Empecinados en derrotar a Luis Pérez, se dio una insólita alianza entre Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria. Quienes no sufrimos de alzhéimer, recordamos que cuando el uno era alcalde y el otro gobernador no podían ni verse. Todos los medios de comunicación, en su momento, reseñaron la tensa relación que había entre ambos, tanto que era difícil que coincidieran en algún evento y si lo hacían, ni se saludaban. ¿Por qué el acercamiento? Porque Pérez es su enemigo común, rival directo de Aníbal e indirecto de Fajardo.

Hasta ahí el asunto es normal en política. Lo que no es aceptable es que se adopten conductas indecorosas en la confrontación. No de otra manera puede calificarse la intromisión de Alonso Salazar, quien en pleno ejercicio de su cargo no solo está participando abierta e ilegalmente en política sino que ha tenido la mezquindad de incurrir en temerarios y calumniosos señalamientos, de supuestos nexos con el paramilitarismo, en contra de personas cuyo pecado consiste en apoyar la candidatura de Pérez.

Pero ahí no termina todo. Más insólito aún es el apoyo del sector conservador de Fabio Valencia Cossio a la candidatura del liberal Aníbal. Bueno, cosas de la política. Lo que nadie hubiera sospechado es que esa unión metiera en la campaña negra a una institución tan seria y tan cara a los antioqueños como es el diario ‘El Colombiano’, que se ha prestado para amplificar las denuncias de Salazar, incluyendo fotos de un acto de campaña de Pérez, realizado a plena luz del día y en espacio público, donde señalan -con número incluido como en reseña judicial- a los supuestos paramilitares que lo apoyan, incluyendo un médico candidato al Concejo por Cambio Radical.

Algo muy raro tiene que haber para que personas tan disímiles se hayan unido y para que los cacaos del Sindicato Antioqueño estén tan ansiosos. Según ‘El Colombiano’ (de buena fuente, 09/10/11), una de las cabezas más visibles de ese grupo empresarial dizque preguntó en una reunión: “¿Qué más hay que hacer, doctor Aníbal?”. Como quien dice, ‘pida, que plata es lo que hay’. Casualmente, la brillante columnista de ese diario Elbacé Restrepo reflexionaba ese mismo día lo siguiente: “Somos inquisidores con las platas ilícitas, pero muy relajados con los apoyos de los grandes grupos económicos. ¿A qué los amarran los dineros bien habidos? ¿Compran también intereses, independencias y conciencias?”.

Me da pena decirlo, pero la persecución contra Pérez parece un recurso para soslayar que son otros los que tienen graves denuncias en su contra. ‘Don Berna’ se ratifica en su apoyó a Salazar para llegar a la Alcaldía, y a Aníbal lo señalan el ‘Cebollero’, el ‘Alemán’, ‘Ernesto Báez’ y ‘Pedro Bonito’. Claro que no hay por qué andar creyendo en bandidos, pero la Corte Suprema les ha dado entero crédito en numerosos procesos.

A pesar de todo esto, las encuestas muestran que la campaña negra no ha surtido efecto. Por eso, el último recurso es acusar a Pérez de populista y descalificar todas sus ideas: si propone bajar el costo de la energía, populismo; si lo dice el presidente de la Andi -y lo recomienda el análisis de Doing Business-, sensatez. Si Salazar propone una autopista concesionada subterránea (aunque se inunde), lucidez; si Pérez la propone elevada, estupidez.

El que tenga pruebas concretas de corrupción contra Luis Pérez, que las presente. De lo contrario, ajústense a las reglas. Ni por creerse ungidos en agua bendita tienen derecho a criminalizar la libre elección de las personas y, mucho menos, a colgarles una lápida del cuello.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 25 de octubre de 2011)

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Y como nadie hizo nada para detener esa dinámica de violencia, Medellín alcanzó, en 1991, el tope de 6.658 homicidios, sin contar los demás municipios del valle de Aburrá. El año pasado hubo 2.186, cifra sensiblemente inferior a la del 91 si consideramos que hoy tenemos un millón de habitantes más que hace 20 años (cifras de Medicina Legal, cuyos datos científicos ofrecen una estadística más confiable que la de la Policía Nacional).

Eso, sin embargo, no le resta gravedad a la actual situación, que se asemeja a la de los 80 en el hecho de tratarse, por ahora, de una confrontación entre bandidos que se matan entre sí. Pero ello no puede ocultar que esta barbarie ha afectado gravemente a las comunidades donde se escenifica y que hay un peligro real de que esto se expanda a toda la ciudad y al resto del país, encarnado en pandillas de gánsteres organizados para controlar el negocio de las drogas y extorsionar los negocios legales, lo que truncaría el propósito inaplazable de llevar la seguridad democrática a su siguiente nivel, que es la seguridad ciudadana.

¿Qué hacer para evitar esto? Tiene razón el alcalde Salazar al pedir la intervención del Gobierno Nacional y solicitar reformas de los códigos Penal y de Procedimiento Penal, que se convirtieron hace rato en el mayor obstáculo para aplicar pronta justicia, combatir la impunidad y sentar bases para la convivencia.

No es suficiente una reforma cosmética que se quede en temas como la transformación del Consejo de la Judicatura o el fortalecimiento de la gerencia de la Rama Judicial. Todo eso es importante pero lo que la gente pide a gritos es aumentar las penas, reducir los beneficios, frenar el garantismo desmedido y crear jurisdicciones especiales para casos especiales. Quitarle a la justicia esa venda que no la deja ver, que debe ser símbolo de imparcialidad y no de impunidad e inoperancia, como aquí.

A diario, los organismos de seguridad del Estado capturan a peligrosos delincuentes que los jueces liberan con un afán que indigna. La interpretación del concepto de ‘flagrancia’ se aplica -pisoteando el espíritu de la ley en aras de preservar nuestra tradición de gramáticos- tomando al pie de la letra una acepción del diccionario de la RAE que excluye específicamente la fuga: (‘en flagrante’) “En el mismo momento de estarse cometiendo un delito, sin que el autor haya podido huir”. O sea, si el asesino da un paso de huida, ya no hay flagrancia y toca pedirle el favor de que pare a tomarse una gaseosa mientras un juez le expide la orden de captura. De lo contrario, como la semana pasada, vale huevo que el criminal haya asesinado a un policía con un AK-47. Si huía, no había flagrancia, y si el policía murió en la clínica -y esto sí es el colmo-, no hay certeza para el juez de garantías de que su deceso sea producto del balazo recibido y no de una gripa. ¿Quiénes son los legisladores responsables de estos disparates?

Claro que los jueces también podrían poner de su parte, como en el caso del homicidio del juez Diego Fernando Escobar, en el que hubo inusitada diligencia para capturar, investigar, registrar la vivienda del sicario y legalizar la captura, que se dio en un bus casi una hora después del crimen.

En fin, queda mucha tela por cortar, pero un buen inicio es reformar la justicia para que no tenga excusas y haga lo que le toca.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 31 de agosto de 2010

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El problema de pandillas violentas que controlan el negocio del microtráfico de drogas no es exclusivo de Medellín ni de Colombia. El mismo existe en las favelas de Río de Janeiro y en toda Centroamérica, con el protagonismo de las ‘maras’, cuya influencia llega hasta los Estados Unidos. Igualmente, la oleada de violencia en México está directamente relacionada con el tráfico de narcóticos, y en Caracas, que se disputa con Ciudad Juárez el deshonroso título de ser la ciudad más violenta del mundo, son las pandillas de la droga las que mandan en los barrios.

En el primer mundo también se dan casos de esta violencia que da cuenta de una segregación económica y social. Hace unos años sucedió en Clichy-sous-Bois, una ciudad de los suburbios de París, donde se amotinó, según Sarkozy, la chusma, la escoria, la canalla que incendió cientos de carros y destruyó decenas de almacenes en muchas ciudades francesas. En ese entonces decíamos que “las razones de descontento de los revoltosos de París son las mismas de los muchachos pobres de Medellín: no tienen acceso a educación de calidad, les niegan trabajo al conocer su origen, no hay maneras de redimir su pobreza en el corto plazo, se ven humillados por las diferencias de clase y no hay certidumbre que los haga sentirse ciudadanos”. Y nos preguntábamos: ¿por qué (los nuestros) no vienen de los barrios marginados a quemar carros y saquear comercios, qué los detiene? (El Tiempo, 16/11/2005).

Claro que no en todas partes se esgrime el problema de la pobreza como la causa de la violencia. El sacerdote Alejandro Moreno, director del Centro de Investigaciones Populares de Caracas (CIP), señala que ni la pobreza ni las condiciones de vida de los sectores populares explican la violencia delincuencial y que esa es “una creencia anclada en gran parte de la opinión pública que debe ser desmitificada”. Para Moreno, las circunstancias fundamentales que explican los niveles de violencia del país vecino son “la abundancia de armas en la calle y la facilidad para adquirirlas, y la debilidad del Estado para ejercer el control y el orden de las cosas”. Y concluye: “esta situación va a crecer si no cambian las circunstancias en las cuales nos encontramos. No me refiero a la pobreza, sino a la presencia de armas en la calle, a la disolución y al debilitamiento de las instituciones del Estado, al abandono de las comunidades a sí mismas, al sometimiento de las comunidades a la acción de cualquier forma de violencia” (El País, 18/04/2010).

Tanto en Rio de Janeiro, como en Centroamérica, Caracas y Medellín, las pandillas ya dieron un paso adelante en su actividad criminal al ejercer control territorial e incursionar en el ámbito de la extorsión generalizada, haciendo insoportable la vida de las comunidades. Es decir, en primera instancia, hay apropiación violenta de territorios con el fin de monopolizar la venta de drogas, cuyas utilidades no son nada despreciables. Y, luego, no contentos con las ganancias del microtráfico, estas bandas extorsionan negocios legales en su área de dominio, llegando al extremo de cobrarles ‘contribución’ a los mismos habitantes. Coerción que puede ser más lucrativa que el monopolio de narcóticos.

Medellín aún está muy lejos de sus máximos históricos de violencia. En 1991, con una población muy inferior a la actual, hubo 6.658 homicidios, mientras que el año anterior fueron 2.186 (datos oficiales del Instituto de Medicina Legal). No obstante, es evidente el deterioro del clima urbano de convivencia, por lo que se vislumbra que podríamos estar al borde de repetir la historia de hace 20 años, cuando pasamos de pugnas entre narcotraficantes –los cobros de cuentas– a una violencia generalizada.

Por eso, el Estado debe anticiparse para ganar esta carrera haciendo presencia con las fuerzas del orden, dándole capacitación y ocupando a estos muchachos y sus familias, y judicializando a los delincuentes irredimibles. No se puede seguir alimentando la impunidad con la evasiva de que toda esta violencia proviene de alguna injusticia. Esa es una disculpa de gente interesada en pescar en río revuelto.

Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de agosto de 2010

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Los países no se pelean la sede de los más importantes eventos deportivos por aquello de convidar ‘pan y circo’ a sus ciudadanos, sino porque es una forma amable de demostrar a sus pares su capacidad económica, social y cultural. Está demostrado que los países que organizan este tipo de certámenes se muestran aperturistas y generan más confianza, la que después se traduce en incrementos del turismo, del comercio, de intercambios culturales y migratorios, entre otros beneficios. En el mundo globalizado de hoy, el que se cierra se aísla, de ahí que no pocos creamos que Colombia perdió una gran oportunidad cuando renunció a la sede del Mundial de Futbol de 1986, evento que otras naciones de similar desarrollo habían hecho sin problemas. Además, hubo el sofisma de que se iba a dar mejor destino a esa inversión, empleándola en casas, escuelas y hospitales que nunca se vieron. Claro que, al parecer, en esa época no estábamos preparados para hacer algo a la altura, y el gran logro del país en estos Juegos es el de cambiar esa perspectiva, superando el temor de quedar mal en compromisos internacionales.

El éxito de la organización de este evento empezó a evidenciarse cuando se entregaron los escenarios terminados con un mes de anticipación. Escenarios de una calidad muy superior a lo acostumbrado en el medio: amplios, bien ventilados, con excelente iluminación, con acabados de primera calidad y dotados de un óptimo equipamiento deportivo. Escenarios que motivan a atletas y espectadores, y despiertan vocación entre los niños y los jóvenes.

La inversión de 320 mil millones no es desproporcionada; es una cifra modesta para unos escenarios que durarán 30 ó 40 años. Y aquí no habrá elefantes blancos porque todos esos escenarios los usan los deportistas a diario en sus entrenamientos. Es decir, los escenarios realmente nuevos son pocos: una bolera, un coliseo en Itagüí y tres piscinas; todo lo demás existía. La mayor parte de la inversión (80 mil millones) se concentró en la reconstrucción de los cuatro coliseos de la unidad deportiva, pues estaban vetustos y amenazaban ruina. Inclusive, para varios deportes se aprovecharon las instalaciones del Centro de Convenciones (bádminton, esgrima, pesas, voleiplaya), de clubes privados (tiro deportivo, equitación, esquí) y escenarios naturales (canotaje, vela, remo, triatlón, ciclocross). Es decir, el asunto es más de organización y de infraestructura preexistente, no tanto de hacer de repente lo que no se hizo en 50 años.

Y como ‘el diablo está en los detalles’, los organizadores no los dejaron al azar, todo funcionó a la perfección: el ceremonial de premiación fue impecable en todas las pruebas; los horarios se respetaron con puntualidad inglesa; en la magnífica villa deportiva había Internet y larga distancia gratis para los atletas; el comedor olímpico operó a la perfección –y sin regionalismos, pues se contrató una empresa de Barranquilla–; y la entrada a las competencias fue gratuita para evitar el triste espectáculo que ofrecen las tribunas vacías. Lecciones que, sin duda, deben implementarse en el Mundial Juvenil del 2011.

Finalmente, comparto la apreciación de muchos en el sentido de que la inauguración, de 6 mil millones de pesos, lució muy costosa para lo que se vio y que, de cierta forma, fue un despilfarro. La verdad es que aparte del juego de luces y la espectacular exhibición de juegos pirotécnicos, la inauguración fue un sencillo acto de circo traído de Las Vegas y presentado sin ninguna adaptación al deporte –no hubo pebetero– y a nuestro medio, a nuestra cultura. Se pretendió insinuar, a través de la locución en televisión, la presencia de alegorías a nuestra historia e idiosincrasia pero poco de eso se vio en realidad. Sin embargo, no fue un acierto menor el no caer en folclorismos baratos, con trovadores, papayeras y mulas esparciendo cagajón.

Traer a colación la ruina de Montreal por organizar los olímpicos de 1976 a un costo de 10 mil millones de dólares no viene al caso. El Cubo de Agua de Beijing, solo, costó casi lo mismo que se invirtió para los Suramericanos y, a pesar del inmenso desfase, a ratos parecía que estos eran unos Juegos Olímpicos. Por cierto que el aumento de la autoestima del país no tiene precio y sus efectos se multiplicarán a futuro. Sólo cuando se enfrentan retos con excelencia se puede alcanzar la senda del desarrollo.

Publicado en el periódico El Mundo, el 5 de abril de 2010.

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Pero tanto el alcalde Salazar como el comandante de la Policía Metropolitana, el infatigable coronel Martínez, insisten en que lo que falta es justicia, y ella depende en buena medida de las denuncias. Dicen que la gente quiere denunciar pero no hay que ser un genio para entender que no hay confianza para hacerlo gracias al perverso garantismo judicial imperante: la Policía captura y los jueces liberan, luego vienen retaliaciones implacables, aun desde las cárceles.

El recrudecimiento de la violencia en Medellín se debe a una lucha por el control del mercado local de las drogas, en la que habría cinco poderosas organizaciones involucradas que se valen de unas 200 bandas con unos 4.000 integrantes, menores de edad en su mayoría. Quienes además subyugan a la población y se han diversificado a otros frentes, controlando negocios como la prostitución, las ventas ‘piratas’, las maquinitas tragamonedas, los préstamos ‘gota a gota’, la extorsión a los comercializadores de juegos de azar, a los buseros, a los tenderos, etc.

Por lo tanto, goza de lógica la estrategia de 1) atraer jóvenes voluntarios a las instituciones, arrebatándoselos a los criminales que los reclutan a diario; 2) motivarlos y recompensarlos con un estímulo monetario, al tiempo que se les incita a estudiar; y 3) conseguir así información y denuncias efectivas que permitan judicializar a los delincuentes, y evitar nuevos crímenes y que se perpetúe esta situación de violencia.

Puede aceptarse, en gracia de discusión, que la medida es difícil de implementar y que su efecto podría ser nulo, por obtenerse poca información pertinente. También es entendible que el pago genere suspicacias, pues, con tal de obtenerlo y mantenerse en el programa, hay quienes harían literalmente cualquier cosa; muchos jóvenes de esos sectores deprimidos matan por un bazuco. Por tanto, conseguir gente idónea podría ser poco menos que imposible.

Pero lo que no puede aceptarse es que una propuesta formulada de buena fe y sin malicia sea tergiversada de forma tan perversa, acusando al Gobierno de vincular ‘niños’ al conflicto cuando nunca se habló de tales, y llegando al extremo de conjeturar, temerariamente, que el escenario de las actividades de vigilancia y espionaje serían las universidades, y las víctimas los profesores y compañeros de clase. Además, es una grave falta de cordura aventurarse a comparar una política de recompensas -de uso común en todo el mundo- con sistemas totalitarios que ponen a la gente a denunciar a aquellos que no le caminan al régimen.

Una cosa es denunciar delitos -asesinatos, extorsiones, desplazamientos, desapariciones…-, que es para lo que se pide colaboración de la ciudadanía y que, valga decirlo, es algo legal, necesario, ideal y hasta obligatorio, y otra muy distinta señalar opositores o traidores. Para eso habría que tener una tiranía totalitaria, como en Cuba, la que paradójicamente les gusta tanto a los críticos nuestros.

No es el Estado el que pone en peligro a los jóvenes de Medellín y los tiene inmersos en el conflicto hasta el cuello, sino los violentos que los han instrumentalizado. Son ellos los que involucran niños (‘carritos’), los que promueven delaciones protervas, los que compran los ‘servicios’ de jóvenes humildes… Y hay que desterrar el cuento de que ser ‘sapo’ es algo indigno: la ley del silencio encubre las mayores injusticias. No puede ser que a falta de propuestas serias, las fuerzas opositoras, en su impotencia, hagan campaña deformando con tal sordidez una idea.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 2 de febrero de 2010

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Nadie compra una casa de más de 500 millones de pesos para que, un día cualquiera, se le venga encima de madrugada. Pero las laderas del suroriente de Medellín en poco se diferencian de las del nororiente y el occidente de la ciudad, excepto en lo concerniente con la situación socioeconómica de sus habitantes, por los contrastes evidentes entre los de El Poblado y los demás. Y si en los barrios marginados las tragedias se repiten cada invierno, en los pudientes se confía en la mejor calidad de las construcciones y se tienta el destino en peligrosas pendientes donde se están construyendo edificios de más de 30 pisos.

Si el deslizamiento de Alto Verde se hubiera presentado en un barrio pobre, con altos niveles de hacinamiento, no estaríamos lamentando la muerte de ‘sólo’ doce personas sino una tragedia enorme, acaso como la de Villa Tina en 1987.

Medellín es una ciudad enclavada en un pequeño valle sin mayores opciones de crecimiento, pero sigue siendo un gran polo de desarrollo alrededor del cual giran muchas dinámicas. Habitantes de las provincias antioqueñas y de otras regiones del país, se desplazan hacia esta ciudad en busca del esplendor marchito de la industrialización que se dio en otras épocas, y la alta demanda de las escasas tierras las hace más costosas. Colegios e industrias se desplazan a municipios vecinos, a menudo en terrenos escarpados que en cualquier lugar del mundo son zonas de bosques protegidos, y el ahogo urbano es tal que también escasean las zonas verdes y cualquier pequeño lote es convertido en una inmensa mole de viviendas u oficinas. No importa el daño ecológico que haya que ejecutar.

El caso que no puede desconocerse aquí es que nos quedamos sin tierra para que la ciudad siga expandiéndose. Sin pellizcarnos, se permitió colonizar nuestras montañas primero por parte de las clases menos favorecidas y ahora –aunque con menor densidad– por cuenta de las clases altas. Y cada que haya lluvias excesivas se seguirán viendo estas tragedias a menos que abunden las tareas de prevención y mitigación, que en el estrato 6 deberían realizarse con recursos de los particulares. Eso, además, sin detrimento de las restricciones que deben endurecerse para construir en las laderas de la ciudad.

Es un hecho que la mayor parte de las áreas de montaña no sólo son inapropiadas para construir por el riesgo de deslizamiento sino que su deforestación es un crimen ecológico penalizado por la ley. Aquí se implementan toda clase de argucias para convertir un bosque en un negocio inmobiliario, y la gente compra a pesar del daño contra la naturaleza y de que el talud –como en Alto Verde– queda pendiendo sobre sus cabezas como una espada de Damocles. Para hacer primar los negocios abundan los chanchullos y las promesas incumplidas, y las mismas curadurías están diseñadas para favorecer este oprobio puesto que cobran por la cantidad de metros cuadrados aprobados, lo que las ha convertido en una fuente de inmoralidad y corrupción, no de vigilancia y control. Tampoco están funcionando las oficinas de planeación, las corporaciones autónomas ni entidades regionales como el Área Metropolitana de Medellín.

El Estado debe hacerle entender a los constructores y a los propietarios de frondosas colinas que estas no se deben urbanizar más, que el límite ya se cruzó. La expansión de Medellín debe mirar la ciudad-región y se deben sumar esfuerzos para que Antioquia tenga otro polo de desarrollo.

Por lo que se ve, las víctimas de las tragedias en barrios de estrato bajo, son mártires de la pobreza; los de estrato alto, víctimas de la codicia de los constructores; y, todos, damnificados de una ciudad sin espacio que está aprisionada por las mismas montañas que le dan su encanto particular. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 24 de noviembre de 2008

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El pico y placa de todo un día perjudicaría gravemente a muchas personas que trabajan con su carro o que lo necesitan perentoriamente para sus desplazamientos. No sólo es cierto que el sistema de transporte público es muy deficiente sino que nuestra ciudad metropolitana no está hecha para caminar: las aceras son estrechas y discontinuas; los peatones no cuentan con los pasos óptimos para cruzar avenidas; los puentes peatonales no se utilizan por falta de cultura o porque son sitios peligrosos y sucios; hay lugares solos y mal iluminados donde los delincuentes hacen de las suyas, etc. Es decir, esta ciudad no se camina por gusto sino por obligación.

En consecuencia, todo el que pueda conseguirse otro carro para evadir la medida, lo hará. Y un acto de gobierno que incita al ciudadano a pasarse por la faja el espíritu de una norma es malo en sí mismo, o, cuando menos, inconveniente, y no debería implementarse. Algunos expertos sugieren alternativas como aumentar la restricción de dos placas diarias a cuatro pero con los mismos horarios, de manera que cada vehículo tendría pico y placa dos veces por semana. Eso significa un alivio del 40 por ciento de vehículos en horas pico, sin caer en la enorme arbitrariedad de prohibir el uso de cada automotor durante 52 días laborales al año -dos meses sin contar domingos-, lo que ameritaría una reducción proporcional en el impuesto de rodamiento.

Otra propuesta viable es la de aumentar los horarios del pico y placa para desestimular la práctica de algunos ciudadanos de acomodar o flexibilizar sus horarios de entrada o salida del trabajo. Si la restricción se extiende un poco la flexibilidad se pierde y muchos optarían por dejar sus vehículos en casa. Lógicamente, ninguna decisión de este tipo es popular -si cabe el uso del término, dado que el vehículo particular no abunda en las clases populares-, pero entre perder competitividad por desestimular el uso de vehículos o perderla por un colapso de movilidad, es este el problema que primero se debe resolver. Eso sin pasar por alto que el carro particular es un motor de la economía en muchos aspectos.

Ahora, no se entiende por qué el sector transportador se siente afectado por el anuncio de que habría pico y placa de todo un día para buses -como lo hay para taxis- a pesar de que esa medida podría ser de gran beneficio para ellos. Si el universo de personas que se movilizan en bus no disminuye, la reducción de la oferta de buses tiene que aumentar proporcionalmente el número de pasajeros promedio y compensar el día que cada bus dejaría de operar. Como los conductores devengan por pasajero movilizado, podrían descansar ese día sin ver reducido su ingreso; y los propietarios se ahorrarían un día de combustible por semana. El impacto en reducción de la contaminación sería notorio también, pues, como se ha comprobado en los días sin carro en Bogotá, es el transporte público el que aporta casi toda la polución por fuentes móviles en nuestras ciudades.

En síntesis, a un pico y placa más drástico no hay que oponérsele sin argumentos en tanto se demuestre que no es un castigo sino un esfuerzo mancomunado que otorga retribuciones visibles en materia de calidad de vida y mientras se trabaje intensamente por solucionar el atraso vial.

****

Es entendible la molestia generada por el gol de taquito que le metió Luis Alfredo Ramos al Municipio de Medellín, pero me suscita dos reflexiones: ¿Por qué tanto berrinche si las EPM intentaron primero burlar el pacto de caballeros? Y ¿por qué la indignación de quienes dilapidaron más de 50 millones de dólares en una empresa sin futuro (Orbitel) frente a quienes arriesgaron en un proyecto que tiene todo el futuro? Tranquilos que si el Gobernador no quiso vender la FLA -la gallinita de los huevos de oro-, menos va a vender esa mina de diamantes que se llama Pescadero. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 21 de julio de 2008

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La verdad es que las investigaciones sobre la conveniencia de la energía eléctrica en la operación de las troncales de Metroplús son extensas y contundentes. En resumen hay que decir varias cosas: que el gas natural parece amigable con el medio ambiente al compararlo con el diesel, pero no lo es en términos estrictos y mucho menos si se compara con la electricidad; que el gas natural parece económico si lo comparamos con la energía eléctrica, pero su precio está atado al petróleo y es más probable que este siga subiendo y no que retorne a los precios de antaño; que la disponibilidad del gas está en duda puesto que en ello no se ponen de acuerdo ni altos funcionarios del Gobierno (Ministro de Minas vs. Presidente de Ecopetrol), en cambio la energía hidroeléctrica se acabará aquí cuando se acabe Antioquia; que las Empresas Públicas de Medellín son productoras de energía eléctrica mientras del gas apenas son distribuidoras, y como dice con algo de ironía Luis Pérez -el que perdió la Alcaldía con Salazar- eso es “como si los cafeteros recomendaran tomar Coca Cola en lugar de café”.

Un tema que se ha argumentado como aspecto fundamental para la toma de la decisión es el del costo de los buses con motor a gas frente a los eléctricos. De acuerdo con una investigación realizada por expertos de la Universidad Pontificia Bolivariana, un trolebús eléctrico europeo de excelente calidad duplica el costo del bus de gas, pero su vida útil es del doble, y el costo del mantenimiento de la red eléctrica se compensa con el bajo costo de mantenimiento y lubricación de los buses eléctricos.

Además, el grupo de expertos hace hincapié en el hecho de que los motores del Metro se reparan en Medellín, siendo aún más complejos que los motores de los trolebuses. De otra parte, el costo de electrificación de la troncal (12.5 km) tampoco parece un asunto insalvable pues es del orden de los nueve mil millones de pesos, cifra que, de acuerdo con los estudios, se pagaría en cinco años aproximadamente, si se tiene en cuenta la diferencia entre el costo del gas y de la electricidad.

El Metro de Medellín presentó al Alcalde un informe en el que recomienda usar buses eléctricos tanto en las troncales del Metroplús como en las pretroncales, o sea incluyendo los buses alimentadores. El Metro solicita tener en cuenta beneficios para la ciudad en materia de reducción de ruido, reducción de consumo energético y reducción de contaminantes. Entretanto, el informe del Área Metropolitana es laxo frente al impacto contaminante del gas y la contaminación por ruido. Y prácticamente descalifica el sistema eléctrico por el supuesto retraso que conlleva su implementación. En cuanto al informe que presentó EPM acerca del combustible, es extraño que las EPM sobrepasen su competencia para concluir, superficialmente, que es más barato operar a gas. Pero, ¿más barato hasta cuándo? ¿Más barato para quién? ¿Barato para el ecosistema? ¿Barato para los que enferman por ruido y contaminación?

Como vemos a diario, el Transmilenio es un fracaso en muchos aspectos, por eso la promesa de hacer un metro fue definitiva en la elección de Samuel Moreno como alcalde de Bogotá. Si eso es lo que vamos a copiar aquí estamos perdiendo el tiempo. Pero hay una cosa peor y es tomar decisiones con desidia como si se estuviera ocultando algo. En ese sentido, el informe de EPM es inquietante, parece que hubiera un interés distinto al de tener un magnífico sistema que complemente al Metro y, lamentablemente, estamos ad portas de cometer un error histórico al que en un lustro o dos habrá que darle reversa. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 2 de junio de 2008

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Hoy transitan por la Avenida Guayabal no sólo los buses que atienden a esta comuna sino también los de Itagüí, La Estrella y San Antonio de Prado. Pero, además, Guayabal sufre la incidencia de la Autopista Sur y de ámbitos cercanos como la Central Mayorista, la Terminal Sur y el aeropuerto Olaya Herrera, que en algo deben repercutir. Claro que esa es la realidad de toda la ciudad, encerrada entre montañas y con una pérdida incesante de sus bosques.

La exagerada contaminación de Medellín -y de Guayabal en particular- ya no es un asunto meramente retórico: se sabe que la incidencia de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) en la ciudad es mayor que en el resto del país, lo que comprueba que se está afectando de manera grave la calidad de vida de la gente. Las enfermedades pulmonares son altamente incapacitantes, su atención es costosa y pueden llevar a la muerte, de manera que no se trata de una controversia menor por la molesta irritación de los ojos.

Si bien el alcalde Alonso y el Concejo de la Ciudad solicitaron acuciosamente a Ecopetrol que nos provea de un combustible diésel que cumpla los estándares internacionales -50 ppm en vez de los 4.500 ppm de ese veneno que estamos usando-, no deberíamos cruzarnos de brazos a la espera de que se cumpla el plazo de un acuerdo que aún está muy lejano cuando hay tantas cosas que se pueden hacer entre las cuales hay muchas que no perjudican a nadie y son de beneficio general.

En Medellín hay unos 8 mil buses que son, hoy en día, el principal factor de contaminación del Valle de Aburrá. También hay más de 20 mil taxis que hacen parte del problema. Y, a pesar del alto grado de contaminación de nuestro entorno, tenemos, entre las principales ciudades del país, el menor número de vehículos movidos con gas. Eso, a pesar de los notables beneficios económicos para los transportadores y ecológicos para la comunidad.

En manos del Alcalde y el Concejo está la decisión de gasificar el transporte público del Área Metropolitana subsidiando una parte del costo de modificación de cada vehículo. Este proceso tardaría varios años pero los efectos positivos serían notorios desde el comienzo. Colombia tiene inmensas reservas comprobadas de gas; el distribuidor local son las EPM; el gas es más barato y paga por sí solo los gastos de modificación, además de que el desgaste de los motores es menor; y siempre será más limpio que el mejor diésel y los biocombustibles, que también tienen sus bemoles como para no considerarlos totalmente limpios.

Hay, además, otras decisiones que no deberían pasarse por alto: el Metroplús debe alimentarse con energía eléctrica a pesar del argumento poco creíble del Ministro de Transporte acerca de un exagerado incremento de los costos de operación o la exótica razón de que ese sistema no permitiría los sobrepasos de buses; tampoco lo hacen los trenes del Metro ni las cabinas de los cables aéreos.

Otro tema es el de las motocicletas con motores de cuatro tiempos, los cuales, por ser muy contaminantes, están prohibidos en muchos países. Estamos en mora de proscribir su comercialización en la ciudad y trabajar con el Congreso para expedir una ley que saque paulatinamente las que están en circulación.

Sin ánimo concluyente, es preciso señalar la necesidad de un agresivo plan de arborización en todo el Valle de Aburrá, que además contemple criterios paisajísticos. Es decir, cosas por hacer hay muchas y son soluciones que están al alcance de las manos o, más precisamente, de las manos del Alcalde. Una ciudad más limpia y saludable también es más competitiva, mejorar el medio ambiente es una inversión rentable que no da espera.

Publicado en el periódico El Mundo, el 14 de abril de 2008

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La decisión gubernamental es de lo más absurda. Si bien se requiere una infraestructura más avanzada para refinar mejor el combustible -y supone uno que se requiere más petróleo para obtener un derivado de mejor calidad-, es incomprensible e injustificable una dilación de esa naturaleza. La refinería de Cartagena pasó a manos de la multinacional suiza Glencore, que desde allí está exportando combustibles de alta calidad a E.U., México y Sudamérica. Por su parte, Ecopetrol acaba de ser abierta al capital privado y ya no tiene tantas ataduras políticas para tomar rápidamente las decisiones que se requiera. Esperar seis años -que terminarán siendo diez- es inaceptable.

De ninguna manera puede la ciudad de Medellín quedarse esperando que unos señoritos del Ministerio nos condenen a morir de enfermedades pulmonares -y hasta de cáncer-, y a que la ciudad pierda uno de sus principales activos y atractivos como han sido su aire y su ambiente primaverales. Si el tema pasa por la estructura de costos del combustible hay que preguntarse si en realidad es más costoso importar diésel ecológico que asumir el detrimento que sobrevendrá por problemas de salud de la población. Es preferible subir de precio el combustible y disfrutar desde ya un aire limpio que soportar la contaminación venenosa y ominosa que hace rato se presume en el ambiente hasta en zonas semirurales, donde hace un lustro olía a campo.

Claro que con el barril de petróleo a 100 dólares -y con perspectivas de irse hasta los 200 por esas cosas de la geopolítica que tienen un tinte mercantilista-, no nos podemos dar el lujo de quedarnos sólo con la alternativa del suministro de buenos combustibles. El llamado ‘mejor alcalde del país’ (¡cómo sería el peor!) derribó centenares de árboles en la ciudad que fueron remplazados por chamizos raquíticos que jamás igualaran el volumen de biomasa que se perdió. La ciudad tiene suficientes recursos para que el nuevo alcalde, Alonso Salazar, desarrolle un audaz plan de arborización de su área urbana y de las laderas. Eso es mucho más rentable, en términos sociales, que despilfarrar recursos en publicidad o en campañas contra la anorexia.

En esta misma columna señalábamos (el seis de agosto anterior) que “el Concejo de la ciudad y el nuevo alcalde deberían fijar la conversión a gas obligatoria para todos los vehículos de servicio público -taxis, buses y colectivos-, brindando un bono de un millón de pesos para cada uno, y suspender el ingreso de nuevos automotores de servicio público tipo diésel -cuya conversión a gas es muy costosa-, hasta que no se resuelva el problema del abastecimiento de ACPM altamente contaminante (4.500 ppm)”.

Decía también que los buses articulados de Metroplús deberían operarse con gas, de ninguna manera con diésel, y dado el anuncio del Ministerio aún estamos a tiempo de que se implemente su operación con energía eléctrica. Además, las EPM pueden realizar una agresiva campaña de mercadeo para aumentar significativamente la conversión a gas de vehículos particulares. Que lleven carros de prueba a hipermercados, centros comerciales, empresas, universidades, etc.; que la gente los pueda manejar, ver de cerca el sistema y conocer sus ventajas; y que se incrementen los descuentos o beneficios por la conversión. Además hay que prohibir las motos de dos tiempos. En fin, el hecho es que no nos podemos quedar esperando a que los burócratas de Bogotá nos hagan el favorcito.  ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 26 de noviembre de 2007

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