Sólo quedó la iglesia

Mientras el presidente Andrés Pastrana prorrogaba la zona de distensión por 56 días más (hasta el 31 de enero de 2001), las Farc demostraron de nuevo su capacidad de asesinar y destruir provocando un verdadero terremoto en el municipio de Granada (Antioquia), donde asesinaron 15 civiles, 6 policías y demolieron a punta de cilindros de gas llenos de pólvora, a 320 edificaciones dejando en pie tan solo a la iglesia principal.

Y lo hicieron con una alevosía sin igual: fue por una supuesta venganza en contra de las Auc, que el tres de noviembre ingresaron al mismo pueblo y asesinaron a 19 personas, muchas de ellas ancianas. Días más tarde, las Auc aceptarían su error: «nos equivocamos con ocho de ellos», dirían. La curiosa ‘venganza’ es más fácil de entender diciendo que estos grupos al margen de la Ley están enfrascados en una disputa territorial en varias regiones del país, la cual es particularmente cruel en el oriente antioqueño. El frente Carlos Alirio Buitrago del Eln mantuvo el control del área por varios años hasta que entró a operar el 9º frente de las Farc, en razón de la riqueza eléctrica de la región y su proximidad con Medellín. Luego, ante sus desmanes, Carlos Castaño creó el Bloque Metro de las Auc, lo que ha terminado en convertir la región en un polvorín.

Los muertos y damnificados del martes no necesitan ser tan sabios como los intelectuales europeos que se reunieron hace poco para decir una cantidad de cosas sobre el conflicto colombiano que aquí sabemos hace rato y que las gentes, las de Granada por ejemplo, viven en carne propia. Que a la guerrilla no le importa la sociedad civil, que las Fuerzas Armadas son incapaces de proteger grandes zonas del país, que la sociedad civil manifiesta un inmenso deseo de paz, que los grupos violentos cuentan con la inmensa financiación de la droga y el secuestro, que la guerra es contra la sociedad y que ésta ha sido convertida en rehén, que el respaldo popular del que carece la guerrilla lo quieren compensar con extrema violencia… en fin, cosas que sabíamos pero que no está de sobra que se digan afuera, precisamente en esos países donde la guerrilla era mirada con algo más de simpatía gracias a sus engañosas campañas informativas.

También reconforta, aunque no a los habitantes de Granada, que por primera vez Human Rights Watch haya incluido en un informe sobre derechos humanos un comentario acerca de las violaciones flagrantes que comete en contra del Derecho Internacional Humanitario la guerrilla de las Farc, sobretodo en lo atinente con el uso de armas no convencionales en contra de la población civil como los cilindros bomba que bien conocen –y nunca olvidarán– en Granada, Antioquia.

Todo eso lo saben también más de 100 niños que reclutó las Farc por la fuerza, en el área de distensión, para recuperar el Magdalena Medio y a quienes el Ejército combatió con éxito en Suratá (Santander). También lo saben los secuestrados y los habitantes del departamento del Putumayo, secuestrados desde hace dos meses a través del ‘paro armado’ que las Farc levantó esta semana gracias a la presión del Ejército, la entrada en operaciones del batallón antinarcóticos y el juicio de la ONU, a través de su delegado en Colombia Anders Kompass, en el sentido de que el caso del Putumayo podría ser considerado como un problema de seguridad regional. Lo que no dijo Kompass, con su español tropezado y la diplomacia de su lenguaje, es que un dictamen de esa naturaleza llevaría el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que hace parte Colombia desde hace unos meses, y se podría dictaminar el envío de tropas de paz que, a pesar de su nombre y objetivo, tienen absoluta capacidad militar para enfrentar la subversión y un apoyo logístico –y político– de proporciones devastadoras para las Farc.

En medio de este panorama no puede pasarse por alto el tema de la cadena perpetua y las facilidades que se le quieren otorgar al Ejército para mejorar su desempeño frente a la delincuencia. La cadena perpetua, en Colombia, no es aplicable mientras persista la crisis carcelaria. No sirve mientras la guardia sea corrupta, mientras el dinero asegure toda clase de privilegios, mientras persista la idea de que las cárceles son un parque o una finca donde ingresan miles de personas los domingos a llevar armas, drogas, dinero y razones para seguir delinquiendo desde ella.

En cuanto a las facultades judiciales para el Ejército ha dicho Raúl Reyes que eso sería volver a la época de Turbay y el Estatuto de Seguridad, y si Reyes critica significa que es bueno para el país y malo para ellos. Es un acierto la creación de zonas especiales de orden público en las cuales el Ejército controlaría la movilización de personas y el tránsito de mercancías, y donde podría censar a la población y carnetizarla para impedir que guerrilleros y paramilitares se puedan confundir con los de ruana. Eso no exime de juzgar el hecho de que Pastrana está gobernando improvisadamente y no maneja una política estructurada frente a los problemas de orden público, la situación carcelaria es prueba de ello.

En lo que sí acertó el Gobierno fue en la prórroga del área de distensión por 56 días más. Si bien es cierto que luce corta, máxime si se tiene en cuenta la época festiva, no era conveniente darle más concesiones a una guerrilla que no nos ha dado nada a cambio, en estos dos años, y menos aún cuando el motivo del congelamiento de los diálogos es nada más que un pretexto y un intento por lograr ventajas en el terreno militar. El Estado no puede combatir el paramilitarismo antes que la subversión porque el primero es consecuencia de la segunda y no al revés, además es la reacción natural de las víctimas de la subversión. Sin embargo, el Estado sí los combate: este año se han capturado más paramilitares que guerrilleros (900 frente a 500), y si quedan dudas que les pregunten a los siete soldados y cuatro civiles asesinados el sábado por una patrulla militar en Puerto Cayumba (Santander) en un acto de descoordinación monumental: la tropa creyó que sus compañeros eran paramilitares.