La nueva Ley reforma artículos de los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia y Adolescencia, con el objetivo de atacar de raíz algunos tipos delincuenciales que vienen tocando fibras sensibles de la opinión. Esto, además, en el entendido de que la inseguridad de nuestras ciudades no se origina simplemente en la pobreza y la falta de oportunidades sino que estamos siendo víctimas de verdaderas organizaciones delictivas.

El crimen evoluciona y se reinventa a pasos agigantados, y el Estado no puede cruzarse de brazos haciendo oídos sordos al clamor de la gente. De hecho, el ponente del proyecto, Alfredo Deluque, dijo que se recogió “todo lo que la Policía, la Fiscalía y los jueces han dicho que necesitan para combatir a la delincuencia organizada”, y Rodrigo Rivera expresó que “en cada consejo de seguridad nos encontrábamos con los mismos reclamos de nuestros hombres y de la comunidad acerca de que lo que se escribía con la mano se borraba con el codo por la falta de instrumentos legales adecuados”. De ahí que muchas novedades de esta Ley interpreten esas quejas.

Por ejemplo, se había criticado la ligereza de los jueces para dejar en libertad a peligrosos delincuentes, lo que es más visible en regiones apartadas, donde el criminal es el poder de facto y el juez vive desprotegido. Ahora habrá jueces de control de garantías con jurisdicción en todo el país para legalizar esas capturas.

Igualmente, había una norma insólita que impedía realizar allanamientos después de las seis de la tarde; ahora podrán hacerse las 24 horas del día. También se da un paso gigantesco en el combate de la impunidad al aceptarse como prueba de  flagrancia de un hecho delictivo el que este sea registrado por cámaras de video, cosa que antes no se tenía en cuenta.

Asimismo, se venía sugiriendo que el Estado pudiera vender los bienes incautados mediante extinción de dominio para no tener que dedicar recursos y esfuerzos en tareas de mantenimiento y administración. Esta ley lo faculta. De otra parte, se integra a la Policía en la vigilancia de las personas que se encuentran bajo detención domiciliaria o vigilancia electrónica y se le da herramientas para controlar el orden público en escenarios deportivos.

En cuanto a nuevas tipologías, se impondrán  penas entre 10 y 17 años de cárcel a quienes utilicen o induzcan a menores de edad a la comisión de delitos; de 9 a 12 años a quien porte ilegalmente armas de fuego; de 6 a 8 años a quien manipule, reprograme, remarque o modifique los teléfonos celulares; de hasta 2 años a quien bloquee vías o medios masivos de transporte; de 3 a 5 años a quien comercialice autopartes robadas; de 1 a 5 años a quien haga disparos al aire; y de 30 a 60 años a quien trafique o venda menores de edad, entre otras.

Por supuesto, convendría que estas normas sean socializadas suficientemente a través de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, en horario triple A.

Claro que, como era de esperarse, ya salieron los enemigos de la mano dura a decir que esto solo servirá para congestionar más las cárceles y no para prevenir el delito. ¿Cuál es el juego de estas mentes perversas? ¿Pretenden que ningún delito sea castigado? Eso es lo que casi están logrando, tenemos una impunidad del 96 por ciento que amenaza nuestra supervivencia como país. Y aunque la nueva ley no es la panacea, es un avance en la dirección correcta.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 27 de junio de 2011)

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No hay duda, sin embargo, de que el presidente Santos, para demostrar que se ha ocupado de cuidar el huevito de la seguridad, tiene hechos a su favor como la caída del ‘Mono Jojoy’, el más importante jefe militar de las Farc y cuya muerte o captura eran un anhelo de todos los colombianos. También cuentan la muerte de ‘Fabián Ramírez’, a pesar de que no se pudo hallar su cuerpo, y la de Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo, narcotraficante que sembraba el terror en los Llanos con una poderosa fuerza armada al estilo de los antiguos grupos paramilitares.

Pero, si bien es cierto que el trabajo de inteligencia para dar estos golpes venía de muy atrás, no deja de sorprender el que a pesar de su contundencia, se haya disparado la sensación de que el orden público se le salió de las manos al gobierno, con el agravante de que ya hay certeza de que no se trata de una simple percepción subjetiva, tanto que el sumario de sucesos nos hacen recordar las épocas aciagas de los años ochenta y noventa aunque aún se esté lejos de los índices de homicidios, secuestros, extorsiones y actos terroristas de esos tiempos. Incluso, a pesar de que en algunos lugares, como el Departamento de Antioquia, los casos de homicidio se hayan reducido en un 26 por ciento en el mes de enero en comparación con el mismo mes del año anterior.

No obstante, eso no puede ocultar la espiral de violencia de los últimos meses, cuando se han multiplicado los delitos de alto impacto que generan gran zozobra en la ciudadanía. El sicariato ha reaparecido con todo su furor, las ‘bandas criminales’ han desatado todo su poder en inmensas áreas de influencia, las Farc vienen desarrollando con éxito una nutrida actividad terrorista con la que quieren aparentar fortaleza, la delincuencia común se siente a sus anchas con el microtráfico, las microextorsiones y el fleteo. ¿Se requieren más evidencias?

Hace rato, repito, no se leían tantos titulares lúgubres en los diarios: “Niña muerta en ataque de las Farc”, “Tres soldados heridos tras caer en campo minado”, “Emboscan patrulla de la policía que buscaba secuestrados en Huila”, “Asesinados dos ingenieros en Tibú”, “Asesinan a dos universitarios en Córdoba”, “Tres jóvenes murieron en tiroteo en Fontibón”, “Asesinado personero de Aguadas”, “Atentado contra línea férrea en la Guajira”, “Compraventas de carros de Cali sufren atentados”, “Exigen 800 millones por menor secuestrado en Casanare”, “Asesinan a dos sacerdotes en Bogotá”, “Dos cargas explosivas activadas por la guerrilla en Arauca”.

Lo anterior es apenas una muestra al azar, está lejos de ser un análisis exhaustivo pero da elementos suficientes para afirmar que se ha aflojado en el tema de la seguridad. Dirán algunos que para Santos se ha vuelto un tema secundario dados el acercamiento a su nuevo mejor amigo y los nuevos coqueteos de paz con las Farc. Pero Santos no tiene un pelo de tonto y difícilmente echaría por la borda la doctrina por la que fue elegido, pasando con ese baldón a la Historia. El restablecimiento de relaciones con Venezuela ha sido un fiasco: los gobernadores de Arauca y Guajira se quejan del permanente tránsito de guerrilleros desde y hacia el país vecino, las deudas con los exportadores no han sido canceladas y el comercio no se ha reactivado. Eso solo ha servido para que la izquierda continental no le gruña a Santos como hacía con Uribe, nada más.

Por su parte, el tema de la paz se está reactivando para darles oxigeno a las Farc y salvarlas de una derrota segura, no para que se desmovilicen. Santos será el presidente de la paz si termina la tarea y las vence, no si se deja meter los dedos en la boca. ¿Será por eso que el Presidente ha descuidado sus obligaciones principales? ¿Será que este, como otros, se está soñando con un Nobel de Paz? ¿O será que por andar ocupado en proyectos del Partido Liberal, que no estaban entre sus propuestas, descuidó aquellas? Sea lo que sea, hay que pedirle al señor Presidente, respetuosamente, que vuelva al orden y cumpla con sus obligaciones.

(El Mundo, febrero 7 de 2011)

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Y como nadie hizo nada para detener esa dinámica de violencia, Medellín alcanzó, en 1991, el tope de 6.658 homicidios, sin contar los demás municipios del valle de Aburrá. El año pasado hubo 2.186, cifra sensiblemente inferior a la del 91 si consideramos que hoy tenemos un millón de habitantes más que hace 20 años (cifras de Medicina Legal, cuyos datos científicos ofrecen una estadística más confiable que la de la Policía Nacional).

Eso, sin embargo, no le resta gravedad a la actual situación, que se asemeja a la de los 80 en el hecho de tratarse, por ahora, de una confrontación entre bandidos que se matan entre sí. Pero ello no puede ocultar que esta barbarie ha afectado gravemente a las comunidades donde se escenifica y que hay un peligro real de que esto se expanda a toda la ciudad y al resto del país, encarnado en pandillas de gánsteres organizados para controlar el negocio de las drogas y extorsionar los negocios legales, lo que truncaría el propósito inaplazable de llevar la seguridad democrática a su siguiente nivel, que es la seguridad ciudadana.

¿Qué hacer para evitar esto? Tiene razón el alcalde Salazar al pedir la intervención del Gobierno Nacional y solicitar reformas de los códigos Penal y de Procedimiento Penal, que se convirtieron hace rato en el mayor obstáculo para aplicar pronta justicia, combatir la impunidad y sentar bases para la convivencia.

No es suficiente una reforma cosmética que se quede en temas como la transformación del Consejo de la Judicatura o el fortalecimiento de la gerencia de la Rama Judicial. Todo eso es importante pero lo que la gente pide a gritos es aumentar las penas, reducir los beneficios, frenar el garantismo desmedido y crear jurisdicciones especiales para casos especiales. Quitarle a la justicia esa venda que no la deja ver, que debe ser símbolo de imparcialidad y no de impunidad e inoperancia, como aquí.

A diario, los organismos de seguridad del Estado capturan a peligrosos delincuentes que los jueces liberan con un afán que indigna. La interpretación del concepto de ‘flagrancia’ se aplica -pisoteando el espíritu de la ley en aras de preservar nuestra tradición de gramáticos- tomando al pie de la letra una acepción del diccionario de la RAE que excluye específicamente la fuga: (‘en flagrante’) “En el mismo momento de estarse cometiendo un delito, sin que el autor haya podido huir”. O sea, si el asesino da un paso de huida, ya no hay flagrancia y toca pedirle el favor de que pare a tomarse una gaseosa mientras un juez le expide la orden de captura. De lo contrario, como la semana pasada, vale huevo que el criminal haya asesinado a un policía con un AK-47. Si huía, no había flagrancia, y si el policía murió en la clínica -y esto sí es el colmo-, no hay certeza para el juez de garantías de que su deceso sea producto del balazo recibido y no de una gripa. ¿Quiénes son los legisladores responsables de estos disparates?

Claro que los jueces también podrían poner de su parte, como en el caso del homicidio del juez Diego Fernando Escobar, en el que hubo inusitada diligencia para capturar, investigar, registrar la vivienda del sicario y legalizar la captura, que se dio en un bus casi una hora después del crimen.

En fin, queda mucha tela por cortar, pero un buen inicio es reformar la justicia para que no tenga excusas y haga lo que le toca.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 31 de agosto de 2010

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El problema de pandillas violentas que controlan el negocio del microtráfico de drogas no es exclusivo de Medellín ni de Colombia. El mismo existe en las favelas de Río de Janeiro y en toda Centroamérica, con el protagonismo de las ‘maras’, cuya influencia llega hasta los Estados Unidos. Igualmente, la oleada de violencia en México está directamente relacionada con el tráfico de narcóticos, y en Caracas, que se disputa con Ciudad Juárez el deshonroso título de ser la ciudad más violenta del mundo, son las pandillas de la droga las que mandan en los barrios.

En el primer mundo también se dan casos de esta violencia que da cuenta de una segregación económica y social. Hace unos años sucedió en Clichy-sous-Bois, una ciudad de los suburbios de París, donde se amotinó, según Sarkozy, la chusma, la escoria, la canalla que incendió cientos de carros y destruyó decenas de almacenes en muchas ciudades francesas. En ese entonces decíamos que “las razones de descontento de los revoltosos de París son las mismas de los muchachos pobres de Medellín: no tienen acceso a educación de calidad, les niegan trabajo al conocer su origen, no hay maneras de redimir su pobreza en el corto plazo, se ven humillados por las diferencias de clase y no hay certidumbre que los haga sentirse ciudadanos”. Y nos preguntábamos: ¿por qué (los nuestros) no vienen de los barrios marginados a quemar carros y saquear comercios, qué los detiene? (El Tiempo, 16/11/2005).

Claro que no en todas partes se esgrime el problema de la pobreza como la causa de la violencia. El sacerdote Alejandro Moreno, director del Centro de Investigaciones Populares de Caracas (CIP), señala que ni la pobreza ni las condiciones de vida de los sectores populares explican la violencia delincuencial y que esa es “una creencia anclada en gran parte de la opinión pública que debe ser desmitificada”. Para Moreno, las circunstancias fundamentales que explican los niveles de violencia del país vecino son “la abundancia de armas en la calle y la facilidad para adquirirlas, y la debilidad del Estado para ejercer el control y el orden de las cosas”. Y concluye: “esta situación va a crecer si no cambian las circunstancias en las cuales nos encontramos. No me refiero a la pobreza, sino a la presencia de armas en la calle, a la disolución y al debilitamiento de las instituciones del Estado, al abandono de las comunidades a sí mismas, al sometimiento de las comunidades a la acción de cualquier forma de violencia” (El País, 18/04/2010).

Tanto en Rio de Janeiro, como en Centroamérica, Caracas y Medellín, las pandillas ya dieron un paso adelante en su actividad criminal al ejercer control territorial e incursionar en el ámbito de la extorsión generalizada, haciendo insoportable la vida de las comunidades. Es decir, en primera instancia, hay apropiación violenta de territorios con el fin de monopolizar la venta de drogas, cuyas utilidades no son nada despreciables. Y, luego, no contentos con las ganancias del microtráfico, estas bandas extorsionan negocios legales en su área de dominio, llegando al extremo de cobrarles ‘contribución’ a los mismos habitantes. Coerción que puede ser más lucrativa que el monopolio de narcóticos.

Medellín aún está muy lejos de sus máximos históricos de violencia. En 1991, con una población muy inferior a la actual, hubo 6.658 homicidios, mientras que el año anterior fueron 2.186 (datos oficiales del Instituto de Medicina Legal). No obstante, es evidente el deterioro del clima urbano de convivencia, por lo que se vislumbra que podríamos estar al borde de repetir la historia de hace 20 años, cuando pasamos de pugnas entre narcotraficantes –los cobros de cuentas– a una violencia generalizada.

Por eso, el Estado debe anticiparse para ganar esta carrera haciendo presencia con las fuerzas del orden, dándole capacitación y ocupando a estos muchachos y sus familias, y judicializando a los delincuentes irredimibles. No se puede seguir alimentando la impunidad con la evasiva de que toda esta violencia proviene de alguna injusticia. Esa es una disculpa de gente interesada en pescar en río revuelto.

Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de agosto de 2010

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La Seguridad Democrática no puede entrar en “declive”, como dice la voz interesada de León Valencia y su Corporación Nuevo Arco Iris, simple y llanamente porque no se trata de un capricho del actual gobierno sino de la base fundamental del contrato social: la preservación de la vida, honra y bienes de los asociados.

Uno de los mayores alcances de la era Uribe es el haber vencido esa monstruosa concepción que predominaba en el país según la cual no se podían combatir los grupos ilegales bien por razones filosóficas (por el supuesto altruismo guerrillero) o bien por razones prácticas (que el Estado —decían— no podía derrotar a las guerrillas). Esa extravagancia redundó en la renuncia del Estado a ejercer el control y la ley.

Los argumentos de León Valencia para sustentar su afirmación son conceptualmente pobres, y están encaminados a vender la idea de volver a la mesa de negociaciones. Según el informe de Nuevo Arco Iris, el “declive” de la Seguridad Democrática estaría condicionado por el hipotético resurgimiento de las Farc y el supuesto fracaso de la negociación con los paramilitares.

Pero es muy cuestionable afirmar que una guerrilla se está reactivando por el hecho de incrementar las áreas sembradas con minas antipersonal o por usar francotiradores. Eso no sólo es una práctica de terrorismo mondo y lirondo —sobre todo contra la población civil— sino una muestra evidente de debilidad, de que no tienen control territorial como en el pasado y de que carecen de capacidad para enfrentar a las tropas que desarrollan operaciones ofensivas incluso en territorios que históricamente les pertenecían.

La guerrilla está arrinconada selva adentro; lleva años sin poderse tomar un pueblo (en Caloto lo intentaron sin éxito), secuestrar personalidades o ejecutar grandes intentados; ha perdido miles de combatientes, entre muertes, capturas y desmovilizaciones, incluyendo una decena de cabecillas y tres miembros del secretariado; y está plagada de niños y mujeres sin convicciones políticas. ¿Cuál es, pues, ese resurgimiento?

En cuanto al fenómeno paramilitar, Valencia aduce que hay un reciclaje del viejo paramilitarismo como producto de una negociación de paz “mal hecha” que fracasó y “se fue al carajo”; y sostiene que “el símbolo del fracaso es Medellín”.

Ya el ex presidente Gaviria había hecho política meses atrás con el tema de Medellín. En 2009, la cifra de asesinatos podría llegar a 2.000, lo cual es un incremento importante en comparación con los 1.066 homicidios del 2008 —no 833 como falsamente informa la revista Semana (23/11/2009)— y con los 788 del 2007, pero se está aun muy lejos de los 6.658 asesinatos de 1991.

Decir que la violencia de Medellín es producto del paramilitarismo no es acertado. Voces más autorizadas como la del ex alcalde Sergio Fajardo, atribuyen la mayoría de los muertos a enfrentamientos entre bandas por el control de los distritos de vicio, cuyo consumo está disparado gracias a ese cuento del “libre desarrollo de la personalidad”. Asimilarlas a paramilitares por el hecho de haber pertenecido en el pasado a las estructuras de ‘Don Berna’ es un error de juicio cuando se sabe que estos combos son mercenarios que se venden al mejor postor.

A la visión interesada de León Valencia se le olvida también que muchas fallas de la seguridad en Colombia son atribuibles a otros factores, como la laxitud judicial, la impunidad constante, el régimen carcelario que permite delinquir desde adentro, la corrupción y falta de compromiso de muchos miembros de la Fuerza Pública, la disminución de la iniciativa de los agentes del Estado por miedo a los castigos judiciales, etcétera.

Nada conduce a concluir que las Fuerzas del Estado hayan mermado su rendimiento; tal vez, sí, que hay algunas manifestaciones de violencia que se han exacerbado, como se esperaba en el post conflicto, por lo que se requieren ajustes. Pero querer significar, en plena campaña electoral, que la seguridad —con cualquier apellido— es un esfuerzo inviable, es un sórdido esperpento cuya formulación lleva implícito un cálculo político. Por eso tantos colombianos temen que al terminar el gobierno de Uribe, Colombia vuelva a lo de siempre. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de noviembre de 2009

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Colombia es un país con un debate público vital, vibrante, que viene de un pasado oscuro y ha recorrido un camino de franca recuperación, pero aún no es la Nación que anhelamos. Comparto plenamente la tesis de quienes sostienen que tenemos una democracia respetable, incluso sofisticada, como dijera la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Louise Arbour.

Tenemos instituciones tanto o más fuertes que las de muchos países de mejor prosapia. Nadie imaginó siquiera la posibilidad de que un niño humilde, maltratado por sus tutores en el último rincón de Colombia (las selvas del Guaviare), fuera cobijado por la mano larga —y para el caso blanda— del Estado, a través del Bienestar Familiar, y llevado hasta Bogotá para garantizar su atención por casi tres años, como ocurrió con Emmanuel Rojas. Eso es posible sólo en un país que ha avanzado más que el promedio en el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de la población; un país que ha avanzado mucho más de lo que suele reconocerse. Y sobran ejemplos.

No obstante, para los críticos antropófagos, somos un desastre, somos un país donde se violan todos los derechos y se legitiman todas las injusticias. Claro que en todas partes se cuecen habas. Hace poco, una comisión británica que visitó el país, compuesta por políticos y sindicalistas de izquierda, se manifestó escandalizada por la situación de los derechos humanos en Colombia, y pidieron que Gran Bretaña no nos ayude más y que se nos castigue cerrándonos la posibilidad de efectuar convenios comerciales con Europa. Pero por los mismos días (el 1º de abril) vimos a unos policías de Londres moler a palos a Ian Tomlinson, un ciudadano que pasaba cerca de una manifestación contra el G-20, causándole un infarto fulminante. Ya en julio de 2005, la policía londinense había asesinado al ciudadano brasileño Jean Charles de Menezes en el metro, creyendo que se trataba de un terrorista suicida que portaba explosivos bajo el abrigo. Y los irlandeses siempre se quejaron de los atropellos de las fuerzas británicas en su lucha contra IRA.

También nos critican algunos sectores ‘progresistas’ de los Demócratas en Estados Unidos. No vamos a entrar en detalles históricos que sería sumamente dispendioso condensar aquí, pero no en vano ha sido hasta motivo de estudio la largueza con la que los norteamericanos actúan en el resto del globo, usando normas dobles para calificar de una manera sus actos y de otra, muy distinta, las actuaciones de sus enemigos (eso que Michael Ignatieff y otros analistas llaman el “excepcionalismo americano”). Pero, para no ir muy lejos, EE.UU. acaba de bombardear una aldea en Afganistán matando a más de 100 civiles, y no hace más que unos meses el gobernador de Illinois quiso vender el asiento senatorial de Barack Obama, como en el carrusel parlamentario que es tan típico de nuestro Congreso.

Francia, el faro de la libertad, se opuso durante largos años a cualquier tentativa de rescate de la ciudadana ‘francesa’ Ingrid Betancur (como se escribe en Antioquia, de donde era oriundo su papá, y como figura en su cédula). Esa oposición cerril de la familia de la secuestrada y de muchos líderes de ese país, incluyendo al presidente Sarkozy, recibió una clara bofetada a mediados de abril, cuando las fuerzas francesas trataron de rescatar por la fuerza a ciudadanos de su país secuestrados por piratas somalíes en el cuerno de África, dando como resultado la muerte del ciudadano galo Florent Lemacon.

Esas son apenas unas muestras de que los colombianos no tenemos que agachar la cabeza avergonzados cada vez que alguien nos critica, y que ningún país del mundo, por poderoso y rico que sea, tiene suficiente autoridad moral para entrometerse en nuestros asuntos. Sabemos nuestras fallas y trabajamos en diversos caminos por solucionarlas, con muchos problemas y limitaciones, claro está, pero estamos sobre el rumbo correcto.

La seguridad democrática

No deja de ser paradójico que al simple hecho de cumplir el contrato social, representado en la norma constitucional y reglamentado en diversas leyes, hubiera sido necesario ponerle apellido para que, finalmente, dejara de ser un hijo bastardo que nadie reconocía. Por años, pudo más el germen de la ideología, que desacreditó las tareas de seguridad convirtiéndolas en una execración abominable como la lepra, que el reclamo incesante de la comunidad para que se acabara la dictadura de los grupos violentos. Sin embargo, nos hemos convencido de la obligatoriedad de enfrentar con valentía el despotismo de quienes, amparados en vanas ideologías o insanas ambiciones, pretenden subyugar a la Nación.

Y lo que se ha ganado es mucho, a pesar del cinismo de algunos que ironizan que lo único que se recuperaron fueron las carreteras para viajar a las fincas. Si así fuera, quedaría claro que también se recuperaron los campos, pues de otra manera no se podría ir a las fincas que llevaban años de abandono. Pero, saliéndonos de esos artificios retóricos, es una pose lamentable ignorar hechos tan notorios como la ostensible reducción de los casos de secuestro; la drástica caída en el índice de homicidios; el desmonte de los grupos paramilitares —lo que siempre fue una exigencia de los grupos guerrilleros para alcanzar acuerdos de paz—; el regreso de la Policía a todas las cabeceras municipales —y aun corregimentales— del país; y la presencia de las Fuerzas Armadas en todas las regiones, cuya consecuencia principal es el inocultable —y acaso irreversible— debilitamiento de las guerrillas comunistas.

Todavía falta mucho para que Colombia sea un país sin problemas de seguridad pero estamos en una situación diametralmente opuesta a la que teníamos cuando empezó el milenio, época en la que pocos dudaban para usar el término “estado fallido” al referirse a Colombia. Sin embargo, el post conflicto al que estamos llegando va a arrojar nuevas dificultades que son entendibles en la dinámica de superación de los problemas en que se encontraba el país. La destreza con las que sean solucionadas va a ser esencial en la construcción de la Colombia que todos deseamos. Y ¿cuáles son esas dificultades? En términos generales, las relacionadas con la reinserción de los combatientes, lo que paradójicamente ha disparado la violencia en muchos países tras la resolución de los conflictos.

La seguridad ciudadana

Pero para no extendernos demasiado en el tema, toquemos otro aspecto —la otra cara de Jano— que es de vital importancia para la consolidación de la seguridad como es la seguridad en las ciudades; lo que debiera ser el próximo capítulo de la seguridad democrática. A los colombianos nos preocupa el resurgimiento del sicariato y las vendettas de narcotraficantes en las calles de las principales ciudades, las peleas de las pandillas o los combos por el control de los expendios de drogas y las extorsiones a diversos tipos de negocios legales, como el transporte urbano o las ventas de lotería. También nos preocupan el “fleteo”, el maltrato infantil, la violencia en los estadios, la inimputabilidad de los menores y muchas cosas más. Pero, en el fondo, lo que más inquieta a la ciudadanía es la falta de una clara política criminal así como de una política carcelaria menos permisiva.

El ciudadano de a pie reclama medidas efectivas para combatir la criminalidad y, como no encuentra una respuesta acorde con sus demandas, acude a medidas que no pocos consideran desesperadas, como el referendo de prisión perpetua para los violadores de menores. En ese orden de ideas toman vuelo propuestas absurdas como la de duplicar las penas para quienes cometan “crímenes de odio” contra la comunidad gay. ¿No será más bien que hay un exceso de garantismo judicial que pone su cuota de violencia en las calles? ¿Acaso no es un exabrupto que las bondades del sistema acusatorio —y la confianza en la justicia— se pongan en entredicho por culpa de tecnicismos insustanciales? ¿A quién le conviene este estado de turbación de la tranquilidad urbana y la postración de los jueces ante el crimen?

Si las prevenciones que existían frente a las tareas de seguridad —de las que hablamos antes— se han subsanado en un buen grado, la justicia está permeada por corrientes del “nuevo derecho” que aducen que las penas de prisión deben ser la última alternativa del castigo porque la cárcel no entraña justicia sino venganza y porque no contribuye con la socialización.

Como si fuera poco, la congestión de las cárceles, el hacinamiento, las condiciones indignas de reclusión —etcétera—, son asuntos que tratan de subsanarse de la manera más fácil, con beneficios de disminución de pena, o de casa por cárcel, todo lo cual contribuye a empeorar el cuadro de impunidad nacional que llega al 97% (según un estudio de la Unión Europea) y que produce más violencia cuando la gente decide hacer justicia por mano propia.

En síntesis, la convivencia pacífica de los colombianos, sólo será posible cuando la seguridad democrática sea complementada con altos índices de seguridad urbana, y para lograrlos hay que ir más allá de instalar cámaras, comprar más patrullas y poner más policías.

Será cuando la justicia derrote la impunidad que podremos vivir en paz.

Publicado en la Revista Ahora, de agosto de 2009

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No obstante, se ha demostrado fehacientemente que las armas legalmente amparadas tienen una amplia participación en crímenes de diversa índole, desde los que son cometidos por ciudadanos ‘de bien’ en estado de embriaguez o de ira y dolor extremos, hasta aquellos que son ejecutados por peligrosos delincuentes. Es decir, sorprende verdaderamente la laxitud de las autoridades militares para otorgar licencias para porte y tenencia de armas de fuego a cualquier persona sin la menor cautela. Pareciera que fuera política de las Fuerzas Militares la venta desmedida de armas de fuego con el mero criterio del lucro económico, el único que para este caso no puede prevalecer.

A quienes se sienten inseguros y consideran que es preciso portar un arma para defenderse, hay que preguntarles qué puede hacer un ciudadano con un revólver cuando lo toman, por sorpresa, delincuentes mejor armados y en mayor número. La verdad es que en esos casos, estar armado no sirve de mucho. Cientos de ciudadanos armados han sido víctimas de delincuentes sin que el arma lo haya podido evitar. Y cientos de personas, en nuestro país, han sido asesinadas con armas legales -adquiridas en las guarniciones militares y portadas bajo licencia-, muchas veces por simple intolerancia y no de manera premeditada. Tenemos mala memoria: el ya olvidado futbolista Andrés Escobar, fue asesinado con un arma ‘legal’.

No puede negarse, sin embargo, que la situación de seguridad en el país, si bien ha mejorado, aún tiene falencias que están por subsanarse. Prohibirle a la gente que porte un arma para su defensa exige un gran compromiso por parte de las autoridades y un redoblamiento de esfuerzos que no se ve. En un país como el nuestro, con una violencia tan compleja que se resiste a desaparecer, es un despropósito poner a buena parte de las fuerzas policiales a perseguir al ‘cartel de los añoviejos’, como ocurrió en las recientes festividades. Aquí son más los efectivos que se dedican a perseguir polvoreros, vendedores ambulantes, fabricantes de discos y libros piratas y hasta traficantes de fauna silvestre, que los destinados a perseguir a los verdaderos delincuentes que hacen inseguras nuestras ciudades.

Y a prevenir. Porque si lo que se quiere realmente es recuperar el monopolio de las armas por parte del Estado y que nadie salga armado a las calles, las autoridades deben demostrar tener pleno control por lo menos de las áreas céntricas de las principales ciudades, exhibiendo un nutrido y disuasorio pie de fuerza; una dotación de armamento, vehículos, medios de comunicación y tecnología de avanzada que les dé una franca ventaja sobre los criminales; un superior grado de entrenamiento y capacitación que haga a los efectivos más confiables en su misión de servicio a la ciudadanía; y haciendo que la Policía se dedique decididamente a hacer su deber y no a ser un simple espectador reactivo. La única manera de asegurar que nadie porte armas será realizando permanentemente rigurosos operativos de control. De no ser así, la prohibición de portar armas legales –las ilegales obviamente están prohibidas pero igual las portan- termina siendo un saludo a la bandera y un favor para los delincuentes, ya que muchos ciudadanos de bien quedarían inermes a merced suya.

No cabe duda de las bondades de impedir el porte de armas por parte de todos los colombianos, recuperando para el Estado el absoluto monopolio –aunque suene redundante- de las mismas, pero queda la duda de si las autoridades están preparadas para dar este paso que debería ser el siguiente capítulo de la seguridad democrática.

Publicado en el periódico El Mundo, el 12 de enero de 2009.

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Recientemente, los atropellos cometidos por las autoridades en aras de la recuperación del espacio público se han vuelto pan de cada día. Bogotá es líder en esa materia. El alcalde Peñalosa se ha empecinado en desplazar a vendedores ambulantes de sectores como San Victorino y, en eso, ha sido imitado por otros alcaldes del país que parecen no entender que el problema no es de espacio sino de desempleo.

No puede ocultarse el hecho de que a todos nos encantaría circular por amplias avenidas, anchas aceras libres de cualquier obstáculo –incluso de bolardos– y ver a nuestras ciudades libres de vendedores ambulantes, avisos de mal gusto, huecos, indigentes y delincuentes de toda laya, principalmente libres de éstos. A todos nos gustaría vivir al mejor estilo del primer mundo pero eso no justifica hacer violencia social en un país tan violento.

Lo de Luna Park no es una isla. Son muchos los barrios y urbanizaciones a las que se les ha ordenado derribar muros o cerramientos a pesar de que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad pública. Mientras muchos crímenes se cometen en cualquier sitio, la policía pierde su función natural de servicio a la comunidad por culpa de funcionarios ineptos como Peñalosa y como Eduardo Silguero, Alcalde Menor de la localidad de Antonio Nariño, quien ordenó derribar el susodicho muro encima de personas honestas que reclamaban su derecho a la seguridad, a vivir tranquilos.

Como si fuera de poca monta la problemática general que vive el país, ahora la muerte y la intranquilidad son propias de la administración pública. Se convierte la democracia en una oportunidad para que unas minorías no gobiernen sino que hagan lo que les venga en gana, sin que medie la voluntad popular, sin que medie el consenso, sin que medie el análisis juicioso de las necesidades de la comunidad versus sus expectativas, lo que da como resultado las prioridades de gobierno.

Por eso se cometen atropellos, abusos de autoridad y enfrentamientos con la ciudadanía. Atropellan por doquier los vehículos de las personalidades y sus escoltas, atropella el Gobierno con sus impuestos asfixiantes, atropella el sistema financiero con la usura de sus préstamos en Upac y UVR’s (que son prácticamente lo mismo), atropellan los alcaldes que ejecutan obras suntuosas por el sistema de valorización sin preguntarle nada a los afectados…

Se ha vuelto el Estado enemigo de las gentes de bien mientras a la delincuencia se le abren los caminos, se les deja cómodos. En las cárceles no mandan las autoridades sino los ‘caciques’ de los patios; la ley de extinción de dominio no ha quitado, en firme, ni un sólo predio a los narcotraficantes o a sus herederos; los menores delincuentes hacen y deshacen a su antojo sin que reciban sanción o control alguno; peligrosos delincuentes son liberados a diario por tecnicismos, por permisos que concede la ley o por leyes como la del jubileo; los maleantes están armados hasta los dientes mientras los ciudadanos, si queremos un arma, tenemos que llenar una larga lista de requisitos y pagar cifras astronómicas por una de bajo poder; los guerrilleros reciben toda clase de prebendas –como el área de distensión y los indultos que traerá el tratado de paz– mientras continúan matando, secuestrando, extorsionando, robando, humillando y atemorizando a todo el país.

No puede ser que ahora los colombianos tengamos en el Estado, en sus instituciones y representantes, un enemigo más y que dos personas hayan fallecido a causa de un muro que a nadie le estaba estorbando y en pos de la cacareada ‘recuperación del espacio público’, tarea que maquilla pero que no resuelve en nada los verdaderos problemas que se dejan al olvido por no tener claras las prioridades de un gobierno.

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