Por razones de oportunismo, valentía o estupidez, el presidente Pastrana radicó en el Congreso de la República un proyecto de referendo más audaz de lo que se esperaba, no obstante que el documento se nota improvisado, inconexo e incompleto. Sin embargo, en un país acostumbrado a los paños de agua tibia, a las investigaciones exhaustivas y a la retórica de «el cambio es ahora» y «bienvenidos al futuro», es un bálsamo esperanzador que el Presidente acuda al constituyente primario para hacer unos cambios que, tristemente, los que ‘representan’ al pueblo no han querido hacer.
El Presidente ha interpretado el clamor popular o simplemente se ha aprovechado de él, da igual, y eso lo confirman encuestas de opinión como la del Canal RCN en la cual la aceptación al referendo llegó al 96 por ciento, cosa que en términos técnicos representa una aprobación unánime del pueblo colombiano, no sólo a las reformas sino al mecanismo en sí.
Sin embargo, la reacción del Parlamento y de destacadas figuras de la política nacional ha sido una sorpresa muy desagradable. Las reformas, que sustancialmente no dicen nada y que no garantizan por sí mismas que la corrupción se acabe, son un duro golpe para el Congreso y los partidos, hasta el punto de que ello produjo la reunificación del Partido Liberal —algo impensable hace apenas unos días— y puso a muchos conservadores en contra de su Presidente.
Lo más grave es que el Parlamento colombiano se ha enfrentado con el Ejecutivo proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene ningún fundamento y que sería inoportuna porque se prevé que el proceso de paz desemboque en un acuerdo de ese tipo. Por eso, la contrapropuesta liberal —como dice la senadora Claudia Blum— es una invitación a cambiarlo todo para no cambiar nada. O, como quien dice, es una medida desesperada para evitar que sí se dé un cambio verdadero que los deje —a la clase política— sin poder y sin el manejo del billete y la contratación, que son sus únicos intereses reales.
El ánimo revanchista con el que reaccionaron los politiqueros de todo el país demuestra que ellos no representan a nadie más que a sí mismos y que están en contravía del país. Si bien es cierto —como argumentan— que la corrupción no es exclusiva del Congreso y que en el Ejecutivo ronda en todas sus expresiones, su actitud es irresponsable e imperdonable porque han preferido ponerse dignos a esta altura del partido, generando inestabilidad política y desconfianza económica, antes que reconocer sus faltas y ayudar en la solución.
Así, mientras el país real apoya la idea de Pastrana el país político se ha polarizado hasta tal punto que el Presidente ha puesto en peligro su permanencia porque los congresistas consideran que dejarse revocar así no más es dejarse tratar de ladrones. Pero como dice el refrán, «el ladrón juzga por su condición» y ahí los vemos armando la barahúnda para no caerse solos, y solicitando la revocatoria del Presidente incluso aquellos, como Samper Pizano, que por mero sentido común no deberían hablar de temas para los que tienen rabo de paja.
Aquí lo que se debe discutir es la utilidad de la reforma y el alcance de las propuestas. Asegurarse de que tras la revocatoria no regresen los mismos de siempre y que los dineros que el país se va a ahorrar con la reducción del Congreso y la eliminación de sueldos de diputados y concejales se destinen a programas de salud, educación, seguridad, justicia y desarrollo social, cuestiones verdaderamente vitales. El referendo, sin embargo, no plantea mecanismos seguros para el control de la corrupción. Se habla de un Tribunal de Ética pero éste no va a combatir nada diferente de lo que la Ley ya combate, aunque no tenga éxito, porque es manipulada con tecnicismos e interpretaciones amañadas.
Por ninguna parte se plantea, además, un control del clientelismo y la burocracia, que son las maneras de corrupción más comunes en Colombia, limitando el porcentaje de gastos de funcionamiento de todas las entidades oficiales o limitando el número de funcionarios de cada entidad de acuerdo con un escalafón que tenga en cuenta el tamaño de la población del territorio a que corresponde. Podría Pastrana comenzar dando ejemplo por casa, adelgazando ministerios y hasta desapareciendo algunos porque el país no puede seguir cerrando hospitales y colegios mientras despilfarra el 40 por ciento del presupuesto en burocracia pura.
El referendo vale la pena aprobarlo tan sólo por los ‘goles’, aunque escasos, que se anotó el Presidente: reducción del Congreso —aunque se haya quedado corta—, eliminación de las asambleas, supresión del sueldo a los concejales, imposición de listas únicas por partido para cada elección, valoración del voto en blanco, votación pública de los congresistas, y eliminación de las suplencias y los privilegios salariales y prestacionales de los miembros del Congreso.
La reorganización del Estado colombiano debe empezar por algo y este es un buen comienzo, pero lo más importante es que los colombianos de bien no se olviden —cuando baje la calentura— de la necesidad de fiscalizar y ser responsables con el voto. Tanto cinismo de la clase política no puede olvidarse tan fácilmente y menos cuando escudan su proceder inmoral con la diatriba de querer proteger la estabilidad y la institucionalidad del país, como si aquí todavía hubiera de eso.
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