Y como nadie hizo nada para detener esa dinámica de violencia, Medellín alcanzó, en 1991, el tope de 6.658 homicidios, sin contar los demás municipios del valle de Aburrá. El año pasado hubo 2.186, cifra sensiblemente inferior a la del 91 si consideramos que hoy tenemos un millón de habitantes más que hace 20 años (cifras de Medicina Legal, cuyos datos científicos ofrecen una estadística más confiable que la de la Policía Nacional).

Eso, sin embargo, no le resta gravedad a la actual situación, que se asemeja a la de los 80 en el hecho de tratarse, por ahora, de una confrontación entre bandidos que se matan entre sí. Pero ello no puede ocultar que esta barbarie ha afectado gravemente a las comunidades donde se escenifica y que hay un peligro real de que esto se expanda a toda la ciudad y al resto del país, encarnado en pandillas de gánsteres organizados para controlar el negocio de las drogas y extorsionar los negocios legales, lo que truncaría el propósito inaplazable de llevar la seguridad democrática a su siguiente nivel, que es la seguridad ciudadana.

¿Qué hacer para evitar esto? Tiene razón el alcalde Salazar al pedir la intervención del Gobierno Nacional y solicitar reformas de los códigos Penal y de Procedimiento Penal, que se convirtieron hace rato en el mayor obstáculo para aplicar pronta justicia, combatir la impunidad y sentar bases para la convivencia.

No es suficiente una reforma cosmética que se quede en temas como la transformación del Consejo de la Judicatura o el fortalecimiento de la gerencia de la Rama Judicial. Todo eso es importante pero lo que la gente pide a gritos es aumentar las penas, reducir los beneficios, frenar el garantismo desmedido y crear jurisdicciones especiales para casos especiales. Quitarle a la justicia esa venda que no la deja ver, que debe ser símbolo de imparcialidad y no de impunidad e inoperancia, como aquí.

A diario, los organismos de seguridad del Estado capturan a peligrosos delincuentes que los jueces liberan con un afán que indigna. La interpretación del concepto de ‘flagrancia’ se aplica -pisoteando el espíritu de la ley en aras de preservar nuestra tradición de gramáticos- tomando al pie de la letra una acepción del diccionario de la RAE que excluye específicamente la fuga: (‘en flagrante’) “En el mismo momento de estarse cometiendo un delito, sin que el autor haya podido huir”. O sea, si el asesino da un paso de huida, ya no hay flagrancia y toca pedirle el favor de que pare a tomarse una gaseosa mientras un juez le expide la orden de captura. De lo contrario, como la semana pasada, vale huevo que el criminal haya asesinado a un policía con un AK-47. Si huía, no había flagrancia, y si el policía murió en la clínica -y esto sí es el colmo-, no hay certeza para el juez de garantías de que su deceso sea producto del balazo recibido y no de una gripa. ¿Quiénes son los legisladores responsables de estos disparates?

Claro que los jueces también podrían poner de su parte, como en el caso del homicidio del juez Diego Fernando Escobar, en el que hubo inusitada diligencia para capturar, investigar, registrar la vivienda del sicario y legalizar la captura, que se dio en un bus casi una hora después del crimen.

En fin, queda mucha tela por cortar, pero un buen inicio es reformar la justicia para que no tenga excusas y haga lo que le toca.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 31 de agosto de 2010

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El problema de pandillas violentas que controlan el negocio del microtráfico de drogas no es exclusivo de Medellín ni de Colombia. El mismo existe en las favelas de Río de Janeiro y en toda Centroamérica, con el protagonismo de las ‘maras’, cuya influencia llega hasta los Estados Unidos. Igualmente, la oleada de violencia en México está directamente relacionada con el tráfico de narcóticos, y en Caracas, que se disputa con Ciudad Juárez el deshonroso título de ser la ciudad más violenta del mundo, son las pandillas de la droga las que mandan en los barrios.

En el primer mundo también se dan casos de esta violencia que da cuenta de una segregación económica y social. Hace unos años sucedió en Clichy-sous-Bois, una ciudad de los suburbios de París, donde se amotinó, según Sarkozy, la chusma, la escoria, la canalla que incendió cientos de carros y destruyó decenas de almacenes en muchas ciudades francesas. En ese entonces decíamos que “las razones de descontento de los revoltosos de París son las mismas de los muchachos pobres de Medellín: no tienen acceso a educación de calidad, les niegan trabajo al conocer su origen, no hay maneras de redimir su pobreza en el corto plazo, se ven humillados por las diferencias de clase y no hay certidumbre que los haga sentirse ciudadanos”. Y nos preguntábamos: ¿por qué (los nuestros) no vienen de los barrios marginados a quemar carros y saquear comercios, qué los detiene? (El Tiempo, 16/11/2005).

Claro que no en todas partes se esgrime el problema de la pobreza como la causa de la violencia. El sacerdote Alejandro Moreno, director del Centro de Investigaciones Populares de Caracas (CIP), señala que ni la pobreza ni las condiciones de vida de los sectores populares explican la violencia delincuencial y que esa es “una creencia anclada en gran parte de la opinión pública que debe ser desmitificada”. Para Moreno, las circunstancias fundamentales que explican los niveles de violencia del país vecino son “la abundancia de armas en la calle y la facilidad para adquirirlas, y la debilidad del Estado para ejercer el control y el orden de las cosas”. Y concluye: “esta situación va a crecer si no cambian las circunstancias en las cuales nos encontramos. No me refiero a la pobreza, sino a la presencia de armas en la calle, a la disolución y al debilitamiento de las instituciones del Estado, al abandono de las comunidades a sí mismas, al sometimiento de las comunidades a la acción de cualquier forma de violencia” (El País, 18/04/2010).

Tanto en Rio de Janeiro, como en Centroamérica, Caracas y Medellín, las pandillas ya dieron un paso adelante en su actividad criminal al ejercer control territorial e incursionar en el ámbito de la extorsión generalizada, haciendo insoportable la vida de las comunidades. Es decir, en primera instancia, hay apropiación violenta de territorios con el fin de monopolizar la venta de drogas, cuyas utilidades no son nada despreciables. Y, luego, no contentos con las ganancias del microtráfico, estas bandas extorsionan negocios legales en su área de dominio, llegando al extremo de cobrarles ‘contribución’ a los mismos habitantes. Coerción que puede ser más lucrativa que el monopolio de narcóticos.

Medellín aún está muy lejos de sus máximos históricos de violencia. En 1991, con una población muy inferior a la actual, hubo 6.658 homicidios, mientras que el año anterior fueron 2.186 (datos oficiales del Instituto de Medicina Legal). No obstante, es evidente el deterioro del clima urbano de convivencia, por lo que se vislumbra que podríamos estar al borde de repetir la historia de hace 20 años, cuando pasamos de pugnas entre narcotraficantes –los cobros de cuentas– a una violencia generalizada.

Por eso, el Estado debe anticiparse para ganar esta carrera haciendo presencia con las fuerzas del orden, dándole capacitación y ocupando a estos muchachos y sus familias, y judicializando a los delincuentes irredimibles. No se puede seguir alimentando la impunidad con la evasiva de que toda esta violencia proviene de alguna injusticia. Esa es una disculpa de gente interesada en pescar en río revuelto.

Publicado en el periódico El Mundo, el 30 de agosto de 2010

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Pero tanto el alcalde Salazar como el comandante de la Policía Metropolitana, el infatigable coronel Martínez, insisten en que lo que falta es justicia, y ella depende en buena medida de las denuncias. Dicen que la gente quiere denunciar pero no hay que ser un genio para entender que no hay confianza para hacerlo gracias al perverso garantismo judicial imperante: la Policía captura y los jueces liberan, luego vienen retaliaciones implacables, aun desde las cárceles.

El recrudecimiento de la violencia en Medellín se debe a una lucha por el control del mercado local de las drogas, en la que habría cinco poderosas organizaciones involucradas que se valen de unas 200 bandas con unos 4.000 integrantes, menores de edad en su mayoría. Quienes además subyugan a la población y se han diversificado a otros frentes, controlando negocios como la prostitución, las ventas ‘piratas’, las maquinitas tragamonedas, los préstamos ‘gota a gota’, la extorsión a los comercializadores de juegos de azar, a los buseros, a los tenderos, etc.

Por lo tanto, goza de lógica la estrategia de 1) atraer jóvenes voluntarios a las instituciones, arrebatándoselos a los criminales que los reclutan a diario; 2) motivarlos y recompensarlos con un estímulo monetario, al tiempo que se les incita a estudiar; y 3) conseguir así información y denuncias efectivas que permitan judicializar a los delincuentes, y evitar nuevos crímenes y que se perpetúe esta situación de violencia.

Puede aceptarse, en gracia de discusión, que la medida es difícil de implementar y que su efecto podría ser nulo, por obtenerse poca información pertinente. También es entendible que el pago genere suspicacias, pues, con tal de obtenerlo y mantenerse en el programa, hay quienes harían literalmente cualquier cosa; muchos jóvenes de esos sectores deprimidos matan por un bazuco. Por tanto, conseguir gente idónea podría ser poco menos que imposible.

Pero lo que no puede aceptarse es que una propuesta formulada de buena fe y sin malicia sea tergiversada de forma tan perversa, acusando al Gobierno de vincular ‘niños’ al conflicto cuando nunca se habló de tales, y llegando al extremo de conjeturar, temerariamente, que el escenario de las actividades de vigilancia y espionaje serían las universidades, y las víctimas los profesores y compañeros de clase. Además, es una grave falta de cordura aventurarse a comparar una política de recompensas -de uso común en todo el mundo- con sistemas totalitarios que ponen a la gente a denunciar a aquellos que no le caminan al régimen.

Una cosa es denunciar delitos -asesinatos, extorsiones, desplazamientos, desapariciones…-, que es para lo que se pide colaboración de la ciudadanía y que, valga decirlo, es algo legal, necesario, ideal y hasta obligatorio, y otra muy distinta señalar opositores o traidores. Para eso habría que tener una tiranía totalitaria, como en Cuba, la que paradójicamente les gusta tanto a los críticos nuestros.

No es el Estado el que pone en peligro a los jóvenes de Medellín y los tiene inmersos en el conflicto hasta el cuello, sino los violentos que los han instrumentalizado. Son ellos los que involucran niños (‘carritos’), los que promueven delaciones protervas, los que compran los ‘servicios’ de jóvenes humildes… Y hay que desterrar el cuento de que ser ‘sapo’ es algo indigno: la ley del silencio encubre las mayores injusticias. No puede ser que a falta de propuestas serias, las fuerzas opositoras, en su impotencia, hagan campaña deformando con tal sordidez una idea.

Publicado en el periódico El Tiempo, el 2 de febrero de 2010

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El periodista Jon Lee Anderson escribió (para la revista New Yorker y publicados en Colombia por El Espectador) una serie de reportajes sobre la violencia que gobierna los barrios pobres de Río de Janeiro, las llamadas ‘favelas’. Crónicas que podrían dar cuenta de la realidad violenta de muchas ciudades latinoamericanas con apenas cambiar el nombre, pues son situaciones de anarquía y desorden caracterizadas por unos factores comunes.

El primer factor en común es el narcotráfico. Brasil no produce drogas pero el consumo es desaforado. Los narcotraficantes que las distribuyen se hacen lo suficientemente ricos como para constituir ejércitos privados e imponer su autoridad. Pero no les basta con eso. En Río (como en Medellín), las bandas de narcotraficantes vacunan negocios legítimos, como las compañías de transporte, los operadores de televisión por cable y los distribuidores de gas, entre otros, y ganan tanto o más dinero de esta forma que expendiendo narcóticos. Por eso, no es tan cierto que las mafias se acaben cuando se legalicen las drogas; lo más probable es que los delincuentes se enfoquen en otros delitos.

El segundo factor común es la ausencia de Estado. En Río, las bandas controlan las favelas como ocurre en cualquier lugar del mundo donde el Estado deja de ejercer su autoridad. Es tan grande el vacio que esas bandas someten a las comunidades de manera integral: disponen el orden, la seguridad y la justicia (todos a su estilo), así como las fuentes de ‘empleo’, el cobro de ‘impuestos’ (extorsiones) y hasta la recreación, haciendo obras como una ‘piscina comunitaria’.

El tercer factor común es la falta de oportunidades. Los integrantes de estas pandillas, al igual que en los grupos ilegales colombianos, llegan empujados por las carencias y penalidades de familias pobres y disfuncionales. En el relato de Anderson hay una mujer que era violada desde niña, que se unió a una banda “…para protegerme de mi hermano, y una vez que me uní no volví a tener problemas con él”. Hay un jefe de banda, Fernandinho —hijo de un albañil borracho que abusaba de él y de su madre—, quien hizo a un lado su sueño de ser futbolista para enrolarse “cuando tenía ocho o nueve años, inicialmente como vigía y mensajero”, o sea como los llamados ‘carritos’ en Medellín, niños que llevan recados, armas, drogas o hacen labores de inteligencia. Fernandinho tomó el control cuando la policía dio de baja a su predecesor, y otro llegará cuando él caiga mientras no haya una solución integral.

El cuarto factor común es la corrupción. En Río de Janeiro hay un record inigualable de corrupción policial y violación de los derechos humanos. Según Anderson, “la Policía de Río mata a más personas que cualquier otra autoridad policíaca del mundo: en 2008 reconocieron haber causado la muerte de 1.188 personas, quienes se habían ‘resistido a ser arrestadas’, lo cual equivale a poco más de tres personas diarias”. En Colombia, con una población que cuadruplica la del área metropolitana de Río (11,3 millones de habitantes), los casos de supuestos ‘falsos positivos’ suman cerca de 2.000 para la Fiscalía y de 1.000 para el Cinep, contabilizados desde el 2001.

Aún más, Anderson afirma que policías y bomberos de Río formaron milicias para atacar las bandas de narcotraficantes y asesinar a sus miembros, y que ya dominan más de cien favelas. Se recuerda que en marzo de 2005, la Policía de esa ciudad asesinó a 29 civiles como protesta por el arresto de unos uniformados que habían sido filmados mientras se deshacían de los cuerpos de personas que habían asesinado. Alfredo Sirkis, ex guerrillero y concejal de Río, le dijo a Anderson: “la policía recibe dinero de las bandas de las favelas como protección, aquellos que no reciben pago van y asesinan a todos y le entregan la operación a otra banda. La policía tiene un acuerdo de exterminio con las bandas”.

El quinto factor es la impunidad. Según Sirkis, “el porcentaje de crímenes resueltos aquí en Río es ridículo, un noventa por ciento de los homicidios nunca se resuelven”. Y la evasiva, para no actuar, es que “toda esta violencia proviene de alguna injusticia”, o sea la misma excusa con la que algunos tratan de justificar la existencia de las guerrillas colombianas.

La impotencia del Estado brasileño es enorme. Lula prometió en su primer mandato pacificar las favelas de Río sin resultado. Este año, la Fuerza Pública decidió ocupar permanentemente estos lugares, reduciendo levemente los índices de violencia generada por los traficantes de droga. En octubre último, como si se tratara de un escenario de guerra convencional, un helicóptero de la Policía fue derribado a tiros de fusil en una favela. Los enfrentamientos armados son el pan de cada día. Y ahí es donde se harán los Juegos Olímpicos en 2016, y ese es el país, Brasil, que nos pintan como una superpotencia.

Publicado en el periódico El Mundo, el 18 de enero de 2010

Fuentes:

Tierra de Pandillas – Jon Lee Anderson

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Diez preguntas para la comisión de cancilleres que visita honduras en nombre de la organización de estados americanos.

¿Por que la OEA…….?

1. RECHAZA la sucesión constitucional en Honduras, pero AVALA el fraude electoral en Nicaragua y la reeleccion idefinida de Chavez?
2. PREDICA la no injerencia en los asuntos internos de las naciones, a la vez que INTERFIERE en los procesos constitucionales y democráticos de la República de Honduras?
3. CRITICA los cuerpos de seguridad hondureños, pero IGNORA la feroz represión que existe en Venezuela contra la oposición?
4. PRETENDE ser campeón del imperio de la ley, cuando IGNORA la Constitución de Honduras, la cual fue violada repetidamente por Zelaya?
5. CRITICA la presunta represión mediática en Honduras, pero CALLA ante el cierre masivo de emisoras radiales en Venezuela, y CALLA ante la amenaza del gobierno de Ecuador de hacer lo mismo?
6. PREDICA la defensa de la democracia, cuando PERMITE que gobiernos supuestamente democráticos apoyen el tráfico de drogas, el cual tanto daño hace a las verdaderas democracias?
7. CONDENA la operación Fénix, llevada a cabo por el gobierno de Colombia en contra de un grupo terrorista, pero NO CUESTIONA el hecho que lanzacohetes vendidos a Venezuela terminaron en manos de las FARC?
8. PRETENDE apoyar una solución a través de mediación, pero PRESIONA para que se acepten términos impuestos y no negociados?
9. CUESTIONA las medidas de seguridad del gobierno de Honduras, pero IGNORA los repetidos llamados de Zelaya a la insurrección y a la violencia que ha resultado en perdidas de vida?
10. PROCLAMA solidaridad con el pueblo hondureño, pero SE REHUSA A ESCUCHAR a los sectores mayoritarios de la sociedad hondureña, que rechazan categóricamente a un líder corrupto y fracasado, quien repetidamente ha demostrado que valora sus propios intereses más que los de su pueblo?

En nombre de la sociedad civil de Honduras, la Unión Cívica Democrática le solicita a los honorables cancilleres que nos visitan el día de mañana que le den una explicación pública al pueblo hondureño para cada una de estas preguntas. Que dichas explicaciones sirvan para que todos los ciudadanos del continente americano entiendan las motivaciones que impulsan al órgano que los representa.

Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, 23 de agosto de 2009.

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Primero. Ejecuciones extrajudiciales ha habido siempre y en todas partes. A veces, el crimen es producto de un error ‘inocente’ y la ‘solución’ es hacer pasar al occiso como un transgresor de la ley; poner en su mano inerte un arma de fuego es una práctica inveterada en todo el mundo. En otras ocasiones, sin duda, se trata de crímenes aleves cometidos con diversos propósitos como acallar testigos, desviar investigaciones, ofrecer un chivo expiatorio, demostrar eficiencia o hacer ver la seguridad como algo necesario. Todo eso es tan viejo como la guerra y esta es tan vieja como el hombre.

En Colombia ha habido casos paradigmáticos, como la mal llamada ‘limpieza social’, práctica a la que han estado vinculados agentes del Estado. En la Medellín de Pablo Escobar, agentes encubiertos ejecutaban masacres de jóvenes en las comunas más pobres, en retaliación por los asesinatos de policías que ordenaba Escobar y ejecutaban sus sicarios. Recuérdese la masacre de Villatina (9 muertos) en 1992. Por eso no le queda bien al ex presidente César Gaviria criticar los asesinatos de hoy cuando siempre ha ignorado los cometidos bajo su administración.

Segundo. Hay personas malévolas o muy mal informadas que se han ido lanza en ristre contra el Gobierno por haber impedido la aprobación de la Ley de Víctimas, arguyendo que si es costosa ello se debe a la gran cantidad de víctimas fruto de las políticas guerreristas del actual gobierno. Nada más falso. La Ley de Víctimas tiene por objeto indemnizar a familiares de personas asesinadas y/o desaparecidas en los últimos 45 años, cuyo número se estima en más de 200.000. Por el contrario, el periodo más pacífico que ha vivido el país desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, han sido los siete años del Gobierno de Uribe, cuyo alto respaldo popular se basa en logros como este.

Tercero. El ‘crimen de Estado’ es un artificio aplicable a cualquier hecho, como el incendio de una guardería en Hermosillo (México) que dejó cerca de 50 niños muertos. Los ‘falsos positivos’ son crímenes de lesa humanidad pero no son crímenes de Estado porque no fueron ordenados por estamentos superiores ni corresponden a un plan establecido para exterminar a una raza, a un partido político o a los miembros de una religión. De hecho, no hubo selectividad en los asesinados puesto que no tienen en común algo más que la pobreza que los hace carne de cañón para los violentos. Su escogencia fue tan fortuita como desventurada.

A diferencia de los Estados criminales –como los de Hitler y Stalin–, aquí no se justifican estos excesos con argumentos moralistas y ni siquiera con la tesis de que son consecuencias inevitables del conflicto. Fue el Estado, en cabeza del Ministro de Defensa, el que develó lo que estaba pasando y se reconoce claramente que se trató de crímenes verdaderamente deshonrosos.

El señor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, ha dicho que estas transgresiones han sido “más o menos sistemáticas” y que no se trata “de unas cuantas manzanas podridas”. Pero es que el señor Alston no ha probado las amargas manzanas colombianas. Las guerrillas, los grupos paramilitares y los poderosos ejércitos de los carteles de las drogas, han sido conformados con muchachos sin ideología alguna y carentes de escrúpulos éticos o morales que, por unas monedas, se unen a cualquier bando y cometen los más horrorosos crímenes. De esos mismos muchachos se nutren los organismos de seguridad del Estado y si los ilegales se atreven a tanto no es inverosímil que muchas balas oficiales se disparen de manera infame, arbitraria y perversa.

Publicado en el periódico El Mundo, el 29 de junio de 2009 (www.elmundo.com).

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Y es que a pesar de que venimos mejorando en nuestro clima de violencia, los acontecimientos de las últimas semanas nos hacen suponer que las cosas están empeorando. Tal vez más grave porque no se trata ya de sucesos relacionados con el conflicto armado sino con la pérdida de valores y la corrupción social.

De acuerdo con las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, en el 2008 ocurrieron 26.958 muertes violentas en Colombia. De esas, el 56 por ciento corresponden a homicidios, con un total de 15.251, y un 21 por ciento a muertes en accidentes  de tránsito, con 5.670 víctimas fatales. Eso quiere decir que a diario, hubo 41 casos de homicidio y  15 personas perecieron en las calles y carreteras del país. El porcentaje restante corresponde a otros tipos de accidentes y a casos de suicidio.

En términos generales, es una buena noticia. La tasa de homicidios cayó de 37 a 34 (por cada cien mil habitantes) con respecto a 2007. El descenso en el índice de homicidios ha sido constante desde que se implementó la Seguridad Democrática. No podemos olvidar el tenebroso panorama del que venimos, cuando en las décadas de los ochentas y noventas los homicidios rondaban la cifra de 30.000 anuales. En el año 2002 hubo 28.837 homicidios, para una tasa de 65 por cada cien mil habitantes. Ya en 2004 los logros eran evidentes, bajando el índice a 44 por cada cien mil; un descenso del 33 por ciento, la tasa más baja desde 1985 cuando estaba en 40.

No obstante, es evidente que podrían evitarse muchas muertes controlando factores de riesgo en materia de accidentalidad vial y en el número creciente de homicidios absurdos que estamos padeciendo a diario. El caso de la familia completa que murió en el río Cauca al caer el microbús en el que se desplazaban es un típico caso de exceso de velocidad que cada mes produce una nueva tragedia. La Corte Suprema de Justicia determinó que desde la Semana Santa anterior, las muertes por exceso de velocidad darían cárcel. Eso está bien pero las autoridades deberían hacer un esfuerzo más claro para controlar a los conductores y evitar otros comportamientos arriesgados como el no uso de puentes peatonales.

En cuanto a los homicidios es preciso enfocar la política criminal a reducir la impunidad que se calcula en el 97 por ciento. Entre otras cosas para que después la gente no intente hacer justicia por mano propia. Es inaceptable que en el caso de Johana Macías, la madre que asesinó a su bebé recién nacido en Piedecuesta (Santander), ya se esté sugiriendo la posibilidad de pedir clemencia, alegando ‘depresión post-parto’, e incluso se haya puesto en riesgo su captura con el argumento de que su arresto fue improcedente.

El año anterior, 25 madres asesinaron a uno o a varios hijos, lo propio hicieron 6 padres. Cada tres días, una persona es asesinada por su pareja. Los casos de violencia intrafamiliar, en 2008, de manera contraria al índice de homicidios, subieron de 77.745 a 89.803. Se está volviendo un virus el tema de los menores abusados sexualmente por sus propios parientes, los bebés botados a su suerte en cualquier parte y los bandidos adolescentes, entre otros problemas. Y en todo eso asoma un factor común: de un lado se carece de acciones preventivas y, del otro, no hay sanciones.

Rousseau decía que el estado de naturaleza es un estado original de pureza, degenerado por un proceso de civilización que origina vicios, conflictos, pasiones y desigualdad. Hobbes, en cambio, sostiene que el ser humano es egoísta y malo por naturaleza, y arguye que es necesario pasar del estado de naturaleza al Estado de sociedad mediante el imperio de la ley. Pero aquí la impunidad es norma y los jueces ponen a los delincuentes en la calle sin  ninguna explicación. Así no vamos a ningún lado.

Publicado en el periódico El Mundo, el 22 de junio de 2009 (www.elmundo.com).

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De cierta forma, los grandes contribuyentes compensan en algo la situación pagando el impuesto al patrimonio con el que se ha incrementado el pie de fuerza y financiado la modernización de los equipos de las fuerzas estatales. Sin embargo, el banquero Luis Carlos Sarmiento ha propuesto que este gravamen sea pagado por todos los colombianos –incluyendo a los que sí prestan a sus hijos para defender a los demás–, sin hacer distinción alguna en la capacidad de pago de cada cual. Eso estaría muy bien si se tratara de un impuesto progresivo, en el que pague más quien más tiene, pero es inaceptable si lo que se pretende es un ‘simple’ aumento de uno o dos puntos en el IVA para gravar a todos los colombianos sin excepción, como si se tratara de una sociedad igualitaria.

El impuesto a la seguridad no puede tener el mismo tratamiento que aquellos tributos que buscan recursos para el cine o el deporte pues se trata de un asunto que, además del político, tiene un trasfondo filosófico. A los pobres no se les pueden cargar el gravamen y los muertos al mismo tiempo, cuando los problemas de seguridad están íntimamente ligados con las profundas desigualdades. La pobreza no justifica la violencia pero alienta en algunos la presunción de que les da derecho de atentar contra la vida, honra y bienes ajenos como forma de reivindicación social.

En ese orden de ideas, los ricos demandan más seguridad porque corren más riesgos, en tanto que los pobres son más susceptibles de convertirse en una amenaza para la seguridad de los otros, debido a sus precarias condiciones de subsistencia. Es un contrasentido que quienes más necesitan seguridad paguen menos por ella y que a los más necesitados se les arrebate algo más de sus escasos ingresos para agravar su situación de vulnerabilidad. Además, las clases altas y las empresas invierten cada vez más en seguridad privada, lo cual también es ilógico. Debería ser a la inversa, menos seguridad privada y mayor fortalecimiento de las instituciones.

El hecho de que la financiación de la seguridad quede huérfana le da alas a quienes creen que los organismos de seguridad están sobredimensionados y que estrategias como la negociación política y la legalización de las drogas harían innecesario el actual nivel de gasto militar. Esa es una tesis muy peligrosa porque las guerrillas no han mostrado ni la menor intención de querer un acuerdo de paz. Acceder a una negociación en este momento equivale a abdicar y echar por la borda los logros de la Seguridad Democrática.

De otro lado está el sofisma de que legalizar las drogas acaba con el crimen organizado. La mafia nunca abandona la delincuencia; se transforma, se diversifica, pero nunca con apego a la ley. El periodista Roberto Saviano hace un buen retrato de esa realidad en el libro Gomorra, donde muestra la infiltración de la mafia en todos los sectores de la economía de Nápoles y el sur de Italia: el contrabando, la trata de personas, la falsificación de marcas, etc.

Estamos en un país en el que la ilegalidad se ha enquistado en la cultura y se expresa con graves manifestaciones de violencia. Faltan décadas para que se pueda prescindir de grandes inversiones en seguridad y justicia para cambiar este panorama y es un mal presagio que los más beneficiados quieran tirar la toalla tan pronto. La seguridad es la mejor inversión, es una lástima que ellos no lo vean así.

Publicado en el periódico El Mundo, el 1 de junio de 2009 (www.elmundo.com).

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Pero lo más grave de todo es que -como dice Posada Carbó- esta sensación de podredumbre social tiene efectos paralizantes y se convierte en una profecía autocumplida por la sencilla razón de que si todos admitimos tener la culpa de lo que nos pasa, los verdaderos culpables quedan cubiertos por un manto protector y hasta pasan a convertirse en víctimas que reclaman justicia y protección, a quienes no les faltan defensores de oficio o, para el caso, abogados del diablo.

A tan grave extremo ha llegado el asunto que ha terminado por bloquear la administración de justicia, partiendo de la expedición de leyes que tienden a favorecer siempre al delincuente sin importar su impacto en la sociedad. Los defensores de ese adefesio que se llama ‘nuevo derecho’ aducen que no debe haber castigo sino ‘resocialización’, que la justicia no puede ser venganza, y con esa argucia venden la idea de que las penas de cárcel deberían ser aplicables sólo en casos ‘excepcionales’, aunque para ellos nada parece ser una excepción.

Esta triquiñuela es una teoría funcional a la subversión y la anarquía. Cuántas veces hemos oído aquello de las “causas objetivas del conflicto social y político que vive Colombia”, discurso con el que algunos pretenden justificar cualquier acto de violencia con base en la pobreza, las diferencias sociales, la falta de oportunidades, la exclusión… Y valiéndose de las ‘diferencias’, materia variada y abundante, se excusa hasta la peor arbitrariedad, sustentando de paso la disposición garantista en extremo de nuestra política judicial.

Ya es un sapo muy grande el tener que tragarse la libertad de líderes guerrilleros y paramilitares en aras de la paz como para aceptar también que las sentencias a secuestradores, violadores, asesinos, ladrones y demás se impartan con flojera dizque porque es culpa de todos este caos social.

Nos vienen echando el cuento de que debemos sentir, tener y mostrar compasión por los delincuentes porque ‘eso le pasa a cualquiera’, ‘nadie está libre de pecado’, ‘hoy por ti mañana por mí’. A un delincuente pobre y patihinchado hay que disculparlo porque ‘careció de educación’; y si es un rico como esos que se van a cazar elefantes al África, hay que absolverlo porque ‘no tuvo amor en la infancia’, adquirió un complejo en la fase anal o, simplemente, porque es un reflejo de nuestra sociedad, un bandido autóctono, y la cultura hay que preservarla.

Los colombianos debemos desprendernos de esas generalizaciones injustas. No somos secuestradores, ni asesinos, ni violadores, ni narcos, ni ladrones; no todos. No tenemos por qué echarnos a cuestas la cruz de nuestros torturadores y estar perdonándolos a toda hora en busca de una catarsis colectiva que, presuntamente, nos lleve a ser una gran nación. No, señores, hay que aplicar la ley sin contemplaciones y endurecerla en todos esos casos de gran sensibilidad social como el de la violación de menores de edad.

Ya entendida la necesidad de la Seguridad Democrática, entiéndase la pertinencia de una decidida política criminal y de todo lo que nos ayude a crear una cultura de la legalidad, porque eso sí: marrulleritos sí somos, ¿o no?   ·

Publicado en el periódico El Tiempo, el 2 de octubre de 2007

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• Suprema hipocresía

Sin embargo, no cabe duda de que la actual administración exagera en la promoción de sus realizaciones y oculta olímpicamente sus defectos, y que Medellín es llamativa para los medios nacionales y no hay que hacer mucho esfuerzo para que muestren la cara amable de la ciudad. Pero cosa distinta se ve en relación con los medios de prensa extranjeros, los que aún mantienen sobre Medellín el estigma de la violencia y la miseria, y que la usan para alimentar su morbo, ignorando las cosas positivas. En ese sentido parece que el nombre ‘Medellín’ estuviera vetado.

Nuestra ciudad es escenario frecuente de acontecimientos amables que los medios extranjeros no reseñan ni en la última página. Por ejemplo, la presencia del avión Airbus 380 en cualquier ciudad del mundo es referida por medios de comunicación hasta en las antípodas. El año anterior hizo pruebas de vuelo durante una semana en el aeropuerto que sirve a Medellín pero en varios medios extranjeros se mencionó la estadía de la aeronave “en el aeropuerto de Rionegro, al noroeste de Bogotá”. Igual sucedió días después cuando vino un bombardero B-52 en el marco de una feria aeronáutica.

A menudo se informa también de personajes del deporte, la farándula o la política que visitan cualquier lugar del mundo. Si Maradona juega un ‘picadito’ en Uruguay o en Brasil, o si se troncha una uña en Cuba, sale hasta en los periódicos de la Cochinchina. Pero hace poco jugó un partido en Medellín y en diciembre de 2005 también estuvo en la ciudad y, afuera, nadie se enteró. También el técnico Carlos Bianchi ha venido varias veces a esta ciudad que fue vetada por Argentina para la Copa América del 2001 —de hecho no vinieron—, y nada se ha dicho. Gracias a Internet es fácil hacer ese seguimiento y darse cuenta de que esas visitas a una ciudad que cambió su paradigma parecen estar siendo ignoradas.

Hay más ejemplos. En el último año, la pareja de archifamosos que conforman Jennifer López y su marido han pisado la ciudad dos veces casi a escondidas. Pero, en cambio, en medios internacionales se ha hecho eco de su presencia en Cali, en cumplimiento de sus giras.

El embajador de EE.UU., William Wood,  vino por tierra a Medellín el año anterior, casi sin escoltas, y meses antes había dado un paseo dominguero por el centro de la ciudad. Ese ‘safari’ habría sido noticia mundial si se lo hubiera comido un tigre pero como no pasó nada no es noticia, Medellín sin sangre no vende. Algo similar sucedió con José María Aznar hace poco, un domingo cualquiera, caminando las calles del centro y las de barrios periféricos donde los corresponsales extranjeros vienen a buscar pornomiseria. El País de Madrid reprodujo palabras de Aznar acerca de la condena a pena de muerte que le fue impuesta ese mismo día a Saddam Hussein, pero pasó por alto que ese pronunciamiento lo hizo en esta ciudad.

En un periódico mexicano se anuncia el Congreso de la Lengua para el mes de marzo en Cartagena pero de Medellín no se hace mención. Y en un canal internacional dedicado a la moda se ha pasado en repetidas veces un informe especial de “Colombiamoda en Bogotá”; sí, en Bogotá, a pesar de que, evidentemente, se trata del evento que cada año se realiza en nuestra ciudad.

Medellín aún es vista por muchos como la Sodoma y Gomorra de nuestros días, y habría que invertir cuantiosos recursos para cambiar esta imagen o, cuando menos, tratar de generar ‘free press’ en el extranjero, donde el nombre de nuestra ciudad está vetado. Es casi imposible  vender una ciudad que, injustamente, tiene manchada su imagen, y nada se gana con hacer loas millonarias al alcalde de turno. Lo ideal sería promocionar a la ciudad y no al alcalde. Ya Canetti decía: “Ay de aquel cuyo nombre es más grande que sus obras”.  ·

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