Falso. Hasta León Valencia reconoce que, “según la Fiscalía General de la Nación, desde 1985 hasta mayo del 2009, las víctimas por ‘falsos positivos’ sumaban 1.708″ (EL TIEMPO, 19/01/2010). Y un informe del Cinep (de octubre de 2009) establece que al periodo 2001-2009 corresponden 940 víctimas.

Los ‘falsos positivos’ son un crimen viejo, por lo que es una falacia asegurar que estos homicidios devienen de la directiva ministerial 029 de 2005, a la que se atribuye un esquema de premios en efectivo para los militares, cuando, en realidad, no contempla compensaciones para estos ni recompensas a civiles por la muerte de guerrilleros rasos, que es lo que vendrían siendo las víctimas de estos crímenes. Sólo establece recompensas, a civiles, cuando se trata de cabecillas.

Pero el mayor embuste, y el más pernicioso, fue el que avaló Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, quien dijo que estas transgresiones han sido “más o menos sistemáticas” y que, en cuanto a los autores, no se trata “de unas cuantas manzanas podridas”. Apreciaciones livianas que no se ajustan a la verdad.

Del 7 de agosto del 2002 al 31 de enero del 2010, las fuerzas constitucionales del Estado han abatido a 15.126 individuos, entre guerrilleros, paramilitares y miembros de bandas criminales. No se incluyen cifras sobre narcotraficantes ni otros tipos de delincuentes. Así, los 940 ‘falsos positivos’ equivalen a alrededor del 6 por ciento del total de abatidos. Claro, debería ser cero, pero es un porcentaje muy bajo para hablar de transgresiones “sistemáticas” y de que todo el barril de manzanas está podrido.

Hay un dato más interesante aún. En el mismo periodo, las fuerzas del Estado han capturado a 53.601 personas entre subversivos, paramilitares y miembros de bandas criminales, cuyas vidas se respetaron. De nuevo, esos 940 ‘falsos positivos’ sólo equivaldrían al 1,7 por ciento de los capturados, a muchos de los cuales se les prestó auxilio al resultar heridos en combate.

Adicionalmente, en este Gobierno se han desmovilizado 52.488 guerrilleros y paramilitares. Muchos de ellos se han entregado a Fiscalía, Defensoría, personerías, Iglesia, DAS, ICBF, etc. Pero la gran mayoría lo hicieron ante unidades militares y de Policía que respetaron su integridad. Para evitar una doble contabilidad, soslayemos este dato. Pero si sumamos los capturados y abatidos, 68.727, tenemos que los 940 ‘falsos positivos’ equivalen al 1,3 por ciento de los casos; una cifra estadísticamente despreciable que demuestra que esto no es sistemático, ni refleja el comportamiento habitual de las tropas.

De igual forma, si relacionamos el número de militares asociados a estos casos, 198 condenados y 708 en etapa de juicio, con el pie de fuerza de 285.000 efectivos, encontramos que los vinculados a esos crímenes son el 0,3 por ciento de las manzanas. Esto no es una cifra ‘significativa’, como dice Alston. El barril no está podrido. Otro dato: según Medicina Legal, en el periodo 2001-2009 hubo 174.866 homicidios [ver gráfico]; los 940 ‘falsos positivos’ representan, pues, el 0,54 por ciento.

No hay espacio para analizar otras variables y, hablando de vidas humanas, es preciso reconocer que estas estadísticas son, cuando menos, políticamente incorrectas. Pero son cifras que desnudan una argucia que ha paralizado a las FF. AA., y se ha convertido en un arma contra el Presidente, la Seguridad Democrática y el candidato Santos, a pesar de que fue él mismo quien denunció esta situación. Una infamia más.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 27 de abril de 2010

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Gracias a estos ‘esfuerzos’ es que el diario El País de Madrid (07/01/2010), se atreve a decir que en Colombia se perfilan dos ‘escuelas’ de pensamiento en la antesala de los comicios electorales: “La que sostiene que los recientes atentados de las FARC, con el brutal asesinato del gobernador de la provincia del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, prueban que la política de seguridad democrática es incapaz de acabar con la guerrilla, y la que, por el contrario, porfía con que hace falta una tercera oportunidad para que Uribe saje definitivamente ese absceso de la democracia colombiana”.

La primera es la posición de unos pocos, como el ex guerrillero Valencia, mientras la otra, reconoce El País, “…a la vista de los altísimos índices de popularidad presidencial, cabe poca duda de que es mayoritaria”. A pesar de lo cual, el diario madrileño le aconseja a Uribe “que se contente con ocho años de éxitos en la lucha contra la subversión, pero de profunda atonía en lo social”. Ya en octubre pasado, Miguel Ángel Bastenier, uno de los principales editorialistas de ese diario y entusiasta defensor de Hugo Chávez, escribió un libelo en el que afirma “que los desaguisados del Gobierno de Uribe harían sonrojar a un dictador”, y se refiere a su administración como un “museo de los horrores” (El País, 10/12/2009), así que la buena fe de las sugerencias de ese diario están en entredicho.

Y, por cierto, la andanada de consejos no pedidos para que el Presidente Uribe dé un paso al costado y no se postule a una nueva reelección, se está volviendo sospechosa, pues no deja de ser extraño que a Chávez, Evo, Correa, los Kirchner y otros, nadie les sugiera hacerse a un lado sino que, por el contrario, les sea reconocida la legitimidad de sus triunfos sin mayores cuestionamientos en tanto que los impresos extranjeros con mayor acogida en la región (El País, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal y The Economist), se vienen turnando semana tras semana para hacerle mal ambiente a una reelección tramitada dentro de las reglas constitucionales y respaldada por una amplia mayoría de la población. Razón tiene el Presidente de Colombia al recordar que esos medios “que hoy hablan del tema del referendo” no decían nada cuando “Colombia se desangraba por la violencia”.

Por su parte, el ex guerrillero León Valencia escribe en El Tiempo (03/01/2010): “La política de seguridad democrática ha llegado a su tope. Uribe no ha cumplido ni cumplirá la promesa de acabar con el conflicto armado. Mediante un incremento descomunal de la Fuerza Pública y de la inversión en defensa logró disminuir temporalmente los efectivos y las acciones de las guerrillas y los paramilitares, pero estas fuerzas están tomando un nuevo aire y un eventual litigio bélico con Venezuela puede catapultarlas”. Y luego añade: “El mundo ha cambiado, Colombia ha cambiado, los actores armados han mutado. Un proyecto de superación del conflicto y de reconciliación no puede ignorar las nuevas realidades”.

Valencia debería pedirle al gobierno español que no combata a Eta, decirle a Lula que no persiga a los violentos que controlan las favelas de Río de Janeiro, como consta en las recientes crónicas de Jon Lee Anderson para New Yorker Magazine, o rogarle a Obama que no haga nada contra los terroristas de Al Qaeda que iban a celebrar Navidad con otro ‘avionazo’. Ese “proyecto” del que habla Valencia es volver al Caguán, y para ello el primer paso es salir de Uribe, cosa que no queremos las mayorías. He ahí el desespero de los conjurados.

Publicado en el periódico El Mundo, el 11 de enero de 2010

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La Seguridad Democrática no puede entrar en “declive”, como dice la voz interesada de León Valencia y su Corporación Nuevo Arco Iris, simple y llanamente porque no se trata de un capricho del actual gobierno sino de la base fundamental del contrato social: la preservación de la vida, honra y bienes de los asociados.

Uno de los mayores alcances de la era Uribe es el haber vencido esa monstruosa concepción que predominaba en el país según la cual no se podían combatir los grupos ilegales bien por razones filosóficas (por el supuesto altruismo guerrillero) o bien por razones prácticas (que el Estado —decían— no podía derrotar a las guerrillas). Esa extravagancia redundó en la renuncia del Estado a ejercer el control y la ley.

Los argumentos de León Valencia para sustentar su afirmación son conceptualmente pobres, y están encaminados a vender la idea de volver a la mesa de negociaciones. Según el informe de Nuevo Arco Iris, el “declive” de la Seguridad Democrática estaría condicionado por el hipotético resurgimiento de las Farc y el supuesto fracaso de la negociación con los paramilitares.

Pero es muy cuestionable afirmar que una guerrilla se está reactivando por el hecho de incrementar las áreas sembradas con minas antipersonal o por usar francotiradores. Eso no sólo es una práctica de terrorismo mondo y lirondo —sobre todo contra la población civil— sino una muestra evidente de debilidad, de que no tienen control territorial como en el pasado y de que carecen de capacidad para enfrentar a las tropas que desarrollan operaciones ofensivas incluso en territorios que históricamente les pertenecían.

La guerrilla está arrinconada selva adentro; lleva años sin poderse tomar un pueblo (en Caloto lo intentaron sin éxito), secuestrar personalidades o ejecutar grandes intentados; ha perdido miles de combatientes, entre muertes, capturas y desmovilizaciones, incluyendo una decena de cabecillas y tres miembros del secretariado; y está plagada de niños y mujeres sin convicciones políticas. ¿Cuál es, pues, ese resurgimiento?

En cuanto al fenómeno paramilitar, Valencia aduce que hay un reciclaje del viejo paramilitarismo como producto de una negociación de paz “mal hecha” que fracasó y “se fue al carajo”; y sostiene que “el símbolo del fracaso es Medellín”.

Ya el ex presidente Gaviria había hecho política meses atrás con el tema de Medellín. En 2009, la cifra de asesinatos podría llegar a 2.000, lo cual es un incremento importante en comparación con los 1.066 homicidios del 2008 —no 833 como falsamente informa la revista Semana (23/11/2009)— y con los 788 del 2007, pero se está aun muy lejos de los 6.658 asesinatos de 1991.

Decir que la violencia de Medellín es producto del paramilitarismo no es acertado. Voces más autorizadas como la del ex alcalde Sergio Fajardo, atribuyen la mayoría de los muertos a enfrentamientos entre bandas por el control de los distritos de vicio, cuyo consumo está disparado gracias a ese cuento del “libre desarrollo de la personalidad”. Asimilarlas a paramilitares por el hecho de haber pertenecido en el pasado a las estructuras de ‘Don Berna’ es un error de juicio cuando se sabe que estos combos son mercenarios que se venden al mejor postor.

A la visión interesada de León Valencia se le olvida también que muchas fallas de la seguridad en Colombia son atribuibles a otros factores, como la laxitud judicial, la impunidad constante, el régimen carcelario que permite delinquir desde adentro, la corrupción y falta de compromiso de muchos miembros de la Fuerza Pública, la disminución de la iniciativa de los agentes del Estado por miedo a los castigos judiciales, etcétera.

Nada conduce a concluir que las Fuerzas del Estado hayan mermado su rendimiento; tal vez, sí, que hay algunas manifestaciones de violencia que se han exacerbado, como se esperaba en el post conflicto, por lo que se requieren ajustes. Pero querer significar, en plena campaña electoral, que la seguridad —con cualquier apellido— es un esfuerzo inviable, es un sórdido esperpento cuya formulación lleva implícito un cálculo político. Por eso tantos colombianos temen que al terminar el gobierno de Uribe, Colombia vuelva a lo de siempre. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de noviembre de 2009

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Entre los analistas opositores al gobierno colombiano pululan los que ven un fracaso absoluto en la gira de Álvaro Uribe por Suramérica. El ex guerrillero León Valencia acude a un amañado argumento según el cual hay una profunda desconfianza hacia Colombia en la región a raíz del bombardeo a ‘Raúl Reyes’, y concluye que la solución sería “Desistir del acuerdo o buscar un consenso en la región sobre el contenido de la cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia” (El Tiempo, 07-08-09). Es decir, con la intención de que se solucionen los roces con otros países hay que dejar quietecita a la cúpula fariana y someternos a lo que decida el bloque de países que comanda Hugo Chávez, quien auspicia el terrorismo de las Farc.

En la otra orilla hay quienes piensan –gobiernistas casi todos– que los roces entre países no deberían afectar las relaciones comerciales, sobre todo a sabiendas de que Venezuela es el segundo mercado más importante para Colombia, con ventas superiores a los 6.000 millones de dólares al año. Como quien dice, debemos aguantarnos las humillaciones, las ofensas, las amenazas, las intromisiones y la complicidad de gobiernos extranjeros con criminales locales para que la economía no se resienta. Eso recuerda una frase que se le atribuye a Lenin, según la cual los capitalistas son capaces de venderles a los comunistas la soga con la que los ahorcarán.

Alguien dijo que esta crisis le tocaba a Colombia la billetera pero a Venezuela el estómago, frase efectista pero torpe porque la falta de dinero golpea más temprano que tarde el estómago. Vemos que, muy culipronta, Cristina Kirchner corrió a firmar contratos con Venezuela para sustituir importaciones colombianas de automóviles, carne, textiles, etc., demostrando que la solidaridad latinoamericana que alguna vez le reclamara Daniel Samper a Uribe –para que no firmara el TLC con los gringos– no existe. Chávez nos aplica un boicot muy parecido al de Estados Unidos con Cuba con el fin de desestabilizarnos, y aquí creemos que somos muy cuerdos, maduros y responsables por mantener la venta de gas a Venezuela, de electricidad a Ecuador y de miles de productos manufacturados a ambos países cuando, aceleradamente, deberíamos estar recortando esas exportaciones y buscando nuevos mercados con carácter de urgencia, antes de quedar en la calle.

Yendo más lejos, fueron actos fallidos los despliegues de diplomacia paralela de antipersonajes de la oposición, muchos de ellos fervientes admiradores de Hugo Chávez y otros, por decir lo menos, idiotas útiles de la subversión. El insufrible ex presidente Samper; el colectivo autodenominado ‘Colombianos por la paz’ –encabezado por la senadora Piedad Córdoba–; los senadores del Polo Democrático y hasta el Gobernador de Santander, Horacio Serpa, escudero de Samper y quien ha perdido dos elecciones con Uribe.

Los apátridas que han desfilado por los pasillos de Miraflores, son una minoría de gentes perversas que no representan a nadie y sólo despiertan repudio entre el grueso de la población. Con su gesto de lealtad hacia Chávez no sólo pretendían congraciarse con él sino darle la categoría de líder continental que tanto ambiciona. Igualmente, intentaban presentar una profunda división en el establecimiento colombiano al desconocer olímpicamente el mandato constitucional de que las relaciones internacionales son del resorte exclusivo del Presidente de la República. En esto no hay que llamarse a engaños con el cuento de “sumar voluntades y esfuerzos en pos de la concordia y el entendimiento”.

Estos hipócritas, que pasaron de quemar banderas gringas a despotricar del gobierno colombiano en los pasillos de Washington –con el beneplácito de los Demócratas–, y que repudian la presencia de gringos en bases militares colombianas, incurrieron en el lapsus de siempre: dándoselas de mediadores, se alinean con los enemigos de la democracia colombiana porque, simple y llanamente, están de acuerdo con aniquilarla. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 17 de agosto de 2009

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Ah, y claro, que todos estamos interesados en traer de las selvas a esos 22 compatriotas que continúan secuestrados. ¡Qué digo!, esos centenares, porque sólo las Farc -según País Libre- tienen más de 700.

Pero, una vez tragado este sapo, es muy difícil dejar pasar de largo tantas ingenuidades y lugares comunes. Por ejemplo, León Valencia (El Colombiano, 10/02/2009) anuncia con bombos y platillos que ha descubierto la mecánica clave para hacer el canje y que, por tanto, se acabaron las disculpas. Valencia dice: “El operativo para la entrega de todos los prisioneros en manos de las Farc puede seguir el mismo curso que tuvo la entrega de los secuestrados a Piedad Córdoba. No se necesita más. A esto se le agregaría la liberación simultánea de los presos de las Farc hoy en distintas cárceles del país”.

Sí, el agua moja. No se necesita más. Algunos llevamos años afirmando que no es necesario ningún despeje, que no se requiere sentarse a conversar nada -porque esto no es un proceso de paz-, que no se necesitan reuniones en lugar alguno, que no se precisan intermediarios extranjeros, ni helicópteros, ni organismos humanitarios -aunque no sobran- y ni siquiera a Piedad. A los secuestrados anónimos los liberan en un caserío recóndito, junto a una trocha por la que de vez en cuando pasa un carro viejo; o los montan en un burro maltrecho o una chalupa que hace agua para que retornen a la civilización de la mano de mi Dios. No se necesita más. La voluntad se manifiesta con discreción y diligencia, es ajena al estruendo de los helicópteros y la algarabía de una rueda de prensa. De este lado, el Gobierno abre un candado y todos a la calle, así salió nadie menos que Granda.

Entonces, no vengamos con el cuento de que descubrimos el agua tibia cuando esto está inventado hace rato. Por eso, es inevitable maliciar que esto es parte de un plan para tirarles flotadores a las Farc. Y cuesta trabajo entender que sea la izquierda democrática -que es la más perjudicada por la existencia de la subversión- la que le infle salvavidas para evitar su agonía. Es más, esta propuesta que Valencia se atribuye como propia fue enunciada por Sigifredo López el día de su liberación. No es mera casualidad, es un libreto convenido.

De hecho, Valencia termina su escrito con una predecible trampa cazabobos: “Es posible incluso que, si el evento del intercambio termina bien, se presente la oportunidad de volver a hablar de negociaciones de paz”. Es decir, nos están ‘regalando’ la libertad de unos compatriotas vilmente retenidos para que compremos otro Caguán. Ese es el gancho de la promoción. Para entender, no se necesita más.

Y creer que no se necesita más para el canje es un acto irresponsable, porque se dejan por fuera los secuestrados con fines extorsivos; se abre la puerta a que se repita este mecanismo cada que las Farc quieran; se desmotiva a la Fuerza Pública; se premia la reciente escalada de violencia de las Farc -como la masacre de los awás-; y se promueve la impunidad y la violencia al permitir que centenares de combatientes regresen a filas.

Es incoherente que el doctor Sigifredo pida cárcel para el ‘Mono Jojoy’, en caso de desertar con secuestrados, mientras avala la impunidad del intercambio, sumando combatientes en vez de restarlos. En esos términos, no se necesita más para entender que el canje no es la antesala de la paz, sino una vuelta de hoja al pasado, a una página que ya habíamos leído y olvidado. ·

Publicado en el periódico El Tiempo, el 17 de febrero de 2009

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En marzo anterior, en el lanzamiento del libro Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, de la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), el fiscal general Mario Iguarán se atrevió a afirmar que “la Fiscalía se inclinaba reverente” ante ese trabajo. Sin duda, no lo había leído, o le delegó ese cometido a ‘Zucarita’, su mascota, o al mentalista Armado Martí. Muchos sí lo leyeron con juicio, como Alejandro Gaviria, quien no dudó en calificarlo de compendio de “juicios personales revestidos de academia” (El Espectador, 28/03/2008), y remató señalando que “las minucias de la argumentación no han trascendido, son hasta hoy desconocidas”.

Precisamente esas minucias -que no son pocas- son las que quedan al descubierto en el libro que acaba de publicar el Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC), titulado Paramilitarismo: verdades y mentiras. En este trabajo académico se hace patente lo grave y triste de haber sobreestimado un texto tan anodino, que fue recibido por muchos analistas y hasta juristas como la verdad revelada, a pesar de que cualquier lector juicioso puede desnudarlo sin el menor esfuerzo.

El libro del CNAI (en cabeza de León Valencia y Claudia López) adolece de una grave pobreza metodológica y conceptual, y viola los más mínimos preceptos de la investigación científica. Se trata, por cierto, de un estudio sesgado y prejuicioso que intenta sustentar opiniones de los investigadores no sólo subjetivas sino empañadas por el afán de deshonrar al Gobierno.

Esta ‘parainvestigación’ parte de supuestos falsos que dejan sin piso cualquier conclusión, como, por ejemplo, el asociar el desprestigio de los partidos tradicionales y del Congreso al fenómeno paramilitar cuando son cosas que no tienen relación alguna. Los ‘investigadores’ atribuyen las disidencias y los nuevos partidos a “la expansión paramilitar”, cuando esos han sido fenómenos históricos previos al auge de los ‘paras’, y desdeñan asuntos como las microempresas electorales, operaciones avispa y demás signos de atomización política que explican buena parte de las supuestas atipicidades electorales que ellos señalan a conveniencia.

En su afán enfermizo de atribuir cualquier variación electoral al paramilitarismo, Valencia y compañía incurren en sofismas, necedades y hasta contradicciones. Es de tal mediocridad el texto que está plagado de expresiones válidas para una columna de opinión, pero no para una ‘investigación’ supuestamente seria; verbigracia, “al parecer”, “pura intuición”, “evidentemente”, etc. Aún más, abundan los errores de ortografía y sintaxis, y descuidos crasos en la delimitación del tema como las extensas páginas dedicadas a hablar de cultivos de yuca, caña o cría de cerdos, sin ningún engarce con la cuestión central, o el lapsus inexplicable de Claudia López al escribir, en referencia a las actividades mineras del nordeste antioqueño, que “otro de los principales minerales en la región es el aluvión” (pág. 205). El aluvión no es un mineral, sino una técnica de extracción; de ese tenor es todo el librito.

Y es que la mala fe con la que se realizó esta obra se pone de manifiesto en su segunda edición, publicada solamente para dar cabida a las hipótesis de Claudia López y su fatídica teoría de la ‘atipicidad’, que se desbarata notablemente en el trabajo del CPPC. Y sea esta la oportunidad para implorarle cordura a la respetada Claudia, porque los que apoyamos a Uribe no somos ‘chusma’, como nos calificó hace un par de semanas en estas mismas páginas.

El libro de marras no es, pues, una investigación seria sino un libelo infamatorio que tergiversa la verdad. La “investigación más escalofriante de la historia” asusta es por tanta mediocridad junta. Por eso, es pertinente recordar -como el académico Libardo Botero en su ensayo-, que el prefijo ‘para’ significa apariencia, semejanza: el libro del CNAI semeja una investigación, pero no lo es. ·

Publicado en el periódico El Tiempo, el 30 de septiembre de 2008 (www.eltiempo.com).

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