olvidan algunos el panorama de hace poco menos de tres años cuando las carreteras le pertenecían a las Farc, cuando cerca de 500 alcaldes —casi la mitad del total— gobernaban por teléfono desde las capitales de departamento; cuando en 300 poblaciones no había Fuerza Pública; cuando cada dos o tres semanas las Farc tumbaba un pueblo a punta de bombazos; cuando los barrios marginados de las principales ciudades se habían vuelto guetos de las guerrillas…

Ahora los desmemoriados pretenderán que todos olvidemos también la cantidad de secuestros y asesinatos de aquellas épocas, o que creamos que las estadísticas actuales no son ciertas. En 2003 bajaron significativamente todos los índices de violencia y en el 2004 la tendencia se reafirmó. Los homicidios bajaron en un 15%, las masacres cayeron en un 52%, el secuestro se redujo un 35%, el desplazamiento forzado bajó un 37%, el terrorismo ha bajado en más del 70% en comparación con el 2002. En Medellín, por ejemplo, una ciudad que llegó a tener índices de más de 300 homicidios anuales por cada 100 mil habitantes —más de 6 mil asesinatos al año—, apenas hubo 1.300 muertes violentas en 2004, y esa es una tendencia nacional que tiene origen en las políticas del actual gobierno.

Dice el analista Alfredo Rangel Suárez de la Fundación Seguridad y Democracia, que en lo corrido del actual gobierno se han presentado más ataques de las Farc a la Fuerza Pública (alrededor de 900), que en todo el cuatrienio de la administración Pastrana y que por eso debería revisarse la política de seguridad. Pero se olvida Rangel de que antes del 7 de agosto de 2002 los ataques de la guerrilla eran contra la población civil y que las Fuerzas Militares y de Policía estaban metidas en sus cuarteles, las Farc actuaba a sus anchas. Lo dice en palabras textuales Carlos Plotter, el guerrillero más importante de las Farc de los que se han desmovilizado por voluntad propia: «Uno ya vive tensionado a toda hora. Con Pastrana como en un año y medio peleamos dos veces, ahora casi todos los días». (Revista Semana, Ed. 1112, Agosto 22 de 2003).

El éxito de la seguridad democrática es incuestionable porque «es indudable que hoy hay menos delitos, o que la gente se siente más segura. Y este hecho por sí sólo explica la popularidad interna y la reputación mundial del presidente Uribe», a decir de Hernando Gómez Buendía, contradictor del Gobierno (Revista Semana, Febrero 13 de 2004). Por eso, cuestionar sus resultados por unos reveses que a todos nos duelen pero que son inferiores a lo esperado, es una táctica anti reeleccionista y una campaña de desprestigio basada en un tema al que deberá comprometerse cualquiera que desee llegar a la Presidencia. Los colombianos no elegirán a nadie sobre el que pese la menor duda de que ofrecerá seguridad contra el delito común y organizado pero sobre todo contra el terrorismo y el secuestro, que son las actividades predilectas de las guerrillas.

El debate, si es que debe haber uno, debería girar más bien en torno de la necesidad de reforzar las áreas donde las fuerzas paramilitares efectivamente se están desmovilizando que es hacia donde las Farc ya están enfilando de nuevo a sus hombres. El caso de Mutatá es un grave campanazo de alerta porque constituye el intento de retomar el control de Urabá, región de gran importancia geoestratégica por su cercanía con Panamá, con las selvas chocoanas y el santuario paramilitar del nudo de Paramillo y las sabanas de Córdoba, además de su riqueza agroindustrial por la explotación del banano.

Que los frentes 5 y 34 de las Farc se organicen en torno del Cañón de la Llorona, puerta de entrada al Urabá, es un hecho preocupante y lo es más el que se haya incautado la semana anterior un arsenal y material de intendencia para mil quinientos hombres. Eso demuestra que las Farc ya pasaron de las intenciones a los hechos y que, como era de suponerse y a pesar de considerarse como un proceso útil y necesario, la desmovilización de los paramilitares debería ser una consecuencia de la desmovilización de las guerrillas y no al revés. Si el número de efectivos de las Fuerzas Armadas no se incrementa en idéntica o superior cantidad a la de los irregulares desmovilizados para ocupar las regiones que éstos han dejado —vaya a saberse con qué recursos—, se terminará cediéndole el control a las guerrillas y obligando a los paramilitares a rearmarse, echando el proceso por la borda, pues ni son bobos ni son monjas de la caridad.

E inimaginable sería el panorama desmontando la acertada política de seguridad del presidente Uribe. Lamentablemente, las guerras cuestan muchos recursos y la sangre de muchos soldados pero no se puede ceder ante coletazos desesperados y cobardes. Y quiera Dios —si la Corte Constitucional hace lo que se apresta a hacer: declarar inconstitucional la reelección— que al próximo presidente no se le ocurra desmontar el aparato de seguridad por petición de una docena de despistados: el camino correcto está trazado y ahora hay que andarlo hasta el final.

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Como para que no queden dudas de que la intención del presidente Uribe al revivir el tema del Palacio de Justicia no era la de atacar a la oposición sino enviarle un firme mensaje a las autodefensas, se destapó que quien está asesorando a estos grupos ilegales es precisamente el ex guerrillero del M-19, Carlos Alonso Lucio, quien propone ahora para los paramilitares los mismos criterios de laxitud con los que se negoció en su momento con el ‘Eme’: borrón y cuenta nueva; es decir, perdón y olvido, impunidad total.

Sin embargo, una de las propuestas de Lucio se ve actualmente como un hecho necesario aunque en el pasado ha sido debatido y rechazado: incorporar a los paramilitares de base a las Fuerzas Armadas. Para ello existen razones de peso. La base de las Autodefensas es de extracción campesina y de los barrios marginados de las grandes ciudades. No tienen ideología, son desempleados absorbidos por el mercado de la guerra, lo que también puede decirse de las bases de las guerrillas. Quienes hoy están en un bando bien podrían estar en el otro; de hecho, son frecuentes los casos de tránsito en ambas direcciones. Estos combatientes reciben órdenes y si moralmente comparten responsabilidad por sus crímenes no se les puede imputar la plena culpabilidad pues la autoría corresponde a quien haya ordenado el hecho, sobre todo cuando el combatiente no tiene la menor posibilidad de desacatar una orden sin que se le castigue con la muerte como es de esperar en una milicia ilegal.

No cabe duda de que su condición de delincuentes —o terroristas, incluso— es un impedimento muy grande para ponerlos de la noche a la mañana a la par con los soldados de infantería de las fuerzas constitucionales. Por eso deben conformar un cuerpo especial al estilo de los ‘guardas rurales’ en que se convirtieron los guerrilleros salvadoreños, en lo posible sólo dotados de armas cortas y radios de comunicaciones. Esto subsanaría, de entrada, dos de los más graves problemas por los que pasan las negociaciones de Santa Fe de Ralito: uno, qué hacer con los miles de combatientes de las autodefensas, cómo sostenerlos, cómo impedir que vayan al otro bando si no saben hacer otra cosa que disparar. Y, dos, impedir que las guerrillas tomen el control de las regiones que hoy dominan los paramilitares. Si no hay recursos para que el Ejército haga presencia en esas zonas, la guerrilla ingresará tarde o temprano y sus habitantes sufrirán las retaliaciones. Como en un círculo vicioso, volverán a surgir grupos paramilitares y no se habrá logrado nada.

En contra de la resistencia moral —o moralista— a esta proposición, hay que llover sobre mojado: ¿si los líderes del M-19 están en el Congreso, si a menudo se ha hablado de ofrecerle un cogobierno al Secretariado de las Farc o a los líderes del Eln, por qué unos combatientes rasos no pueden integrar las Fuerzas Militares en condiciones de excepción pero sometidos al régimen disciplinario, a entrenamiento y a la observancia de la Constitución y la Ley, y hasta de los acuerdos internacionales?

Alguien dirá que esto no es otra cosa que paramilitarizar al país, que volver a darle vida a las cuestionadas asociaciones Convivir que tanta crítica despertaron en la época en que el presidente Uribe era Gobernador de Antioquia. Pero a esas voces hay contestarles que el oxigeno del paramilitarismo es la guerrilla y no al revés (además de la histórica ausencia del Estado), y que las Convivir fueron aplastadas por las criticas de ong’s tan devotas de la guerrilla como la sucursal danesa que le envió ocho mil dólares a las Farc. Pero lo más importante es que cobijados con el manto Constitucional, combatientes rasos de las autodefensas ahora y de las guerrillas después, pueden llenar el vacío de protección de los territorios más aislados con el mismo fervor con el que una unión marital de hecho, recobra la ‘gracia’ con la bendición de un cura en el altar.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 28 de octubre de 2004 (www.elmundo.com).

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