La propuesta de Petro ni es original ni es nueva. Todos los años se desempolva estimulada por muertes absurdas como las que provocan las mal llamadas ‘balas perdidas’. De hecho, la prohibición rige en Medellín desde hace dos años sin que hasta el momento haya resultados notorios, pues cada vez que se prohíbe el porte de armas son las legales las que se ven restringidas, no las ilegales.

De acuerdo con registros del Departamento de Control y Comercio de Armas, en el país hay 1’280.000 armas de fuego legales en manos de civiles, y se calcula que por cada arma legal hay cuatro ilegales. Cada año, las autoridades incautan alrededor de 30.000 armas ilegales en todo el país (29.504 en 2009; 27.117 en 2011), una cifra muy pobre si consideramos que constituye el 0,75% de las cerca de 4’000.000 de armas ilícitas que hay en Colombia. Asimismo, solo 21.241 personas fueron judicializadas por porte ilegal de armas en los últimos cuatro años, con el agravante de que ese era un delito excarcelable hasta la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual impone penas de prisión de 9 a 12 años.

Es decir, los esfuerzos para atacar el problema son insuficientes pero, contrario a lo que se piensa, no somos una sociedad armada. Según Foreign Policy, en EE. UU. hay 90 armas por cada 100 habitantes, y en el top 10 figuran sociedades pacíficas como Suiza, Finlandia, Suecia y Uruguay, donde hay 31 armas por cada 100. Colombia solo tiene alrededor de diez armas —entre legales e ilegales— por cada 100 habitantes. Y aunque con ellas se cometen demasiados crímenes, el reto consiste en desarmar a los delincuentes y a los intolerantes, no en dejar expuesta a la ciudadanía.

Lo ideal es que las armas sean monopolio del Estado, siempre y cuando aquel esté en capacidad de garantizar la seguridad en todo el territorio. En nuestro caso, controlar el porte ilegal de armas de fuego —así como la fabricación, el tráfico y la comercialización— equivale, en la práctica, a derrotar a los violentos de todas las pelambres, una tarea en la que llevamos 200 años.

Claro que esta no ha sido la única polémica del inicio de año. Ya dejó entrever el gobierno que está en trance de reformar el régimen pensional y que aumentará la edad de pensión. Pero como es un gobierno que reversa todas sus decisiones para quedar bien con todo el mundo, será incapaz de llevar a término esta reforma una vez que se desaten las protestas de los sindicatos y el descontento de quienes parecen ignorar —casi todos— que la pensión es para asegurar el sostenimiento en la vejez, no para “disfrutar” a tutiplén algo que no se han ganado. Menos del 30% de nuestros ancianos tienen pensión y una minoría de ellos, antiguos servidores públicos, se están llevando casi toda la tajada con cargo al Presupuesto y no a sus insuficientes aportes.

Al tiempo, no se entiende cómo el Ministerio de Salud ha decidido sufragar los costos de extracción de los defectuosos implantes mamarios franceses marca PIP, que 14.800 colombianas se pusieron en su mayoría por vanidad. Bastará que el médico lo recomiende —y lo hará— para que papá gobierno pague. El costo puede ser de 50.000 millones, a razón de tres por cabeza, cifra similar a la que tiene presos a los funcionarios del caso AIS, y eso que no se la robaron y que el dinero se recuperó. Un claro caso de subsidios que no le llegan, propiamente, a gente pobre.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 9 de enero de 2012)

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No obstante, como ‘apenas’ tenemos 44 millones de habitantes, si aplicamos la misma cifra de homicidios de México tendríamos una tasa de 34 crímenes por cada 100.000 habitantes en el 2010, lo que indica que nuestro problema de violencia sigue siendo muy alto; somos -cuando menos- 2,5 veces más violentos que los mexicanos. Pero la tendencia incuestionable es que ellos se están ‘colombianizando’ -sus bandidos ya son más crueles que los nuestros-, mientras en Colombia hay una propensión a superar el problema, que soporta un pesado lastre cultural.

Según la Policía Nacional, el 35 por ciento de los homicidios no son producto del conflicto armado ni de la criminalidad común u organizada, sino de la intolerancia, como cuando alguien mata a otro por orinar contra la pared de su casa. Crímenes resultantes de riñas, malquerencias y reacciones desmedidas que demuestran el perverso clima de convivencia existente en la sociedad colombiana.

En el 2010 ocurrieron unos 5.000 casos de este tipo, casi todos con la injerencia del alcohol. Sin ellos, nuestros índices de criminalidad tendrían una reducción sustancial, se ahorrarían miles de millones en asistencia hospitalaria, se reduciría la congestión judicial, mermaría el hacinamiento carcelario, y el impacto general en la economía y la sociedad sería muy positivo. Entonces, no todo es culpa del Estado (ni de la pobreza), sino de cada uno de nosotros.

Ejemplo también de muertes innecesarias y absurdas son las causadas por balas ‘perdidas’, aunque no encuadran del todo en el concepto de intolerancia; son, más bien, casos accidentales, fruto, igualmente, de taras culturales insuperadas. Y, como los colombianos solemos buscar la fiebre en las sábanas, se han tomado como prueba de que es perentorio restringir el porte y la tenencia de armas.

Si bien es cierto que los efectos del armamentismo en Colombia son funestos, dado que el 80 por ciento de los homicidios se cometen con armas de fuego, y que lo ideal es que las armas fuesen monopolio del Estado (siempre y cuando este pueda garantizar un nivel de seguridad aceptable en todo el territorio, cosa que muy pocos Estados pueden cumplir), la realidad es que cada vez que se prohíbe el porte de armas son las legales las que se ven restringidas, no las ilegales.

Según el Departamento de Control y Comercio de Armas, en el país existen 1’280.000 armas legales en manos de civiles. Pero se calcula que por cada arma legal hay cuatro ilegales. En el 2009 fueron incautadas 29.504 armas ilegales en todo el país, 80 por día. Pero eso no es nada si consideramos que representan algo así como el 0,75 por ciento de las cerca de 4’000.000 de armas ilícitas que hay en Colombia. Y solo 21.241 personas fueron judicializadas por porte ilegal de armas en los últimos cuatro años, 5.000 cada año. Esos son logros muy pobres para la dimensión del problema.

No somos el país más armado del mundo. Según Foreign Policy, en EE. UU. hay 90 armas por cada 100 habitantes. En el top 10 figuran sociedades pacíficas como Suiza, Finlandia, Suecia y Uruguay, donde hay 31 armas por cada 100. Colombia no llega ni a 20, entre legales e ilegales, pero con ellas se cometen demasiados crímenes. Sin embargo, el reto consiste en desarmar a los delincuentes y a los intolerantes, no en dejar a la ciudadanía inerme y maniatada.

(El Tiempo, enero 18 de enero de 2011)

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No obstante, se ha demostrado fehacientemente que las armas legalmente amparadas tienen una amplia participación en crímenes de diversa índole, desde los que son cometidos por ciudadanos ‘de bien’ en estado de embriaguez o de ira y dolor extremos, hasta aquellos que son ejecutados por peligrosos delincuentes. Es decir, sorprende verdaderamente la laxitud de las autoridades militares para otorgar licencias para porte y tenencia de armas de fuego a cualquier persona sin la menor cautela. Pareciera que fuera política de las Fuerzas Militares la venta desmedida de armas de fuego con el mero criterio del lucro económico, el único que para este caso no puede prevalecer.

A quienes se sienten inseguros y consideran que es preciso portar un arma para defenderse, hay que preguntarles qué puede hacer un ciudadano con un revólver cuando lo toman, por sorpresa, delincuentes mejor armados y en mayor número. La verdad es que en esos casos, estar armado no sirve de mucho. Cientos de ciudadanos armados han sido víctimas de delincuentes sin que el arma lo haya podido evitar. Y cientos de personas, en nuestro país, han sido asesinadas con armas legales -adquiridas en las guarniciones militares y portadas bajo licencia-, muchas veces por simple intolerancia y no de manera premeditada. Tenemos mala memoria: el ya olvidado futbolista Andrés Escobar, fue asesinado con un arma ‘legal’.

No puede negarse, sin embargo, que la situación de seguridad en el país, si bien ha mejorado, aún tiene falencias que están por subsanarse. Prohibirle a la gente que porte un arma para su defensa exige un gran compromiso por parte de las autoridades y un redoblamiento de esfuerzos que no se ve. En un país como el nuestro, con una violencia tan compleja que se resiste a desaparecer, es un despropósito poner a buena parte de las fuerzas policiales a perseguir al ‘cartel de los añoviejos’, como ocurrió en las recientes festividades. Aquí son más los efectivos que se dedican a perseguir polvoreros, vendedores ambulantes, fabricantes de discos y libros piratas y hasta traficantes de fauna silvestre, que los destinados a perseguir a los verdaderos delincuentes que hacen inseguras nuestras ciudades.

Y a prevenir. Porque si lo que se quiere realmente es recuperar el monopolio de las armas por parte del Estado y que nadie salga armado a las calles, las autoridades deben demostrar tener pleno control por lo menos de las áreas céntricas de las principales ciudades, exhibiendo un nutrido y disuasorio pie de fuerza; una dotación de armamento, vehículos, medios de comunicación y tecnología de avanzada que les dé una franca ventaja sobre los criminales; un superior grado de entrenamiento y capacitación que haga a los efectivos más confiables en su misión de servicio a la ciudadanía; y haciendo que la Policía se dedique decididamente a hacer su deber y no a ser un simple espectador reactivo. La única manera de asegurar que nadie porte armas será realizando permanentemente rigurosos operativos de control. De no ser así, la prohibición de portar armas legales –las ilegales obviamente están prohibidas pero igual las portan- termina siendo un saludo a la bandera y un favor para los delincuentes, ya que muchos ciudadanos de bien quedarían inermes a merced suya.

No cabe duda de las bondades de impedir el porte de armas por parte de todos los colombianos, recuperando para el Estado el absoluto monopolio –aunque suene redundante- de las mismas, pero queda la duda de si las autoridades están preparadas para dar este paso que debería ser el siguiente capítulo de la seguridad democrática.

Publicado en el periódico El Mundo, el 12 de enero de 2009.

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Al margen de que tal solicitud haya roto esa atmósfera de unidad que inicialmente generó la creación del Frente Común Contra la Violencia y por la Paz, la propuesta es rechazable a la luz de las actuaciones de los grupos paramilitares en todo el país, los cuales, en su mayoría, tienen por objetivo la protección de intereses privados –a menudo del narcotráfico– como en el caso del ex ministro Carlos Arturo Marulanda y su hacienda Bellacruz, en el Cesar, donde se cometió una masacre de campesinos a manos de un grupo paramilitar creado y pagado por él para erradicar la invasión de su predio.

Puede sonar a discurso comunista pero crear estas milicias equivaldría a legalizar los grupos paramilitares y a sembrar el terror en todo el país, no porque la idea sea mala en sí o porque no sea justa; es un hecho que los ciudadanos tenemos el derecho y hasta la obligación de defendernos cuando nuestra vida, honra y bienes se ven amenazados, pero las ‘milicias nacionales’ no serían propiamente para defender de ataques subversivos a Dabeiba, a Algeciras o a Bagadó, sino para proteger los bienes de los gamonales que le han hecho tanto mal a Colombia como la misma guerrilla y la clase política, y ellos –no sería raro– se aprovecharán de ese poder militar para incrementar su dominio y su influencia donde quiera que sus ejércitos se instalen.

La otra alternativa, también difícil de implementar y de controlar, es la de armar a la población más desprotegida para que pueda defenderse con la valentía de los pobladores de Ortega (Cauca) que se enfrentaron a las Farc y dieron de baja a 12 guerrilleros. No obstante, no puede enfrentarse a la comunidad con un ejército entrenado, eso, a la larga, se convertiría en una vil carnicería de la que saldrían perdedoras las comunidades más pobres y desamparadas, el costo en vidas humanas, y también el monetario, sería escandaloso. Cabe también la probabilidad de que estas comunidades, al estar armadas y ante la ausencia histórica del Estado, se vuelvan ruedas sueltas y desconozcan la autoridad legítimamente constituida, convirtiéndose la Nación en una colcha de retazos con un caos medieval.

Los colombianos somos prolijos a la justicia por mano propia, al individualismo, al egoísmo, a la envidia. A lo ancho y a lo largo del país se han cultivado años de resentimientos, de temores, de odios. La impunidad y la violencia se alimentan entre sí y todo eso se va a multiplicar en el momento en que todos empuñemos un fusil. Aún no nos hemos unido ni siquiera para hacer una marcha solemne y multitudinaria, como en España, en contra del secuestro o el crimen generalizado y menos en contra de la corrupción. Entonces, armar un pueblo desunido es alimentar la división y contribuir a un autoaniquilamiento, a un suicidio.

De muchas maneras se ha demostrado que es necesario que el Estado recupere el monopolio de las armas y no lo contrario. Basta con decir que las estadísticas son claras al señalar que un alto porcentaje de los homicidios en Colombia son cometidos con armas legalmente amparadas y en situaciones donde el detonante es el alcohol. ¿Qué podría pasar si se generaliza el porte de armas? ¿Es exagerado decir que podríamos pasar a la atomización nacional?

Lo que se requiere ahora es tomar medidas más inteligentes, eficientes y lógicas como aumentar en por lo menos cien mil hombres el pie de fuerza del Ejército y la Policía, darles mayores herramientas tecnológicas, pedir la presencia de los cuerpos de paz de la ONU y solicitar las ayudas electrónicas y satelitales que sólo puede facilitar Estados Unidos, antes de llegar al extremo de rogarle a los gringos que vengan a ponerle orden al patio y no el barullo total que traería la propuesta del señor Visbal.

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El fin de semana último, en el barrio Belén Aguas Frías (un barrio pobre), un joven asesinó a una vecina y a su hija, e hirió a otra hija de la víctima y a una vecina, y todo por un balón, por un miserable balón viejo: de la cancha de fútbol patearon fuerte el balón y cayó en el techo de la casa de la señora, quien ya antes se había negado a entregar otro balón.

La solución más expedita era ir a la casa por el «fierro» y matar a la «cucha» y a todo el que se atravesara porque la impunidad es fértil en Colombia, donde los pobres puede que no tengan para comer pero no les falta para el arma; aquí cualquiera tiene revólver o pistola, y casos se han visto de delincuentes comunes con ametralladoras y fusiles de largo alcance.

Colombia es el único país del mundo donde cualquier pendejo lo mata a uno. Por mirarlo. Por mirarle el trasero a su moza de turno. Por cerrarlo con el carro. Por pitarle. Por poner la música a alto volumen. Por no dejarse banderiar. ¿Por no dejarse banderiar? Sí, por no dejarse molestar como Andrés Escobar.

Con un violento no se puede alegar ni por un gol porque termina uno con huecos en el cuero. Cuando Humberto Muñoz Castro, trabajador de los hermanos Gallón Henao, asesinó a Andrés Escobar, el alcalde de Medellín de ese entonces, Sergio Naranjo, prohibió el porte de armas con o sin salvoconducto. Hubo controles y numerosos decomisos. La medida se mantuvo uno o dos meses y luego se cayó porque tenía muchos enemigos; gente irracional que piensa que «uno tiene derecho a estar armado para defenderse».

Nada más falso. Uno solo con un revólver no puede hacer nada frente a cinco bandidos armados hasta los dientes. Para eso debe existir una Policía muy fuerte que nos defienda a todos y las armas deben ser exclusivas del Estado: del Ejército y la Policía.

¿A quién le conviene lo otro? A los delincuentes primero que todo, pero también a las funerarias y a la industria militar: a los comerciantes de la muerte. El arma que asesinó a Andrés Escobar estaba amparada: fue vendida por la Cuarta Brigada de Medellín. ¿Qué hacía un arma ‘legal’ en manos de un individuo con antecedentes penales, que trabajaba para personas de dudosa reputación?

Que un Estado venda aguardiente para pagar la salud y la educación es pasable pero que venda las armas con las que se asesinan 30 mil colombianos al año es imperdonable. El 90 por ciento   de los colombianos de bien no tenemos armas, no las necesitamos porque ni siquiera seríamos capaces de usarlas, pero somos víctimas de esos colombianos que nos avergüenzan ante el mundo.

En nuestro país debe haber un desarme total ordenado y controlado por el alto Gobierno, porque a grandes males grandes soluciones. ¿Cuándo tendremos políticos honestos que paren el desangre con medidas efectivas? Ya lo dijo el Nuncio Apostólico el año anterior: «Colombia es un peligro para el mundo». Cuando Estados Unidos opine lo mismo nos someterá como a Irak y a Yugoslavia. Hay que cambiar y un buen comienzo es desarmando a la población. ·

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Casi todos los humanos nos sentimos fastidiados por las matemáticas, pero ante estas cifras, no queda más remedio que usar una calculadora para entender su dimensión: 5595 muertes anuales, 466 mensuales, 15 diarias. En Medellín cae un muerto cada 96 minutos, lo que dura un partido de fútbol con el tiempo de reposición. Será por eso que en la lista están Andrés Escobar y otros cinco o seis jóvenes futbolistas?

Pero atención extranjeros, que Medellín no tiene 10 ó 12 ó 14 ó 20 millones de habitantes… No. Apenas tiene 2 millones mal contados o sea que tiene una tasa de mortalidad de 279 personas por cada cien mil habitantes por año, muy superior a los setenta y pico de todo el país, de toda Colombia, a la postre la nación más violenta de la Tierra, con o sin guerra declarada. A propósito, nos siguen Brasil y Panamá, que no llegan a 30 muertos por cada cien mil. Notable diferencia, ¿no?. A propósito, las autoridades de Washington se mostraron satisfechas por el descenso de sus muertes violentas en 1998: cerca de 280. Grande la diferencia, ¿cierto?

A todas estas recuerdo las palabras del escritor antioqueño Fernando Vallejo, en su visita a la Feria del Libro de Medellín en 1998, cuando decía que le parecía una inmoralidad que un Estado que no puede defender la VIDA, honra y bienes de los ciudadanos cobre impuestos. Asqueante, ¿cierto?

Qué miopía tan grande la de aquellos que se manifiestan en contra de la pena de muerte. Rescato otra opinión de Vallejo: ‘Colombia necesita un paredón de fusilamiento de un kilómetro de largo’.

Increíble que haya personas que defienden la inimputabilidad de los menores de edad. Un niño lo es hasta los doce, en promedio. De ahí en adelante la persona adquiere un completo desarrollo sexual y más lentamente el físico. El sicológico en muchos casos no se adquiere nunca. Pero lo cierto es que un niño o niña de trece añitos puede ser un dulce angelito o un perfecto demonio y distingue perfectamente entre el bien y el mal.

Ah, y nada tiene que ver el hecho de regalarles juguetes bélicos en Navidad. Esa es una explicación absurda; un juguete es un juguete y punto. Está en la educación en el seno familiar el enseñarle al individuo, al niño, a ser honesto. Pero en los hogares de hoy en día, entre tantas carencias, es muy difícil educar. Además hay una generación educada en la violencia que va a engendrar quién sabe qué clase de personas. Decía también Vallejo (sin duda un vidente), que el Estado debe procurar programas de control natal de la población. No tiene sentido procrear seres —aunque suene muy fascista— que no se pueden educar, que no se pueden alimentar.

En fin. Increíble es también que haya personas que defiendan el porte legal o ilegal de armas, cuando nuestro pueblo ignorante no tiene madurez para eso, para saber que el espíritu de poseer un arma se fundamenta en disuadir en defensa y no en acometer villanamente, porque hasta buenos ciudadanos han caído en desgracia, envalentonándose tontamente ante la más leve injuria.

Mientras tanto, los gobiernos nacionales y locales se suceden sin cesar sin tomar decisiones oportunas y acertadas. Corre sangre bajo el puente.

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