Con la gente de ‘Cano’ ha sido distinto. Las Farc han sido una caterva ciega, sorda y muda. Bueno, no tan muda, más bien de una verborrea cínica y mentirosa, alejada del sentir nacional. Y de una arrogancia y soberbia tan asombrosas como para hacerle el asco a una propuesta de rendición del Estado, como la que les ofreció Pastrana en el Caguán al plantear una constituyente de 50 miembros, en la que ellos, que no representan a nadie, iban a ser las dos mitades: la una con sus comandantes y la otra con un hatajo de mamertos escogidos a dedo. No era la paz, era la entrega de Colombia en bandeja de plata, y estos chiflados, soñando con un triunfo por las armas —con ingreso victorioso a Bogotá y el pueblo batiendo pañuelos—, se patrasearon.

Ahora, diez años después, casi todos los que se creían intocables están muertos y los que no, no pueden ni dormir esperando que la muerte les caiga del cielo. Pero, aun así, siguen obcecados en mantener la lucha armada y permanecer cerrados al diálogo. Al contrario de lo que algunos sostienen, la muerte de ‘Cano’ no nos aleja de la paz porque él era un “radical antinegociación”, aunque tampoco hay que hacerse ilusiones, puesto que hay varios elementos que entorpecen el abandono de la lucha armada.

Entre ellos están: 1) el negocio de la coca, que les aporta una cantidad enorme de dinero y ha narcotizado a la subversión convirtiendo a muchos de sus jefes en simples mafiosos. Y recordemos que a la mafia se entra, pero no se sale; 2) el apoyo que reciben del extranjero, principalmente el de la revolución bolivariana, a cuyo abrigo sobreviven varios miembros del Secretariado; 3) el hecho de que las Farc no buscan una reinserción a la vida civil (ni siquiera con la impunidad que se está proponiendo a nivel constitucional para que personajes como ‘Cano’, con 96 procesos judiciales a cuestas, puedan hacer política), sino un cambio de modelo social y político, que no es otra cosa que la pretensión de instituir el más hirsuto marxismo y ganar en el escritorio la guerra, y 4) el exitoso activismo de extrema izquierda (Movimiento Bolivariano, Juco, PC3, etc.), que tiene tomados o infiltrados partidos políticos, medios de comunicación, universidades públicas, ONG y hasta entidades del Estado.

¿Derrotadas? Hay que ser muy cegato para no ver que, si bien es cierto que los cabecillas de la guerrilla rural están cayendo, en los centros de poder —y no lo digo por Petro— la combinación de formas de lucha está dando frutos. Ahí las Farc están más vivas que nunca.

Y no nos engañemos: la muerte de ‘Alfonso Cano’ es un logro de la política de seguridad democrática que implementó el presidente Uribe y de la que el presidente Santos es el más eximio exponente. Pero eso no quiere decir que no haya desmoralización de las tropas, ni que las Farc no hayan recuperado terreno en los últimos meses.

Una cosa son los objetivos de alto valor, combatidos —con gran despliegue de alta tecnología y fina inteligencia— por la Fuerza Aérea y tropas élite del Ejército y la Policía, y otra muy distinta el mantenimiento del orden público en campos y ciudades con unos uniformados que hoy les temen más a los fallos judiciales que a las balas enemigas, y que ya no sienten la mística de luchar por una causa justa.

(Publicado en el periódico El Tiempo, el 8 de noviembre de 2011)

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La nueva Ley reforma artículos de los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia y Adolescencia, con el objetivo de atacar de raíz algunos tipos delincuenciales que vienen tocando fibras sensibles de la opinión. Esto, además, en el entendido de que la inseguridad de nuestras ciudades no se origina simplemente en la pobreza y la falta de oportunidades sino que estamos siendo víctimas de verdaderas organizaciones delictivas.

El crimen evoluciona y se reinventa a pasos agigantados, y el Estado no puede cruzarse de brazos haciendo oídos sordos al clamor de la gente. De hecho, el ponente del proyecto, Alfredo Deluque, dijo que se recogió “todo lo que la Policía, la Fiscalía y los jueces han dicho que necesitan para combatir a la delincuencia organizada”, y Rodrigo Rivera expresó que “en cada consejo de seguridad nos encontrábamos con los mismos reclamos de nuestros hombres y de la comunidad acerca de que lo que se escribía con la mano se borraba con el codo por la falta de instrumentos legales adecuados”. De ahí que muchas novedades de esta Ley interpreten esas quejas.

Por ejemplo, se había criticado la ligereza de los jueces para dejar en libertad a peligrosos delincuentes, lo que es más visible en regiones apartadas, donde el criminal es el poder de facto y el juez vive desprotegido. Ahora habrá jueces de control de garantías con jurisdicción en todo el país para legalizar esas capturas.

Igualmente, había una norma insólita que impedía realizar allanamientos después de las seis de la tarde; ahora podrán hacerse las 24 horas del día. También se da un paso gigantesco en el combate de la impunidad al aceptarse como prueba de  flagrancia de un hecho delictivo el que este sea registrado por cámaras de video, cosa que antes no se tenía en cuenta.

Asimismo, se venía sugiriendo que el Estado pudiera vender los bienes incautados mediante extinción de dominio para no tener que dedicar recursos y esfuerzos en tareas de mantenimiento y administración. Esta ley lo faculta. De otra parte, se integra a la Policía en la vigilancia de las personas que se encuentran bajo detención domiciliaria o vigilancia electrónica y se le da herramientas para controlar el orden público en escenarios deportivos.

En cuanto a nuevas tipologías, se impondrán  penas entre 10 y 17 años de cárcel a quienes utilicen o induzcan a menores de edad a la comisión de delitos; de 9 a 12 años a quien porte ilegalmente armas de fuego; de 6 a 8 años a quien manipule, reprograme, remarque o modifique los teléfonos celulares; de hasta 2 años a quien bloquee vías o medios masivos de transporte; de 3 a 5 años a quien comercialice autopartes robadas; de 1 a 5 años a quien haga disparos al aire; y de 30 a 60 años a quien trafique o venda menores de edad, entre otras.

Por supuesto, convendría que estas normas sean socializadas suficientemente a través de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, en horario triple A.

Claro que, como era de esperarse, ya salieron los enemigos de la mano dura a decir que esto solo servirá para congestionar más las cárceles y no para prevenir el delito. ¿Cuál es el juego de estas mentes perversas? ¿Pretenden que ningún delito sea castigado? Eso es lo que casi están logrando, tenemos una impunidad del 96 por ciento que amenaza nuestra supervivencia como país. Y aunque la nueva ley no es la panacea, es un avance en la dirección correcta.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 27 de junio de 2011)

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No hay duda, sin embargo, de que el presidente Santos, para demostrar que se ha ocupado de cuidar el huevito de la seguridad, tiene hechos a su favor como la caída del ‘Mono Jojoy’, el más importante jefe militar de las Farc y cuya muerte o captura eran un anhelo de todos los colombianos. También cuentan la muerte de ‘Fabián Ramírez’, a pesar de que no se pudo hallar su cuerpo, y la de Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo, narcotraficante que sembraba el terror en los Llanos con una poderosa fuerza armada al estilo de los antiguos grupos paramilitares.

Pero, si bien es cierto que el trabajo de inteligencia para dar estos golpes venía de muy atrás, no deja de sorprender el que a pesar de su contundencia, se haya disparado la sensación de que el orden público se le salió de las manos al gobierno, con el agravante de que ya hay certeza de que no se trata de una simple percepción subjetiva, tanto que el sumario de sucesos nos hacen recordar las épocas aciagas de los años ochenta y noventa aunque aún se esté lejos de los índices de homicidios, secuestros, extorsiones y actos terroristas de esos tiempos. Incluso, a pesar de que en algunos lugares, como el Departamento de Antioquia, los casos de homicidio se hayan reducido en un 26 por ciento en el mes de enero en comparación con el mismo mes del año anterior.

No obstante, eso no puede ocultar la espiral de violencia de los últimos meses, cuando se han multiplicado los delitos de alto impacto que generan gran zozobra en la ciudadanía. El sicariato ha reaparecido con todo su furor, las ‘bandas criminales’ han desatado todo su poder en inmensas áreas de influencia, las Farc vienen desarrollando con éxito una nutrida actividad terrorista con la que quieren aparentar fortaleza, la delincuencia común se siente a sus anchas con el microtráfico, las microextorsiones y el fleteo. ¿Se requieren más evidencias?

Hace rato, repito, no se leían tantos titulares lúgubres en los diarios: “Niña muerta en ataque de las Farc”, “Tres soldados heridos tras caer en campo minado”, “Emboscan patrulla de la policía que buscaba secuestrados en Huila”, “Asesinados dos ingenieros en Tibú”, “Asesinan a dos universitarios en Córdoba”, “Tres jóvenes murieron en tiroteo en Fontibón”, “Asesinado personero de Aguadas”, “Atentado contra línea férrea en la Guajira”, “Compraventas de carros de Cali sufren atentados”, “Exigen 800 millones por menor secuestrado en Casanare”, “Asesinan a dos sacerdotes en Bogotá”, “Dos cargas explosivas activadas por la guerrilla en Arauca”.

Lo anterior es apenas una muestra al azar, está lejos de ser un análisis exhaustivo pero da elementos suficientes para afirmar que se ha aflojado en el tema de la seguridad. Dirán algunos que para Santos se ha vuelto un tema secundario dados el acercamiento a su nuevo mejor amigo y los nuevos coqueteos de paz con las Farc. Pero Santos no tiene un pelo de tonto y difícilmente echaría por la borda la doctrina por la que fue elegido, pasando con ese baldón a la Historia. El restablecimiento de relaciones con Venezuela ha sido un fiasco: los gobernadores de Arauca y Guajira se quejan del permanente tránsito de guerrilleros desde y hacia el país vecino, las deudas con los exportadores no han sido canceladas y el comercio no se ha reactivado. Eso solo ha servido para que la izquierda continental no le gruña a Santos como hacía con Uribe, nada más.

Por su parte, el tema de la paz se está reactivando para darles oxigeno a las Farc y salvarlas de una derrota segura, no para que se desmovilicen. Santos será el presidente de la paz si termina la tarea y las vence, no si se deja meter los dedos en la boca. ¿Será por eso que el Presidente ha descuidado sus obligaciones principales? ¿Será que este, como otros, se está soñando con un Nobel de Paz? ¿O será que por andar ocupado en proyectos del Partido Liberal, que no estaban entre sus propuestas, descuidó aquellas? Sea lo que sea, hay que pedirle al señor Presidente, respetuosamente, que vuelva al orden y cumpla con sus obligaciones.

(El Mundo, febrero 7 de 2011)

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Sin embargo, con este golpe letal se impone la tesis de que las arremetidas de las Farc no son más que acciones desesperadas de una guerrilla acabada que ha hecho acopio de arrestos para golpear un eslabón débil de la cadena, como lo es la fuerza policial ordinaria, que está para mantener el orden dentro de las comunidades, no para el combate. Esos golpes fueron cuidadosamente planeados con el objetivo de poner en la mesa el tema de la negociación con el nuevo Gobierno. “Hombre, conversemos”, había rogado ‘Alfonso Cano’.

Pero, para ello, habría que plantearse algunas preguntas: ¿Tiene sentido, actualmente, entablar diálogos con la guerrilla de las Farc? ¿Qué pueden ofrecer a cambio? ¿Por qué gentes tan diversas abogan por el diálogo? ¿Debe prestarse atención a sus llamados?

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que las Farc aún pueden hacer mucho daño con los cerca de 8.000 combatientes que tienen en filas, a pesar de que en su mayoría están relegados a áreas alejadas de los centros de poder. Para muchos, ese hecho es una realidad que amerita negociaciones de paz para evitar más muertes de colombianos.

Otras personas que están a favor del diálogo tienen el anhelo de que los recursos económicos que se invierten en las FF.AA. vayan a engrosar el monto de la inversión social en Colombia, lo cual es utópico porque las Farc no son el único factor de desestabilización del orden público que hay en el país y porque el territorio nacional es inmenso. Pasarán años antes de que la fuerza pública pueda dedicarse solo a hacer presencia –además de cumplir tareas sociales–, pero desmantelarlas conducirá de nuevo a la ausencia de Estado que nos llevó al caos.

Finalmente, están a favor del diálogo los que quieren echarle un salvavidas a las Farc y a sus líderes, principalmente, y que ahora arreciarán su campaña para evitar que a otros les suceda lo mismo que a ‘Jojoy’. Entre estos están personajes como los senadores Piedad Córdoba e Iván Cepeda; el Polo Democrático, del que hace parte el Partido Comunista, bastión político de las Farc; y, recientemente, el ala neogolcondiana de la Iglesia Católica, en cabeza de los monseñores Juan Vicente Córdoba, secretario general de la Conferencia Episcopal, y Rubén Salazar, presidente de la misma. Esto sin hablar de quienes apoyan a las Farc desde el extranjero.

Pero, a pesar de esos esfuerzos, la realidad demuestra que no hay lugar a diálogos con las Farc porque esta ya no tiene nada que dar a cambio. Es decir, se ha llegado a un punto en la confrontación en el que la guerrilla está obligada a ceder en todo, a cumplir las condiciones que se les impongan, si es que sus miembros quieren tener la oportunidad de abrigar otro destino que una cárcel o un cementerio. Un hipotético escenario de negociaciones con las Farc solo sería viable si entregan a todos los secuestrados, cesan todo acto de violencia, liberan a los menores reclutados y colaboran en labores de desminado, entre otros temas. Obviamente, no habría tampoco despeje alguno. No obstante, ‘Alfonso Cano’ ya dijo que no aceptan condiciones lo cual entraña un malentendido: es el país el que no las acepta, es el pueblo colombiano el que ya no está dispuesto a dar concesión alguna.

Mas, de fondo, subyace el obstáculo de que no hay nada qué negociar con las Farc. No están en posición de exigir que se discuta el modelo social y político, como lo han predicado durante tantos años. Tampoco pueden pedir participación política de manera automática y concedérsela como se hizo en otros tiempos con el M-19, el EPL o la Corriente de Renovación Socialista. Y, muchísimo menos podrán salírsele por la tangente a los procesos judiciales. A los jefes guerrilleros los espera un mínimo de cárcel a través de la Ley de Justicia y Paz; menos que eso es imposible. Entonces, preguntémonos: ¿la arrogancia de estos criminales cabe ya por los umbrales de la cárcel? Si la respuesta es ‘no’, no hay lugar a diálogos con los guerrilleros.

Publicado en el periódico El Mundo, el 27 de septiembre de 2010

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Gracias a estos ‘esfuerzos’ es que el diario El País de Madrid (07/01/2010), se atreve a decir que en Colombia se perfilan dos ‘escuelas’ de pensamiento en la antesala de los comicios electorales: “La que sostiene que los recientes atentados de las FARC, con el brutal asesinato del gobernador de la provincia del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, prueban que la política de seguridad democrática es incapaz de acabar con la guerrilla, y la que, por el contrario, porfía con que hace falta una tercera oportunidad para que Uribe saje definitivamente ese absceso de la democracia colombiana”.

La primera es la posición de unos pocos, como el ex guerrillero Valencia, mientras la otra, reconoce El País, “…a la vista de los altísimos índices de popularidad presidencial, cabe poca duda de que es mayoritaria”. A pesar de lo cual, el diario madrileño le aconseja a Uribe “que se contente con ocho años de éxitos en la lucha contra la subversión, pero de profunda atonía en lo social”. Ya en octubre pasado, Miguel Ángel Bastenier, uno de los principales editorialistas de ese diario y entusiasta defensor de Hugo Chávez, escribió un libelo en el que afirma “que los desaguisados del Gobierno de Uribe harían sonrojar a un dictador”, y se refiere a su administración como un “museo de los horrores” (El País, 10/12/2009), así que la buena fe de las sugerencias de ese diario están en entredicho.

Y, por cierto, la andanada de consejos no pedidos para que el Presidente Uribe dé un paso al costado y no se postule a una nueva reelección, se está volviendo sospechosa, pues no deja de ser extraño que a Chávez, Evo, Correa, los Kirchner y otros, nadie les sugiera hacerse a un lado sino que, por el contrario, les sea reconocida la legitimidad de sus triunfos sin mayores cuestionamientos en tanto que los impresos extranjeros con mayor acogida en la región (El País, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal y The Economist), se vienen turnando semana tras semana para hacerle mal ambiente a una reelección tramitada dentro de las reglas constitucionales y respaldada por una amplia mayoría de la población. Razón tiene el Presidente de Colombia al recordar que esos medios “que hoy hablan del tema del referendo” no decían nada cuando “Colombia se desangraba por la violencia”.

Por su parte, el ex guerrillero León Valencia escribe en El Tiempo (03/01/2010): “La política de seguridad democrática ha llegado a su tope. Uribe no ha cumplido ni cumplirá la promesa de acabar con el conflicto armado. Mediante un incremento descomunal de la Fuerza Pública y de la inversión en defensa logró disminuir temporalmente los efectivos y las acciones de las guerrillas y los paramilitares, pero estas fuerzas están tomando un nuevo aire y un eventual litigio bélico con Venezuela puede catapultarlas”. Y luego añade: “El mundo ha cambiado, Colombia ha cambiado, los actores armados han mutado. Un proyecto de superación del conflicto y de reconciliación no puede ignorar las nuevas realidades”.

Valencia debería pedirle al gobierno español que no combata a Eta, decirle a Lula que no persiga a los violentos que controlan las favelas de Río de Janeiro, como consta en las recientes crónicas de Jon Lee Anderson para New Yorker Magazine, o rogarle a Obama que no haga nada contra los terroristas de Al Qaeda que iban a celebrar Navidad con otro ‘avionazo’. Ese “proyecto” del que habla Valencia es volver al Caguán, y para ello el primer paso es salir de Uribe, cosa que no queremos las mayorías. He ahí el desespero de los conjurados.

Publicado en el periódico El Mundo, el 11 de enero de 2010

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Ya de por sí es sospechoso que un movimiento marxista esté hablando de ‘esperanzas’ en vez de confiar en el materialismo histórico, pero es conocido de sobra el analfabetismo político de las Farc y su incapacidad para leer correctamente la realidad nacional y tomarle el pulso al sentir del país. De ahí que no sea de extrañar que la idea que están manejando internamente es esa de que “el presidente Álvaro Uribe Vélez será derrotado en las urnas, a pesar de que la Corte Constitucional avale el referendo”.

Deberían ver las encuestas recientes, si en realidad creen eso. Si el referendo es aprobado por la Corte Constitucional —y si luego se supera la barrera del umbral, que es el mayor escollo—, Álvaro Uribe ganaría sin atenuantes en la primera vuelta. Los datos de la encuesta de Ipsos – Napoleón Franco son concluyentes: el 57% votaría por Uribe y el segundo en votación, Gustavo Petro, apenas alcanzaría el 9%. Si bien es cierto que el apoyo a Uribe ha sido aún mayor en otras épocas, sus rivales se ven como liliputienses luchando contra Gulliver. Y esta medición se viene haciendo desde años, por parte de varias firmas encuestadoras, contratadas incluso por medios de comunicación que no apoyan al Presidente Uribe, con iguales resultados: una abrumadora mayoría exige la reelección.

En realidad, la única alternativa viable para las Farc es que la Corte Constitucional niegue el referendo, muy probablemente mediante una salida ‘elegante’ que deje contento a todo el mundo o, por lo menos, que no genere frustración en las mayorías. Una de ellas podría ser la de permitir un referendo que apruebe la reelección pero para el 2014, siguiendo el argumento de los puristas que creen que la pregunta por la que cuatro millones de personas estamparon su firma, fue mal formulada. Otra salida ‘elegante’ podría ser la que sugiere la Revista Semana (12-12-2009) en sus Confidenciales: “…considerar que los múltiples vicios de procedimiento que se han denunciado son subsanables y en consecuencia se tendría que devolver el texto al Congreso para que los enderece. Como esto tomaría un período legislativo, el proceso terminaría después de las elecciones, lo que sería una manera elegante de hundirlo, sin querer queriendo”.

Aún así, la Seguridad Democrática mantiene por lo menos un as bajo la manga, que sería Juan Manuel Santos, quien como Ministro de Defensa le propinó a las Farc los mayores golpes de su historia. En el caso de que Uribe no esté en la contienda electoral, las encuestas muestran el favoritismo por Santos, a pesar de que su campaña aún no se ha iniciado, y de que serán muchos más los que se sumen a su candidatura cuando Uribe lo unja como su sucesor. No todos los votos son endosables, por supuesto, pero el pueblo colombiano no va a ir al matadero con los ojos vendados, a entregarse en brazos de Chávez y las Farc, o de lo que indique esa gavilla tenebrosa de la que hacen parte Piedad Córdoba, Ernesto Samper, César Gaviria y hasta Andrés Pastrana, viudos del poder que pretenden arrebatarlo a cualquier costo.

Para perjuicio de las Farc, la Seguridad Democrática continuará en 2010 con o sin Uribe. A las Farc no les bastará con esconderse y evadir a las autoridades, pues quedarán condenadas al ostracismo; las acciones de mínimo impacto no les alcanzarán para hacer ver impotentes a las Fuerzas Militares y de Policía; y el trabajo político de sus compañeros de ruta seguirá hundiéndose en el desprestigio. El único salvavidas de las Farc es Hugo Chávez, pues del expolio del petróleo venezolano depende el Movimiento Continental Bolivariano, o sea la expansión del comunismo en toda Latinoamérica. Pero ya Chávez se encargará de labrar su propia tumba solito.

Publicado en el periódico El Mundo, el 21 de diciembre de 2009

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La Seguridad Democrática no puede entrar en “declive”, como dice la voz interesada de León Valencia y su Corporación Nuevo Arco Iris, simple y llanamente porque no se trata de un capricho del actual gobierno sino de la base fundamental del contrato social: la preservación de la vida, honra y bienes de los asociados.

Uno de los mayores alcances de la era Uribe es el haber vencido esa monstruosa concepción que predominaba en el país según la cual no se podían combatir los grupos ilegales bien por razones filosóficas (por el supuesto altruismo guerrillero) o bien por razones prácticas (que el Estado —decían— no podía derrotar a las guerrillas). Esa extravagancia redundó en la renuncia del Estado a ejercer el control y la ley.

Los argumentos de León Valencia para sustentar su afirmación son conceptualmente pobres, y están encaminados a vender la idea de volver a la mesa de negociaciones. Según el informe de Nuevo Arco Iris, el “declive” de la Seguridad Democrática estaría condicionado por el hipotético resurgimiento de las Farc y el supuesto fracaso de la negociación con los paramilitares.

Pero es muy cuestionable afirmar que una guerrilla se está reactivando por el hecho de incrementar las áreas sembradas con minas antipersonal o por usar francotiradores. Eso no sólo es una práctica de terrorismo mondo y lirondo —sobre todo contra la población civil— sino una muestra evidente de debilidad, de que no tienen control territorial como en el pasado y de que carecen de capacidad para enfrentar a las tropas que desarrollan operaciones ofensivas incluso en territorios que históricamente les pertenecían.

La guerrilla está arrinconada selva adentro; lleva años sin poderse tomar un pueblo (en Caloto lo intentaron sin éxito), secuestrar personalidades o ejecutar grandes intentados; ha perdido miles de combatientes, entre muertes, capturas y desmovilizaciones, incluyendo una decena de cabecillas y tres miembros del secretariado; y está plagada de niños y mujeres sin convicciones políticas. ¿Cuál es, pues, ese resurgimiento?

En cuanto al fenómeno paramilitar, Valencia aduce que hay un reciclaje del viejo paramilitarismo como producto de una negociación de paz “mal hecha” que fracasó y “se fue al carajo”; y sostiene que “el símbolo del fracaso es Medellín”.

Ya el ex presidente Gaviria había hecho política meses atrás con el tema de Medellín. En 2009, la cifra de asesinatos podría llegar a 2.000, lo cual es un incremento importante en comparación con los 1.066 homicidios del 2008 —no 833 como falsamente informa la revista Semana (23/11/2009)— y con los 788 del 2007, pero se está aun muy lejos de los 6.658 asesinatos de 1991.

Decir que la violencia de Medellín es producto del paramilitarismo no es acertado. Voces más autorizadas como la del ex alcalde Sergio Fajardo, atribuyen la mayoría de los muertos a enfrentamientos entre bandas por el control de los distritos de vicio, cuyo consumo está disparado gracias a ese cuento del “libre desarrollo de la personalidad”. Asimilarlas a paramilitares por el hecho de haber pertenecido en el pasado a las estructuras de ‘Don Berna’ es un error de juicio cuando se sabe que estos combos son mercenarios que se venden al mejor postor.

A la visión interesada de León Valencia se le olvida también que muchas fallas de la seguridad en Colombia son atribuibles a otros factores, como la laxitud judicial, la impunidad constante, el régimen carcelario que permite delinquir desde adentro, la corrupción y falta de compromiso de muchos miembros de la Fuerza Pública, la disminución de la iniciativa de los agentes del Estado por miedo a los castigos judiciales, etcétera.

Nada conduce a concluir que las Fuerzas del Estado hayan mermado su rendimiento; tal vez, sí, que hay algunas manifestaciones de violencia que se han exacerbado, como se esperaba en el post conflicto, por lo que se requieren ajustes. Pero querer significar, en plena campaña electoral, que la seguridad —con cualquier apellido— es un esfuerzo inviable, es un sórdido esperpento cuya formulación lleva implícito un cálculo político. Por eso tantos colombianos temen que al terminar el gobierno de Uribe, Colombia vuelva a lo de siempre. ·

Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de noviembre de 2009

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Lamentablemente, ese es el clima de intolerancia que se percibe en torno de la CSJ, en cuyo seno parece que no se estima la libertad de expresión que distingue a cualquier democracia, y que en la nuestra está consagrada en el Artículo 20 de la Carta Política. Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señala que la libertad de expresión vive un asedio constante, en el continente americano, por parte de algunos gobiernos y del crimen organizado, en el caso colombiano es la Honorable Corte la que trata de acallar algunas voces que le resultan incómodas.

Hace unas semanas se conoció que algunos magistrados de la CSJ cometieron el desliz de señalarle a los directivos del periódico El Tiempo, el disgusto que les causaban las opiniones de José Obdulio Gaviria, Mauricio Vargas, María Isabel Rueda y Fernando Londoño Hoyos. Sin embargo, según opositores del Gobierno, el asunto no fue tan grave. La columnista María Jimena Duzán (Semana, 31/10/2009), afirma que fue El Tiempo el que invitó a los magistrados a una reunión en la que “el único momento difícil fue cuando el magistrado Socha, ya al final, dijo que él no entendía por qué a Claudia López la habían sacado por cuestionar los intereses del periódico y en cambio sí dejaban que José Obdulio les dijera de todo a los magistrados de la Corte”. Duzán confirma que sí hubo reclamos contra los otros tres columnistas, pero —concluye— que no “dejaron de ser eso, simples reclamos”.

¿Simples reclamos?

Con el mismo criterio del magistrado Socha Salamanca, el Gobierno nacional podría reclamar en casi todos los medios de comunicación del país por la presencia de comentaristas que le dicen “de todo” al Gobierno, incluyendo comentarios ofensivos y desobligantes contra los ciudadanos que lo apoyan, como la afirmación injuriosa del analista argentino Juan Gabriel Tokatlián, quien aduce que “el término ‘uribismo’ expresa una coalición de derecha, civil y armada…” (Cambio, 5/11/2009).

Por expresiones como esa, no son pocos los que consideran que la libertad de prensa en Colombia se aproxima demasiado al libertinaje, en buena parte porque el Gobierno entiende que es mejor permitir los excesos que incurrir en ominosos recortes de las libertades. Es así que el periodista francés Jaques Thomet –ex corresponsal de EFE en Colombia–, les dice a los analistas de oposición que “sólo su régimen democrático tolera, sin reaccionar, sus insultos repetidos contra el Presidente de Colombia. (…) ¡Todos ustedes serían detenidos si sus periódicos se publicaran en Francia!”.

No obstante, esos son ‘lujos’ que sólo se pueden dar las instituciones que obren abiertamente, de cara a la opinión, y la CSJ no parece estar entre estas.

Por primera vez en muchas décadas, Colombia es un país deliberante, donde se han vuelto a discutir abiertamente todos los temas. Tal avance encarna la recuperación de la democracia real, gracias a la Seguridad Democrática que ha permitido la reconquista de vastas zonas de la geografía nacional que estaban bajo control de fuerzas armadas ilegales, lo que le ha devuelto a las comunidades la soberanía de sus ideas, de sus palabras y hasta de sus reclamos.

En Colombia se había vuelto imposible expresarse en contra de los actores armados y hasta de los poderes públicos. Nunca antes los formadores de opinión habían contado con tantas libertades para ejercer su profesión como hoy; nunca antes, tampoco, habían estado tan divorciados de la opinión de las masas. Pero si algo ha garantizado el ‘Estado de Opinión’ que se ha configurado hoy en el país es el respeto por la pluralidad de opiniones y por el disenso, en particular. Los críticos del Gobierno han gozado de todas las garantías, desbordando ciertos límites que exige el decoro y que impone el Código Penal.

En contraste, tal parece que “el siglo de los jueces” se caracteriza por la intransigencia de estos hacia la crítica. Si el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araujo, ha sido el coco de muchos periodistas y medios de comunicación, que han sido demandados por dar a conocer su cercanía con el narcotraficante italiano Giorgio Sale —con el que también se relacionaban algunos magistrados de la CSJ—, las actitudes de los miembros de la Corte Suprema hacen presumir que una de las principales víctimas de su despotismo será la libre expresión.

Validez de las críticas a la Corte

Pero, yendo al fondo del asunto, lo que hay que debatir con cordura es si las estimaciones y razonamientos contrarios a las decisiones de la Corte son válidas o no. ¿Acaso la CSJ es víctima de críticas gratuitas, injustas o motivadas por oscuros intereses? ¿Está siendo el Alto Tribunal objeto de ataques ‘similares’ a los que recibió hace 24 años —como argumenta su presidente, Augusto Ibáñez—, cuando se produjo la toma del Palacio de Justicia? En realidad, hay razones para considerar que no existe una persecución y que las críticas son justificadas.

Es preciso afirmar que, ante las actuaciones abusivas de la Corte, la impugnación de la que son objeto algunas de sus providencias y disposiciones, por parte de la prensa o de la opinión pública, es un acto legítimo de carácter constitucional, un derecho reconocido y valorado por todas las democracias para contener las arbitrariedades.

Un breve repaso a los actos de la CSJ que han despertado más inquietudes demuestran que hay motivos de sobra para preocuparse por su desempeño y que las críticas son justas por sus excesos.

Sería imposible cerrar los ojos a los choques de trenes con otras cortes, donde la CSJ demuestra ser intransigente y autoritaria, sobre todo cuando desacata decisiones de otros tribunales como la que se tomó a favor del ex congresista Iván Díaz Mateus. Igualmente, es imposible no preocuparse ante las relaciones de magistrados con personajes de dudosa reputación; o por la persecución contra el Jefe del Estado, con casos de falsos testigos y conductas inapropiadas de magistrados auxiliares, y advertencias amenazantes con el cuento de llevar al Presidente ante la CPI; o por la falta de ecuanimidad para juzgar la farcpolítica con el mismo rasero que han usado en la parapolítica.

Como si fuera poco, inquietan los cambios en su propia jurisprudencia, que generan inseguridad jurídica; su indisposición frente a la Ley de Justicia y Paz; el manejo errático de las autorizaciones de extradición; la intimidación de políticos de la coalición de gobierno; la manera de obstaculizar el buen funcionamiento del Estado, como en su obstinada renuencia a escoger el nuevo Fiscal General; o el planteamiento de nuevas concepciones jurídicas a la luz de lo que el magistrado Ibáñez ha bautizado “el siglo de los jueces”, como esa de querer imputarles a los acusados por parapolítica los delitos de lesa humanidad que hubieren cometido los paramilitares.

Sin duda, no se trata de temas menudos sino de asuntos de largo alcance que exigen el mayor debate nacional y no pueden ser tratados solamente entre los muros del Palacio de Justicia. Menos aún cuando la Corte Suprema carece de atribuciones legales y de representatividad para tomar ciertas decisiones que la convertirían en un poder supremo en Colombia. Al parecer, los honorables magistrados se están tomando muy a pecho la sentencia del Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo: “El mundo necesita jueces que se enfrenten al poder”, incluso al ‘cuarto poder’. ·

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• Consultas, encuestas y oposición
• ¿Por qué hilar tan delgadito?

Valga decir que la popularidad y aprobación del actual gobierno es, en buena medida, atribuible a muchos columnistas, analistas y dirigentes de moderado o marcado sesgo de izquierda, que desde que Álvaro Uribe tenía el 2% en las encuestas, a comienzos del 2002, lo convirtieron en blanco de toda clase de acusaciones, y descalificaban de plano su propuesta de seguridad con el argumento falaz de que nos iba a conducir a una guerra total que no iba a dejar piedra sobre piedra.

Es más, esos mismos críticos, desde sus cómodos escritorios, insistían osadamente en mantener diálogos de paz con las Farc como si no se hubieran enterado de todo lo ocurrido en el Caguán: el fracaso absoluto de ese proceso, la forma descarada como las Farc se burlaron de una administración —la de Pastrana— que les tendió una mano más que generosa, la forma en que la subversión arreció sus ultrajes contra los colombianos.

Sin duda alguna —y afortunadamente—, eso quedó tan atrás que hoy es como hablar de historia patria. Desde los primeros meses del Gobierno de Uribe la situación mejoró dramáticamente, las Farc se replegaron y de inmediato empezaron a desencadenarse signos claros de recuperación cuando la Fuerza Pública volvió a hacer presencia en todas las regiones, retomando el control de territorios de los que nunca debió haber salido. Sin embargo, la mayoría de columnistas y dirigentes no reconocieron progreso alguno; más bien ironizaban sobre la posibilidad que tenían los ricos de volver a sus fincas y nada más.

Por eso, lo que la revista Cambio llama “club (de columnistas) anti-reelección” es, simplemente, un club anti-uribe, que lleva siete años remando contra toda evidencia, con escasa credibilidad entre la opinión. Decía Santayana aquella frase manida de que “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Y si bien se ha creído siempre que el colombiano promedio es desmemoriado, aquí el recuerdo de lo que era Colombia hace una década aún está fresco y hasta las comparaciones menos odiosas ponen un abismo de por medio entre la situación de antes y la de hoy.

Eso que Semana llama la “intelligentsia colombiana” ha sido demasiado miope como para percatarse de que para las mayorías de todas las pelambres, los gobiernos anteriores fueron tiempo perdido para el país, y que si un gobierno como este hubiera llegado antes nos hubiéramos ahorrado muchos padecimientos.

Al colombiano común le importan poco las formas democráticas mientras haya mejoras tangibles, y en eso este gobierno lleva años luz de ventaja. Tratar de explicar el divorcio entre el pueblo y la “intelligentsia” con el argumento de que todo obedece al “enorme poder mediático del Presidente” y a la influencia suprema de la televisión, es de una lamentable pobreza conceptual. Si la cosa es así, que se postulen Amparo Grisales o Robinson Díaz.

De otra parte, hay quienes zanjan el asunto de manera más simple, poniendo en duda el exuberante respaldo popular del Presidente. El ex magistrado Alfredo Beltrán Sierra especula que no puede entenderse el referendo como una petición del pueblo porque su voluntad “fue expresada por una porción de alrededor del 5% del censo electoral y no por la totalidad de los votantes. Quiere decir que el 95% del pueblo no se ha pronunciado” (El Espectador, 03-10-2009). Pues, de eso se trata el mecanismo, de permitir que todos se pronuncien y puedan dejar por sentado que la última palabra es la del constituyente primario, no la opinión de algunos privilegiados, por ilustrada que esta sea. ·

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Colombia es un país con un debate público vital, vibrante, que viene de un pasado oscuro y ha recorrido un camino de franca recuperación, pero aún no es la Nación que anhelamos. Comparto plenamente la tesis de quienes sostienen que tenemos una democracia respetable, incluso sofisticada, como dijera la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Louise Arbour.

Tenemos instituciones tanto o más fuertes que las de muchos países de mejor prosapia. Nadie imaginó siquiera la posibilidad de que un niño humilde, maltratado por sus tutores en el último rincón de Colombia (las selvas del Guaviare), fuera cobijado por la mano larga —y para el caso blanda— del Estado, a través del Bienestar Familiar, y llevado hasta Bogotá para garantizar su atención por casi tres años, como ocurrió con Emmanuel Rojas. Eso es posible sólo en un país que ha avanzado más que el promedio en el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de la población; un país que ha avanzado mucho más de lo que suele reconocerse. Y sobran ejemplos.

No obstante, para los críticos antropófagos, somos un desastre, somos un país donde se violan todos los derechos y se legitiman todas las injusticias. Claro que en todas partes se cuecen habas. Hace poco, una comisión británica que visitó el país, compuesta por políticos y sindicalistas de izquierda, se manifestó escandalizada por la situación de los derechos humanos en Colombia, y pidieron que Gran Bretaña no nos ayude más y que se nos castigue cerrándonos la posibilidad de efectuar convenios comerciales con Europa. Pero por los mismos días (el 1º de abril) vimos a unos policías de Londres moler a palos a Ian Tomlinson, un ciudadano que pasaba cerca de una manifestación contra el G-20, causándole un infarto fulminante. Ya en julio de 2005, la policía londinense había asesinado al ciudadano brasileño Jean Charles de Menezes en el metro, creyendo que se trataba de un terrorista suicida que portaba explosivos bajo el abrigo. Y los irlandeses siempre se quejaron de los atropellos de las fuerzas británicas en su lucha contra IRA.

También nos critican algunos sectores ‘progresistas’ de los Demócratas en Estados Unidos. No vamos a entrar en detalles históricos que sería sumamente dispendioso condensar aquí, pero no en vano ha sido hasta motivo de estudio la largueza con la que los norteamericanos actúan en el resto del globo, usando normas dobles para calificar de una manera sus actos y de otra, muy distinta, las actuaciones de sus enemigos (eso que Michael Ignatieff y otros analistas llaman el “excepcionalismo americano”). Pero, para no ir muy lejos, EE.UU. acaba de bombardear una aldea en Afganistán matando a más de 100 civiles, y no hace más que unos meses el gobernador de Illinois quiso vender el asiento senatorial de Barack Obama, como en el carrusel parlamentario que es tan típico de nuestro Congreso.

Francia, el faro de la libertad, se opuso durante largos años a cualquier tentativa de rescate de la ciudadana ‘francesa’ Ingrid Betancur (como se escribe en Antioquia, de donde era oriundo su papá, y como figura en su cédula). Esa oposición cerril de la familia de la secuestrada y de muchos líderes de ese país, incluyendo al presidente Sarkozy, recibió una clara bofetada a mediados de abril, cuando las fuerzas francesas trataron de rescatar por la fuerza a ciudadanos de su país secuestrados por piratas somalíes en el cuerno de África, dando como resultado la muerte del ciudadano galo Florent Lemacon.

Esas son apenas unas muestras de que los colombianos no tenemos que agachar la cabeza avergonzados cada vez que alguien nos critica, y que ningún país del mundo, por poderoso y rico que sea, tiene suficiente autoridad moral para entrometerse en nuestros asuntos. Sabemos nuestras fallas y trabajamos en diversos caminos por solucionarlas, con muchos problemas y limitaciones, claro está, pero estamos sobre el rumbo correcto.

La seguridad democrática

No deja de ser paradójico que al simple hecho de cumplir el contrato social, representado en la norma constitucional y reglamentado en diversas leyes, hubiera sido necesario ponerle apellido para que, finalmente, dejara de ser un hijo bastardo que nadie reconocía. Por años, pudo más el germen de la ideología, que desacreditó las tareas de seguridad convirtiéndolas en una execración abominable como la lepra, que el reclamo incesante de la comunidad para que se acabara la dictadura de los grupos violentos. Sin embargo, nos hemos convencido de la obligatoriedad de enfrentar con valentía el despotismo de quienes, amparados en vanas ideologías o insanas ambiciones, pretenden subyugar a la Nación.

Y lo que se ha ganado es mucho, a pesar del cinismo de algunos que ironizan que lo único que se recuperaron fueron las carreteras para viajar a las fincas. Si así fuera, quedaría claro que también se recuperaron los campos, pues de otra manera no se podría ir a las fincas que llevaban años de abandono. Pero, saliéndonos de esos artificios retóricos, es una pose lamentable ignorar hechos tan notorios como la ostensible reducción de los casos de secuestro; la drástica caída en el índice de homicidios; el desmonte de los grupos paramilitares —lo que siempre fue una exigencia de los grupos guerrilleros para alcanzar acuerdos de paz—; el regreso de la Policía a todas las cabeceras municipales —y aun corregimentales— del país; y la presencia de las Fuerzas Armadas en todas las regiones, cuya consecuencia principal es el inocultable —y acaso irreversible— debilitamiento de las guerrillas comunistas.

Todavía falta mucho para que Colombia sea un país sin problemas de seguridad pero estamos en una situación diametralmente opuesta a la que teníamos cuando empezó el milenio, época en la que pocos dudaban para usar el término “estado fallido” al referirse a Colombia. Sin embargo, el post conflicto al que estamos llegando va a arrojar nuevas dificultades que son entendibles en la dinámica de superación de los problemas en que se encontraba el país. La destreza con las que sean solucionadas va a ser esencial en la construcción de la Colombia que todos deseamos. Y ¿cuáles son esas dificultades? En términos generales, las relacionadas con la reinserción de los combatientes, lo que paradójicamente ha disparado la violencia en muchos países tras la resolución de los conflictos.

La seguridad ciudadana

Pero para no extendernos demasiado en el tema, toquemos otro aspecto —la otra cara de Jano— que es de vital importancia para la consolidación de la seguridad como es la seguridad en las ciudades; lo que debiera ser el próximo capítulo de la seguridad democrática. A los colombianos nos preocupa el resurgimiento del sicariato y las vendettas de narcotraficantes en las calles de las principales ciudades, las peleas de las pandillas o los combos por el control de los expendios de drogas y las extorsiones a diversos tipos de negocios legales, como el transporte urbano o las ventas de lotería. También nos preocupan el “fleteo”, el maltrato infantil, la violencia en los estadios, la inimputabilidad de los menores y muchas cosas más. Pero, en el fondo, lo que más inquieta a la ciudadanía es la falta de una clara política criminal así como de una política carcelaria menos permisiva.

El ciudadano de a pie reclama medidas efectivas para combatir la criminalidad y, como no encuentra una respuesta acorde con sus demandas, acude a medidas que no pocos consideran desesperadas, como el referendo de prisión perpetua para los violadores de menores. En ese orden de ideas toman vuelo propuestas absurdas como la de duplicar las penas para quienes cometan “crímenes de odio” contra la comunidad gay. ¿No será más bien que hay un exceso de garantismo judicial que pone su cuota de violencia en las calles? ¿Acaso no es un exabrupto que las bondades del sistema acusatorio —y la confianza en la justicia— se pongan en entredicho por culpa de tecnicismos insustanciales? ¿A quién le conviene este estado de turbación de la tranquilidad urbana y la postración de los jueces ante el crimen?

Si las prevenciones que existían frente a las tareas de seguridad —de las que hablamos antes— se han subsanado en un buen grado, la justicia está permeada por corrientes del “nuevo derecho” que aducen que las penas de prisión deben ser la última alternativa del castigo porque la cárcel no entraña justicia sino venganza y porque no contribuye con la socialización.

Como si fuera poco, la congestión de las cárceles, el hacinamiento, las condiciones indignas de reclusión —etcétera—, son asuntos que tratan de subsanarse de la manera más fácil, con beneficios de disminución de pena, o de casa por cárcel, todo lo cual contribuye a empeorar el cuadro de impunidad nacional que llega al 97% (según un estudio de la Unión Europea) y que produce más violencia cuando la gente decide hacer justicia por mano propia.

En síntesis, la convivencia pacífica de los colombianos, sólo será posible cuando la seguridad democrática sea complementada con altos índices de seguridad urbana, y para lograrlos hay que ir más allá de instalar cámaras, comprar más patrullas y poner más policías.

Será cuando la justicia derrote la impunidad que podremos vivir en paz.

Publicado en la Revista Ahora, de agosto de 2009

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