Otro muro de la infamia

El viernes anterior en Bogotá se vivió una tragedia de las más absurdas que se han visto en el país en los últimos tiempos. Dos habitantes del barrio Luna Park perecieron aplastados por un muro que le daba un poco más de seguridad a sus viviendas, concretamente a un parque infantil. La razón es más torpe aún: la recuperación del llamado espacio público de la ciudad.

Recientemente, los atropellos cometidos por las autoridades en aras de la recuperación del espacio público se han vuelto pan de cada día. Bogotá es líder en esa materia. El alcalde Peñalosa se ha empecinado en desplazar a vendedores ambulantes de sectores como San Victorino y, en eso, ha sido imitado por otros alcaldes del país que parecen no entender que el problema no es de espacio sino de desempleo.

No puede ocultarse el hecho de que a todos nos encantaría circular por amplias avenidas, anchas aceras libres de cualquier obstáculo –incluso de bolardos– y ver a nuestras ciudades libres de vendedores ambulantes, avisos de mal gusto, huecos, indigentes y delincuentes de toda laya, principalmente libres de éstos. A todos nos gustaría vivir al mejor estilo del primer mundo pero eso no justifica hacer violencia social en un país tan violento.

Lo de Luna Park no es una isla. Son muchos los barrios y urbanizaciones a las que se les ha ordenado derribar muros o cerramientos a pesar de que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad pública. Mientras muchos crímenes se cometen en cualquier sitio, la policía pierde su función natural de servicio a la comunidad por culpa de funcionarios ineptos como Peñalosa y como Eduardo Silguero, Alcalde Menor de la localidad de Antonio Nariño, quien ordenó derribar el susodicho muro encima de personas honestas que reclamaban su derecho a la seguridad, a vivir tranquilos.

Como si fuera de poca monta la problemática general que vive el país, ahora la muerte y la intranquilidad son propias de la administración pública. Se convierte la democracia en una oportunidad para que unas minorías no gobiernen sino que hagan lo que les venga en gana, sin que medie la voluntad popular, sin que medie el consenso, sin que medie el análisis juicioso de las necesidades de la comunidad versus sus expectativas, lo que da como resultado las prioridades de gobierno.

Por eso se cometen atropellos, abusos de autoridad y enfrentamientos con la ciudadanía. Atropellan por doquier los vehículos de las personalidades y sus escoltas, atropella el Gobierno con sus impuestos asfixiantes, atropella el sistema financiero con la usura de sus préstamos en Upac y UVR’s (que son prácticamente lo mismo), atropellan los alcaldes que ejecutan obras suntuosas por el sistema de valorización sin preguntarle nada a los afectados…

Se ha vuelto el Estado enemigo de las gentes de bien mientras a la delincuencia se le abren los caminos, se les deja cómodos. En las cárceles no mandan las autoridades sino los ‘caciques’ de los patios; la ley de extinción de dominio no ha quitado, en firme, ni un sólo predio a los narcotraficantes o a sus herederos; los menores delincuentes hacen y deshacen a su antojo sin que reciban sanción o control alguno; peligrosos delincuentes son liberados a diario por tecnicismos, por permisos que concede la ley o por leyes como la del jubileo; los maleantes están armados hasta los dientes mientras los ciudadanos, si queremos un arma, tenemos que llenar una larga lista de requisitos y pagar cifras astronómicas por una de bajo poder; los guerrilleros reciben toda clase de prebendas –como el área de distensión y los indultos que traerá el tratado de paz– mientras continúan matando, secuestrando, extorsionando, robando, humillando y atemorizando a todo el país.

No puede ser que ahora los colombianos tengamos en el Estado, en sus instituciones y representantes, un enemigo más y que dos personas hayan fallecido a causa de un muro que a nadie le estaba estorbando y en pos de la cacareada ‘recuperación del espacio público’, tarea que maquilla pero que no resuelve en nada los verdaderos problemas que se dejan al olvido por no tener claras las prioridades de un gobierno.