Las reformas económicas que por estos días, los últimos del año, se roban la atención de los colombianos son un remedio desagradable pero inevitable. Ha recibido el Primer Mandatario, por parte del Congreso de la República, facultades extraordinarias para reformar a fondo el Estado suprimiendo, fusionando o reduciendo entidades que son total o parcialmente innecesarias dada la duplicidad de funciones o sus bajos estándares de eficiencia. Se calcula que perderán sus puestos de trabajo unos 40 mil colombianos, de los cuales unos 30 mil están próximos a pensionarse y, una vez lo hagan, no serán remplazados. El resto recibirán las indemnizaciones de Ley y ayudas adicionales no contempladas en los códigos laborales como el pago de la mitad del sueldo por un año. El presidente ha dicho que los colombianos debemos escoger entre desarrollo o burocracia, y su elección fue un voto por lo primero; para cumplir no hay otro camino que las reformas y los impuestos.
Cualquier ama de casa o jefe de hogar sabe que no se puede subsistir mucho tiempo a expensas de lo que no se tiene, viviendo al debe. De cada 100 pesos que el Estado colombiano requiere para su funcionamiento sólo pueden costearse 47, sumando todos los ingresos del Estado, y los otros 53 hay que financiarlos con empréstitos de diverso origen. Casi 40 pesos, de cada 100, se dedican al pago de la deuda, tanto en amortizaciones como en intereses. Estas cuentas señalan una situación insostenible y no muy diferente a como se originó el drama argentino, de ahí la importancia de un Estado austero.
Los impuestos tienen como finalidad primordial aumentar el gasto en seguridad, la principal necesidad de los colombianos en el presente y uno de los pilares de la campaña del presidente Uribe. La semana anterior se intensificó el accionar terrorista de las Farc: se detectó a tiempo un complot contra el Jefe de Estado en Medellín, fue víctima de un libro bomba el senador uribista Germán Vargas Lleras, estalló un kilo de C-4 en el restaurante de Residencias Tequendama, donde se alojan gran parte de los congresistas que no residen en Bogotá, se incautaron más de mil kilos de dinamita y cinco carros bomba armados, dos de ellos con dispositivos electromecánicos que permitían conducirlo a control remoto —lo que evidencia una posible cooperación de grupos terroristas como Ira y Eta—, estalló un carrobomba en un CAI de la avenida Boyacá y un petardo en un supermercado. Pero no es sólo en Bogotá, otras capitales como Cúcuta y Neiva también han sufrido atentados. Todo esto ocurría mientras el Congreso votaba en contra de que las fuerzas militares cumplan funciones de policía militar, lo cual es necesario y de común usanza en cualquier conflicto. Por fortuna las fuerzas militares están a la ofensiva y los resultados son alentadores, su moral está en alto y son la más reconocida institución del país por parte de los colombianos.
La lucha contra la corrupción es más silenciosa pero también está avanzando. Se inició el programa de meritocracia para nombramientos en cargos públicos que hasta ahora han sido fortines políticos. También se terminó el llamado ‘computador de Palacio’, donde reposaban miles de hojas de vida recomendadas por congresistas. Parlamentarios opositores al gobierno de Uribe reconocen que éste no ha dado un solo puesto y que las reuniones en Palacio ya no son para distribuir auxilios sino para insistir en las bondades de un proyecto. El Referendo trae otros cambios importantes que marcarán diferencia en la forma de hacer política en Colombia aunque no es una panacea para su depuración absoluta. Es una lástima, eso sí, que el Presidente nos haya quitado el inmenso placer de revocar un Congreso que fue elegido en los comicios más sucios de que se tenga noticia, el pasado 10 de marzo.
Lamentablemente, se termina el año con el deseo insensato y de mal gusto entre muchos colombianos —alentados por algunos medios de comunicación— de que la ‘luna de miel’ del presidente Uribe se acabe pronto y mal, no entienden estas personas que estamos ante la última oportunidad de enderezar el camino. Las medidas impopulares que tocan el bolsillo de la gente se han vuelto un caballito de batalla para despotricar de un Gobierno que está cumpliendo obsesiva y pulcramente su programa. Es una muestra de seriedad y madurez que este Gobierno no le haya sacado el cuerpo a la Reforma Pensional, un problema de 400 billones de pesos heredado por irresponsabilidad de administraciones pasadas. Una Reforma que obliga a trabajar varios años más pero asegura la pensión en la vejez, cosa que hoy no se puede decir. La Reforma Laboral que hoy se aplica con tantas críticas fue aplaudida durante la campaña electoral como el mejor programa económico, presentado por la candidata Noemí Sanín y su asesor, el hoy ministro Juan Luis Londoño. Por tanto, habrá que darle un compás de espera.
Es obvio que a nadie le gusta pagar impuestos. La historia cuenta que los tributos que exigía la corona española fueron el detonante de las gestas de emancipación de sus colonias en América. Pero lo malo no son los impuestos sino lo que se haga con ellos. Dejarán de ser malos para los escépticos cuando se vea que nos desatrasamos en obras, se minimice la corrupción y se derrote el terrorismo y la delincuencia. Por ahora hay un gobernante que sabe para dónde va y cómo encarrilar un armatoste que hace tiempo desvió la ruta, un timonel que genera nuevas esperanzas para el 2003, un año que esperamos que traiga buen viento y buena mar.
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