Sin embargo, hace meses se podía advertir que iba a presentarse una baja sensible en las exportaciones, dado que nuestros más importantes mercados –Estados Unidos, Venezuela y Ecuador– vislumbraban graves problemas económicos. También podía preverse la caída de las remesas, pues varios de los países más golpeados son aquellos donde hay más compatriotas trabajando, como E.U. y España.

Ahora se considera que la caída de las exportaciones será del orden de 6.000 millones de dólares; la de las remesas de alrededor de 1.000 millones; y se cree que caerá la inversión extranjera en 3.000 millones. Todo eso significa un detrimento de por lo menos 10.000 millones de dólares para el 2009; es decir, toda una fortuna que no llegará a irrigar la economía colombiana durante el año. Eso significa, por supuesto, despidos en empresas exportadoras, que son empleos formales con todas las prestaciones legales, y menor consumo por parte de quienes viven de las remesas. Lamentablemente, esto se vuelve un círculo vicioso: también consumirán menos esos trabajadores formales que pierdan sus puestos, y la baja en el consumo afectará los ingresos de otros trabajadores, sobre todo informales, provocando graves distorsiones en los índices de pobreza.

En la crisis económica de hace diez años se hicieron patentes esos estragos. La gente quería irse del país y hasta hubo una fuga de cerebros cuyo costo no se ha cuantificado. Muchos dejaron la universidad o el colegio. Cientos de empresas se acabaron. Miles perdieron sus casas al no poder con la hipoteca en Upac. La mendicidad se disparó, así como el desempleo, el rebusque y la delincuencia.

Pero hay que anotar que entre esa crisis y la actual hay una diferencia sutil: en la actual tienen mayor relevancia factores exógenos que endógenos; es decir, la economía en sí no está enferma sino que está siendo afectada por la crisis mundial. En este caso, esa frase de cajón según la cual “cuando E.U. estornuda a Colombia le da gripa”, terminó por materializarse más temprano que tarde, y surge la duda acerca de si esto es fruto sólo de la desconfianza y el miedo que ha provocado el desolador panorama de la economía norteamericana –y del mundo en general–, ocasionando una gran caída en el consumo interno. O sea, si nuestro desplome es un efecto colateral.

Si bien el país tiene la ventaja de asomarse a la recesión cuando el sector financiero está sólido, se tienen buenas reservas internacionales y suficiente cupo de endeudamiento, no puede dejarse de lado que nuestra economía suele destruir empleos con facilidad pero es muy lenta para crearlos. A pesar de que los últimos seis años fueron muy buenos para la economía colombiana –con un 2007 memorable–, el desempleo apenas pudo asomarse tímidamente a la cifra de un sólo dígito, mientras países del área, con un desarrollo similar, han tenido mejor comportamiento laboral que nosotros en todo este tiempo. Hay que recordar también que aquí se hizo una reforma laboral que no mejoró el panorama a pesar de que los empresarios siempre adujeron que era necesario flexibilizar el mercado de trabajo para crear nuevos puestos.

Los expertos suelen recomendar una gran dosis de creatividad para salir de tiempos de crisis económicas, pero los que toman decisiones, tanto desde lo técnico como desde lo político, acostumbran ser más ortodoxos que nunca. Uno quisiera que bajara el costo del combustible, que desmontaran los parafiscales, que bajen impuestos como el IVA –en vez de subirlo como Chávez–, que reduzcan los altos salarios oficiales y apliquen ese dinero a empleos de choque, en fin… Nada de eso va a pasar; por ahora, se le apunta a la realización de obras públicas por 55 billones de pesos, pero bien sabemos lo lento que es nuestro país para la ejecución de obras. Cuando éstas empiecen, el país habrá salido por sí solo del atolladero, no sin sufrir terribles traumas. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 6 de abril de 2009 (www.elmundo.com).

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Si del PIB de Colombia retiramos los ingresos por concepto de explotación de minerales (petróleo, carbón, ferroníquel e, incluso, oro) y los monocultivos (café, banano, flores, etc.), se evidencia que nuestra producción manufacturera es enclenque. A Estados Unidos se exportan, casi en exclusiva, materias primas sin valor agregado o cosas prescindibles como las flores, que son lo primero que se recorta en una crisis, con fuerte impacto en el empleo. Por su parte, a Venezuela y Ecuador se exportan, en un buen porcentaje, productos manufacturados, por lo que sus problemas internos se sentirán fuertemente aquí.

En Venezuela, la crisis económica vendrá acompañada de una crisis política. Por supuesto, la OPEP intentará mantener altos los precios del crudo recortando la producción, pero esta puede ser una estrategia muy torpe para estos tiempos de recesión que podría ahondarla más. Si el combustible es costoso habrá menos demanda, y esa contracción terminará por afectar –como ya lo ha hecho– la economía mundial y la de los países petroleros de manera especial. A partir del 20 de enero, Hugo Chávez no tendrá a quien arrojarle zapatos en la Casa Blanca y su amenaza de no venderle oro negro a EU ya no tendrá lugar aunque jamás fuera posible de cumplir puesto que un cliente de esa talla no se consigue a la vuelta de la esquina y porque el petróleo azufrado de Venezuela sólo se puede depurar en las refinerías del ‘imperio’. Pero lo más grave es que, más temprano que tarde, sus súbditos le van a cobrar la ‘regaladera’ que ha llevado al mandatario venezolano a hacer cosas tan absurdas como donarle gasolina a la ciudad de Londres para el transporte público, precisamente la ciudad que alberga más billonarios que cualquiera otra del planeta y uno de los ingresos per cápita más altos del globo.

Chávez acaba de cumplir diez años de haber sido elegido por primera vez como presidente de Venezuela y se calcula que en esta década su gobierno ha recibido entre 500 mil y 800 mil millones de dólares por ventas de crudo –nótese que el rescate financiero en EU es de 700 mil millones de dólares–, y a pesar de lo abultado de esa cifra en Venezuela no se ha disminuido la pobreza ni un ápice, ni hay una revolución educativa, ni obras públicas que pongan a la vanguardia a ese país en nada. Esa platica se perdió y a Chávez le costará buena parte de su gobernabilidad.

En Ecuador, en tanto, la crisis económica se agudizará por un hecho inesperado. Así como un millón de mexicanos que se quedaron sin trabajo en EU están retornando para Navidad con las manos vacías, decenas de miles de ecuatorianos están regresando de España con el boleto pagado por el gobierno de ese país. Sin embargo, ese es un problema menor frente a la desconfianza que va a generar el gobierno de Correa, mucho mayor que la provocada por  Cristina Kirchner con su decisión de apropiarse de los fondos privados de pensiones en la Argentina. Se presagia una debacle económica y política en el Ecuador 2009.

Entonces, si los tres países que más nos compran van a vivir un duro periodo en materia económica, ¿qué podemos esperar los colombianos? La inflación se desbocó este año, el desempleo repuntó, el Emisor mantiene tasas contractivas, el incremento en el salario mínimo no tendrá margen para estimular el consumo y hay tanta lentitud y corrupción en la ejecución de obras públicas que es un hecho meramente teórico el que estas sirvan para reactivar la economía. Luego, mientras la clase política se dedica a temas de mecánica electoral, ¿quién podrá salvarnos? El que sobreviva al 2009, vivirá 100 años. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 22 de diciembre de 2008.

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No obstante, la avidez de todos los agentes económicos –no sólo de unos cuantos–, salpicó el camino de riesgos. De la teoría se pasó a la aventura, con posiciones extremas como la desregulación excesiva y la creencia de que las leyes de mercado ofrecían un equilibrio absoluto. Probablemente, lo que jamás se tuvo en cuenta es que si el avión del sistema económico no iba a sufrir de ‘fatiga del metal’, sí podía terminar estrellado por falla humana, como ha sucedido.

Los campanazos de alerta fueron ignorados. Casos como la quiebra de Enron y el desinfle de las punto com, fueron paradigmáticos y demostraron que en materia económica todo es incierto y que, a futuro, lo menos previsible son los mercados; se pueden predecir el clima, las contiendas políticas, los resultados deportivos pero nunca las prácticas riesgosas del mercado financiero. La burbuja tecnológica fue el resultado de inversionistas sedientos de ganancias que depositaron su confianza en las ocurrencias improbables de centenares de jovencitos, a sabiendas de que la misma concentración que promueve el sistema sólo iba a arrojar unos pocos casos exitosos como el de Google. Recientemente, la metástasis provocada por la crisis de los mercados hipotecarios es una prueba fehaciente de que todo tiene sus límites, de que el dinero no puede multiplicarse de la nada indefinidamente.

Parafraseando a Winston Churchill, cuando decía que la democracia es el peor sistema de gobierno probado hasta ahora con excepción de todos los anteriores, podríamos decir lo mismo del capitalismo; es decir, no es perfecto pero hasta ahora no se ha inventado un sistema mejor. Por eso, quien crea que la actual crisis es su fin, sólo está pensando con el deseo. Claro que la debacle que estamos viendo por estos días deja la impresión de que el mundo que conocemos hoy tendrá que mutarse en algo más seguro que evite llevarnos al otro extremo del capitalismo salvaje, que es casi lo mismo que regresar a la edad de piedra.

Todo extremo es ocioso, de eso no cabe duda, y la codicia del ser humano no tiene límites, pero si no se encuentra un punto medio en el que los de arriba logren un nivel de vida apreciable pero sensato y los de abajo puedan salir paulatinamente de la pobreza, armonizando lo uno y lo otro con la sostenibilidad medio ambiental, las próximas crisis tal vez no den oportunidad de hacer enmienda.

Todos los imperios de la historia han caído pero, con la globalización, el desplome del imperio norteamericano equivaldría al desmoronamiento de la civilización actual en general, no sólo de Occidente. Por eso, es preciso hacer acopio de la mayor enseñanza de todo esto, como es el hecho de que andar a toda marcha recalienta la maquinaria y que buscar el crecimiento desaforado –practicando un consumismo vulgar– con el pretexto de que así le llegan los beneficios a los más pobres (teoría del goteo), puede resultar en suicidio. Y que tomen nota los políticos del castigo que recibirán los republicanos en las urnas: únicamente así se explica la elección de un negro de origen musulmán como Presidente de la superpotencia.

El capitalismo renovará su confianza, pero sólo cuando la cordura lleve las riendas de los mercados y dejen de alentarse esas injusticias que dan náuseas como el hecho de socializar pérdidas por 700 mil millones de dólares mientras algunos ejecutivos de AIG se divierten con masajistas en un lujoso hotel de California. En 1929, tenían, por lo menos, el honor de arrojarse por las ventanas. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 13 de octubre de 2008 (www.elmundo.com).

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No puede valer la vida de Íngrid más que la de cualquiera de los 44 millones de colombianos que, en adelante, seremos víctimas potenciales de los criminales que el Gobierno ofrece liberar a cambio de los canjeables, lo que pone en peligro la vida de muchos y lesiona el derecho a la justicia de quienes han sido objeto de sus crímenes. Si bien la justicia colombiana es laxa y a cada rato pone en la calle a terroristas peligrosos que deberían tener cadena perpetua no es nada para celebrar que se otorgue libertad a individuos que han cometido crímenes de lesa humanidad.

En esto, el gobierno se juega una dura carta, azuzado por la presión nacional e internacional que se incrementa por el supuesto mal estado de salud de los secuestrados, a pesar de que los liberados han llegado rozagantes, lo que pone en duda esa situación. Nadie debe estar secuestrado pero la responsabilidad de esos actos se le ha imputado erróneamente al Estado, con lo que se le ha dado a las Farc una poderosa herramienta que le ha facilitado interlocución política con diversas personalidades del país y el exterior, con gobiernos y con instituciones de toda índole, a través de lo cual ha logrado echarle bastante agua sucia al establecimiento colombiano y que algunos consientan a la guerrilla como una contraparte del Estado a pesar de su esencia terrorista y criminal en contraste con el carácter democrático y legítimo de aquél.

De todas maneras, es casi un hecho que las Farc no van a aceptar esa propuesta porque se trata de una decisión unilateral del Gobierno colombiano y la guerrilla ha rechazado mecánicamente ese tipo de ofrecimientos por no encontrar en ellos la posibilidad de aunar factores que les sirvan en su pretensión de tener un reconocimiento político -y el ambicionado estatus de beligerancia- como podrían acariciarlo al contar con una zona desmilitarizada (Pradera y Florida) o, cuando menos, con un diálogo directo.

El Gobierno no da su brazo a torcer en esto y muchos críticos aducen que debe asumir el ‘precio’ de las liberaciones, que esto no se conseguirá gratis, pero aquí cabe preguntarse con Savater ¿qué se esperaría como concesión de los terroristas? La respuesta es ‘nada’, porque al devolver a los secuestrados no estarían dándonos nada suyo sino (en palabras del filósofo español) el “devolvernos la tranquilidad para disfrutar lo que es nuestro y a lo que tenemos perfecto derecho”.

Lamentablemente, se puede colegir que a las Farc no les convendría que Íngrid sobreviva. Dice ‘Raúl Reyes’ en una de sus epístolas: “Hasta donde conozco, esta señora es de temperamento volcánico, es grosera y provocadora con los guerrilleros encargados de cuidarla”. Y añade -en referencia a la imagen suya que tanta conmoción ha causado- que ella sabe de “imagen y semiología, las utiliza en impactar en contra de las Farc”. De estas palabras se deduce que Íngrid no está tan enferma y en otra misiva se apunta que ella sería la última liberada. Es decir, las Farc no tienen ni afán ni interés de soltar a su joya más preciada pero mal harían, en su actual estado de debilidad, en desdeñar la oportunidad de sacar de las cárceles a sus hombres y lograr ese éxito sin retribuirle al Gobierno el suyo, la libertad de una Íngrid que, a todas luces, dejaría mal paradas a las Farc en cuanto auditorio la escuchen; en tanto que sus cínicos parientes harán lo propio pero en contra del Gobierno colombiano en caso de que ella muera, a pesar de que las únicas responsables serían las Farc.

Si la presión no se concentra en las Farc se le estará expidiendo partida de defunción a la secuestrada, y sería ese uno de los últimos actos brutales de una guerrilla moribunda. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 31 de marzo de 2008

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Aún hay, por supuesto, muchas voces que se oponen a ese negocio. Entre ellas están los antineoliberales, estatizadores a ultranza, y, por supuesto, los políticos que por décadas han ‘bebido’ de ese fortín clientelista y burocrático que arroja generosos excedentes. Se calcula que la FLA, para 2007, aportaría 296 mil millones de pesos al Departamento sólo por ingresos operacionales —sin contar impuestos—, lo que equivale al 16 por ciento de los ingresos de Antioquia.

Sin embargo, como dicen los amigos de la venta, no sólo quedarían los ingresos por impuestos sino el monto mismo del valor del negocio, que debe ser una cifra muy importante. En buena hora, el Gobernador ha entendido varias cosas que, además, se ha atrevido a proclamar a riesgo de excomunión. Sin duda alguna es inmoral que un Estado venda aguardiente para financiar la salud y la educación. Si algo le ha hecho daño a la salud de los colombianos y a su crecimiento intelectual y cultural, es el exagerado consumo de licor, que está catalogado como una droga ‘blanda’. Si algún economista hiciera el ejercicio de calcular la pérdidas económicas que el país ha sufrido en el último siglo por causa de la embriaguez nos llevaríamos una inmensa sorpresa: las muertes atribuibles al licor por riña, por intoxicación y alcoholismo, por accidentes automovilísticos y de otro tipo, superan de lejos el número de muertos de la violencia política. A eso debemos añadir los heridos y sus secuelas, la violencia intrafamiliar y la manera como el alcohol ha arruinado las vidas de decenas de miles de colombianos.

Bien dice Joseph Stiglitz que una economía de mercado no puede ser una sociedad de mercado, que el Estado no es eficiente en la producción comercial y su ocupación debe enfocarse en asuntos donde el lucro no es deseable como la justicia, la salud y la educación, y dejar a los privados lo demás. Si la FLA es rentable por ahora —aunque no necesariamente eficiente— es porque la gestión pública en Antioquia ha sido más transparente que en otras regiones en las que licoreras y beneficencias han desaparecido o van en vías de hacerlo y nada garantiza que eso siga siendo así. Pero, además, es rentable porque la producción de licores es prerrogativa del Estado, privilegio que tiende a desaparecer con los avances de la globalización, no sólo por TLCs con E.U. u otros países sino porque así lo quiere establecer la OMC, dando fin a los monopolios estatales de licores.

Entre otras cosas no hay que hacer encuestas ni estudios de mercado para enterarse de que las prácticas de consumo de licores están cambiando a pasos agigantados. El aguardiente Antioqueño es líder a nivel nacional, pero en Medellín ya se consume más ron que aguardiente y el consumo de vinos —que hace pocos años se limitaba al brindis en las fiestas y a la goterita de los sacerdotes en las misas— se convirtió en un gran negocio, así como el de tragos finos importados. De ahí que el Gobernador no esté muy errado al afirmar que el buen momento de la empresa no parece redituable en el futuro,  cualquier avezado negociante diría que es el momento de vender.

El mejor ejemplo es Suecia: a pesar de ser un país desarrollado que no urge de grandes recursos para acometer planes de crecimiento, el Gobierno proyecta vender su famosa marca de vodka Absolut por más de 5 mil millones de dólares. Difícil saber para qué necesitará Suecia ese dinero pero a Antioquia sí le haría mucho bien tener un capital que le permita apalancar un mejor futuro, unos recursos que administrados con sabiduría y decencia en acueductos, infraestructura vial, desarrollo tecnológico o educación nos ayuden a alcanzar un nivel de vida satisfactorio. Lástima sí la soberbia de unas EPM que no necesitan capital pero ni rajan ni prestan el hacha. ¿Qué dirán los desconectados?

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Es inaudita y absurda la intromisión del presidente electo del Ecuador, Rafael Correa, en asuntos de política interna que solo atañen al Gobierno legítimo de Colombia. Es inadmisible el chantaje que planteó para no hacer su visita a Bogotá y la amenaza de instaurar una demanda, y es incomprensible que la Casa de Nariño haya ofrecido una visita del Presidente a Quito para explicar sus decisiones ante quienes no debe hacerlo.

Lo que se está fumigando es territorio colombiano. Eso no afecta al Ecuador, a menos, claro, que el temor de Correa sea un desplazamiento de los cultivos a su territorio, tal como ocurrió en los años 90, cuando la aspersión erradicó la coca en Bolivia y Perú y la mandó a Colombia.

Dice Correa que su preocupación es el ecosistema, argumento al que recurren falsamente quienes no consienten la política de erradicación. Sin embargo, la mayoría de estudios coinciden en la inocuidad del glifosato (o Roundup), el herbicida más usado en el mundo y de corriente aplicación en sembrados de caña, granos, frutas, hortalizas, tubérculos, oleaginosas y viñedos. Por consiguiente, nadie debería preocuparse por consumir cocaína -la cual, si llega a manos del consumidor es porque no fue fumigada-, sino por beber vino o degustar una ensalada con aceite de oliva.

Se aduce que el problema es que para erradicar coca se usa mayor concentración del producto que en una vid de chardonnay en Francia, y que el Cosmo Flux multiplica su capacidad exterminadora. El Gobierno ecuatoriano ya ‘aclaró’ -luego de que el ministro Arias puso sobre el tapete que Ecuador fumiga sus cultivos lícitos con 800 mil galones anuales de glifosato- que el problema no es el herbicida, sino la aspersión aérea, o sea que, como las frutas están verdes, ya la culpa es del sofá.

Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec (Canadá), realizado en el 2001 para la Organización Panamericana de la Salud, referente al caso colombiano en particular, arroja datos contundentes con base en las investigaciones más serias que se han hecho sobre el tema.

Los estudios señalan que este agente tiene una toxicidad muy débil, que no afecta el tejido nervioso ni la capacidad reproductiva, que no es cancerígeno ni es bioacumulable, que no es mutagénico ni produce malformaciones en embriones. La absorción del glifosato por vía oral es incompleta, y por vía cutánea es débil y lenta, y es excretado dentro de las 48 horas siguientes a la exposición. Se concluye que "en virtud del débil potencial de absorción y de la excreción rápida, los riesgos de exposición sistémica son limitados".

El glifosato es un herbicida que ataca una molécula vegetal que no tienen los humanos ni los mamíferos. Se disuelve en el agua y pierde sus propiedades en la tierra, en apenas meses. No es siquiera comparable con la intoxicación que produce el mercurio, que desde siempre se ha usado en minería, ni con el daño ambiental que provocan los 17 venenosos precursores químicos que se usan para procesar la coca y luego son vertidos a los ríos.

Entiéndase, sin embargo, que el glifosato no es Coca-Cola. Uno de los estudios (Maibach, 1986) demuestra que el Roundup no es más irritante que un limpiador multiusos o un champú para bebé. Pero beberse un champú -o un vaso de Roundup- puede causar hipervolemia, edema pulmonar, hemólisis y, finalmente, la muerte. Aun así, dice el estudio que "a pesar de su utilización profusa en el mundo se han reportado pocos casos significativos de intoxicación. Los graves son resultado de la ingestión voluntaria teniendo como propósito fundamental el suicidio".

Puede deducirse que el desprestigio del glifosato no es sincero y su nocividad es, en parte, un mito. Su uso indiscriminado en todo el mundo hace sospechosas las censuras a la fumigación de coca. Y no hay que ser muy suspicaz para entender que, tras el fingido reproche de Correa, se ocultan vaya uno a saber qué otras intenciones.

El Tiempo, 26 de diciembre de 2006

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¿Qué habría sucedido en medio del escándalo de la ‘parapolítica’ si alguno de los jefes paramilitares recluidos en la hostería de La Ceja -una prisión improvisada- se hubiera fugado? ¿Se imaginan la presión y el descrédito que hubiera padecido el gobierno de Uribe? Ahora la pregunta: ¿tenían razones para fugarse de esa ‘cárcel’ los jefes ‘paras’, a pesar de que, como arguyen ellos, esa reclusión casi voluntaria les asegura una pena más benigna que enfrentar a la justicia ordinaria?

El traslado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí no fue una cortina de humo para encubrir un escándalo en progreso, sino una maniobra preventiva para evitar una crisis descomunal, para no repetir la historia. Los paramilitares hablan de incumplimiento y es cuando menos curioso que los enemigos de este proceso compartan esa idea y se manifiesten ‘solidarios’ con los ‘paras’ cuando siempre han señalado que esta desmovilización es una farsa, que los paramilitares no dirán toda la verdad, ni desmontarán su aparato militar, ni dejarán el narcotráfico, ni entregarán las tierras mal habidas, ni depondrán el poder que usurparon en muchas regiones. Es decir, no han dudado de que seguirán delinquiendo, pero ahora cuestionan que el Gobierno tenga informaciones en ese sentido, lo cual es contradictorio.

Sin embargo, desde la perspectiva histórica, no es nada raro que el Gobierno se haya visto obligado a meter en cintura a los cabecillas paramilitares. Ya en otras ocasiones hemos vivido esa historia y nadie quisiera pronunciar la manida frase de Santayana: "Pueblo que olvida su pasado…". Siguieron delinquiendo Pablo Escobar y sus hombres, y como Pedro por su casa se fueron cuando el Gobierno de la época trató también de meterlos en cintura. Siguieron delinquiendo los Rodríguez Orejuela y el menor de los Ochoa, Fabito, y siguen delinquiendo moros y cristianos mandando órdenes con sus abogados, sus familiares y sus amigos o a través del celular que mantienen colgado de la pretina del pantalón.

Hasta la saciedad se ha expuesto el atenuante de los crímenes del paramilitarismo: el abandono en el que se los dejó por muchos años. Pero haber desbordado la lucha contrainsurgente bordeando y franqueando las fronteras de la más vil criminalidad, la expoliación de tierras ajenas, la rapacería del presupuesto, la usurpación de la soberanía a la manera de los más crueles Estados totalitarios, obliga a la imposición de una pena excepcional: un mínimo de justicia, bastante de reparación y algo de verdad.

Los ‘paras’ deberían ver hacia atrás y entender que su mejor alternativa -y acaso la única- es dejar de delinquir y limpiar sus culpas en una cárcel auténtica, con esas penas generosamente bajas, si no quieren terminar en un tejado, como Escobar, o confinados a penas casi perpetuas, como los Ochoa. Es entendible que ellos teman por sus vidas. De su pasado arrastran enemigos, lealtades pegadas con babas y diversos intereses en disputa. Ninguno de ellos puede dormir a pierna suelta a sabiendas de que el mismo Carlos Castaño fue asesinado en ese régimen de terror que todos ellos implantaron. Por eso, les debe parecer un acto de supervivencia el preservar estructuras criminales y tener el cómodo refugio de una penitenciaría vulnerable, que permita poner pies en polvorosa si las cosas se complican.

No obstante, deberían entender que de esta historia saldrán indemnes quienes den un paso al costado y abandonen toda actividad criminal. Solo así eludirán una futura extradición a Estados Unidos, y se librarán de la acción penal de la justicia transnacional; se protegerán de las aventuras justicieras de algún Baltasar Garzón o de la CPI, aun cuando estamos en periodo de salvaguardia.

Y, lo más importante: su aporte a la paz será incuestionable y podrán hacer política de cara al país, cosa para la cual deberían estar trabajando ya en una agenda, en vez de dar señales de que tan solo se están guareciendo del aguacero.

El Tiempo, 12 de diciembre de 2006

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Cualquiera puede opinar que el asunto de la parapolítica es responsabilidad absoluta del presidente Uribe. Puede, incluso, tener la delirante creencia de que los 5,9 millones de colombianos que votamos por Uribe en el 2002 y los 7,4 millones que lo reelegimos hace unos meses, estábamos comprados o amenazados por los paramilitares para hacerlo, o puede aun creer que todos somos paramilitares. Pero carece de sensatez quien exteriorice una amañada convicción de que Álvaro Uribe Vélez fue aupado en el poder por el paramilitarismo.

Las voces que piden la renuncia del Presidente son malintencionadas, son las mismas que desde hace cuatro años vienen apostando por el fracaso de sus políticas, son las mismas de quienes hace diez años prefirieron el descalabro de la economía a raíz del proceso 8.000 en vez de un pacto que la blindara sin dejar de investigar y sancionar, son los mismos que siempre han creído que la política es un juego de poder y vanidad que se ejerce de manera frívola, asistiendo a cocteles y posando para las revistas.

Hay que recordar que en las elecciones de 2002, Uribe perdió frente a su rival Horacio Serpa en todos los departamentos de la Costa Atlántica —el llamado bastión paramilitar—, exceptuando el departamento de Magdalena donde ganó con 7 mil votos de ventaja. Ese es el ‘gran’ fraude paramilitar favorable a Uribe que algunos señalan. En segundo lugar hay que indicar que el llamado ‘uribismo’ no es un partido político sino apenas una formación multipartidista, una formación que ha sido acusada por la oposición —de manera certera— de ser un grupo de oportunistas que en vez de sumar votos a la reelección de Uribe se valieron de su imagen para elegirse en el Congreso con la promesa de apoyar las políticas del Presidente. De manera que si hay políticos ‘uribistas’ involucrados en el para-escándalo, ello no puede verse como una conexión entre Uribe y los paramilitares; si acaso, se puede fustigar a Uribe por rodearse muy mal y por aceptar ‘apoyo’ político de cualquiera. Si su campaña estuvo pendiente de que no se colara un centavo de dudosa procedencia también debió ser exclusiva en cuanto a adhesiones.

Y es que está claro que al presidente Uribe se le pueden —y se le deben— criticar muchas cosas pero es desatinado atribuirle un problema nacional de vieja data para minar la gobernabilidad —y arruinar de paso la recuperación económica— con mociones salidas de tono que no tienen respaldo popular como la de la senadora ‘chavista’ Piedad Córdoba, quien pidió la renuncia del Presidente. No, el que sea participe de crímenes de las autodefensas que pague cárcel pero que no venga la izquierda a armar un sainete cuando, incluso,  carece de derecho moral para hacerlo, al igual que los dirigentes del Partido Liberal.

A Uribe puede criticársele por la escasa meritocracia en los cargos diplomáticos,  por volver a tiempos que creíamos superados donde la canciller era de barniz y pintalabios, por nombrar en altos cargos a personas poco capacitadas y a otras de dudosa conducta sólo porque venían bien recomendadas. Se le puede criticar el plan vial 2500, de lenta ejecución y poca utilidad para la competitividad de la economía; se le puede incriminar por aquel excesivo aumento salarial que concedió a los altos funcionarios; se le puede fustigar por muchas cosas…, pero ya está bien el tema de elucubrar nexos oscuros con el paramilitarismo, como si tuviera una doble personalidad que en las noches se reuniera con jefes ‘paracos’ para decidir a quién degollar. Hay quienes se frotan las manos a la espera de  la prueba reina, una grabación o un cuaderno deshojado donde aparezcan garabeatadas las cuentas de los aportes a los ‘paras’ de la finca de Álvaro Uribe Vélez. Los que le hemos seguido la carrera pública al hoy presidente por  veinte y más años, tenemos la convicción de que se van a quedar esperando porque tal prueba no existe.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 11 de diciembre de 2006 (www.elmundo.com).

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