No obstante, tal garantía no es más que letra muerta. La verdad es que los mecanismos más expeditos de participación, diferentes al voto, como son el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato (Artículo 103), no han tenido mayor alcance en los 18 años de vigencia de la Constitución.

Hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo ningún plebiscito; se realizó un referendo en el 2003, cuya mayor parte sucumbió ante el exigente umbral de votación requerido; se han efectuado consultas populares regionales y locales que no lograron cumplir el requisito de participación de la tercera parte del censo electoral; el cabildo abierto ha sido un mecanismo poco utilizado que no tiene carácter vinculante; las iniciativas legislativas suelen hundirse o archivarse; y de las revocatorias del mandato no ha prosperado ninguna de las 28 que se han tramitado en 15 años desde su reglamentación (Ley 134 de 1994).

La explicación es simple: aparte de que los requisitos para la ejecución de cualquiera de estos mecanismos son muy severos, el hecho es que las iniciativas populares son bloqueadas en distintos niveles del Estado. Por eso todos los trámites para aprobar el referendo por la reelección fueron demorados y obstaculizados al máximo. Es decir, aquí prima la voluntad de los sectores políticos y no la del constituyente primario, lo que coarta el derecho de participar en la vida democrática del país, violando el Artículo 40 de una Constitución que, paradójicamente, tuvo origen ilegítimo en una iniciativa –la llamada ‘séptima papeleta’–, que no tuvo gran acogida —menos de dos millones de votos en un censo electoral de 14, o sea que no habría superado el umbral que se exige para el referendo—, y que se fraguó para darles gusto a unos pocos, entre ellos a los grupos armados que pedían una Asamblea Constitucional para promover algunas reformas políticas.

En ese entonces, primaron en el seno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, unos conceptos que –no nos cansaremos de repetirlo– deberían ser igualmente válidos hoy: 1) que la “séptima papeleta suscitó un verdadero plebiscito que no requiere prueba, pues se trató de un acto masivo y público”; 2) que el país reclamaba “el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del orden jurídico”; 3) que el constituyente primario tiene toda la competencia para ejecutar cambios y 4) que “el no acceder a este clamor del pueblo será, sin ninguna duda, un factor de mayor desestabilización del orden público” (El Tiempo, 03/10/1990).

Es por esto que la Corte Constitucional seguramente negará el referendo mediante una salida ‘elegante’ que deje contento a todo el mundo y no genere frustración en las mayorías. Una de ellas podría ser la de permitir un referendo que apruebe la reelección pero para el 2014, siguiendo el argumento de los puristas que creen que la pregunta por la que cuatro millones de personas estamparon su firma, fue mal formulada. Otra salida ‘elegante’ podría ser la de devolver el texto al Congreso para enderezar vicios de procedimiento ‘subsanables’, trámite que se tomaría un periodo legislativo dando al traste con los tiempos.

Finalmente, el desconocimiento de la voluntad popular se verá mayormente justificado cuando se publiquen nuevas encuestas que reflejen la molestia generalizada por los decretos que reforman la prestación de la salud, un tema que hasta en Estados Unidos se convirtió en una piedra en los zapatos del mismísimo Obama. Si antes nos decían que no se gobierna con encuestas, o que estas estaban viciadas, ahora nos dirán que ellas prueban que el ‘Estado de Opinión’ no quiere un tercer periodo de Uribe, quien hoy no superaría el umbral pero tendría más votos que el próximo presidente, vaya paradoja. Y más poder.

Publicado en el periódico El Mundo, el 15 de febrero de 2010

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Pero repito que hubo errores que no se debieron cometer. Por ejemplo, no me pareció apropiado contratar un ejército para recolectar las firmas, pregonando, de paso, que la organización del Referendo era generadora de puestos de trabajo. De otra parte, se vio extraño, cuando menos, que la organización hubiera tenido acceso a las bases de datos de la Registraduría para verificar la autenticidad de las firmas. Igualmente, lució ridículo que trasladaran los mamotretos con las firmas en camiones blindados de Transval, empresa que resultó relacionada con DMG, lo que le dio pie a David Murcia para decir que había aportado 5.000 millones en especie, en transporte de documentos en camiones y helicópteros según su versión.

También, como ha quedado de manifiesto, los organizadores violaron los topes de financiación, pero además  el origen de los recursos no fue el más ortodoxo: se habla de autopréstamos y de aportes financieros hechos, casi en exclusiva, por contratistas del Estado.

Y tanta torpeza es imperdonable cuando se tiene entre manos un producto que, por su calidad, se vende solo. Sé que es muy fácil hablar después de sucedidos los hechos y desde la barrera, pero un comité organizador más prudente, sensato, reflexivo, cuidadoso, minucioso…, podría haber optado por utilizar voluntarios para recoger las firmas, pedir pequeñas contribuciones de los ciudadanos, cumplir una meta más modesta –menos pretenciosa y más fácil de alcanzar– de uno o dos millones de firmas, trasladar los libros en un camioncito contratado en una plaza de mercado, etcétera.

Creo que el Comité quiso descrestar incautos desde el principio, haciendo uso inapropiado del buen nombre del Presidente de la República, quién sabe con qué intereses. Y eso, de momento, tiene al Referendo herido de muerte en los despachos de la Corte Constitucional. Aún no está dicha la última palabra pero creo que es hora de que Juan Manuel Santos vaya ensillando para salir en campaña.

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Gracias a estos ‘esfuerzos’ es que el diario El País de Madrid (07/01/2010), se atreve a decir que en Colombia se perfilan dos ‘escuelas’ de pensamiento en la antesala de los comicios electorales: “La que sostiene que los recientes atentados de las FARC, con el brutal asesinato del gobernador de la provincia del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, prueban que la política de seguridad democrática es incapaz de acabar con la guerrilla, y la que, por el contrario, porfía con que hace falta una tercera oportunidad para que Uribe saje definitivamente ese absceso de la democracia colombiana”.

La primera es la posición de unos pocos, como el ex guerrillero Valencia, mientras la otra, reconoce El País, “…a la vista de los altísimos índices de popularidad presidencial, cabe poca duda de que es mayoritaria”. A pesar de lo cual, el diario madrileño le aconseja a Uribe “que se contente con ocho años de éxitos en la lucha contra la subversión, pero de profunda atonía en lo social”. Ya en octubre pasado, Miguel Ángel Bastenier, uno de los principales editorialistas de ese diario y entusiasta defensor de Hugo Chávez, escribió un libelo en el que afirma “que los desaguisados del Gobierno de Uribe harían sonrojar a un dictador”, y se refiere a su administración como un “museo de los horrores” (El País, 10/12/2009), así que la buena fe de las sugerencias de ese diario están en entredicho.

Y, por cierto, la andanada de consejos no pedidos para que el Presidente Uribe dé un paso al costado y no se postule a una nueva reelección, se está volviendo sospechosa, pues no deja de ser extraño que a Chávez, Evo, Correa, los Kirchner y otros, nadie les sugiera hacerse a un lado sino que, por el contrario, les sea reconocida la legitimidad de sus triunfos sin mayores cuestionamientos en tanto que los impresos extranjeros con mayor acogida en la región (El País, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal y The Economist), se vienen turnando semana tras semana para hacerle mal ambiente a una reelección tramitada dentro de las reglas constitucionales y respaldada por una amplia mayoría de la población. Razón tiene el Presidente de Colombia al recordar que esos medios “que hoy hablan del tema del referendo” no decían nada cuando “Colombia se desangraba por la violencia”.

Por su parte, el ex guerrillero León Valencia escribe en El Tiempo (03/01/2010): “La política de seguridad democrática ha llegado a su tope. Uribe no ha cumplido ni cumplirá la promesa de acabar con el conflicto armado. Mediante un incremento descomunal de la Fuerza Pública y de la inversión en defensa logró disminuir temporalmente los efectivos y las acciones de las guerrillas y los paramilitares, pero estas fuerzas están tomando un nuevo aire y un eventual litigio bélico con Venezuela puede catapultarlas”. Y luego añade: “El mundo ha cambiado, Colombia ha cambiado, los actores armados han mutado. Un proyecto de superación del conflicto y de reconciliación no puede ignorar las nuevas realidades”.

Valencia debería pedirle al gobierno español que no combata a Eta, decirle a Lula que no persiga a los violentos que controlan las favelas de Río de Janeiro, como consta en las recientes crónicas de Jon Lee Anderson para New Yorker Magazine, o rogarle a Obama que no haga nada contra los terroristas de Al Qaeda que iban a celebrar Navidad con otro ‘avionazo’. Ese “proyecto” del que habla Valencia es volver al Caguán, y para ello el primer paso es salir de Uribe, cosa que no queremos las mayorías. He ahí el desespero de los conjurados.

Publicado en el periódico El Mundo, el 11 de enero de 2010

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Traigo esto a colación porque uno de los obstáculos que le quieren atravesar al referendo reeleccionista es el de la pregunta que fue respaldada por las firmas ciudadanas. Visto está que aquí no se le niega una firma a nadie, pero, en el caso del referendo, estaba claro que todos firmaban para apoyar la posibilidad de reelegir al Presidente Uribe en el periodo 2010-1014. Lo demás es literatura, que es a lo que se deben dedicar los gramáticos de ocasión que siembran dudas sobre la claridad de algo tan palmario. Ahora no falta sino que las dudas sobre la redacción de la pregunta sean vistas como un impedimento y que Devia sea admitido como candidato. El  mundo al revés.

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El doctor Vallejo empieza por reconocer que no requiere “muchos argumentos acerca de los inconvenientes de una segunda reelección de Uribe, ni de los defectos, los errores y el desgaste suyos”; y que “en circunstancias relativamente normales, lo más deseable sería el cambio en la dirección del Estado”. Pero ahí es, precisamente, donde está el quid del asunto, en el hecho de que no estamos atravesando por ‘circunstancias normales’ debido a “la alianza de Chávez con la guerrilla”, una enormidad que es de necios negarla y de ciegos no verla.

Vallejo escribe: “… vengo diciendo dentro del muy limitado ámbito de opinión de que dispongo, que Colombia atraviesa hoy la más difícil coyuntura internacional de toda su historia, pues tiene que hacer frente a un proyecto expansionista y liberticida que cuenta con el apoyo de grupos que no en vano sufren el calificativo de narcoterroristas, los cuales disponen de los ingentes recursos del tráfico de coca y carecen de todo sentido de los límites…”; situación por la que no encuentra lógico “que los colombianos, que somos conscientes de los peligros de esa funesta gavilla, tratemos de ignorar las ventajas que a la misma le daría el debilitamiento de las fuerzas políticas que sustentan la seguridad democrática”.

Bien sabemos que “la gran preocupación de la mayoría de los colombianos versa sobre la continuidad de la política de seguridad democrática, cuyo mejor garante es el propio Uribe”. Eso es lo que siguen demostrando tozudamente las encuestas. Y tiene sobrada razón Vallejo, al decir que “es inconcebible que una fuerza política como la que respalda a Uribe, que mal contada puede ascender al 60 por ciento de la opinión colombiana, carezca de una alternativa razonable para ofrecerle al electorado en caso de que el proyecto reeleccionista fracase ante la Corte Constitucional”.

Es claro que lo ideal sería (o habría sido) que -al estilo de la Concertación chilena- “los políticos uribistas se pusieran de acuerdo en algún procedimiento idóneo para seleccionar uno que recibiera el legado y se comprometiera a preservarlo hasta alcanzar la pacificación del país”. Pero se ha configurado una especie de ‘patria boba’ en la que todos se creen ‘presidenciables’, y, atomizados, enfrentan una oposición a la que -dice Vallejo- “lo único que la aglutina es la enemiga contra Uribe, al parecer bajo el lema ‘muera Sansón con todos los filisteos’ “.

Como si fuera poco, son muy graves las condiciones de debilidad extrema de todos los candidatos. Es ahí donde Vallejo -reconociendo las desventajas de la continuidad de Uribe en el poder- replica: “De lo que me tienen que convencer es de las ventajas que ofrecen los demás candidatos, las cuales no veo claras”. Y, al respecto, agrega que si Uribe, con amplio respaldo popular, ha tenido tantos problemas para manejar el Congreso, quienquiera que lo remplace -con un poder muy inferior al suyo- “tendrá que habérselas con una montonera indócil y voraz”. Peor aún será “la situación de un Presidente que resulte elegido en una segunda vuelta a partir de componendas con los perdedores de la primera”.

Para un experto como Vallejo Mejía, “toda regla abstracta (como los límites a la reelección) es susceptible de excepciones, en función de las realidades sociales”. Uribe “le devolvió la esperanza al pueblo, que por eso lo sigue con admiración, no obstante los errores que ha cometido”. Por tanto, “no tendría sentido que por aspectos secundarios de orden procedimental o formal, se dejara de atender el clamor ciudadano que pide que Uribe pueda someter su nombre a otro debate electoral”.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 22 de diciembre de 2009

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Ya de por sí es sospechoso que un movimiento marxista esté hablando de ‘esperanzas’ en vez de confiar en el materialismo histórico, pero es conocido de sobra el analfabetismo político de las Farc y su incapacidad para leer correctamente la realidad nacional y tomarle el pulso al sentir del país. De ahí que no sea de extrañar que la idea que están manejando internamente es esa de que “el presidente Álvaro Uribe Vélez será derrotado en las urnas, a pesar de que la Corte Constitucional avale el referendo”.

Deberían ver las encuestas recientes, si en realidad creen eso. Si el referendo es aprobado por la Corte Constitucional —y si luego se supera la barrera del umbral, que es el mayor escollo—, Álvaro Uribe ganaría sin atenuantes en la primera vuelta. Los datos de la encuesta de Ipsos – Napoleón Franco son concluyentes: el 57% votaría por Uribe y el segundo en votación, Gustavo Petro, apenas alcanzaría el 9%. Si bien es cierto que el apoyo a Uribe ha sido aún mayor en otras épocas, sus rivales se ven como liliputienses luchando contra Gulliver. Y esta medición se viene haciendo desde años, por parte de varias firmas encuestadoras, contratadas incluso por medios de comunicación que no apoyan al Presidente Uribe, con iguales resultados: una abrumadora mayoría exige la reelección.

En realidad, la única alternativa viable para las Farc es que la Corte Constitucional niegue el referendo, muy probablemente mediante una salida ‘elegante’ que deje contento a todo el mundo o, por lo menos, que no genere frustración en las mayorías. Una de ellas podría ser la de permitir un referendo que apruebe la reelección pero para el 2014, siguiendo el argumento de los puristas que creen que la pregunta por la que cuatro millones de personas estamparon su firma, fue mal formulada. Otra salida ‘elegante’ podría ser la que sugiere la Revista Semana (12-12-2009) en sus Confidenciales: “…considerar que los múltiples vicios de procedimiento que se han denunciado son subsanables y en consecuencia se tendría que devolver el texto al Congreso para que los enderece. Como esto tomaría un período legislativo, el proceso terminaría después de las elecciones, lo que sería una manera elegante de hundirlo, sin querer queriendo”.

Aún así, la Seguridad Democrática mantiene por lo menos un as bajo la manga, que sería Juan Manuel Santos, quien como Ministro de Defensa le propinó a las Farc los mayores golpes de su historia. En el caso de que Uribe no esté en la contienda electoral, las encuestas muestran el favoritismo por Santos, a pesar de que su campaña aún no se ha iniciado, y de que serán muchos más los que se sumen a su candidatura cuando Uribe lo unja como su sucesor. No todos los votos son endosables, por supuesto, pero el pueblo colombiano no va a ir al matadero con los ojos vendados, a entregarse en brazos de Chávez y las Farc, o de lo que indique esa gavilla tenebrosa de la que hacen parte Piedad Córdoba, Ernesto Samper, César Gaviria y hasta Andrés Pastrana, viudos del poder que pretenden arrebatarlo a cualquier costo.

Para perjuicio de las Farc, la Seguridad Democrática continuará en 2010 con o sin Uribe. A las Farc no les bastará con esconderse y evadir a las autoridades, pues quedarán condenadas al ostracismo; las acciones de mínimo impacto no les alcanzarán para hacer ver impotentes a las Fuerzas Militares y de Policía; y el trabajo político de sus compañeros de ruta seguirá hundiéndose en el desprestigio. El único salvavidas de las Farc es Hugo Chávez, pues del expolio del petróleo venezolano depende el Movimiento Continental Bolivariano, o sea la expansión del comunismo en toda Latinoamérica. Pero ya Chávez se encargará de labrar su propia tumba solito.

Publicado en el periódico El Mundo, el 21 de diciembre de 2009

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Un caso que no deja de ser interesante de analizar es el de Mahathir bin Mohamed, quien fue Primer Ministro de Malasia durante 22 años (1981-2003). Su gestión permite comprobar cómo un buen gobernante puede transformar un país si le dan suficiente tiempo. Y aunque tiene detractores y es objeto de críticas, lo importante, como decía Deng Xiao Ping, no es el que el gato sea blanco o negro sino que cace ratones, y a fe que este lo hizo.

Para el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona (CIDOB), resulta poca cosa que Mahathir haya “…convertido la otrora subdesarrollada y campesina Malasia en un emporio regional de las telecomunicaciones y las operaciones financieras basadas en las nuevas tecnologías. Una síntesis, presuntamente feliz, de capitalismo de mercado, parlamentarismo islámico y valores asiáticos cuyo símbolo habrían venido a ser las Torres Petronas, los rascacielos más altos del mundo…”.

No obstante, sus logros son insoslayables: con una política de mano dura Mahatir llevó a término un conflicto guerrillero de más de 40 años, obligando a la guerrilla a capitular en 1990; industrializó el país, otorgando amplias exenciones de impuestos a los inversionistas extranjeros; fortaleció la agricultura con extensos sembrados de palma de aceite (primer productor mundial), caucho (tercer productor mundial), cacao (quinto productor mundial), y maderables; provocó un salto tecnológico que convirtió a Malasia en el tercer productor mundial de componentes electrónicos; e incrementó la explotación de sus recursos naturales, como el estaño, el gas y el petróleo.

Con sólo 26 millones de habitantes, Malasia exportó en el 2008, 198 billones de dólares e importó US$ 156 billones, con un balance favorable de 42.000 millones de dólares. Colombia sólo registró ventas al exterior por 37 billones e importaciones por 39 billones, con saldo negativo.

Por otra parte, Malasia incrementó su ingreso per cápita de 300 dólares anuales, antes de Mahathir, a 6.500 en la actualidad de acuerdo con el Banco Mundial. El de Colombia apenas llega a la mitad. Pero lo más interesante de todo es que Mahathir suprimió el analfabetismo y elevó la inversión en educación hasta el 25 por ciento de su abultado PIB. El resultado más elocuente de esos 22 años fue bajar la pobreza del 50 al 5 por ciento.

La receta de Mahathir es, en términos generales, la misma que genera tanta resistencia entre muchos colombianos: mano dura contra los violentos, generación de confianza para atraer la inversión extranjera, privatización de aquello que constituya un lastre innecesario para el Estado y que los particulares hagan mejor, como la infraestructura. Aquí, en cambio, resuenan voces que tratan de acallar el accionar valiente de las fuerzas del Estado, la inversión extranjera es vista por muchos como invasión, y las privatizaciones y concesiones son vejadas con demagogia. En fin…

Barack Obama dice que, tras ocho años, la gente quiere un cambio, pero no siempre es así. Es tan legítimo que el pueblo desee continuidad como que demande renovación, y no se pueden constreñir a las mayorías con un argumento tan débil como ese de que George Washington no quiso perpetuarse, aceptando taxativamente que “ocho son suficientes”. No, la Presidencia no es una carrera de relevos ni el Presidente un avión al que hay que jubilar por fatiga de metal.

No están del todo equivocados quienes predican que un sistema parlamentario podría ser muy positivo para el país, sobre todo porque un buen gobernante dispondría de mucho tiempo para llevar a término su programa de gobierno, un factor fundamental para el desarrollo de un país. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 16 de noviembre de 2009

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Dice Bastenier en artículo reciente (El País, 12-10-2009), que los desaguisados del Gobierno de Uribe harían sonrojar a un dictador, pero él mismo ha sido un juicioso defensor de quien lo es verdaderamente como Hugo Chávez. Y sorprende que siendo un ciudadano nacionalizado en Colombia desde 2002 —por consideración especial del “dictador” Uribe—, esté tan mal informado a pesar de ser un visitante asiduo del país y tener tan dilectos amigos como el Vicepresidente ‘Pachito’ Santos.

En el maquiavélico escrito —que sin duda concibió con sombrías intenciones—, Bastenier intenta proyectar una imagen distorsionada, como espejo de feria, de lo que él califica como el “museo de los horrores”, una colección siniestra de verdades a medias y de mentiras completas que harían sonrojar al analista más perverso. Veamos algunos tópicos.

El español hace referencia al “más de medio centenar de diputados uribistas procesados o en la cárcel, la mayoría por conexiones con los paramilitares”, pero no aclara que los supuestos delitos tuvieron lugar antes de 2002, durante otras administraciones, época en la que el ‘uribismo’ ni siquiera existía y cuando la mayoría de esos políticos militaban en el Partido Liberal, hoy en la oposición.

Bastenier también se refiere al “espionaje telefónico del DAS”, pero omite explicar la razón por la que se iniciaron ciertas investigaciones (relaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con narcotraficantes como Giorgio Sale) y el hecho de que el problema de las ‘chuzadas’ no es sólo nuestro ni hay certeza de que sólo sea el Estado quien las practique. O si no, ¿quién chuzó el correo electrónico de Tomás Uribe y le entregó copias al periodista Coronell para escribir una de sus columnas en Semana (12-09-2009)? ¿Hay chuzadas admisibles (a miembros del Gobierno) y chuzadas inadmisibles (a la oposición)? ¿Está bien que Hugo Chávez escuche las conversaciones que el embajador de Colombia en Caracas sostiene con Bogotá?

Debería saber Bastenier que este tipo de denuncias están a la orden del día en EE.UU., Argentina, Portugal (en plena campaña) y España, donde el Partido Popular acusa al Gobierno de escuchar sus comunicaciones.

También habla Bastenier de “compra de votos a la vista del público para cambiar la Constitución”, pero no aclara que esa es una denuncia de la oposición basada en la manera histórica de hacer política en Colombia (y en todo el mundo): yo lo apoyo, usted me apoya. Por eso, para justipreciar las denuncias por “adjudicación de notarías a cambio de apoyo parlamentario”, habría que precisar, por ejemplo, que los tres mandatarios que antecedieron a Uribe se inventaron más de 100 notarías cada uno y este aún no lleva 40 en dos periodos de gobierno. Notable diferencia.

Bastenier incurre en una falsedad cuando dice que “el Ejecutivo estudia la reforma del censo para que la cifra de siete millones y pico de votantes, mínimo exigible para que valga la consulta y que son la cuarta parte del electorado, quede en poco más de cuatro millones, con lo que a Uribe le bastarían dos para ser candidato”. Ni el Gobierno está en ese trámite ni las cuentas son como las presenta.

También se refiere, de manera infame, a “los dos mil y pico (de) falsos positivos —eufemismo por asesinato— de otros tantos campesinos perpetrados por el Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros”. El Cinep (entidad de izquierda lejana al Gobierno) acaba de establecer que entre 2001 y 2009 hubo 940 víctimas de falsos positivos, y reconoce que gracias a las medidas tomadas por el Gobierno para controlar estos abusos este año sólo se han presentado dos casos con cuatro víctimas [ver gráfico]. Por cierto, no sobra decir que los crímenes que se cometen en un país no son automáticamente atribuibles a sus autoridades.

Concluye este protervo personaje con el cuento de que la opinión pública en Colombia “se reduce a poco más de un tercio de 44 o 45 millones de habitantes, que son los que votan, los que tienen voz, y a los que el presidente tiene convencidos, seducidos, o simplemente, favorecidos por su mandato”. Debería saber que en Colombia no hay voto obligatorio, y que de las 29 millones de personas aptas para votar suele hacerlo un poco más de la mitad. Lo que sí es cierto es que, de esta mitad, la mayoría está convencida de recibir favores de Uribe: el favor de vivir en un país mejor. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 19 de octubre de 2009

Fuentes documentales:

• Informe Cinep – Falsos Positivos 2009

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Por mucho que algunos traten de dorar la píldora, las consultas de los partidos fueron un mazazo para la oposición. De un lado, al Polo lo estremeció un terremoto con el triunfo de Gustavo Petro cuando todos daban por sentado el de Carlos Gaviria. Fue una bofetada a la izquierda radical, de la que los seguidores del Polo quieren diferenciarse. Gaviria representa el ala que nunca se ha distanciado de las Farc y que considera “nítidos” los triunfos electorales de Hugo Chávez. En cambio, Petro se ha venido desmarcando de posiciones extremas en lo referente a la guerrilla, y hace poco declaró que al agredir al Presidente Uribe, Chávez agrede al pueblo colombiano.

Uno no sabe a ciencia cierta si esto era apenas una estrategia diseñada por alguien que sabe leer muy bien la realidad, la inconformidad de las mayorías colombianas frente a las Farc y al Presidente venezolano. Gustavo Petro no sólo es un ex guerrillero sino que fue el primer amigo de Chávez en Colombia, así que creer a pie juntillas en su cambio de actitud es complicado. Pero eso no altera el hecho de que el electorado de izquierda no quiere extremismos sino pragmatismo. Por su parte, el que Carlos Gaviria resultara mal perdedor es una muestra de que, tarde o temprano, el Polo terminará estallando en pedazos por las posturas incompatibles entre radicales y moderados.

De otro lado, no puede negarse que la votación de las consultas fue mediocre. El Partido Liberal apenas obtuvo poco más de un millón de votos, algo así como el 3,4% del censo electoral [ver gráfico]; mientras que el Polo llegó a 450.000 votos, apenas el 1,5% del censo electoral, prácticamente nada [ver gráfico]. Y eso que muchos aducen que el triunfo de Petro es producto de sufragios ‘uribistas’. Si eso fuera cierto querría decir que la situación del Polo es mucho peor de lo que parece. Petro, incluso, alcanzó menos votos que el segundo del Partido Liberal, Aníbal Gaviria, uno de los pocos ganadores de la jornada.

Esos comicios, a un costo de 56.000 millones de pesos, no sólo constituyen un despilfarro difícil de justificar sino una votación carente de representatividad que demuestra la nula fuerza de los partidos de oposición y su falta de legitimidad. Por supuesto que estos resultados también son muestra de la ausencia de ideas y propuestas por parte de unas colectividades dedicadas a la crítica huera y pueril, a las que —como al pastorcito mentiroso— muy pocos les creen.

Tal vez por esto es que la oposición ha tenido que conformar un nuevo frente de guerra desde las huestes de la honorable Corte Suprema de Justicia, encabezada por jueces-políticos que como los magistrados Augusto Ibáñez, presidente, y Jaime Arrubla Paucar, vicepresidente, llegaron a la Corte por descarte después de intentar, el primero, un escaño en el Senado en el 2006 por Cambio Radical, obteniendo tan solo 2.303 votos; en tanto que, el segundo, quiso ser alcalde de Medellín por el Partido Conservador en el periodo 2001-2003, alcanzando menos de 50.000 votos y quedando de último en la contienda.

El magistrado Ibáñez, en entrevista con El Tiempo (27-09-2009), salió con unas perlas dignas de alarma como esa de que la CSJ estaría analizando la posibilidad de nombrar un Fiscal General no proveniente de la terna enviada por el Presidente de la República sino de su propio caletre, arbitrariedad que se fundaría en el cuento chino de que estamos, según el magistrado, en el “siglo de los jueces”, por lo que unos señores que no tienen votos se arrogarían el derecho a gobernarnos… ¡Habrase visto!

Redundemos en que todas las encuestas (incluyendo la más reciente de Ipsos-Napoleón Franco) muestran los altos índices de favorabilidad del Presidente Uribe, que prácticamente no han variado en siete años. Si las elecciones fueran hoy, Uribe arrasaría con el 63% de votos a su favor frente a 8% de Petro [ver gráfico]. En cualquier encuesta, una ventaja de 55 puntos porcentuales es una distancia abismal. Y si bien es cierto que la democracia no se hace a punta de encuestas, estas apuntalan —como lo hemos venido sosteniendo— las mismas tesis en las que se apoyó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para darle paso a la Constituyente del 91. Por eso, lo más justo es darle al constituyente primario la oportunidad de votar el referendo.

Publicado en el periódico El Mundo, el 5 de octubre de 2009

Encuesta Ipsos-Napoleón Franco

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Un mes atrás, la oposición estaba de plácemes porque el Gobierno había perdido el control de sus mayorías en el Congreso, pero ahora cunde el desespero luego de que el Senado y la Cámara terminaron por aprobar el referendo reeleccionista. De ahí que se empeñen en señalar toda clase de fallas que deberían dar al traste con la iniciativa en el control que hará la Corte Constitucional.

En primer término se arguye una necedad: que esta modificación de la Carta, para permitir un nuevo periodo del Presidente Uribe, sustituye la Constitución. Los opositores señalan que la Corte Constitucional había pronunciado, hace cuatro años, que la reelección por una sola vez no atentaba contra el balance de poderes, de lo que infieren que una segunda reelección sí lo haría, de manera insalvable además. Pero lo necio de esta crítica radica en pretender que las constituciones no se pueden modificar ni siquiera siguiendo los parámetros establecidos para ello y el deseo de las mayorías, lo que no puede compararse con el caso de Honduras.

En un artículo anterior (El Tiempo, 26-05-2009), expresé que si la reelección es inconstitucional, habría que preguntarse si no lo fue el suplantar la Carta de 1886 mediante una ‘séptima papeleta’ que no tuvo gran acogida —menos de dos millones de votos en un censo electoral de 14, o sea que no habría superado el umbral que se exige para el referendo—, y que se fraguó para darles gusto a unos pocos, entre ellos a los grupos armados que pedían una Asamblea Constitucional para promover algunas reformas políticas.

Y traje a colación varios conceptos que en ese entonces primaron en la discusión en el seno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y que deberían ser igualmente válidos hoy: 1) que la “séptima papeleta suscitó un verdadero plebiscito que no requiere prueba, pues se trató de un acto masivo y público”; 2) que el país reclamaba “el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del orden jurídico”; 3) que el constituyente primario tiene toda la competencia para ejecutar cambios y 4) que “el no acceder a este clamor del pueblo será, sin ninguna duda, un factor de mayor desestabilización del orden público” (EL TIEMPO, 03-10-1990).

Por otro lado, se habla de anomalías en la recolección de las cuatro millones de firmas avaladas por el Consejo Nacional Electoral. Pero lo sustantivo es que las firmas no se compraron, la gente firmó a plena luz del día de manera absolutamente voluntaria, cosa que no merece dudas dada la popularidad del Presidente y el hecho probado de que aquí no se le niega una firma a nadie. Las irregularidades sobre la financiación son un tema que compromete sólo al Comité que recolectó las firmas y constituye, según la Ley 134 de 1994, causal de mala conducta, mas no compromete el respaldo ciudadano al trámite del referendo.

El otro tema delicado es el de la repartición de dádivas a los congresistas, como el supuesto caso de las notarías. Ese tema tiene mucho de largo y de ancho. El senador Roy Barreras denunció que el ex presidente Gaviria adjudicó más de 200 notarías a dedo y un conocido comentarista radial reveló que Samper y Pastrana crearon más de 100 cada uno mientras Uribe sólo ha creado poco más de 30. Entonces, ¿con qué autoridad moral pueden criticar una costumbre poco plausible pero arraigada? Así ha sido siempre la relación entre Ejecutivo y Legislativo.

Hasta ahora el manejo del proyecto de referendo ha sido normal, aunque no exento de polémicas. Y es importante que se mantenga así, por lo que no es oportuno plantear cambios extravagantes en la manera de calcular el censo. Depurarlo sí, pero no ir más allá. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 7 de septiembre de 2009

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