La Seguridad Democrática no puede entrar en “declive”, como dice la voz interesada de León Valencia y su Corporación Nuevo Arco Iris, simple y llanamente porque no se trata de un capricho del actual gobierno sino de la base fundamental del contrato social: la preservación de la vida, honra y bienes de los asociados.

Uno de los mayores alcances de la era Uribe es el haber vencido esa monstruosa concepción que predominaba en el país según la cual no se podían combatir los grupos ilegales bien por razones filosóficas (por el supuesto altruismo guerrillero) o bien por razones prácticas (que el Estado —decían— no podía derrotar a las guerrillas). Esa extravagancia redundó en la renuncia del Estado a ejercer el control y la ley.

Los argumentos de León Valencia para sustentar su afirmación son conceptualmente pobres, y están encaminados a vender la idea de volver a la mesa de negociaciones. Según el informe de Nuevo Arco Iris, el “declive” de la Seguridad Democrática estaría condicionado por el hipotético resurgimiento de las Farc y el supuesto fracaso de la negociación con los paramilitares.

Pero es muy cuestionable afirmar que una guerrilla se está reactivando por el hecho de incrementar las áreas sembradas con minas antipersonal o por usar francotiradores. Eso no sólo es una práctica de terrorismo mondo y lirondo —sobre todo contra la población civil— sino una muestra evidente de debilidad, de que no tienen control territorial como en el pasado y de que carecen de capacidad para enfrentar a las tropas que desarrollan operaciones ofensivas incluso en territorios que históricamente les pertenecían.

La guerrilla está arrinconada selva adentro; lleva años sin poderse tomar un pueblo (en Caloto lo intentaron sin éxito), secuestrar personalidades o ejecutar grandes intentados; ha perdido miles de combatientes, entre muertes, capturas y desmovilizaciones, incluyendo una decena de cabecillas y tres miembros del secretariado; y está plagada de niños y mujeres sin convicciones políticas. ¿Cuál es, pues, ese resurgimiento?

En cuanto al fenómeno paramilitar, Valencia aduce que hay un reciclaje del viejo paramilitarismo como producto de una negociación de paz “mal hecha” que fracasó y “se fue al carajo”; y sostiene que “el símbolo del fracaso es Medellín”.

Ya el ex presidente Gaviria había hecho política meses atrás con el tema de Medellín. En 2009, la cifra de asesinatos podría llegar a 2.000, lo cual es un incremento importante en comparación con los 1.066 homicidios del 2008 —no 833 como falsamente informa la revista Semana (23/11/2009)— y con los 788 del 2007, pero se está aun muy lejos de los 6.658 asesinatos de 1991.

Decir que la violencia de Medellín es producto del paramilitarismo no es acertado. Voces más autorizadas como la del ex alcalde Sergio Fajardo, atribuyen la mayoría de los muertos a enfrentamientos entre bandas por el control de los distritos de vicio, cuyo consumo está disparado gracias a ese cuento del “libre desarrollo de la personalidad”. Asimilarlas a paramilitares por el hecho de haber pertenecido en el pasado a las estructuras de ‘Don Berna’ es un error de juicio cuando se sabe que estos combos son mercenarios que se venden al mejor postor.

A la visión interesada de León Valencia se le olvida también que muchas fallas de la seguridad en Colombia son atribuibles a otros factores, como la laxitud judicial, la impunidad constante, el régimen carcelario que permite delinquir desde adentro, la corrupción y falta de compromiso de muchos miembros de la Fuerza Pública, la disminución de la iniciativa de los agentes del Estado por miedo a los castigos judiciales, etcétera.

Nada conduce a concluir que las Fuerzas del Estado hayan mermado su rendimiento; tal vez, sí, que hay algunas manifestaciones de violencia que se han exacerbado, como se esperaba en el post conflicto, por lo que se requieren ajustes. Pero querer significar, en plena campaña electoral, que la seguridad —con cualquier apellido— es un esfuerzo inviable, es un sórdido esperpento cuya formulación lleva implícito un cálculo político. Por eso tantos colombianos temen que al terminar el gobierno de Uribe, Colombia vuelva a lo de siempre. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de noviembre de 2009

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Juan Manuel Santos es el principal contradictor de Hugo Chávez en Colombia desde que denunció, por allá en el 2004, la carrera armamentista emprendida por el teniente coronel mediante adquisiciones multimillonarias de jugueticos rusos. Desde entonces, los roces han sido continuos, y no le debe haber caído nada bien a Chávez que Santos hubiera estado al frente de tantas operaciones exitosas contra las Farc, principalmente la que dio cuenta de ‘Reyes’ en Ecuador, donde además se presentó el afortunado hallazgo de sus infidentes computadores.

Colombia es un objetivo mayúsculo para el proyecto chavista. En Miraflores se mantienen al tanto de los pormenores de nuestro ajedrez político. Saben que, una vez que se ha complicado el camino de la reelección, el enemigo por sacar del camino es Santos. Entre los candidatos uribistas, Andrés Felipe Arias también tiene buena figuración en las encuestas, pero sin claras posibilidades de ganar. El resto de interesados -con un par de excepciones, quizás- defienden la Seguridad Democrática, pero sólo de labios para afuera porque en realidad, con sus críticas y contrapropuestas, destapan sus intenciones de bajar completamente la guardia y permitir el rebrote de las guerrillas y, como consecuencia, también del paramilitarismo.

Es obvio que para las Farc y sus amiguetes continentales, es una prioridad oxigenar a la subversión impidiendo la continuidad de Uribe o la reelección de sus políticas a través de alguno de sus discípulos. Desde el 2002 se supo que la guerrilla iba a pasar de agache “el chaparrón de Uribe”, y a fe que en el primer periodo lo hicieron tan bien que iban a sobrevivir casi intactos. La reelección les cayó como un cáncer, los hechos lo demuestran, Íngrid Betancourt lo confirmó. Pero esta es una patria boba, donde un gobernante que arrasa en las urnas es sacado a sombrerazos por una minoría escandalosa, una Corte Suprema que no tiene apoyo del soberano y la torpeza de quienes promovieron la campaña de recolección de firmas.

Ahora, es evidente que la persecución contra Santos lleva implícita otra intención, y es la de poner de presente que quienes osen atravesarse en el camino de la revolución la podrían pagar caro. Es una estrategia que está íntimamente ligada con la guerra política y jurídica de que vienen siendo víctimas nuestras Fuerzas Militares con un claro efecto desmoralizante. La muerte de ‘Reyes’ fue un golpe demoledor para las Farc, pero más para sus auxiliadores, y la menor revancha a la que están dispuestos es a dejar en claro la advertencia de que perseguirán a todo funcionario que les propine golpes letales. Este es apenas el principio, ya sabemos el calvario al que pretenden someter al presidente Uribe una vez que abandone el cargo.

No hay que olvidar, sin embargo, que el inventario de desatinos de las Farc es monumental. Sus errores de cálculo son históricos. Con un despropósito de esta magnitud, Correa está convirtiendo a Santos en el paladín que necesita Colombia para mantener las políticas del actual gobierno y él en su jefe de debate, su principal promotor. Con Chávez, va a terminar catapultándolo al poder en caso de que Uribe no opte por otro periodo, solucionando una de las mayores preocupaciones del uribismo: si los votos de Uribe no son endosables, los ataques de Chávez y Correa -convertidos ahora en persecución judicial- parece que serán decisivos a la hora de definir el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. ·

Publicado en el periódico El Tiempo, el 7 de julio de 2009 (www.eltiempo.com).

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De cierta forma, los grandes contribuyentes compensan en algo la situación pagando el impuesto al patrimonio con el que se ha incrementado el pie de fuerza y financiado la modernización de los equipos de las fuerzas estatales. Sin embargo, el banquero Luis Carlos Sarmiento ha propuesto que este gravamen sea pagado por todos los colombianos –incluyendo a los que sí prestan a sus hijos para defender a los demás–, sin hacer distinción alguna en la capacidad de pago de cada cual. Eso estaría muy bien si se tratara de un impuesto progresivo, en el que pague más quien más tiene, pero es inaceptable si lo que se pretende es un ‘simple’ aumento de uno o dos puntos en el IVA para gravar a todos los colombianos sin excepción, como si se tratara de una sociedad igualitaria.

El impuesto a la seguridad no puede tener el mismo tratamiento que aquellos tributos que buscan recursos para el cine o el deporte pues se trata de un asunto que, además del político, tiene un trasfondo filosófico. A los pobres no se les pueden cargar el gravamen y los muertos al mismo tiempo, cuando los problemas de seguridad están íntimamente ligados con las profundas desigualdades. La pobreza no justifica la violencia pero alienta en algunos la presunción de que les da derecho de atentar contra la vida, honra y bienes ajenos como forma de reivindicación social.

En ese orden de ideas, los ricos demandan más seguridad porque corren más riesgos, en tanto que los pobres son más susceptibles de convertirse en una amenaza para la seguridad de los otros, debido a sus precarias condiciones de subsistencia. Es un contrasentido que quienes más necesitan seguridad paguen menos por ella y que a los más necesitados se les arrebate algo más de sus escasos ingresos para agravar su situación de vulnerabilidad. Además, las clases altas y las empresas invierten cada vez más en seguridad privada, lo cual también es ilógico. Debería ser a la inversa, menos seguridad privada y mayor fortalecimiento de las instituciones.

El hecho de que la financiación de la seguridad quede huérfana le da alas a quienes creen que los organismos de seguridad están sobredimensionados y que estrategias como la negociación política y la legalización de las drogas harían innecesario el actual nivel de gasto militar. Esa es una tesis muy peligrosa porque las guerrillas no han mostrado ni la menor intención de querer un acuerdo de paz. Acceder a una negociación en este momento equivale a abdicar y echar por la borda los logros de la Seguridad Democrática.

De otro lado está el sofisma de que legalizar las drogas acaba con el crimen organizado. La mafia nunca abandona la delincuencia; se transforma, se diversifica, pero nunca con apego a la ley. El periodista Roberto Saviano hace un buen retrato de esa realidad en el libro Gomorra, donde muestra la infiltración de la mafia en todos los sectores de la economía de Nápoles y el sur de Italia: el contrabando, la trata de personas, la falsificación de marcas, etc.

Estamos en un país en el que la ilegalidad se ha enquistado en la cultura y se expresa con graves manifestaciones de violencia. Faltan décadas para que se pueda prescindir de grandes inversiones en seguridad y justicia para cambiar este panorama y es un mal presagio que los más beneficiados quieran tirar la toalla tan pronto. La seguridad es la mejor inversión, es una lástima que ellos no lo vean así.

Publicado en el periódico El Mundo, el 1 de junio de 2009 (www.elmundo.com).

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Debe estar feliz la izquierda continental (encabezada por el Foro de Sao Paulo y la Coordinadora Continental Bolivariana) con lo que está pasando. A Fujimori le están cobrando con 25 años de prisión el haber derrotado a los terroristas de Sendero Luminoso y Túpac Amaru, al tiempo que el verdadero modelo de Chávez muestra sus garras encarcelando a los principales líderes de la oposición y arrebatándoles el poder local en Caracas, mediante una argucia propia de un dictador tropical. ¿Qué diría la oposición en Colombia si Uribe encarcelara a sus principales opositores y le diera un golpe de mano al Polo Democrático para arrebatarle el poder en Bogotá?

Mientras las dictaduras de derecha terminan en la cárcel, las de izquierda son objeto de apología y exaltación. El militar argentino Adolfo Scilingo fue condenado en España a 640 años de prisión por participar en los ‘vuelos de la muerte’ en los años de la dictadura en Argentina, y las leyes de punto final (expedidas por Alfonsín en diciembre de 1986) fueron anuladas en 2005 en el caso de los militares pero no en el de los montoneros, que aún gozan de amnistía e indulto.

Pinochet, en la decrepitud de la vejez, murió acosado por la justicia. En cambio, Fidel se muere de viejo, en la cama de un palacio en La Habana. Sus muertos, sus presos, su pueblo empobrecido, valen huevo con tal de mantener vivo un credo anacrónico que vende ilusiones jamás conquistadas. El Che Guevara, otro asesino ilustre, posa de héroe en películas producidas por la izquierda de Hollywood, como si se tratara del manoseado Bolívar y no de un sicópata que podría compartir celda con el envejecido Charles Manson.

En Colombia, el holocausto del Palacio de Justicia se lo quieren cobrar a los militares mientras los guerrilleros se pavonean en carros oficiales, todo por el pecado de atravesarse a “defender la democracia, maestro”, expresión misma que ha sido reprochada para que quede claro que quien ose obstaculizar la revolución la paga caro. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia, con pruebas endebles, arma un proceso contra más de 50 congresistas supuestamente vinculados a los grupos paramilitares, pero se niega a usar la minuciosa y abundante información de los computadores de ‘Reyes’ para enjuiciar a los políticos cercanos a las Farc.

Por eso, los más contentos con la condena de Fujimori están en Colombia, pues hace rato ventilan, sin pena alguna, sus deseos de llevar al Presidente Uribe ante la justicia internacional para cobrarle la cuasi derrota que le ha infligido a las guerrillas. ¿Y cuáles son sus argumentos? Lo que sea. Sobrarán denuncias amañadas, apoyadas en indicios gaseosos, para encauzarlo en los tribunales que dirige la izquierda. Si hasta Álvaro Leyva, uno de los más conspicuos amigos de las Farc, sentenció hace varios años que si Uribe no hacía el intercambio humanitario sería llevado a la Corte Penal Internacional.

Y como ellos están esperando el momento de pasar la cuenta de cobro –y como Uribe lo sabe, y todos lo sabemos–, muchos aducen que el Presidente tiene la intención de perpetuarse en el poder con el fin de evadir los tribunales. Un vocero de la oposición (Pedro Medellín, El Tiempo, 07-04-2009) se pregunta si Uribe se quiere reelegir es para “evitar que lo lleven ante los jueces”, y se atreve a agregar: “como han llegado a sugerir sus cercanos colaboradores”. Otro vocero (Claudia López, El Tiempo, 09-03-2009) arguye que nombrar a los ex guerrilleros ‘Karina’ y ‘Olivo Saldaña’ como gestores de paz, es obstrucción de justicia. Y anota: “Entre más ejerza esa obstrucción (…) mayor la probabilidad de tener que responder por ello a nivel internacional. Pero (…) confían en que permanecerán en el poder lo suficiente para encubrir todo y que las instancias internacionales están suficientemente entretenidas con África como para fijarse en Colombia. Ya veremos”.

La avanzada contra Uribe se nutre de libros plagados de acusaciones temerarias y falacias ad hóminem, a pesar de que sus autores se atreven a reconocer que esos libros no podrían aportar nada en un juicio contra el presidente Uribe. ¿De qué se trata entonces esta cacería? Deberían considerar las palabras del periodista francés Jaques Thomet –ex corresponsal de EFE en Colombia–: “sólo su régimen democrático tolera, sin reaccionar, sus insultos repetidos contra el Presidente de Colombia. (…) ¡Todos ustedes serían detenidos si sus periódicos se publicaran en Francia!”.

Publicado en el periódico El Mundo, el 13 de abril de 2009 (www.elmundo.com).

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Lamentablemente, la respuesta tiene más que ver con lo primero que con lo segundo. A las guerrillas sí se les reconoce sedición a pesar de ser tan criminales como la organización paramilitar y de ser, por lo menos las Farc, el gran cartel de la coca. Y, peor aún, todavía se cree, con falso romanticismo, que a la subversión la mueven motivos altruistas, lo que las diferenciaría esencialmente de los ejércitos fascistas de la ultraderecha.

Este ha sido uno de los mayores escollos de la ley de Justicia y Paz desde que empezó a desarrollarse hace dos años y si no se logra otorgar a los paramilitares el estatus de delincuentes políticos se perderá la oportunidad histórica de desmantelar estas organizaciones ilegales y viviremos un regreso particularmente sangriento. No es gratuito que la oposición demuestre una intransigencia feroz frente a este tema. Ya se preguntaba Eduardo Pizarro Leongómez (El Tiempo, marzo 14 de 2005), si tras esa resistencia se escondía “un perverso cálculo estratégico”; si quienes piden severidad con los ‘paras’ van a pedir benevolencia cuando llegue el momento de las negociaciones con la guerrilla.

No es casual que a algunos les parezca una aberración el anodino documento firmado en Santa Fe de Ralito por una buena cantidad de políticos, en el que se comprometen a “refundar la Patria”, pero no vean nada de grave en las reuniones del presidente Pastrana con la guerrilla, en el despeje del Caguán y en todos los pactos y documentos que se discutieron y firmaron allí. Al mismo tiempo es curioso y sorprendente que si hay tantos políticos investigados y encarcelados por asistir a la reunión de Ralito y firmar el curioso documento en el que se pacta instaurar una nueva sociedad y, por ende, hacer cambios en la estructura del poder, no se considere eso como un delito político.

Este debate le ha hecho perder al Gobierno el apoyo de antiguos aliados como Rafael Pardo Rueda, quien, en su libro La historia de las guerras (p. 626), dice que los paramilitares “son grupos de motivación política (…) y por ello su delito debe estar enmarcado en los parámetros de delito político, el paso de las armas a la paz debe tener un tratamiento generoso de parte de la sociedad para quienes dejen las armas, pues de lo que se trata es de dejar la lucha armada, así no haya sido en contra del Estado, (cambiándola) por la lucha política”.

Está claro que entregar a los paramilitares el tratamiento o reconocimiento político requiere aceptar una tesis que para algunos es indigerible pero que en realidad no es absurda: que si bien estos grupos no intentan derrocar, combatir o remplazar al Estado, sí se dan a la tarea de suplantarlo, entorpeciendo de paso la acción del mismo. Además, el origen de las autodefensas se da como resultado de la ausencia del Estado para controlar los desmanes de los insurgentes, delincuentes políticos por antonomasia. Así que asimilarlos como tales no es tan forzado como algunos piensan, ni es violatorio de la Constitución, ni del principio de legalidad, ni de las normas internacionales. La ley es producto de la interpretación que produce la política, y la que se produce por el paso del tiempo.

No es posible ver delito político en unas guerrillas criminales para luego indultarlas sin que sus víctimas reciban justicia y equiparar a los paramilitares con simples bandas de malhechores. Eso no concuerda con la realidad que conocemos. No puede compartirse la afirmación de Petro de que ninguno de los crímenes del M-19 puede catalogarse como de ‘lesa humanidad’. El indulto del M-19 dejó gran impunidad por culpa de esa concepción maniquea e idealista de que su lucha era filantrópica.

Por eso no puede echarse en saco roto la tesis del filósofo español Fernando Savater de que deben eliminarse de la jurisprudencia los mal llamados delitos políticos —rebelión, sedición y asonada—, que no sirven tanto para garantizar la libertad, la igualdad y la justicia de los pueblos como para preservar la impunidad y cometer cualquier exceso en nombre de los más confusos ideales. Ya la mayoría de los países del mundo han eliminado esta permisión de las cartas políticas y va siendo hora de hacerlo en Colombia.  ·

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 30 de julio de 2007.

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Me explico. Salvatore Mancuso expresó que ellos, los paramilitares, copiaron el modelo guerrillero y hasta lo mejoraron. Se refería, en términos amplios, a su modelo de guerra  y a su forma de financiación, cuestiones íntimamente ligadas. La guerrilla copaba territorios abandonados por el Estado y convertía en sus lacayos a los pobladores, abusando de ellos de diversas formas. A los ricos, mediante extorsión y secuestro, les arrebataba fuertes sumas de dinero para apertrecharse y comprar armas. A los pobres, por su parte, los obligaban a enrolarse en sus filas, a servir de estafetas, a facilitar la mimetización de los combatientes y, en general, a cuanta colaboración se les pidiera bajo coacción armada.

Se entiende entonces que las autodefensas hicieron lo mismo. Pero mejor, según Mancuso. Coparon territorios abandonados por el Estado en los que las guerrillas se habían convertido en un azote. Territorios, por cierto, de gran importancia económica y geoestratégica como Urabá, debido a su agroindustria bananera y a la cercanía con Panamá. Pero la llegada de los paramilitares tuvo, en principio, una sutil diferencia: que los ricos —ganaderos generalmente— hacían su aporte de forma voluntaria porque la autodefensa se convirtió  en su tabla de salvación ante la desidia del Estado. Una vez que las guerrillas eran vencidas, los paras se volvían más despiadados que sus enemigos y el aporte se hacía de nuevo obligatorio, un expolio.

Las guerrillas, en todos los rincones del país, robaron ganado, expropiaron tierras, desterraron propietarios prósperos y desplazaron a los pobres. Los paras hicieron igual pero al no tener entre sus objetivos la toma del Estado lo que hicieron fue violar toda la institucionalidad para ponerla a su servicio; esto, escriturando las tierras que arrebataron, tomándose los presupuestos municipales o cooptando a los políticos de las regiones donde mandaban, con el poder que les daban las armas.

Sin embargo, aunque es verdad que muchas personas y empresas apoyaron a los paramilitares sobre todo en lo financiero —como se desprende de la versión libre rendida por el señor Mancuso—, eso está muy lejos de ser lo que parece. Días atrás, la revista Semana publicó una encuesta muy reveladora sobre lo que los colombianos opinan del paramilitarismo y del proceso de paz con estos grupos ilegales. Es tanto el odio que despiertan las guerrillas que la población colombiana —básicamente la de las áreas urbanas— ha hecho caso omiso de las denuncias sobre atrocidades cometidas por los ‘paras’: las fosas comunes a lo largo y ancho del país, los ríos convertidos en botaderos de cadáveres y gente inocente picada a machete sólo para practicar cómo se hace una masacre. Es decir, los colombianos, podría decirse, permitieron y aún consienten el fenómeno paramilitar.

No obstante, de la misma forma que quienes le pagaron a las guerrillas por el secuestro de un familiar no pueden considerarse colaboradores de la subversión sino víctimas, aquellos que hicieron aportes al paramilitarismo no pueden ser vistos como cómplices porque ante el acoso guerrillero encontraron en los ‘paras’ su única posibilidad de sobrevivir. Y luego, expulsada la subversión, no tuvieron de otra que agacharle la cabeza a un nuevo amo. Los repartidores de cerveza, leche y gaseosa, los buseros, los finqueros, todos en general, no daban dinero por ser parte del movimiento paramilitar sino porque les tocaba para poder trabajar y vivir. El que tanta gente diera su aporte monetario no exime a los ‘paras’ de sus excesos, ni puede asegurarse —como dice Mancuso— que la existencia del paramilitarismo es la prueba reina de que son una ‘política de Estado’. No, más bien es la prueba reina de la ausencia del Estado y de sus terribles consecuencias. ·

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín el 4  de junio de 2007

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Se está volviendo un problema de todos los años, por esta época, el asunto de la pólvora. Pero es un tema que se magnifica de manera injusta. Ya existe un gran consenso en el sentido de prohibir el expendio de pólvora en todo el territorio nacional para evitar el drama de los niños quemados —incluso de adultos—, pero el asunto es más profundo.

Según estadísticas confiables, a hospitales como el San Vicente de Paúl de Medellín —que recientemente obtuvo el primer puesto nacional entre las entidades prestadoras de salud de alta complejidad—, la mayoría de infantes que ingresan solicitando atención por quemaduras, aun en los diciembres, son víctimas del derrame de líquidos calientes, a menudo ocasionados por prácticas aparentemente inofensivas como la preparación callejera de sancocho, buñuelos, natilla, cerdo y las demás viandas de fin de año.

Sin embargo, la pólvora es señalada como responsable única de las tragedias de los niños quemados en diciembre. En décadas pasadas el uso de juegos pirotécnicos era probablemente mayor al de hoy y el número de quemados era proporcionalmente inferior.

En el fondo, lo que se advierte en el drama de los niños quemados es el descuido permanente en que se tiene a los menores. Niños que ingieren ‘totes’ que encuentran en la calle, niños que se queman con pólvora dos veces en la misma semana o que son quemados con la pólvora que manipulan terceras personas en sitios concurridos, son situaciones que se asemejan a los episodios reiterativos de menores abusados sexualmente, de menores víctimas de minas antipersona y artefactos explosivos abandonados por actores del conflicto o de niños electrocutados al tocar conexiones defectuosas o electrodomésticos que están pasando corriente.

Es decir, lo que se nota es un descuido generalizado de los menores de edad en todo el país, en todas las épocas del año y en las más diversas circunstancias. Eso se ha incrementado desde que la Constitución del 91 puso en entredicho la potestad de los adultos sobre los menores de edad, enarbolando el tema del libre desarrollo de la personalidad.

Hace 15 años nadie ponía en duda la autoridad de los padres y los maestros. Hoy  los individuos, amparados por una norma extravagante, deciden desde muy niños cómo tener el pelo, cómo vestir, si ponerse tatuajes o ‘piercings’, a dónde salir a divertirse, a qué horas regresar a casa y todo lo atinente con relaciones sexuales y consumo de alcohol y drogas.

Desde el punto de vista de los adultos la norma constitucional se percibe no sólo como una autorización para que el individuo en formación se autodetermine sino como un relevo, una exoneración de las responsabilidades que tienen los padres sobre los infantes. Y ese modelo que ha tomado vuelo, el de los niños que hacen lo que les viene en gana porque ‘hay que dejarlos’, es irresponsablemente promovido por los medios de comunicación —la televisión en particular— y por la publicidad.

No son pocos los padres que ya no tienen autoridad para decirle a un niño de diez años que no puede salir a quemar pólvora. Y esa carencia de autoridad no se produce por ser malos padres sino por este permisivo proceso formativo que parece diseñado para que lo apliquen, con sus hijos, expertos psicopedagogos y no personas corrientes que carecen de formación avanzada.

Es sumamente contradictorio e incongruente que algunos pretendan legalizar las drogas para debilitar a las mafias pero que, al mismo tiempo, se quiera prohíbir la pólvora dizque por peligrosa. Castigar a los padres de los niños quemados cuando no se castiga convenientemente a los padres que los violan. Nadie plantea la necesidad de controlar el consumo de alcohol o el exceso de velocidad en nuestras carreteras pero ahora quieren poner a las fuerzas del Estado a perseguir polvoreros como si se tratara de carteles o guerrillas, y creen que se va a alcanzar un gran logro con eso.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 24 de diciembre de 2006 (www.elmundo.com).

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El ataque de las Farc en Tierradentro, corregimiento de Montelíbano (Córdoba), en el que fallecieron 17 policías y tres civiles, da cuenta de dos realidades duramente cuestionadas: la primera es que los grupos paramilitares sí se han desmovilizado; no se ha efectuado un proceso fingido, como consideran algunos contradictores,  en el que subsisten las estructuras mientras se entregan algunas cuantas armas y se ‘desmovilizan’ individuos que no son combatientes. El otro asunto es que las zonas que antiguamente estaban dominadas por los paramilitares están siendo copadas por las guerrillas tal como temían los campesinos —prueba fehaciente del desmonte del paramilitarismo—, y el Estado no tiene recursos suficientes para mantener el control.

El sitio del ataque, Tierradentro, está en el corazón de lo que hasta hace un par de años, a lo sumo, era el principal enclave de las autodefensas. Mientras estuvo bajo el poder de los paramilitares a nadie se le habría pasado por la cabeza que hasta allí llegara una columna de 500 subversivos para atacar el puesto de Policía, para poner en entredicho la política de seguridad del Gobierno, para anunciar que son los nuevos mandamases de la región y para apropiarse de los abundantes cultivos de coca que, otrora, financiaban a sus enemigos.

Desde que se iniciaron los diálogos con los grupos de autodefensa, la preocupación de muchos sólo giraba en torno del tema de los castigos para tan temibles asesinos y perpetradores de masacres. El tema se politizó, apenas se hablaba de verdad, justicia y reparación, mientras que a los guerrilleros siempre se les ha recibido con los brazos abiertos del indulto y con promesa de Constituyente, receta mágica que el mismo presidente Uribe ofertó hace un mes cuando gobierno y Farc se hicieron algunos coqueteos de paz. Pero en las zonas paramilitares la preocupación de los campesinos siempre fue otra, la de cómo los iban a proteger de las vengativas incursiones guerrilleras.

Desde el comienzo se supo que las Farc fueron copando las zonas abandonadas por el paramilitarismo, huérfanas de seguridad. La guerrilla regresó rápidamente a regiones de donde habían sido desplazadas sin  el menor reparo y poco a poco fortalece su presencia gracias a su gran capacidad de mimetizarse entre la población civil sin que las Fuerzas Armadas puedan hacer mayor cosa sin incurrir en supuestas y en reales violaciones de los derechos humanos. Cabe recordar que si el paramilitarismo pudo extirpar a la guerrilla de muchas regiones se debió a cruentas prácticas de exterminio, eliminando sin reserva a quien pareciera o fuera comprobadamente un colaborador de las guerrillas. De esa manera, jugando al ensayo y al error, asesinando guerrilleros de civil, como decía Carlos Castaño, pero equivocándose a menudo, como también lo admitía, le  cortaron el oxigeno a la subversión en áreas que antes dominaban. Sobra decir que las Fuerzas Armadas no pueden operar de esa forma.

Por supuesto que sería una canallada pretender decir que las estructuras paramilitares debieron mantenerse tranquilas y hasta permitir que se hubieran diseminado en otras zonas del país para atacar a la subversión con sus métodos despiadados, pero las buenas intenciones con las que el gobierno del presidente Uribe impulsó el desmonte del paramilitarismo cuentan muy poco. El Gobierno arguyó que este factor de perturbación debía desaparecer por cuanto la guerrilla siempre ha exigido su disolución para hacer la paz. También se mencionó la desinstitucionalización producida en inmensas zonas en donde no hacía presencia el Estado y era suplantado por los grupos de autodefensa. Igualmente se dijo que los ‘paras’, considerados terroristas y narcotraficantes, eran enemigos del Estado y debían ser combatidos; sacarlos de la confrontación era, por tanto, aliviar la tarea de unas Fuerzas Armadas que debían enfrentar a varios enemigos al tiempo, y quitar de en medio un factor que ha corrompido a muchos miembros del Estado.

Todo esto es cierto pero el problema es que la cosas tienen derecho y tienen revés. Eliminar el paramilitarismo sin vencer a la subversión no sólo resulta siendo un favor para las guerrillas, quitarles de encima a su peor enemigo, sino un error en una ecuación en la que el orden de los factores altera el producto. Las autodefensas sólo pueden desaparecer cuando lo haga la subversión y mientras ésta subsista aquellas revivirán. Las zonas que dejan los ‘paras’ deben coparlas fuerzas de paz extranjeras, desmovilizados bajo el mando del Ejército o unas Fuerzas Armadas robustecidas en número de efectivos y mejores recursos. Los pilotos más experimentados mueren en los vetustos aviones de la Fuerza Aérea y a las tropas las masacran en las carreteras cuando se movilizan en unos camiones más apropiados para transportar gallinas. Por eso el impuesto de guerra a los altos patrimonios debería ser permanente, que los pudientes pongan plata ya que ni siquiera prestan a sus hijos para tomar los fusiles.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 13 de noviembre de 2006 (www.elmundo.com).

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• ¿A quién le servía esa bomba?

Nadie debería mostrarse sorprendido por la reacción  del presidente Uribe tras el atentado a una de las sedes militares más custodiadas del país, en Bogotá. No puede causar sorpresa que Uribe responsabilice con premura a las Farc luego de estar acostumbrados, los colombianos, a los desplantes de los subversivos, a su cinismo, a su atrevimiento. Pero hay razones para pensar que el Presidente debió ser más prudente y esperar con cautela el resultado de las investigaciones. Cabe recordar que la premura de José María Aznar para señalar a los autores de los atentados en los trenes de Madrid, el 11 de marzo de 2004, le costó al Partido Popular la derrota en las elecciones tres días después.

Si las Farc puso la bomba en el Cantón Norte ello sería muestra de un grave nivel de infiltración en las Fuerzas Militares por parte de los sediciosos. Si no fueron ellos, el asunto es más grave. El atentado podría deberse a las denominadas ‘fuerzas oscuras’, que estarían interesadas en evitar diálogos de paz —incluyendo el ‘intercambio humanitario’—  con los grupos de extrema izquierda; podría ser una respuesta a los debates en el Congreso y a las investigaciones que la Fiscalía viene haciendo en contra de políticos involucrados en el paramilitarismo, según se desprende de información hallada en el computador de alias ‘Jorge 40’; podría provenir de algún sector de los paramilitares que no ha entrado al proceso de desmovilización y en el que tienen asiento narcotraficantes puros; o, peor aún, podría ser un falso atentado perpetrado por ovejas negras del Ejército, acusadas de preparar montajes con el fin de ganarse el dinero de las recompensas.

Que un hecho de esta naturaleza se haya presentado en la sede militar más custodiada del país, en las barbas del general Montoya, Comandante del Ejército, y de medio centenar de oficiales de alto rango, hace pensar no en una falla de seguridad sino en un preocupante contubernio entre algunos militares corruptos y delincuentes, cualquiera sea su especie. Y lo extraño es que si las Farc hubiera entrado la bomba sería de esperar que se tratara de una de alto poder y no esa que apenas dejó destrozos materiales. Se hacen toda clase de conjeturas para concluir que los militares se salvaron porque se retrasó su agenda de actividades pero también se podría inferir que si de causar muchos muertos se tratara los criminales podrían haberla detonado a control remoto en el momento indicado.

Las Farc están realmente urgidas de aparentar un interés de dialogar, con el objeto de que se reduzca la presión militar que las está asfixiando. Para eso conservan en su poder a esos secuestrados que no desean liberar a cambio de dinero sino de beneficios militares o políticos. Esta guerrilla no se ha caracterizado propiamente por tener tacto y buen tino pero es casi de no creer que no sospecharan que un acto de esta naturaleza suscitaría una fuerte reacción por parte de un Presidente que no se va por las ramas.

Pero, suponiendo que sí fueron las Farc, la izquierda alega que eso no era motivo válido para cerrar la puerta del intercambio, que han sucedido cosas peores en el proceso de paz con los paramilitares sin que el Gobierno se haya inquietado. Denuncian que los ‘paras’ han asesinado a tres mil personas desde que comenzaron su desmovilización y que no han dejado de traficar con narcóticos, pero durante los diálogos del Caguán, las Farc siguieron su camino de muerte, secuestro, extorsión, terrorismo, narcotráfico y destrucción sin que la izquierda se pronunciara; por el contrario, su llamado era a persistir, consentir y dispensar.

Ahora, si el atentado fue usado por Álvaro Uribe como un pretexto para no negociar con las Farc, no era necesario. Uribe fue elegido y reeligido para vencer a las guerrillas y no para transigir con ellas. Además, el primer mandatario lleva casi tres meses haciéndole guiños a la subversión sin que se haya avanzado un centímetro. Los hechos son tozudos y demuestran hasta la saciedad que la única alternativa de los secuestrados es el rescate militar.

En palabras de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, (El Espectador, mayo 11 de 2003) el Estado tiene la obligación de buscar el rescate de los secuestrados, de no ceder a demandas inaceptables ni permitir que esto se vuelva un círculo vicioso. Los familiares de los secuestrados deberían entender de una vez por todas que es a las Farc a quien le deben exigir insistentemente que libere a sus seres queridos sin contraprestación y dejar de presionar a un Estado que no puede ceder a cualquier cosa.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 30 de octubre de 2006 (www.elmundo.com). 

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