Es muy grave que se esté volviendo a hablar de ‘estado fallido’ para referirse a Colombia. Pero no les falta razón a quienes nos miran desde afuera y notan que en nuestro país hay un profundo desbarajuste en materia de autoridad. Aquí, para lo que es provechoso y necesario, nadie manda, pero para las futilidades y las trapisondas sobran quienes las hagan cumplir.

Un caso evidente se da en el sistema penitenciario, que no parece destinado a castigar a los condenados sino a permitir que estos hagan lo que se les venga en gana. La largueza con la que se trata a presidiarios como el ex senador Juan Carlos Martínez —de quien se dice que manda en buena parte del país desde su celda—, no debería causar sorpresa porque lo mismo ocurre con todos los presos gracias a que el garantismo a ultranza de nuestro sistema jurídico admite toda clase de excesos en desmedro de la justicia y a favor de la impunidad.

El coctel tiene todos los ingredientes: penas cortas y disminución de las mismas, permisos extramuros, casa por cárcel, régimen hotelero, visitas sin control, acceso a narcóticos, licores, celulares, internet, televisión satelital y cuanto capricho se pueda pagar. Y lo peor de todo es que desde las cárceles se mantienen las actividades delictivas, el Estado es incapaz de controlar a estos delincuentes, no ha habido voluntad política.

Otro caso sintomático es el de la flagrante violación de las normas de tránsito. No hay poder humano que meta en cintura a conductores de servicio público que quebrantan todas las normas y se burlan de la sociedad al no pagar las infracciones, acumulando decenas de millones que toca condonarles porque las autoridades son complacientes y dejan vencer los términos sin iniciarles cobro jurídico. Para colmo de males, las empresas donde laboran no pueden despedirlos porque la malhadada Corte Constitucional, en uno de sus frecuentes fallos absurdos, dictaminó que no les pueden vulnerar el ‘derecho’ al trabajo.

Desmanes como ese permiten entender por qué el nuestro debe ser uno de los pocos países del mundo donde un conductor en altísimo grado de embriaguez  puede matar a alguien sin perder la libertad ni la licencia de conducir, y que cada que se intenta subsanar este problema, en el Congreso, las mayorías hunden o archivan el proyecto sin rubor. De hecho, cualquier propuesta que se plantee para endurecer las penas de cárcel, a pesar de ser un país con más de 95% de impunidad, es perversamente cuestionada con argumentos deleznables que se repiten hasta el cansancio, como esos de que la cárcel no resocializa, que no debe hacerse del castigo una venganza o que en las cárceles hay un alto grado de hacinamiento.

También se suelen descalificar replicando que se trata de propuestas populistas, como si hacer justicia fuera un asunto demagógico y no la base misma del contrato social. Ya veremos cómo la idea del senador Luis Fernando Velasco, de otorgarles poder a inspectores de Policía para arrestar a conductores borrachos hasta por 90 días, será descalificada de plano. Argumentarán que ello debe ser potestativo de los jueces, que 90 días de arresto para un pobre borrachín es un exceso, que nuestra justicia suele errar frecuentemente y se cometerán injusticias, que lo importante es educar haciendo campañitas en la televisión, etc.

Un Estado no solo puede irse a pique en razón a una amenaza terrorista. Puede ser víctima de un cáncer que se lo vaya carcomiendo por dentro, como el de la corrupción o el de ese aparejo invisible que Álvaro Gómez llamaba ‘el régimen’, y que no es más que ese estado de cosas que hacen del sistema una maraña ineficiente. Un Estado como el nuestro, donde nadie manda y si alguien se atreve, ya se sabe lo que le pasa.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 10 de octubre de 2011)

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Y como nadie hizo nada para detener esa dinámica de violencia, Medellín alcanzó, en 1991, el tope de 6.658 homicidios, sin contar los demás municipios del valle de Aburrá. El año pasado hubo 2.186, cifra sensiblemente inferior a la del 91 si consideramos que hoy tenemos un millón de habitantes más que hace 20 años (cifras de Medicina Legal, cuyos datos científicos ofrecen una estadística más confiable que la de la Policía Nacional).

Eso, sin embargo, no le resta gravedad a la actual situación, que se asemeja a la de los 80 en el hecho de tratarse, por ahora, de una confrontación entre bandidos que se matan entre sí. Pero ello no puede ocultar que esta barbarie ha afectado gravemente a las comunidades donde se escenifica y que hay un peligro real de que esto se expanda a toda la ciudad y al resto del país, encarnado en pandillas de gánsteres organizados para controlar el negocio de las drogas y extorsionar los negocios legales, lo que truncaría el propósito inaplazable de llevar la seguridad democrática a su siguiente nivel, que es la seguridad ciudadana.

¿Qué hacer para evitar esto? Tiene razón el alcalde Salazar al pedir la intervención del Gobierno Nacional y solicitar reformas de los códigos Penal y de Procedimiento Penal, que se convirtieron hace rato en el mayor obstáculo para aplicar pronta justicia, combatir la impunidad y sentar bases para la convivencia.

No es suficiente una reforma cosmética que se quede en temas como la transformación del Consejo de la Judicatura o el fortalecimiento de la gerencia de la Rama Judicial. Todo eso es importante pero lo que la gente pide a gritos es aumentar las penas, reducir los beneficios, frenar el garantismo desmedido y crear jurisdicciones especiales para casos especiales. Quitarle a la justicia esa venda que no la deja ver, que debe ser símbolo de imparcialidad y no de impunidad e inoperancia, como aquí.

A diario, los organismos de seguridad del Estado capturan a peligrosos delincuentes que los jueces liberan con un afán que indigna. La interpretación del concepto de ‘flagrancia’ se aplica -pisoteando el espíritu de la ley en aras de preservar nuestra tradición de gramáticos- tomando al pie de la letra una acepción del diccionario de la RAE que excluye específicamente la fuga: (‘en flagrante’) “En el mismo momento de estarse cometiendo un delito, sin que el autor haya podido huir”. O sea, si el asesino da un paso de huida, ya no hay flagrancia y toca pedirle el favor de que pare a tomarse una gaseosa mientras un juez le expide la orden de captura. De lo contrario, como la semana pasada, vale huevo que el criminal haya asesinado a un policía con un AK-47. Si huía, no había flagrancia, y si el policía murió en la clínica -y esto sí es el colmo-, no hay certeza para el juez de garantías de que su deceso sea producto del balazo recibido y no de una gripa. ¿Quiénes son los legisladores responsables de estos disparates?

Claro que los jueces también podrían poner de su parte, como en el caso del homicidio del juez Diego Fernando Escobar, en el que hubo inusitada diligencia para capturar, investigar, registrar la vivienda del sicario y legalizar la captura, que se dio en un bus casi una hora después del crimen.

En fin, queda mucha tela por cortar, pero un buen inicio es reformar la justicia para que no tenga excusas y haga lo que le toca.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 31 de agosto de 2010

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El problema de pandillas violentas que controlan el negocio del microtráfico de drogas no es exclusivo de Medellín ni de Colombia. El mismo existe en las favelas de Río de Janeiro y en toda Centroamérica, con el protagonismo de las ‘maras’, cuya influencia llega hasta los Estados Unidos. Igualmente, la oleada de violencia en México está directamente relacionada con el tráfico de narcóticos, y en Caracas, que se disputa con Ciudad Juárez el deshonroso título de ser la ciudad más violenta del mundo, son las pandillas de la droga las que mandan en los barrios.

En el primer mundo también se dan casos de esta violencia que da cuenta de una segregación económica y social. Hace unos años sucedió en Clichy-sous-Bois, una ciudad de los suburbios de París, donde se amotinó, según Sarkozy, la chusma, la escoria, la canalla que incendió cientos de carros y destruyó decenas de almacenes en muchas ciudades francesas. En ese entonces decíamos que “las razones de descontento de los revoltosos de París son las mismas de los muchachos pobres de Medellín: no tienen acceso a educación de calidad, les niegan trabajo al conocer su origen, no hay maneras de redimir su pobreza en el corto plazo, se ven humillados por las diferencias de clase y no hay certidumbre que los haga sentirse ciudadanos”. Y nos preguntábamos: ¿por qué (los nuestros) no vienen de los barrios marginados a quemar carros y saquear comercios, qué los detiene? (El Tiempo, 16/11/2005).

Claro que no en todas partes se esgrime el problema de la pobreza como la causa de la violencia. El sacerdote Alejandro Moreno, director del Centro de Investigaciones Populares de Caracas (CIP), señala que ni la pobreza ni las condiciones de vida de los sectores populares explican la violencia delincuencial y que esa es “una creencia anclada en gran parte de la opinión pública que debe ser desmitificada”. Para Moreno, las circunstancias fundamentales que explican los niveles de violencia del país vecino son “la abundancia de armas en la calle y la facilidad para adquirirlas, y la debilidad del Estado para ejercer el control y el orden de las cosas”. Y concluye: “esta situación va a crecer si no cambian las circunstancias en las cuales nos encontramos. No me refiero a la pobreza, sino a la presencia de armas en la calle, a la disolución y al debilitamiento de las instituciones del Estado, al abandono de las comunidades a sí mismas, al sometimiento de las comunidades a la acción de cualquier forma de violencia” (El País, 18/04/2010).

Tanto en Rio de Janeiro, como en Centroamérica, Caracas y Medellín, las pandillas ya dieron un paso adelante en su actividad criminal al ejercer control territorial e incursionar en el ámbito de la extorsión generalizada, haciendo insoportable la vida de las comunidades. Es decir, en primera instancia, hay apropiación violenta de territorios con el fin de monopolizar la venta de drogas, cuyas utilidades no son nada despreciables. Y, luego, no contentos con las ganancias del microtráfico, estas bandas extorsionan negocios legales en su área de dominio, llegando al extremo de cobrarles ‘contribución’ a los mismos habitantes. Coerción que puede ser más lucrativa que el monopolio de narcóticos.

Medellín aún está muy lejos de sus máximos históricos de violencia. En 1991, con una población muy inferior a la actual, hubo 6.658 homicidios, mientras que el año anterior fueron 2.186 (datos oficiales del Instituto de Medicina Legal). No obstante, es evidente el deterioro del clima urbano de convivencia, por lo que se vislumbra que podríamos estar al borde de repetir la historia de hace 20 años, cuando pasamos de pugnas entre narcotraficantes –los cobros de cuentas– a una violencia generalizada.

Por eso, el Estado debe anticiparse para ganar esta carrera haciendo presencia con las fuerzas del orden, dándole capacitación y ocupando a estos muchachos y sus familias, y judicializando a los delincuentes irredimibles. No se puede seguir alimentando la impunidad con la evasiva de que toda esta violencia proviene de alguna injusticia. Esa es una disculpa de gente interesada en pescar en río revuelto.

Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de agosto de 2010

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Comparto plenamente la posición del columnista Emilio Sardi (El País [Cali], 15-06-2010), quien afirma que los fallos judiciales son merecedores de obediencia pero no necesariamente de respeto. Eso quiere decir que las decisiones de la justicia se deben acatar pero en ninguna parte está escrito que no se puedan controvertir, debatir o ventilar. Todo lo contrario, estas decisiones deben discutirse abiertamente porque ningún juez –por su naturaleza humana– es infalible, pero, además, porque muchos de ellos –y de los fiscales– no son idóneos ni honorables, como se ha comprobado reiteradamente.

Es que a diario estamos asistiendo al espectáculo deplorable que dan los jueces al liberar peligrosos delincuentes por dudosos tecnicismos como en el caso de Óscar Galvis, alias ‘Pantera’, jefe de una banda de sicarios señalado de ser autor de masacres, secuestros y extorsiones. Un juez de garantías lo dejó en libertad con el argumento de que el Ejército no podía detenerlo por porte ilegal de armas sin presencia de Policía Judicial.

Días atrás, el ex director de la UIAF, Mario Aranguren, funcionario ejemplar, ciudadano honesto, fue detenido en el marco de la investigación por las supuestas chuzadas del DAS y enviado a prisión por una juez que meses atrás liberó a cerca de veinte narcotraficantes sin justificación alguna. La defensa de Aranguren apeló la medida de aseguramiento y otra juez la ratificó con la tesis de que Aranguren es un “peligro para la sociedad”, o sea más peligroso que ‘Pantera’. ¿Cuál fue el pecado de Aranguren? Del DAS le pidieron información financiera de los intocables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en relación con ciertos festines pagados por un mafioso, y él la suministró.

La actuación de nuestros jueces se advierte verdaderamente terrorífica si se observa que, según denuncia el Ministerio del Interior, los jueces les están concediendo el beneficio de casa por cárcel a temibles delincuentes. Lo que debería ser una excepción para casos muy especiales, se les ha otorgado a 6.945 personas condenadas o sindicadas por tráfico de estupefacientes, 916 por homicidio, 836 por concierto para delinquir, 138 por secuestro, 380 por acto sexual con menor de 14 años y 6 por terrorismo. Unos angelitos, sin duda. Sobra decir que de los relacionados con homicidio, terrorismo y secuestro, ninguno debería tener el beneficio, y que será necesaria una pronta reforma de los códigos Penal y de Procedimiento Penal para evitar que cualquier bandido se haga ‘merecedor’ por ser padre o madre ‘cabeza de familia’, artificio de fácil maniobra del que se viene abusando.

Igualmente, es preciso recortarle alas a ese atrevimiento que estipula que estamos en “el siglo de los jueces”. Los jueces no tienen responsabilidad política y, por lo tanto, no pueden estar legislando, mucho menos cuando se trata de decisiones de enorme calado como la que tomó la Corte Suprema de Justicia al eliminar de facto la extradición de colombianos. Quién lo creyera pero para cualquier narcoparamilitar el tener cientos de crímenes a cuestas se volvió un premio que lo redime de los castigos severos de los tribunales norteamericanos.

Es que los jueces son todopoderosos porque la sola sentencia de cualquiera de ellos, en el último pueblito de Colombia, pone delincuentes en la calle y personas de bien tras los barrotes; concede pensiones multimillonarias a quienes no cumplen los requisitos o curiosas exigencias en contra del sistema de salud; y millonarias demandas con cargo al erario sin haber derecho a ellas. Todo porque no tienen quién los ronde y a que sus actuaciones dependen de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, una de las instituciones más corruptas del país, y eso es como poner al diablo a cuidar las hostias.

Algo más: Si queremos acabar con la corrupción algún día, la sola grabación de una conversación autoincriminatoria entre el representante liberal Germán Olano y el contratista Miguel Nule debería bastar para que los condenen a 20 años de prisión. Es que es una confesión concluyente.

Publicado en el periódico El Mundo, el 28 de junio de 2010

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De manera sistemática, jueces y fiscales vienen concediendo esa indulgencia a delincuentes peligrosos que no deberían obtenerla bajo ningún argumento. Si antes veíamos con preocupación que autores de delitos execrables cumplían penas efectivas de tan sólo diez o doce años –que son muy benévolas en comparación con el daño causado–, ahora el desasosiego es porque estos criminales están cómodos en sus casas y salen cuando quieren; incluso, muchos reciben permiso para trabajar fuera de su vivienda, como cualquier ciudadano de bien. Es decir, a pesar de que en Colombia hay una alarmante impunidad del 97 por ciento, nuestros jueces y fiscales están acabando soterradamente con las penas privativas de la libertad, propósito que promueven las corrientes –de suyo anarquistas– del mal denominado ‘nuevo Derecho’, con el cuento de que las cárceles no resocializan.

Sin embargo, ninguna sociedad puede aceptar que a temibles miembros de bandas delincuenciales les den la casa por cárcel con pretextos pueriles como ese de ser ‘padres cabezas de familia’, una de las artimañas favoritas de los penados para lograr una excarcelación expedita. De un lado, no son un buen ejemplo para sus hijos, quienes estarían mejor en manos de Bienestar Familiar, o de otros parientes que se puedan hacer cargo de ellos. Del otro, se vulneran los derechos de las víctimas al no haber castigo y, como si fuera poco, se pone en peligro a otros ciudadanos. Valga decir que los derechos de los hijos de los delincuentes no pesan más que los derechos de las víctimas o de los hijos de estas, ni están por encima de los derechos de probables nuevas víctimas y sus hijos.

Ahora, el pretexto de los problemas de salud tampoco es válido, aún en caso de que fueran reales. Es imposible estar de acuerdo con el fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago, para quien “la sustitución de una medida por domiciliaria no depende de la peligrosidad de la persona, sino del estado de gravedad por una enfermedad determinada y le corresponde al Inpec (…) asegurarse que (los penados) se encuentran realmente en su domicilio”. El Inpec no está para vigilar casas. En Colombia hay 22.000 delincuentes que gozan del beneficio de casa por cárcel –3.984 de ellos con manilla–, y el Inpec sólo cuenta con 11.200 guardias. Además, la casa no es el sitio adecuado ni para un preso ni para enfermo grave; el primero debe estar en la cárcel y el segundo en un hospital.

Pero hay más: la Ley 1142 de 2007, que se refiere al uso del brazalete electrónico, es muy clara al señalar (Artículo 38) que el beneficio sólo podrá concederse en caso de que la pena impuesta no supere los ocho años de prisión, y siempre y cuando no se trate de delitos de genocidio, contra el DIH, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo y delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. También exige que el Juez pueda deducir seria, fundada y motivadamente que el condenado no pondrá en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.

Es claro, entonces, que el beneficio no podía cobijar a Diego Alejandro Serna, alias ‘Kéner’, peligroso jefe de sicarios de una organización criminal, por enfermo que eventualmente estuviera, aunque es fácil deducir que su salud es normal. De hecho, las autoridades explicaron que “mientras estuvo en la cárcel de Palmira nunca tuvo una urgencia o una recaída”.

El director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, denunció que ‘Kéner’ lanzó una amenaza en el momento de su captura: “Si me presentan como recapturado no quedará títere con cabeza”. Si se tiene en cuenta que este sujeto se había convertido, para la Fiscalía, en un testigo clave en varios procesos contra financiadores de grupos paramilitares, y que en la Corte Suprema alcanzó a ofrecer datos sobre nexos de su organización criminal con dos congresistas de Antioquia, tal amenaza significa que ‘Kéner’ terminará convertido en otro ‘Pitirri’, lanzando falsas acusaciones a diestra y siniestra desde un cómodo exilio. ¿Será por eso que la Justicia venía tratándolo con tanta generosidad?

Publicado en el periódico El Mundo, el 15 de marzo de 2010

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Se ha armado un alboroto inusitado por la liberación de militares vinculados a falsos positivos debida al vencimiento de los términos del proceso, lo cual, sin embargo, no quiere decir que hayan sido absueltos. Pero, más lamentable que el hecho mismo es el escándalo desatado -teñido de ideología-, pues esto sucede a diario sin que las plañideras de turno se rasguen las vestiduras: también se liberaron siete guerrilleros capturados en el campamento del ‘Negro Antonio’ y poco se dijo, un lamento solitario del general Padilla de León y pare de contar.

En Colombia ha campeado la impunidad desde siempre, en gran medida por culpa de esas mismas plañideras que han pretendido que la justicia se imparta con sesgo: los militares a la cárcel y los guerrilleros al poder. Pero la justicia para los ciudadanos de a pie no ha sido distinta. No es gratuito que la gente considere que hay mayor celo por el bienestar de los criminales que por el de las víctimas, pues la política criminal en Colombia es un arsenal de impudicias y aberraciones en el que predomina un garantismo judicial inicuo y retorcido.

Por eso, es un embuste argüir que la libertad de los militares es un asunto promovido tras bambalinas por el estamento castrense y sectores de derecha que lo ven como un punto de honor, o que es producto de las fallas del sistema oral. No, ni lo uno ni lo otro.

Basta acudir a la memoria para demostrar que esto es un problema estructural de la administración de justicia que contribuye a empeorar el panorama de violencia y no a resolverlo, pues, cuando menos, llama a muchos a tomar justicia por mano propia.

Un caso arquetípico es el de Humberto Muñoz Castro, condenado a 43 años de prisión por asesinar a Andrés Escobar en julio de 1994. En teoría, estaría en la cárcel hasta el año 2037, pero resulta que el Congreso de la República reformó en el año 2000 los códigos Penal y de Procedimiento Penal, atenuando las penas con el argumento de que los largos castigos no eran cumplidos por los penados y que era mejor tener penas cortas pero efectivas. Como a los reos se les aplica con retroactividad cualquier norma que los favorezca pero no las que les sean perjudiciales, un juez recalculó su condena en 26 años; así que, en teoría, debería estar en la cárcel hasta el año 2020.

Pero abundan las gabelas. A los presos les descuentan una tercera parte de la pena por el embeleco de un supuesto trabajo -que puede ser el de barrer un corredor-, o por fingir que se estudia cuando no se sabe ni leer. Como si fuera poco, se le concede libertad a cualquiera tras cumplir las tres quintas partes de la pena, para lo cual un juez certifica la buena conducta hasta del demonio, eso no se le niega a nadie. Ah, y a todo eso se suma una rebaja más por visita papal (la última fue en el lejano 1986), por lo que es de desear que jamás un Papa vuelva a pisar tierra colombiana. En consecuencia, Muñoz Castro sólo pagó once años de prisión y, para colmo, cuando llegó su boleta de libertad, estaba en la calle disfrutando de un permiso extramuros. Le quedamos debiendo tiempo según el juez.

Es decir, nuestra justicia es garantía de impunidad cuando absuelve, cuando condena y cuando se hace la de la vista gorda. Y los delincuentes aprovechan todos los beneficios: la debilidad carcelaria, la inimputabilidad de los menores, la casa por cárcel, las fallas de los investigadores, la laxitud de los códigos, los incisos de la ley…

El futbolista Javier Flórez negoció con dinero su crimen y ya está listo para volver a las canchas, y en el caso del uxoricida Samuel Viñas un fiscal casi nos engatusa con el cuento de que si el criminal se entrega no hay flagrancia y se le puede adorar en los altares. Los desatinos cotidianos son innumerables.

Aprovechemos este arrebato de preocupación repentina para subsanar este problema estructural de la justicia y acabar con la impunidad, venga de donde venga.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 19 de enero de 2010

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El periodista Jon Lee Anderson escribió (para la revista New Yorker y publicados en Colombia por El Espectador) una serie de reportajes sobre la violencia que gobierna los barrios pobres de Río de Janeiro, las llamadas ‘favelas’. Crónicas que podrían dar cuenta de la realidad violenta de muchas ciudades latinoamericanas con apenas cambiar el nombre, pues son situaciones de anarquía y desorden caracterizadas por unos factores comunes.

El primer factor en común es el narcotráfico. Brasil no produce drogas pero el consumo es desaforado. Los narcotraficantes que las distribuyen se hacen lo suficientemente ricos como para constituir ejércitos privados e imponer su autoridad. Pero no les basta con eso. En Río (como en Medellín), las bandas de narcotraficantes vacunan negocios legítimos, como las compañías de transporte, los operadores de televisión por cable y los distribuidores de gas, entre otros, y ganan tanto o más dinero de esta forma que expendiendo narcóticos. Por eso, no es tan cierto que las mafias se acaben cuando se legalicen las drogas; lo más probable es que los delincuentes se enfoquen en otros delitos.

El segundo factor común es la ausencia de Estado. En Río, las bandas controlan las favelas como ocurre en cualquier lugar del mundo donde el Estado deja de ejercer su autoridad. Es tan grande el vacio que esas bandas someten a las comunidades de manera integral: disponen el orden, la seguridad y la justicia (todos a su estilo), así como las fuentes de ‘empleo’, el cobro de ‘impuestos’ (extorsiones) y hasta la recreación, haciendo obras como una ‘piscina comunitaria’.

El tercer factor común es la falta de oportunidades. Los integrantes de estas pandillas, al igual que en los grupos ilegales colombianos, llegan empujados por las carencias y penalidades de familias pobres y disfuncionales. En el relato de Anderson hay una mujer que era violada desde niña, que se unió a una banda “…para protegerme de mi hermano, y una vez que me uní no volví a tener problemas con él”. Hay un jefe de banda, Fernandinho —hijo de un albañil borracho que abusaba de él y de su madre—, quien hizo a un lado su sueño de ser futbolista para enrolarse “cuando tenía ocho o nueve años, inicialmente como vigía y mensajero”, o sea como los llamados ‘carritos’ en Medellín, niños que llevan recados, armas, drogas o hacen labores de inteligencia. Fernandinho tomó el control cuando la policía dio de baja a su predecesor, y otro llegará cuando él caiga mientras no haya una solución integral.

El cuarto factor común es la corrupción. En Río de Janeiro hay un record inigualable de corrupción policial y violación de los derechos humanos. Según Anderson, “la Policía de Río mata a más personas que cualquier otra autoridad policíaca del mundo: en 2008 reconocieron haber causado la muerte de 1.188 personas, quienes se habían ‘resistido a ser arrestadas’, lo cual equivale a poco más de tres personas diarias”. En Colombia, con una población que cuadruplica la del área metropolitana de Río (11,3 millones de habitantes), los casos de supuestos ‘falsos positivos’ suman cerca de 2.000 para la Fiscalía y de 1.000 para el Cinep, contabilizados desde el 2001.

Aún más, Anderson afirma que policías y bomberos de Río formaron milicias para atacar las bandas de narcotraficantes y asesinar a sus miembros, y que ya dominan más de cien favelas. Se recuerda que en marzo de 2005, la Policía de esa ciudad asesinó a 29 civiles como protesta por el arresto de unos uniformados que habían sido filmados mientras se deshacían de los cuerpos de personas que habían asesinado. Alfredo Sirkis, ex guerrillero y concejal de Río, le dijo a Anderson: “la policía recibe dinero de las bandas de las favelas como protección, aquellos que no reciben pago van y asesinan a todos y le entregan la operación a otra banda. La policía tiene un acuerdo de exterminio con las bandas”.

El quinto factor es la impunidad. Según Sirkis, “el porcentaje de crímenes resueltos aquí en Río es ridículo, un noventa por ciento de los homicidios nunca se resuelven”. Y la evasiva, para no actuar, es que “toda esta violencia proviene de alguna injusticia”, o sea la misma excusa con la que algunos tratan de justificar la existencia de las guerrillas colombianas.

La impotencia del Estado brasileño es enorme. Lula prometió en su primer mandato pacificar las favelas de Río sin resultado. Este año, la Fuerza Pública decidió ocupar permanentemente estos lugares, reduciendo levemente los índices de violencia generada por los traficantes de droga. En octubre último, como si se tratara de un escenario de guerra convencional, un helicóptero de la Policía fue derribado a tiros de fusil en una favela. Los enfrentamientos armados son el pan de cada día. Y ahí es donde se harán los Juegos Olímpicos en 2016, y ese es el país, Brasil, que nos pintan como una superpotencia.

Publicado en el periódico El Mundo, el 18 de enero de 2010

Fuentes:

Tierra de Pandillas – Jon Lee Anderson

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Marjorie Kisner

La Juez Yamith Martínez Ruíz concedió la libertad de Alexander López por vencimiento de términos. Una decisión aberrante si se considera que este individuo, en diciembre último, violó, asesinó y descuartizó a la sicóloga Marjorie Kisner, quien le  brindaba acompañamiento profesional en su proceso de reinserción a la sociedad, en el marco del programa de Paz y Convivencia de la Alcaldía de Medellín. Por eso es más aberrante aún. Este caso debería considerarse como un crimen en persona protegida o como se consideran los atentados a una misión médica. Pero no, a la juez le pareció que por un tecnicismo jurídico, había que  proceder a liberar tan peligroso asesino a cambio de una caución miserable: 150.000 pesos. Es más, si no ganó la calle fue porque este canalla sintió que su vida corría más peligro afuera que adentro, y decidió aceptar los cargos y acogerse a una sentencia que se le dictará pronto. Ya veremos otro caso de laxitud: no estará más de diez años en la cárcel.

No habíamos terminado de digerir el asunto cuando otro juez liberó al futbolista profesional Javier Flórez, quien en julio asesinó a Israel Cantillo, un aficionado que lo criticó por haber perdido la final del campeonato de futbol profesional. Bastó que este asesino —de deportista no tiene nada— se comprometiera a reparar a la familia de la víctima con 150 millones de pesos para quedar en libertad, como si con dinero se pudiera echar atrás algo irreversible como es la muerte de un ser humano. Pareciera que quien tenga dinero puede ir por la vida pagando por sus muertos y seguir a sus anchas como si nada. Esa es la perversa jurisprudencia que se está sentando con fallos como este. Ya el futbolista está en la calle, entrenando con su equipo de fútbol y pronto estará en  las canchas a pesar de que el cadáver de su víctima ni siquiera se ha enfriado.

Pero hay más. La juez Luz Irene Hernández, determinó la libertad de Ramiro Valbuena, el correo de las Farc que transportaba pruebas de vida de los militares y policías secuestrados. Tal parece que el fallo no fue en derecho sino que se trató de una decisión política e ideológica, como si ello fuera potestativo de un juez. Si bien la juez se escudó en el tecnicismo de que Valbuena fue detenido desde el sábado, y no el domingo, como indicaban la Fiscalía y el Ejército, la señora Hernández no solo determinó que Valbuena fue retenido ilegalmente —convirtiéndose en el “secuestrador secuestrado”, como anotó el analista Alfredo Rangel—, sino que se atrevió a precisar que “independientemente de la posición que tenga nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez…” el Estado no puede interferir en la entrega de esas noticias ni “obstaculizar esa labor humanitaria”. El correo de las Farc —que obviamente debe ser miembro de las Farc— quedó en libertad.

Otro caso es el del taxista Jorge Sánchez, quien atropelló a una niña de diez años en Bogotá y huyó sin prestarle los primeros auxilios. Es tal la bajeza de este sujeto que se fue a lavar el carro para eliminar cualquier huella de sangre, y luego volvió al lugar de los hechos, dejando el taxi a seis cuadras, con el objetivo de verificar si algún testigo había informado las placas de su vehículo y saber cómo obrar. Pero el individuo fue descubierto gracias a la experiencia de los investigadores judiciales. Sin embargo, todo lo mandó al traste un juez al decretar su libertad dizque por acogerse a la figura jurídica de ‘miedo absoluto’. Es decir, a pesar de que ya existe una ley que castiga con cárcel efectiva a los conductores que provoquen muertes, para los jueces el miedo justifica la impunidad. Según las teorías del Derecho Penal y las Ciencias Forenses, el ‘miedo absoluto’ paraliza; pero este señor no se paralizó, todo lo contrario: se escapó, lavó el taxi, regresó a la escena del crimen, aparcó el vehículo lejos de ahí y si no fuera por la pericia de los investigadores no habría ni pistas de los responsables.

El mensaje es muy claro: todos a delinquir, el crimen sí paga; y que los ofendidos se cobren por mano propia: la justicia es para defender a los criminales. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 21 de septiembre de 2009

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Y es que a pesar de que venimos mejorando en nuestro clima de violencia, los acontecimientos de las últimas semanas nos hacen suponer que las cosas están empeorando. Tal vez más grave porque no se trata ya de sucesos relacionados con el conflicto armado sino con la pérdida de valores y la corrupción social.

De acuerdo con las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, en el 2008 ocurrieron 26.958 muertes violentas en Colombia. De esas, el 56 por ciento corresponden a homicidios, con un total de 15.251, y un 21 por ciento a muertes en accidentes  de tránsito, con 5.670 víctimas fatales. Eso quiere decir que a diario, hubo 41 casos de homicidio y  15 personas perecieron en las calles y carreteras del país. El porcentaje restante corresponde a otros tipos de accidentes y a casos de suicidio.

En términos generales, es una buena noticia. La tasa de homicidios cayó de 37 a 34 (por cada cien mil habitantes) con respecto a 2007. El descenso en el índice de homicidios ha sido constante desde que se implementó la Seguridad Democrática. No podemos olvidar el tenebroso panorama del que venimos, cuando en las décadas de los ochentas y noventas los homicidios rondaban la cifra de 30.000 anuales. En el año 2002 hubo 28.837 homicidios, para una tasa de 65 por cada cien mil habitantes. Ya en 2004 los logros eran evidentes, bajando el índice a 44 por cada cien mil; un descenso del 33 por ciento, la tasa más baja desde 1985 cuando estaba en 40.

No obstante, es evidente que podrían evitarse muchas muertes controlando factores de riesgo en materia de accidentalidad vial y en el número creciente de homicidios absurdos que estamos padeciendo a diario. El caso de la familia completa que murió en el río Cauca al caer el microbús en el que se desplazaban es un típico caso de exceso de velocidad que cada mes produce una nueva tragedia. La Corte Suprema de Justicia determinó que desde la Semana Santa anterior, las muertes por exceso de velocidad darían cárcel. Eso está bien pero las autoridades deberían hacer un esfuerzo más claro para controlar a los conductores y evitar otros comportamientos arriesgados como el no uso de puentes peatonales.

En cuanto a los homicidios es preciso enfocar la política criminal a reducir la impunidad que se calcula en el 97 por ciento. Entre otras cosas para que después la gente no intente hacer justicia por mano propia. Es inaceptable que en el caso de Johana Macías, la madre que asesinó a su bebé recién nacido en Piedecuesta (Santander), ya se esté sugiriendo la posibilidad de pedir clemencia, alegando ‘depresión post-parto’, e incluso se haya puesto en riesgo su captura con el argumento de que su arresto fue improcedente.

El año anterior, 25 madres asesinaron a uno o a varios hijos, lo propio hicieron 6 padres. Cada tres días, una persona es asesinada por su pareja. Los casos de violencia intrafamiliar, en 2008, de manera contraria al índice de homicidios, subieron de 77.745 a 89.803. Se está volviendo un virus el tema de los menores abusados sexualmente por sus propios parientes, los bebés botados a su suerte en cualquier parte y los bandidos adolescentes, entre otros problemas. Y en todo eso asoma un factor común: de un lado se carece de acciones preventivas y, del otro, no hay sanciones.

Rousseau decía que el estado de naturaleza es un estado original de pureza, degenerado por un proceso de civilización que origina vicios, conflictos, pasiones y desigualdad. Hobbes, en cambio, sostiene que el ser humano es egoísta y malo por naturaleza, y arguye que es necesario pasar del estado de naturaleza al Estado de sociedad mediante el imperio de la ley. Pero aquí la impunidad es norma y los jueces ponen a los delincuentes en la calle sin  ninguna explicación. Así no vamos a ningún lado.

Publicado en el periódico El Mundo, el 22 de junio de 2009 (www.elmundo.com).

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Todos sabían que lo iban a matar. Lo que nadie sabía era cuándo ni quién iba a decidirse primero pues, a pesar de que hoy la autoría intelectual es un secreto a voces, los disparos podrían haber venido de muchos flancos. Sierra se había convertido en el enemigo más visible de los corruptos de su región, en el marco de un país que viene librando con éxito una lucha contra la subversión, que está derrotando al paramilitarismo, que golpea sin piedad a las bandas del narcotráfico, pero donde la corrupción política todos los días se reinventa, sobrevive y se multiplica.

En la tarde de ese miércoles, Orlando llegaba a su oficina en compañía de su hija. El sicario llevaba dos horas esperándolo como quedó registrado en un video de seguridad. Después diría que se equivocó de víctima y el juez le creyó. En el video se ve claramente cuando se acerca a Sierra y le propina dos disparos. Luego aprovecha la confusión de la gente y huye sin afanes, pero sin suerte. La Policía lo detuvo cerca de ahí.

El martes 2 de octubre de 2007, el sicario Luis Fernando Soto Zapata, autor material del homicidio, recobró la libertad después de sólo cinco años de cárcel. El sicario había sido condenado inicialmente a 29 años de prisión (350 meses), pero le rebajaron la pena a 19 años y medio (234 meses) por ‘confesión’, un beneficio inconcebible si se tiene en cuenta que el video permitió su identificación plena. Como si fuera poco, el criminal se acogió al beneficio de ‘sentencia anticipada’, por lo que recibió más descuentos de pena: le disminuyeron la tercera parte de la condena inicial, o sea nueve años y nueve meses (117 meses). Sin embargo, en marzo de 2005, un juez de Manizales revocó el descuento de la tercera parte y aumentó la rebaja a la mitad de la pena, de acuerdo con el principio de ‘favorabilidad’, en aplicación del nuevo Sistema Penal Acusatorio. La condena quedó en 14 años y siete meses (175 meses).

Pero hay más: según el antiguo Código Penal, el criminal tiene derecho a libertad condicional al cumplir las tres quintas partes de la pena, 105 meses en este caso, pero para Soto sólo fueron 67 pues por concepto de ‘Justicia y Paz’ (la ley tramitada para desmontar el paramilitarismo, que contempla rebajas para todos los presos del país en aras del derecho a la ‘igualdad’ promulgado por la Constitución), un juez de Tunja le otorgó 17 meses y 15 días de redención; y por concepto de ‘estudio y trabajo’, le regalaron otros 21 meses, sin estudiar ni trabajar.

En total, el asesino del periodista Orlando Sierra, estuvo en la cárcel desde el 30 de enero de 2002 hasta el 30 de septiembre de 2007, y si Su Santidad el Papa nos hubiera visitado, hubiéramos quedado debiéndole un par de años a este criminal.

Esas son las matemáticas de la justicia colombiana. El asesino de Andrés Escobar estuvo once años en prisión aunque había sido condenado a 43; el dirigente político Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años por el magnicidio de Luis Carlos Galán, no estará en la cárcel más de diez, y Luis Alfredo Garavito, el monstruo que violó y asesinó a por lo menos 150 niños, saldrá libre en dos o tres años, cuando cumpla unos doce de condena, o sea menos de un mes por cada crimen.

Esos mismos bandidos que Orlando Sierra denunciaba en sus columnas, se reúnen cada tanto en el Congreso, a legislar estas infamias. Parece que la legislación penal estuviera inspirada para beneficio propio, para obtener la libertad pronto en caso de que la Justicia algún día los castigue.

La vida en Colombia no vale nada. Si no hubiera ningún detenido por el crimen de Orlando Sierra, vaya y venga, no quedaría más remedio que aceptar tamaña impunidad con resignación, pero a lo que estamos asistiendo es a una vergonzosa piñata judicial por la cual los criminales ganan la calle en un parpadeo. El ciudadano de bien queda tranquilo al escuchar la sentencia y después se encuentra al delincuente en la calle, gracias a la feria de los descuentos y las gangas de una legislación pervertida. Así, la impunidad es general, los delincuentes vuelven a sus andanzas y el ciudadano desprotegido debe hacer justicia, o por lo menos defenderse, por cuenta propia.  ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 22 de octubre de 2007

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