La crisis económica que vive el país y que se refleja en los tres millones de desempleados y los cuatro millones de subempleados no tiene salidas tímidas. Las soluciones, todas, están en el terreno de los sacrificios que el país no quiere afrontar, aún con el peligro de una profundización insalvable. Hay cuatro temas que confluyen en la grave situación de la economía nacional: la corrupción, el déficit fiscal, la deuda externa y el modelo económico. Los dos últimos son decisivos para salvar el empleo:
La guerrilla de las Farc, antes de concluir las ‘conversaciones de paz’, trajo a colación el tema del subsidio al desempleo. Expertos y candidatos a la presidencia consideran preferible el empleo productivo; un subsidio genera desinterés por el trabajo y, en el largo plazo, es insostenible. Especialistas aseguran que la única alternativa viable, por el momento, es el empleo de choque, puestos de trabajo para reforestar, hacer trabajos de ornato, reparar escuelas, hacer carreteras, etc.
El esfuerzo no puede ser mínimo. El Instituto Mi Río de Medellín, durante la administración de Juan Gómez, solía contratar, por ejemplo, 10 mil jornales de trabajo para limpiar los cauces de las quebradas. Parece mucho pero es muy poco: un jornal equivale al salario de un sólo día de trabajo por hombre, 10 mil jornales corresponden al trabajo de 100 hombres durante 100 días, lo cual es una gota perdida en el mar.
¿Cuánto valdría darle trabajo a los 3 millones de desempleados? Si el salario mínimo es de 150 dólares mensuales, se requerirían 450 millones de dólares para pagar la nómina mensual de esa legión de asalariados, un poco más de un billón de pesos en moneda nacional. Un programa de empleo de esta naturaleza tendría un costo de 12 billones de pesos anuales. ¿Mucho dinero? Si, pero es apenas la mitad de los 23 billones de pesos que Colombia paga anualmente por servicio de la deuda externa, casi todo en intereses y muy poco en amortización.
No hay que pasar por alto, sin embargo, que se requeriría una cifra bastante significativa también para la dotación de los trabajadores, para los materiales de obra, etc. Existe consenso en el sentido de que no se puede dejar de pagar la deuda externa no sólo porque es necesario mantener abiertas las fuentes de crédito sino porque parte de ese dinero pertenece a fondos pensionales y, en general, a todos aquellos que han invertido en bonos de deuda pública. Dejar de pagar la deuda puede generar un problema similar al que se quiere corregir.
No obstante, ya los expertos coinciden en afirmar que los países latinoamericanos están muy cerca de verse en la necesidad de entrar en periodos de moratoria de pagos de la deuda para evitar el colapso de sus economías. Colombia tiene una disculpa mayor para declarar un periodo de moratoria: el grave problema de la confrontación armada con actores que quieren desestabilizar a las instituciones y la corresponsabilidad que tienen las naciones industrializadas como productoras de armas y de insumos químicos para la industria de los narcóticos, que atiza la confrontación, y como consumidores fundamentales de esas sustancias.
Ese sería un verdadero Plan Colombia y sin pedir limosna. Colombia solicitaría un periodo de moratoria por dos años, durante los cuales pagaría sólo la mitad del servicio de la deuda con la condición de que no se aumenten los intereses de mora. Con la mitad restante se pagaría el salario de los tres millones de desempleados, el dinero para ejecutar las obras se obtendría reorientando el gasto público y las regalías, y minimizando los gastos del Estado.
¿Cuáles podrían ser los beneficios de un programa de empleo de esta naturaleza? En primer lugar este dinero irrigaría la economía de la base social; sabemos que el salario mínimo es insuficiente para cubrir enteramente las necesidades de una familia, por ello mismo es previsible que su uso estaría destinado a alimentación, transporte, arriendo, servicios públicos básicos, y en menor proporción para vestido, calzado, educación, recreación, etc. Nada en lujos y gastos superfluos.
Los estudios de Fedesarrollo demuestran que los colombianos han disminuido dramáticamente la canasta familiar por incapacidad de pago. Las empresas de servicios públicos muestran altos índices de cartera y un alto número de usuarios desconectados. Los colegios y las universidades muestran una deserción estudiantil alarmante causada por el desempleo generalizado, la consecuente desindustrialización y la contracción de los mercados con el desmoronamiento progresivo de la demanda. Como es imposible que la inversión privada se produzca mientras no haya condiciones de seguridad apropiadas, la única solución es remplazar los capitales que se han fugado y no están circulando en nuestra economía con recursos públicos que hoy se están yendo también al exterior y que nos hacen más falta que nunca.
Esa transfusión, en términos generales, recuperaría el consumo y con él la actividad económica productiva: la industria, el comercio, los servicios, la educación. A su vez, la demanda interna crecería obligando a la empresa privada a generar empleos para cubrirla.
Otro beneficio palpable sería el de las obras. Carreteras construidas y/o reparadas, escuelas, escenarios deportivos, campos reforestados, acueductos veredales y municipales, viviendas de interés social, barrios subnormales mejorados, etc. Colombia es el país más atrasado de Latinoamérica en el tema vial, ahí hay una oportunidad de ponerse a la par con los países más adelantados.
Como si fuera poco, un esfuerzo de esa naturaleza le otorgaría a las instituciones, al Gobierno en particular, una legitimidad incuestionable frente a los reclamos de quienes justifican el accionar violento en la pobreza y la marginalidad de las masas pero, principalmente, le daría fe de autoridad a un Estado que con suma indolencia le ha volteado la espalda a los más necesitados con mayor virulencia desde que se abrieron las puertas a las políticas neoliberales, básicamente a las importaciones desmedidas y otras disposiciones no sólo impopulares sino verdaderamente lesivas para todo el pueblo colombiano pues hasta los ricos han visto desvalorizar su patrimonio.
Este programa de empleo se puede reforzar implementando convenientemente otras políticas y esperanzados en que Colombia sea favorecida con su inclusión en el Atpa. Se deben restablecer medidas de salvaguardia a los productos agrícolas y a los demás sectores que pueden aportar muchos puestos de trabajo como la cadena algodón-textil-confección. Estados Unidos acaba de establecer medidas proteccionistas para la industria del acero que venía siendo duramente golpeada por el acero europeo, qué mejor ejemplo.
Igualmente hay que tener una política cambiaria francamente decidida por la devaluación gradual pero constante del peso. Si bien ello puede desatar una inflación real del orden del 20 ó 25 por ciento anual, como venía sucediendo históricamente hasta mediados de los noventa, la experiencia demuestra que es preferible luchar contra la inflación que contra el desempleo. El ministro Santos dice que «la inflación es el peor impuesto para los pobres», pero aún peor es no tener empleo y, por ende, carecer de dinero para comprar lo básico. La inflación de un digito es producto de la incapacidad de gasto de los colombianos. También hay que pensar seriamente en la posibilidad de emitir dinero para mejorar el flujo circulante en la economía.
Este tipo de propuestas, ambiciosas por demás, son siempre calificadas como ingenuas y aventuradas. Ningún gobierno se compromete con algo así porque es una empresa descomunal y se corre el riesgo de provocar un desastre. Nuestros gobernantes reconocen su mediocridad, bastaría recordar que Pastrana le dio 15 días a sus ministros para proponer planes de empleo y la fórmula de Santos (el ministro) fue pedirle a los colombianos que contraten conductores, jardineros y empleadas del aseo…
La verdad es que de lo consignado aquí no hay nada nuevo. Son las mismas políticas implementadas por otros Estados para salir de periodos de depresión. Lo ha hecho recientemente George Bush, después del 11 de septiembre, al poner en circulación grandes emisiones para refrescar la economía e incluso al entregar recursos a las aerolíneas para evitar su colapso ante la caída de la demanda. En los treinta, Franklyn Delano Roosevelt las implementó con su programa del «New Deal», protegiendo la producción nacional y emprendiendo toda clase de obras públicas. Emplear tres millones de personas es algo casi utópico, emplear dos millones es una labor colosal, emplear un millón es un asunto verdaderamente arduo. Lo único que no puede hacerse es sentarnos a esperar que ‘la mano invisible de la economía’ (como la llamó Adam Smith) se encargue de las soluciones, esa es la mano que va a terminar por echarle fuego a este polvorín.
