Desde los tiempos de Laureano Gómez y el general Rojas Pinilla, la prensa colombiana había disfrutado de una relativa tranquilidad para el ejercicio de una actividad que es necesaria para la democracia puesto que se convierte en el nexo entre los poderes establecidos y el constituyente primario: el pueblo, soberano único de la democracia, que desde la prensa es llamado ‘opinión pública’.
Los enemigos de la prensa colombiana, en esta era violenta de los últimos 15 años, han sido las balas de múltiples fuentes, el rating y el servilismo hacia los dueños de los medios. Después de ver tantos periodistas asesinados, sedes de periódicos hechas añicos por las bombas, periodistas exiliados de derecha e izquierda, medios vetados en las licitaciones y autocensurados por vergüenza admirable —como el noticiero QAP— era inimaginable retroceder 40 años para ver la censura que le fue impuesta al periodista Edgar Artunduaga por haberse convertido en una incómoda piedra en el zapato de Andrés Pastrana.
Eso como si los males que le provoca al periodismo —y al país— la dictadura del rating fueran pocos. Aparte de que la información se ha trivializado en exceso, dándole más importancia a las modelos y a los goles, el tratamiento de temas tan delicados como la paz están sujetos a la sintonía. Ningún país del mundo que se respete pasaría entrevistas con los líderes guerrilleros o de las autodefensas. Jamás en España han entrevistado a los terroristas de Eta, ni en Irlanda los de Ira, ni en Italia las Brigadas Rojas.
La realidad no puede ocultarse pero tampoco se puede ofender a la opinión pública de un país como Colombia —en aras del rating— abriéndole micrófonos y cámaras a individuos cuya mentalidad estrecha les impide ver más allá de las narices y formular propuestas claras y adecuadas para una sociedad en crisis; y, en vez de ello, permitir que se burlen en nuestras narices haciendo gala de un cinismo humillante y pendenciero.
En los últimos tres años, las Farc ha utilizado las cámaras para mentir y ofender, recibiendo de los medios un tratamiento de entidad gubernamental; y el señor Castaño, empleando una estrategia opuesta a la de mentir, deshonra a la audiencia con lo macabro de sus declaraciones, donde no hay dato nuevo sino la apología y la justificación de sus actos, erigiéndose en modelo a seguir en un país carente de buenos modelos.
Pero las cosas no se quedan ahí sino en la maldición del servilismo porque en Colombia los medios de comunicación no son libres y responsables sino que están atados a los grupos empresariales y a los partidos políticos. Dice Felipe Zuleta (El Espectador, lunes 7 de Mayo de 2001): «No es libertad de expresión que en nuestro país los medios pertenezcan, por regla general, a familias que tradicionalmente han ejercido las más altas dignidades del poder. Eso hace, para infortunio de la información, que los medios se matriculen con los candidatos y más tarde con los gobiernos».
Y continúa: «Indudablemente no puede haber libertad de expresión cuando los noticieros de televisión en los canales públicos están todos adjudicados a las familias presidenciales. Esa deformación ha afectado de manera grave el derecho a la información. Mal podría un ciudadano creer que los noticieros en Colombia se adjudicaron en aras de la libertad de expresión. No se engañen: los noticieros en Colombia tradicionalmente se han adjudicado para enriquecer a unos pocos y para garantizar que los presidentes de turno no tengan encima a otros ex mandatarios haciendo ruidos innecesarios contra el Gobierno».
Añade Zuleta: «No es libertad de expresión que los medios escritos o electrónicos tengan a algunos de los familiares de sus dueños trabajando en altas posiciones del Gobierno. […] Por supuesto, jamás crean que la libertad de expresión se da porque salgamos a decir toda clase de barbaridades en nuestras columnas o porque les abramos los micrófonos a la subversión y a los paramilitares. Eso no es libertad de nada: eso es irresponsabilidad para con el país, que en estos momentos necesita medios de comunicación realmente comprometidos a sacarlo adelante».
Por eso da risa la carta que le enviaron a Andrés Pastrana un grupo de columnistas disgustados por el tratamiento que recibió el colega Artunduaga, y da risa porque los firmantes tienen rabo de paja por su cercanía incestuosa con el poder: Alfonso López Michelsen (sin comentarios), Ana Mercedes Gómez (hermana de Juan Gómez Martínez), Ramiro Bejarano Guzmán (funcionario del gobierno de Samper), Carlos Gaviria Díaz (ex magistrado de la Corte Constitucional), Juan Carlos Esguerra Portocarrero (ex ministro), Carlos Lemos Simmonds (ex ministro, ex vicepresidente).
Eso demuestra que el periodismo en Colombia anda mal porque no lo hacen los periodistas sino los dueños del poder, que son como una serpiente que se está comiendo por la cola, y sólo le sirve al país a manera de circo; he ahí, Colombia, los goles y los derrieres de tus mujeres. ·
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