El caso lo comenté en una columna escrita en ese entonces: “La CIDH acaba de condenar al Estado colombiano por la masacre de 17 contrabandistas en Antioquia, ocurrida en 1987. Pero esa masacre no la cometieron miembros o representantes del Estado sino grupos paramilitares, y se condena al Estado bajo la falsa premisa de que éste alentó el desarrollo de los grupos de autodefensa en el país” (Aberrante fallo jurídico, El Mundo, 12/08/04).

Una de las cosas que hace incomprensible el fallo de la CIDH es que no había impunidad, la justicia colombiana halló a los culpables y los castigó, pero eso no le importó a la Corte: “En esta masacre, a diferencia de la gran mayoría de los asesinatos perpetrados en Colombia (se dice que la impunidad es del 96%), se han declarado culpables intelectuales y materiales. Los primeros son Henry Pérez y su padre Gonzalo, jefes paramilitares de Puerto Boyacá, asesinados en 1991; y de los segundos hay cinco presos, a pesar de lo cual la CIDH no se sintió conforme y dictó un fallo salido de razón: culpar a un ente incorpóreo con base en presunciones y hechos inconsistentes”.

Adicionalmente, con el fin de desprestigiar al Estado colombiano como violador de los Derechos Humanos, la CIDH se apoyó en un argumento verdaderamente absurdo: “que el Estado es cómplice de los paramilitares porque al amparo de un decreto de 1965, permitió armar a particulares con armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. ¿Dónde dejó la Corte el principio de la personalidad de la pena según el cual la responsabilidad penal es individual? ¿Eso quiere decir, acaso, que si alguien asesina a otro con un revólver ‘legal’, el Estado es imputable por complicidad en dicho crimen?

Como si no fuera suficiente, la CIDH se saltó a la torera otro postulado universal del Derecho Penal que dice que a igual delito, igual pena, pues si el Estado colombiano fue culpable de esta masacre, habría que responsabilizarlo, de acuerdo a la dialéctica de este tribunal, “de todas las masacres cometidas por las autodefensas pero también de todos los crímenes de la guerrilla, del narcotráfico, de la delincuencia común, etc.”. Es decir, si este crimen común constituyó una transgresión de esos derechos, todo crimen de la misma especie configura la misma infracción sin importar quiénes fueron sus autores, porque una sanción penal no puede impartirse con sesgo político.

Sin embargo, ningún crimen de las guerrillas ha sido contemplado como una violación de tales derechos porque para las ONG que se autoproclaman como defensoras de los mismos, “los actos de la subversión son maniobras de ‘oposición (política) armada’ que no constituyen violación ni vejamen alguno, si acaso un padecer histórico que mañana será recuerdo de la gesta emancipadora”.

Pero tal vez lo más descarriado de este fallo, y lo que lo hace inaceptable, es que las víctimas no eran ‘comerciantes’, como los llama la CIDH, sino unos contrabandistas que pasaban mercancía por trochas del Magdalena Medio, lejos, por razones obvias, de la acción —y la protección— de las autoridades. La realidad es que —como lo dije en aquella columna— “unos delincuentes (paramilitares) mataron a otros delincuentes (contrabandistas)”, y no deja de ser inconcebible que el Estado (que somos todos y con nuestra plata) deba “indemnizar a las familias de las víctimas y hacerles estatuas y todo… ¡qué aberración!”.

(Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 19 de diciembre de 2011)

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De eso han pasado casi diez años y quienes tanto se han esforzado por demeritar a Uribe y su gobierno, han fracasado en forma reiterada. Basta ver que en encuesta reciente, Uribe se sitúa en segundo lugar, detrás del general Óscar Naranjo, pero por encima de Santos, quien lleva siete meses tratando de quedar bien con Dios y con el diablo. Y a pesar de no detentar el poder, el ex presidente sigue llenando auditorios en Colombia y recibiendo invitaciones para dar clases en las mejores universidades del mundo y dictar conferencias como una celebridad.

Como les ha sido imposible defenestrarlo, la estrategia es desprestigiar funcionarios, programas y logros, aun los transparentes como la Operación Jaque. Claro que los ataques no provienen todos de la misma parte, ni se puede considerar que entre sus gestores haya algún tipo de amangualamiento pues muchos son como el agua y el aceite y una de las pocas cosas que tienen en común es su odio contra Uribe.

Los más obvios están encasillados en la izquierda retrógrada y extremista: las Farc, Chávez, Castro y sus áulicos. Luego aparecen los viudos del poder, encabezados por los ex presidentes Gaviria, Samper y Pastrana, más el Partido Liberal en pleno. También figura la Corte Suprema de Justicia, que le hizo una oposición feroz a Uribe desde que este tomó partido por la Corte Constitucional como órgano de cierre de sentencias de tutela. Y en un grupo final podríamos ubicar una caterva variopinta de bandidos, entre paramilitares, narcotraficantes y corruptos de todos los tamaños.

Todos ellos tienen motivos de sobra para atacarlo: se interpuso en el proyecto comunista continental y arrasó a las Farc; mandó al ostracismo a los liberales y a muchos representantes de la política tradicional; extraditó un millar de narcos, incluidos los jefes ‘paras’, que estaban seguros de mantener su poder; reformó un centenar de ineficientes entidades del Estado y se hizo reelegir, cosa que hiere la vanidad de muchos.

Por eso, lo mejor que puede hacer quien llegue a la Primera Magistratura es no hacer nada para no pisar callos y pasar de agache para no equivocarse mucho. Hay quienes se preguntan si eso es lo que se llama ‘Unidad Nacional’. El hecho es que Uribe fue todo lo contrario a los mandatarios que hemos conocido y por eso mismo, por meterse en todas las ‘candelas’, es que es muy fácil criticar su gestión. Se les olvida que gobernar a Colombia no es soplar y hacer botellas, y que los desmovilizados no eran seminaristas ni monjas de clausura.

Es irresponsable amplificar la voz de unos bandidos que carecen de autoridad moral para venir a dárselas de censores. Si hubo desmovilizaciones falsas o narcotraficantes que se colaron en el proceso, fue por trampas de ellos mismos, ya que eran los únicos que podían certificar quiénes pertenecían –de una u otra forma– a sus organizaciones. Por eso, quienes hicieron trampas, deben ser excluidos de Justicia y Paz.

Como dice el ex presidente Uribe, la buena fe no se discute. Una cosa es equivocarse al otorgar algunas concesiones –¡liberar a Granda también fue una terrible concesión!– y otra, muy distinta, es obrar de mala fe. ¿O será que el ex presidente Gaviria –“el ladrón juzga por su condición”, dice el refrán– obró de mala fe cuando le otorgó la cómoda reclusión de La Catedral a Pablo Escobar?

(Publicado en el periódico El Mundo, el 14 de marzo de 2011)

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La verdad es que ya se sabía que el postconflicto puede ser tanto o más violento que el conflicto mismo, por cuanto hay fuerzas que quedan huérfanas de mando y se convierten en ruedas sueltas. Así ha sucedido en todas partes. Cuando una organización armada se disuelve, la jerarquía de mando se acaba y la obediencia se pierde. El resultado es que no todos sus miembros siguen la línea trazada por quienes ordenan la dejación de armas.

Así, muchos integrantes de estos grupos terroristas renuncian a vivir en la legalidad mientras que otros quisieran hacerlo pero no encuentran la forma. Como si el desempleo no fuera ya suficientemente alto, nuestra economía no alcanza a absorber una fuerza laboral que no está preparada para el trabajo y que, adicionalmente, genera grandes temores en cualquier empresario. De ahí que sea utópico creer que los reinsertados van a encontrar trabajo fácilmente.

En contraste, quienes sí logran absorber estas fuerzas mercenarias son los narcotraficantes, que de carteles urbanos han hecho tránsito a pequeños ejércitos rurales que dominan las áreas donde se concentran los cultivos, los laboratorios y las zonas de frontera por las que sale la droga e ingresan dinero y armas.

Si en algo falló el gobierno anterior fue en no encontrar en qué ocupar a todos esos jóvenes que son carne de cañón para las violencias de cualquier cuño. Por eso no es para extrañarse la noticia de que los hombres de ‘Cuchillo’ están siendo cooptados por las Farc, esa es la lógica de un conflicto en el que la mayoría de los combatientes carecen de ideología y de medios de subsistencia, donde portar un fusil es, en muchos casos, la única opción laboral.

Pero, el fracaso no es de un gobierno en particular sino de toda la sociedad. Si bien se plantearon alternativas como las de establecer un impuesto a los industriales para darles sueldo a los reinsertados; que conformaran un grupo especial de las Fuerzas Armadas dotados solo de radios; que trabajaran como guardabosques o que fueran socorristas de la Defensa Civil, todo se quedó en veremos y los reinsertados quedaron a merced del gaseoso ‘autoempleo’. Todas las ideas que se plantearon fueron combatidas sistemáticamente por personas interesadas en el fracaso del proceso.

En consecuencia, tenemos un rebrote de grupos violentos dedicados al narcotráfico cuyas estructuras son muy parecidas a los grupos paramilitares de hace unos años pero que no tienen nada que ver con la lucha contrarrevolucionaria. Estos grupos ejercen dominio territorial armado para facilitar su conducta ilegal y aprovechan, de paso, para arrebatar otros negocios rentables como el de la extracción de oro, y para extorsionar a ganaderos, transportadores y demás. Es un negocio redondo.

Igualmente, la mayoría de los reinsertados que viven en las ciudades están dedicados al delito, es una necedad negarlo. Ellos son alma y nervio de las luchas entre bandas por el control del microtráfico y han extendido las extorsiones a todos los sectores de la comunidad, no solo a los negocios sino a las viviendas en la modalidad de ‘extorsión siciliana’, con el pretexto de brindarles una supuesta ‘protección’.

El panorama es complejo. Pero el hecho es que las críticas al proceso con los paramilitares no tienen fundamento. Se centran en el débil argumento de que las estructuras fundacionales del paramilitarismo no fueron desarticuladas. Y llegan al extremo enfermizo de afirmar que Mancuso, ‘Macaco’, ‘Jorge 40’ o ‘Don Berna’, eran meros segundones, que los que mandan están más arriba, que son gente influyente. La leyenda negra habla de grandes políticos, de terratenientes con inmensas fortunas, de destacados clérigos y militares, pero nadie los ha visto ni los conoce.

En cambio, lo que es evidente y demostrable es que las Bacrim son un retoño del narcotráfico, al que le vuelve a salir la cola cuando se le corta, como a las lagartijas, y que es perentorio cortársela otra vez mientras se dan las condiciones para descabezar este mal que se ensañó con Colombia.

(El mundo, febrero 14 de 2011)

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La Seguridad Democrática no puede entrar en “declive”, como dice la voz interesada de León Valencia y su Corporación Nuevo Arco Iris, simple y llanamente porque no se trata de un capricho del actual gobierno sino de la base fundamental del contrato social: la preservación de la vida, honra y bienes de los asociados.

Uno de los mayores alcances de la era Uribe es el haber vencido esa monstruosa concepción que predominaba en el país según la cual no se podían combatir los grupos ilegales bien por razones filosóficas (por el supuesto altruismo guerrillero) o bien por razones prácticas (que el Estado —decían— no podía derrotar a las guerrillas). Esa extravagancia redundó en la renuncia del Estado a ejercer el control y la ley.

Los argumentos de León Valencia para sustentar su afirmación son conceptualmente pobres, y están encaminados a vender la idea de volver a la mesa de negociaciones. Según el informe de Nuevo Arco Iris, el “declive” de la Seguridad Democrática estaría condicionado por el hipotético resurgimiento de las Farc y el supuesto fracaso de la negociación con los paramilitares.

Pero es muy cuestionable afirmar que una guerrilla se está reactivando por el hecho de incrementar las áreas sembradas con minas antipersonal o por usar francotiradores. Eso no sólo es una práctica de terrorismo mondo y lirondo —sobre todo contra la población civil— sino una muestra evidente de debilidad, de que no tienen control territorial como en el pasado y de que carecen de capacidad para enfrentar a las tropas que desarrollan operaciones ofensivas incluso en territorios que históricamente les pertenecían.

La guerrilla está arrinconada selva adentro; lleva años sin poderse tomar un pueblo (en Caloto lo intentaron sin éxito), secuestrar personalidades o ejecutar grandes intentados; ha perdido miles de combatientes, entre muertes, capturas y desmovilizaciones, incluyendo una decena de cabecillas y tres miembros del secretariado; y está plagada de niños y mujeres sin convicciones políticas. ¿Cuál es, pues, ese resurgimiento?

En cuanto al fenómeno paramilitar, Valencia aduce que hay un reciclaje del viejo paramilitarismo como producto de una negociación de paz “mal hecha” que fracasó y “se fue al carajo”; y sostiene que “el símbolo del fracaso es Medellín”.

Ya el ex presidente Gaviria había hecho política meses atrás con el tema de Medellín. En 2009, la cifra de asesinatos podría llegar a 2.000, lo cual es un incremento importante en comparación con los 1.066 homicidios del 2008 —no 833 como falsamente informa la revista Semana (23/11/2009)— y con los 788 del 2007, pero se está aun muy lejos de los 6.658 asesinatos de 1991.

Decir que la violencia de Medellín es producto del paramilitarismo no es acertado. Voces más autorizadas como la del ex alcalde Sergio Fajardo, atribuyen la mayoría de los muertos a enfrentamientos entre bandas por el control de los distritos de vicio, cuyo consumo está disparado gracias a ese cuento del “libre desarrollo de la personalidad”. Asimilarlas a paramilitares por el hecho de haber pertenecido en el pasado a las estructuras de ‘Don Berna’ es un error de juicio cuando se sabe que estos combos son mercenarios que se venden al mejor postor.

A la visión interesada de León Valencia se le olvida también que muchas fallas de la seguridad en Colombia son atribuibles a otros factores, como la laxitud judicial, la impunidad constante, el régimen carcelario que permite delinquir desde adentro, la corrupción y falta de compromiso de muchos miembros de la Fuerza Pública, la disminución de la iniciativa de los agentes del Estado por miedo a los castigos judiciales, etcétera.

Nada conduce a concluir que las Fuerzas del Estado hayan mermado su rendimiento; tal vez, sí, que hay algunas manifestaciones de violencia que se han exacerbado, como se esperaba en el post conflicto, por lo que se requieren ajustes. Pero querer significar, en plena campaña electoral, que la seguridad —con cualquier apellido— es un esfuerzo inviable, es un sórdido esperpento cuya formulación lleva implícito un cálculo político. Por eso tantos colombianos temen que al terminar el gobierno de Uribe, Colombia vuelva a lo de siempre. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de noviembre de 2009

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En una columna anterior (El Mundo, 28-04-2008) mencioné que si la Corte Suprema de Justicia no medía los casos de la farcpolítica con el mismo rasero que ha usado para juzgar la parapolítica, quedaría demostrado que el alto tribunal está empeñado en una cacería de brujas contra todo lo que huela a ‘derechas’, y que carece de imparcialidad.

Hoy no sólo es claro que a la honorable CSJ no le interesa la farcpolítica —cuyos procesos precluye afanosamente, como en los casos de Álvaro Leyva y Carlos Lozano, a pesar de que los computadores de ‘Reyes’ los comprometen gravemente—, sino que está actuando como un partido de oposición y no como un tribunal de justicia, pues hasta se salta su propia jurisprudencia y desacata decisiones de otros tribunales, como la que se tomó a favor del ex congresista Iván Díaz Mateus.

La CSJ ha decidido que los casos de la parapolítica, que habían ido a la Fiscalía en razón a que los parlamentarios renunciaron a su fuero, regresen a ese tribunal donde no sólo es evidente la persecución con tinte político sino también la falta de las garantías procesales ordinarias a que tiene derecho cualquier reo. Recuérdese que los parlamentarios carecen allí de segunda instancia y que es la misma Corte la que investiga y juzga, actividades que en el Derecho Penal se considera perentorio que se realicen separadamente.

Si a eso sumamos la forma temeraria en que la CSJ ha atemorizado a los congresistas que votaron a favor del proyecto de referendo reeleccionista y la obstinada actitud tomada en la elección del Fiscal General de la Nación, atribuyéndose potestades que no le corresponden con el fin de modular la escogencia de candidatos, encontramos que la Corte Suprema está ejerciendo una suerte de despotismo judicial. Pero lo que viene es mucho peor, un verdadero esperpento jurídico.

La CSJ ha decidido hilar bien delgadito para imputarles a los acusados por parapolítica los delitos de lesa humanidad —y eventualmente de narcotráfico— que hubieren cometido los paramilitares con los que se les compruebe algún nexo. Es decir, la Corte pretende endosarles a los parapolíticos la carga de los actos más horrendos de los paramilitares, a pesar de que a ninguno de los políticos se les ha comprobado don de mando o autoridad sobre esas estructuras.

Es muy difícil meter las manos en el fuego por la clase política en general (como también lo decíamos en la columna reseñada), “pero de ahí a creer que todo acusado es un ‘parapolítico’, o sea alguien íntimamente ligado a las estructuras paramilitares, que se beneficia de su poder para elegirse y se convierte en su ficha al interior de las instituciones, tan sólo porque un delincuente lo dice, hay mucho trecho”.

También es un grave exceso el que la CSJ anuncie la posible extradición a los EE.UU. de personas que no están siendo solicitadas por ese país cuando, en cambio, se niega a avalar las extradiciones de narco-paramilitares que sí son requeridos por la justicia gringa. El presidente del alto tribunal, Augusto Ibáñez, aduce que los legisladores podrían ser extraditados dado que “fueron copartícipes de los mismos delitos por los que Estados Unidos ha pedido a los jefes paramilitares”; y que “si el aparato de guerra se lucra por el narcotráfico, obviamente, los vinculados a la parapolítica podrían ser juzgados por ese delito”.

La CSJ, al considerar —por arte de birlibirloque— que quienes establecieron alianzas con grupos armados ilegales hacen parte del aparato de guerra de tales organizaciones, instaura una interpretación absurda que además ignora el contexto histórico de los hechos.

Colombia vivió muchos años sin Dios ni Ley por culpa de gobiernos pusilánimes que se negaron a combatir a las guerrillas. El bipartidismo fue objetivo militar de éstas, y la clase política encontró en el paramilitarismo una tabla de salvación no sólo para mantener el control político sino para preservar sus vidas. Eso no los convierte, per se, en cómplices de sus fechorías ni en sus jefes o ideólogos. Quien se haya valido de los ‘paras’ para apropiarse de dineros públicos, de tierras de campesinos o para eliminar a sus rivales políticos, debe recibir su castigo. Pero algo huele mal en esta intentona de convertirlos en autores intelectuales de los crímenes que cometieron otros. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 28 de septiembre de 2009

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Antes de ir al meollo del asunto es preciso afirmar que los narcotraficantes difícilmente abandonan sus actividades. Eso se sabe por experiencia histórica. Pablo Escobar y sus secuaces siguieron delinquiendo en la cárcel -¡y de qué manera!-; lo mismo hicieron, durante el cautiverio y después de él, los hermanos Rodríguez Orejuela y también el menor de los Ochoa Vásquez, Fabito; y es lo que hacen, desde las prisiones, muchos secuestradores, extorsionistas y demás. Todo eso, porque el poder corruptor de los narcotraficantes y la laxitud de nuestro sistema carcelario se confabulan para que sea imposible controlar a los penados.

Las cárceles colombianas más parecen las oficinas de atención al cliente de una multinacional del delito, gracias al ingreso ilimitado y, prácticamente, incontrolado de toda clase de visitantes, llámense abogados, familiares, cómplices, prostitutas, etc., que sirven para llevar y traer recados pero, sobre todo, para entrar armas, drogas, teléfonos y dinero. Allá una visita no se le niega a nadie. Aunque se ha avanzado mucho con la seguridad de las prisiones, principalmente de las más nuevas, el legislador se ha negado a adoptar sistemas más estrictos para el cuidado de criminales de alto rango. Una carta del terrorista ‘Simón Trinidad’, quejándose de las condiciones de su encierro en los Estados Unidos, nos da una mejor idea de cómo deberían ser las circunstancias de reclusión para individuos que le han ocasionado un grave daño a la sociedad. Dice que el confinamiento es en una celda de 3,20 por 1,80 metros, donde permanece las 24 horas del día. Que no recibe sol, es vigilado permanentemente por guardias desde una cabina, no tiene contacto de ninguna naturaleza con los demás presos, no tiene acceso a ningún medio de comunicación (radio, prensa o televisión), no puede llamar por teléfono, las conversaciones con los abogados son monitoreadas al igual que las cartas que envía y no se le permite hablar con periodistas ni recibir visitas de particulares.

Sería bueno que las autoridades colombianas tomen nota. Aquí los jefes paramilitares tenían celulares, computadores con internet, radios y televisores, visitas por doquier. Hace poco, Mancuso dio una entrevista desde la cárcel de Itagüí para el programa 60 Minutos de la cadena norteamericana CBS, vestido con un elegante traje. Allí no hubo los excesos de La Catedral de Escobar pero las celdas más parecían oficinas. Algo similar se dio durante varios años con el terrorista del ELN Francisco Galán, a quien se le permitía un radioteléfono para mantener contacto con sus compinches mientras estos seguían secuestrando y asesinando colombianos.

Pero, volviendo al tema, el proceso de desmovilización de los ‘paras’ es, si no un rotundo éxito, por lo menos sí un magnífico ‘fracaso’, porque hace seis años no estaba en los cálculos de nadie el desmovilizarlos y, muchísimo menos, el tenerlos en prisión abocados a condenas de veinte o más años en cárceles de verdad. Aún más difícil era creer que confesaran alguno de sus crímenes o que efectuaran alguna reparación, y lo cierto es que a pesar de la lentitud y las dilaciones, no puede desdeñarse la cantidad de hechos confesados aunque en la reparación se hayan mostrado negligentes.

Vamos a ver si ahora los detractores de este proceso exigen los mismos niveles de verdad, justicia y reparación a alias ‘Karina’, a quien muy seguramente le van a conseguir carro, casa y beca, amén de domicilio con una nueva identidad en el exterior. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 26 de mayo de 2008

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar al Estado colombiano por la masacre de 17 contrabandistas en Antioquia, en 1987. Pero esa masacre no la cometieron miembros o representantes del Estado sino grupos paramilitares y se condena al Estado bajo la falsa premisa de que éste alentó el desarrollo de los grupos de autodefensa en el país, lo cual no sólo no es enteramente cierto sino que constituye prueba de que se trata de un fallo con un alto contenido ideológico.

Cabría decir, por supuesto, que el ‘Estado’ es siempre responsable —por acción u omisión— de todo lo que pase en una sociedad; es decir, para ello se constituye, no sólo para que dé orden sino para que se responsabilice políticamente del ordenamiento. Entonces, bajo ese criterio, sería posible señalar al Estado como culpable de todas las muertes; las consumadas por militares, por paramilitares, por subversivos, por delincuentes comunes y hasta las que cometen los maridos cornudos que encuentran a su mujer acompañada en la casa. Sin embargo, cada ciudadano es imputable de sus actos y no puede corresponderle al Estado, como ente genérico, subsanar la impunidad al no haber sujeto condenable.

En esta masacre, a diferencia de la gran mayoría de los asesinatos en Colombia (se dice que la impunidad es del 96%), se han declarado culpables intelectuales y materiales. Los primeros son Henry Pérez y su padre Gonzalo, jefes paramilitares de Puerto Boyacá, asesinados en 1991; y de los segundos hay cinco presos, a pesar de lo cual la Corte Interamericana no se sintió conforme y dictó un fallo salido de razón: culpar a un ente incorpóreo con base en presunciones y hechos inconsistentes. ¿Cuáles? En principio, la vieja teoría de que el Estado es cómplice de los paramilitares porque al amparo de un decreto de 1965 permitió armar a particulares con armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Eso equivale a decir que si alguien asesina a otro con un revólver legal, el culpable es el Estado por complicidad con el asesino. Y la inconsistencia es señalar que Colombia alentó la creación de grupos paramilitares cuando en realidad fueron los grupos guerrilleros quienes atizaron la hoguera. Defender la propia vida y la de los seres queridos es un derecho y una obligación ontológica y moral, máxime cuando el Estado no está en capacidad de hacerlo. Esa licencia fue una decisión soberana, autónoma y que no riñe con las leyes de ninguna democracia en el mundo, y sólo los marxistas creen que tomar un arma es un derecho exclusivo de los revolucionarios en detrimento de los demás.

Si de acuerdo con la dialéctica de este tribunal, el Estado colombiano fuere culpable de esta masacre, habría que responsabilizarlo de todas las cometidas por las autodefensas pero también de todos los crímenes de la guerrilla, del narcotráfico, de la delincuencia común, etc., porque el Estado con su accionar, pero más con su pasividad, ha alentado todas las expresiones violentas que se dan en el país. Habrá que condenarlo por la masacre del Eln en Machuca, porque no defendió a la comunidad y porque construyó frente a las humildes casitas el oleoducto con el que la guerrilla los rostizó; y hay que condenarlo por la masacre de Bojayá, porque no atendió una alerta temprana ni blindó la iglesia donde las bombas de las Farc acabaron con la vida de 119 personas. Ah, y que lo señalen de una vez culpable de la tragedia de Armero por no haber desalojado al pueblo como lo sugerían los expertos. La Corte indicará que el volcán no mató a 25 mil personas, ni que ellas mismas fueron responsables de su obstinación para negarse a evacuar: el Estado colombiano es culpable.

Claro que nada de eso va a suceder por dos razones básicas: primero, porque a ningún Estado se le imputan hechos que van en contra de su propia filosofía y que, por tanto, deben ser imputados a quienes los planearon o ejecutaron. De hecho, el Estado somos todos, y todos no podemos condenarnos solidariamente en remplazo de quienes sí son culpables. Y, segunda razón, porque este proceso en la Corte Interamericana fue impulsado por la marxista Comisión Colombiana de Juristas y fallado en amañada jurisprudencia con la también vieja táctica de desprestigiar al Estado como violador de Derechos Humanos mientras que los actos de la subversión son maniobras de «oposición (política) armada», que no constituyen violación ni vejamen alguno, si acaso un padecer histórico que mañana será recuerdo de la gesta emancipadora.

Ya el presidente Uribe dijo que Colombia es un país de leyes y que acata el fallo pero ese fallo es inaceptable. Unos delincuentes que no hacen parte del Estado (paramilitares) mataron a otros delincuentes (contrabandistas) y ahora el Estado (que somos todos y con nuestra plata) debe indemnizar a las familias de las víctimas y hacerles estatuas y todo… ¡qué aberración!

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 12 de agosto de 2004 (http://www.elmundo.com/).

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La desmovilización de 800 combatientes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), a iniciarse este martes 24 de noviembre en Medellín, es un experimento de dudoso resultado, habida cuenta de que no tiene ninguna lógica que los paramilitares se desmovilicen primero que las guerrillas, lo cual vendría a ser como cerrar las llaves del agua antes de apagar el incendio. Claro que las Auc, por su naturaleza, se parecen más a gasolina que a agua y debido a eso, en teoría, restar combatientes debe disminuir la intensidad del conflicto.

El Bloque Cacique Nutibara tiene la particularidad de ser un comando urbano cuya área de influencia es el Nororiente de Medellín, un sector miserable en el que la violencia ha sido el pan de cada día en las dos últimas décadas desde que Pablo Escobar pervirtió a los jóvenes con su poderío económico y conformó todo un ejército de sicarios. Luego de la muerte del capo, lo que era el brazo armado del narcotráfico se dividió en pandillas, enfrentadas entre sí por el dominio de pequeños territorios, y temidas bandas —como ‘La Terraza’— dedicadas al secuestro, al robo de carros, a los atracos bancarios o a servir de mercenarios al mejor postor. Y aunque las guerrillas casi siempre han tenido presencia en las ciudades colombianas a través de las llamadas ‘milicias populares’, en los últimos dos o tres años las Farc, principalmente, dieron un paso adelante en Medellín, adonde llegaron combatientes desde el Caguán para afincarse en la Comuna 13, Centro-occidente de la ciudad, obligando a las autodefensas a incrementar su presencia ante la incapacidad del gobierno de Pastrana y las autoridades locales para detener esa incursión.

Durante el 2001 se denunció que las bandas de Medellín estaban siendo tentadas con mucho dinero por guerrillas y autodefensas para alinearse a uno u otro bando pero ninguno tuvo mucho éxito para convencer a unos delincuentes sin ideología, sin convicciones, sin disciplina militar. Las barriadas pobres de Medellín han sido un campo de cultivo para la violencia del dinero fácil pero no para la violencia promovida por la utopía comunista ni por la redención ofrecida por los paramilitares en defensa de un paraíso excluyente en el que los miembros de esas bandas saben que no tendrían mayores oportunidades para salir de la pobreza. Sin embargo, en cualquier momento podrían cambiar de parecer y sumarse a las filas de cualquier bando.

Por eso, la dejación de armas de 800 combatientes es un acto meramente simbólico en una ciudad que tiene más de 10 mil jóvenes en las bandas y pandillas. Es simbólico también porque aunque se desmovilicen todos los miembros de las Auc, mientras persista la guerrilla y persista la incapacidad del Estado para combatirla —actualmente por falta de recursos y no de voluntad política—, los colombianos tendrán todo el derecho a defenderse de la acción de unos terroristas que quieren fundar un Estado despótico sobre las cenizas del país.

Es simbólico además porque ante la arremetida de criticas infundadas por parte de tantas Ong’s proclives a apoyar a la subversión armada, al presidente Uribe no le queda otro camino que retirar a ese factor de perturbación que pone a las instituciones colombianas en la picota pública de la opinión internacional, sembrando dudas sobre la violación de los derechos humanos como política de Estado. Por eso, a pesar de que el Ejército abatió la semana pasada al líder paramilitar César Gómez Giraldo, tercer cabecilla del Bloque Metro, en San Roque (Antioquia), y a otros nueve ilegales de ese grupo, el presidente no vaciló en denunciar que los policías de Ituango, un martirizado pueblo del norte de Antioquia, se sientan a tomar whisky con los ‘paras’ mientras estos cobran vacuna (extorsión) a los comerciantes del lugar. El nuevo director de la Policía Nacional los destituyó de inmediato.

Ya a mediados de los noventas hubo un caso de desmovilización en Medellín (Mircoar) que dejó un sabor amargo. Los milicianos desarmados formaron una cooperativa de vigilancia porque no habían más opciones de trabajo. Se encargaban de la seguridad de sus propios barrios dotados de un simple revólver y escopetas. Sus enemigos, mejor armados, los eliminaron a todos. En esta ocasión el problema es el mismo con el agravante de que el Estado no tiene recursos suficientes y la comunidad internacional no ve con buenos ojos el proceso: que son narcotraficantes tratando de limpiar sus culpas, dicen unos; que son violadores de los derechos humanos, dicen otros. Y a los Estados Unidos parece interesarles sólo la extradición de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, los comandantes que para las autoridades norteamericanas no son más que un par de mafiosos.

Este proceso será un éxito en la medida en que se asegure que los desmovilizados puedan llevar una vida normal, lejos de cualquier tipo de delincuencia y a salvo de sus enemigos. Con ello se asegura la desmovilización del resto de las Auc y de buena parte de los grupos subversivos. Pero será un acierto, sobre todo, si se logra que los reinsertados no sean reemplazados por otros y este proceso no resulte ser apenas como un cambio de guardia. Con una guerrilla todavía intacta en sus estructuras, con un Estado que carece de recursos para aumentar el pie de fuerza a los niveles aconsejables para la situación de conflicto que debe afrontar, y en un país agobiado por el desempleo, donde el sector de mayor generación de puestos de trabajo es la guerra, este proceso no parece ser de muy buen pronóstico; apenas un cambio de guardia o, como dijo el nuevo ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, refiriéndose a los cambios en la cúpula militar: «Es una época del año como cuando se dan las manzanas o se caen las peras…».¿O serán «los paras»?

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Yo no se quién pueda creerle a Carlos Castaño, a estas alturas, ese cuento de que las víctimas son guerrillos disfrazados de campesinos, confundidos entre la población civil. Si bien es cierto que muchos guerrilleros tienen casa y familia a la que visitan cada vez que pueden, no es serio argüir que los muertos son subversivos cuando la población reconoce en ellos a gente de la comunidad cuyo origen y actividades son diáfanas, abiertas, claras, inconfundibles, y cuyo sustento son las tareas agrícolas que apenas dan para mal comer.

Tampoco sé quién pueda creerle a Castaño aquello de la colaboración. Los campesinos de Colombia se caracterizan sí, por su hospitalidad y desprendimiento, pero si a ello sumamos que los actores del conflicto hacen valer el poder de sus armas no puede hablarse de cooperación o aporte sino de coacción, chantaje, encerrona, forzamiento. Entonces las excusas de Castaño no tienen validez ni siquiera bajo la moral de la guerra, esa que dice que en ella todo se vale.

El paramilitarismo se le salió de madre a quienes veían en él un boleto de salvación. Ahora no combate de frente a la subversión –como ésta tampoco lo hace con el Ejército– sino que se limita a marcar territorio con sangre, desarrollando la misma estrategia canalla que inventó Pablo Escobar, personaje que tanto odia Castaño y con quien no admite comparaciones a pesar de tantas semejanzas.

Se equivoca Castaño con su proceder porque lo único que está logrando es dividir las fuerzas del Estado para que éste los meta en camisa de fuerza, perdiendo valiosos recursos que requiere para enfrentar a la subversión. Y si el Estado los combate no es para satisfacer las pretensiones de las Farc sino porque está obligado, constitucionalmente, a impedir y castigar los atropellos, bestialidades e ignominias que las mal llamadas autodefensas están perpetrando entre la gente más indefensa.

Pero otro que se equivoca es el Gobierno por negarse a dialogar con Castaño, por negarle repetidamente su carácter de delincuente político y por dejarse imponer de las Farc una visión obtusa del fenómeno paramilitar. Castaño y sus secuaces nunca van a aceptar que sus destinos estén suscritos a la clandestinidad, la cárcel o la muerte. La lógica dice que si su objetivo es combatir a delincuentes políticos, revolucionarios o insurrectos, los ‘paras’ deberían ser objeto de amnistía o, por lo menos, de tratamiento político.

Negarle a Castaño la salida más lógica es forzarlo a que use otra técnica de Pablo Escobar, su maestro, quien regó sangre por torrentes para forzar la prohibición de extraditar colombianos a los Estados Unidos. Bajo esa óptica, Castaño estaría intentando alcanzar el reconocimiento que da el terror y la impotencia, ese mismo que hoy tiene a las Farc con territorio propio y conversando cháchara con un presidente autista que asiste al entierro de Turbay Cote –un muerto entre tantos– pero no al de los 27 descamisados asesinados en Ovejas; que va a Medellín a mirar cómo quedó El Tesoro después del carrobomba pero no a Barranca donde han estallado varias bombas en sectores marginados.

Por culpa de la estrategia de Castaño los Estados Unidos retienen los aportes principales del Plan Colombia mientras se debate la situación de los Derechos Humanos en nuestro país, discusión que se desarrolla bajo esa falacia de que los paramilitares son promovidos por el Estado, que son parte integral de éste. Sin embargo, existe otra mentira más grande y hasta de mal gusto: eso de que Álvaro Uribe Vélez es el brazo político de la derecha paramilitar. ¿Cómo puede alguien vincular a dos personas tan diferentes, un asesino y un hombre pundonoroso e incorruptible?

Carlos Castaño –y la oscura organización que hay detrás de él– se convirtió ya en un grave tropiezo para la paz y en una amenaza en sí mismo. Tantas muertes reclaman justicia y por eso Colombia debe suscribir el Tratado de Roma para asegurarnos de que estas masacres no se queden impunes y puedan ser castigadas en cualquier parte del mundo y sin prescripción en el tiempo. No nos equivoquemos con el excelente registro de Castaño en la televisión: el camino de Colombia no es el de la muerte.  ·

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Sin embargo, el espectáculo al que estamos asistiendo no da más alternativa que advertir que el proceso de paz no va a ningún lado en las condiciones como el Presidente lo ha planteado:

1º. Un presidente no puede comportarse como un compadre de un jefe guerrillero. Una cosa es que «Don Manuel» lo reciba cordialmente en el monte y otra es que se le trate como un abuelito al que se le conceden toda clase de peticiones sin exigirle nada a cambio.

2º. Un presidente no puede hacer tratos discriminatorios con nadie. Es insensato que tome chocolate con Manuel y con el Mono Jojoy mientras le da la espalda al Eln. Da la impresión de que como este grupo ha sido —históricamente— menos sanguinario, no merece tanta atención. El Ejército de Liberación Nacional existe, lo demostró el domingo antepasado en Cali y de qué manera.

3º. Un presidente no puede negarse a dialogar con un actor armado y menos por exigencia de otro. Las Autodefensas de Colombia o paramilitares que llaman, deben estar en las negociaciones de paz. Aunque suene duro decirlo, si no fuera por los «paras» el presidente de Colombia, a estas alturas, sería Tirofijo porque al Gobierno, con Ejército y todo, le ha quedado grande el enemigo.

En fin, digamos la verdad: aquí el único que da muestras de paz es Carlos Castaño, quien ha hecho promesas y las ha cumplido como la de devolver viva a Piedad Córdoba. Sin embargo, es el que menos interesa que dé muestras de paz porque, como él mismo lo dice, su grupo armado existe como consecuencia de que exista la guerrilla y cuando ésta desaparezca los paramilitares también se extinguirán. Pero, por ahora, eso parece un sueño inalcanzable mientras las Farc no quieran y mientras se mantenga un presidente blandengue y torpe.

Al respecto, se me viene a la cabeza un concepto del recientemente fallecido director de El Tiempo, don Hernando Santos, con respecto a Andrés Pastrana, cuando dijo apenas posesionado que no lo iban a dejar terminar su periodo. Andrés no ha cumplido su primer año y la frase ya empieza a tomar forma por sus propios actos, porque mientras le ha dejado el timonel a «Don Manuel» y al doctor Juan Camilo, él anda empecinado en seguir de turismo por el mundo. ♦

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