En esto no hay disculpa. Si el presidente Uribe decidió abstenerse de debatir en público con sus oponentes en la campaña de reelección sólo se debió al clima de intemperancia verbal existente en el momento, del cual era víctima. Ya había sobrevivido a una campaña en la que recibió toda clase de insultos y era previsible que no se iba a exponer a más debates agraviosos en los que, al margen de ese enojoso asunto, le habría dado sopa y seco a cualquiera.

Acaso Pérez y Naranjo estén pensando en lo mismo: en la posibilidad de que sus administraciones pasadas sean puestas en tela de juicio y se recuerden episodios polémicos, pero son casos diferentes no sólo porque su negativa al debate les quita votos (ellos no son Uribe) sino porque tienen realizaciones para mostrar, conocimiento y visiones de ciudad más o menos interesantes. Además, sus contrincantes son de poco peso e inexpertos. No cabe duda de que sus ausencias son un desacierto y un irrespeto.

Pero, al margen de eso, ¿alguien sabe qué proponen los candidatos? Sergio Naranjo apela a un populismo torpe para prometer 100 mil empleos anuales. Luis Pérez quiere repetir el error de los computadores pero esta vez regalándolos, y ofrece vías de segundo piso a precio de huevo, 12 mil millones por kilómetro, cuando aquí se han hecho puentes de 200 metros por cifras similares y hasta superiores -el puente del Éxito de Envigado valió casi 30 mil-, lo que evidencia un desfase en las cifras. Gabriel Jaime Rico tiene una visión de vocación de negocios en salud para Medellín y un larguísimo programa de gobierno que deja la impresión de que el que mucho abarca poco aprieta. Además, nadie se va a tomar el trabajo de leer ese mamotreto. Carlos Ignacio Cuervo saltó a la palestra por la deslealtad del Partido de la U al retirarle su aval y alinearse con sectores antiuribistas, lo que demuestra el oportunismo de esa formación. Y Alonso Salazar habla de hacer unos puentes sobre el río porque le preocupan las fuertes críticas a la débil gestión que en materia de movilidad ha tenido su jefe, y promete continuar la obra de Fajardo y hacerse acreedor al Premio Argos, con el que se distingue al que más eche cemento por todas partes en obras innecesarias, inconsultas, improvisadas, injustificadas y sobreestimadas, como sucede en la administración que termina.

Y a propósito de Salazar, como en política no sólo hay que ser honesto sino parecerlo, no basta con que el alcalde Fajardo se mantenga repitiendo a diario que él es transparente y los demás no, que los otros hacen “política de cañería”. Si algo le consta, su obligación es denunciar ante las autoridades judiciales y los entes de control y no quedarse en ese discurso infantil que señala honras y deshonras ‘ad hóminem’.

Fajardo considera que el negocio de Orbitel fue decoroso por ser ejecutado por sus níveas manos y las de su escudero Gaviria. Pero si se miran con atención las denuncias del Presidente del Concejo, Mauricio Tobón Franco, es evidente que si ese negocio lo hubiera hecho otro (¿Pérez, Naranjo?), el escándalo sería de proporciones mayúsculas. Igual, si fuera otra la campaña a la que hubieran llegado tres secretarios de la administración que hasta hace unas horas estaban ejecutando contratos.

Es evidente que los únicos opcionados a la Alcaldía son Pérez, Naranjo y Salazar. A los tres les compete la responsabilidad de señalar en términos concretos sus propuestas fundamentales, los objetivos y metas que pretenden alcanzar y mediante qué estrategias desean hacerlo. Y por cierto que, como muchos somos los ciudadanos que no creemos que la administración que termina sea imponderable, cabría muy bien expresar en qué van a diferenciarse de ésta porque mientras Naranjo y Salazar crean que declararse continuistas les va a reportar votos las encuestas dicen lo contrario. Por ahora, ante tan deslucidas campañas, que entre el diablo y escoja.  ·

Publicado en el periódico El Mundo, de Medellín, el 20 de agosto de 2007

Artículos relacionados:

• ¿Quién gobernará a Medellín?
• Campaña rastrera
• Una sugerencia para el nuevo alcalde
• Mi voto por Medellín
• ¿Ser pobre es un mérito?

El fin de semana último, en el barrio Belén Aguas Frías (un barrio pobre), un joven asesinó a una vecina y a su hija, e hirió a otra hija de la víctima y a una vecina, y todo por un balón, por un miserable balón viejo: de la cancha de fútbol patearon fuerte el balón y cayó en el techo de la casa de la señora, quien ya antes se había negado a entregar otro balón.

La solución más expedita era ir a la casa por el «fierro» y matar a la «cucha» y a todo el que se atravesara porque la impunidad es fértil en Colombia, donde los pobres puede que no tengan para comer pero no les falta para el arma; aquí cualquiera tiene revólver o pistola, y casos se han visto de delincuentes comunes con ametralladoras y fusiles de largo alcance.

Colombia es el único país del mundo donde cualquier pendejo lo mata a uno. Por mirarlo. Por mirarle el trasero a su moza de turno. Por cerrarlo con el carro. Por pitarle. Por poner la música a alto volumen. Por no dejarse banderiar. ¿Por no dejarse banderiar? Sí, por no dejarse molestar como Andrés Escobar.

Con un violento no se puede alegar ni por un gol porque termina uno con huecos en el cuero. Cuando Humberto Muñoz Castro, trabajador de los hermanos Gallón Henao, asesinó a Andrés Escobar, el alcalde de Medellín de ese entonces, Sergio Naranjo, prohibió el porte de armas con o sin salvoconducto. Hubo controles y numerosos decomisos. La medida se mantuvo uno o dos meses y luego se cayó porque tenía muchos enemigos; gente irracional que piensa que «uno tiene derecho a estar armado para defenderse».

Nada más falso. Uno solo con un revólver no puede hacer nada frente a cinco bandidos armados hasta los dientes. Para eso debe existir una Policía muy fuerte que nos defienda a todos y las armas deben ser exclusivas del Estado: del Ejército y la Policía.

¿A quién le conviene lo otro? A los delincuentes primero que todo, pero también a las funerarias y a la industria militar: a los comerciantes de la muerte. El arma que asesinó a Andrés Escobar estaba amparada: fue vendida por la Cuarta Brigada de Medellín. ¿Qué hacía un arma ‘legal’ en manos de un individuo con antecedentes penales, que trabajaba para personas de dudosa reputación?

Que un Estado venda aguardiente para pagar la salud y la educación es pasable pero que venda las armas con las que se asesinan 30 mil colombianos al año es imperdonable. El 90 por ciento   de los colombianos de bien no tenemos armas, no las necesitamos porque ni siquiera seríamos capaces de usarlas, pero somos víctimas de esos colombianos que nos avergüenzan ante el mundo.

En nuestro país debe haber un desarme total ordenado y controlado por el alto Gobierno, porque a grandes males grandes soluciones. ¿Cuándo tendremos políticos honestos que paren el desangre con medidas efectivas? Ya lo dijo el Nuncio Apostólico el año anterior: «Colombia es un peligro para el mundo». Cuando Estados Unidos opine lo mismo nos someterá como a Irak y a Yugoslavia. Hay que cambiar y un buen comienzo es desarmando a la población. ·

Artículos relacionados:

• Armas e intolerancia
• ¿Prohibir el porte de armas?
• Corre sangre bajo el puente
• Armas, pensiones y tetas
• Una justicia sectaria