El paramilitarismo en Colombia sólo se acabará cuando se derrote su causa, la subversión.
Nadie puede negar que sacar de circulación a cualquier actor armado ilegal es un verdadero alivio para el país; por tanto, las negociaciones iniciadas entre los grupos paramilitares y el gobierno nacional deben aplaudirse y verse como un camino de esperanza en pos de la anhelada paz y la convivencia necesaria entre los colombianos. Sin embargo, es un proceso que debe mirarse también con realismo y cautela.
No es en vano que diversos periodistas y analistas hayan indagado con alguna procacidad, tras el anuncio de las conversaciones, que ante el abandono en que quedarán las zonas de influencia de los paras ¿quién va a cuidarlas de la arremetida guerrillera? El asunto de la desmovilización de los paras no puede tomarse con ingenuidad ni permitir que semejante paso se dé sólo por presiones internacionales de amigos de la guerrilla y gobiernos que hablan mucho pero colaboran poco, debe verse como un asunto de seguridad nacional que compromete las estrategias diseñadas para vencer a los grupos terroristas.
El paramilitarismo no puede eliminarse de un plumazo cuando existen grupos terroristas de una crueldad ilimitada y una insuficiente capacidad militar del Estado para contenerlos. Tal y como están las cosas, el desmonte del paramilitarismo, hoy por hoy, sólo favorece a la guerrilla y a los líderes paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso que intentan con la negociación, evitar su extradición a los Estados Unidos. A sus patrocinadores y a los habitantes de las regiones que han dominado por años, no les conviene porque la guerrilla se torna más feroz en donde las autodefensas han perdido el dominio.
Sin embargo, Colombia necesita desmovilizar a las autodefensas por dos razones básicas: la primera es que estas organizaciones le restan legitimidad al Estado en su lucha contra la subversión debido a una supuesta connivencia entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares, que se explica en vista de que nadie ataca a quien no es su enemigo; y, la segunda, porque no todos los ejércitos privados que existen en Colombia son organizaciones antisubversivas o contraguerrilleras o cualquier tipo de organización que tenga por objeto el de la autodefensa. Muchas de ellas son simple delincuencia organizada que encubre y justifica sus actividades criminales en ese rótulo, y con unos fusiles, unos kilos de dinamita y unas matas de coca se creen con el derecho de tener un estado feudal como ha dicho el presidente Uribe.
Aun así, mientras haya guerrilla las autodefensas resurgirán una y otra vez, a menos que el Estado —con cooperación internacional— logre ocupar las tierras que queden desprotegidas, habitadas por los ex combatientes. En este caso es muy probable que la Onu pueda participar con una fuerza multinacional de paz que asegure las zonas como lo hiciera en Bosnia, o que lo hagan países amigos. Sin embargo, a pesar de cualquier esfuerzo que se haga, es imposible garantizar la desaparición de las autodefensas sin que desaparezca su causa, que es la guerrilla. Las autodefensas no son un grupo en sí ni un movimiento cohesionado sino, mas bien, una facultad que se deriva del instinto de conservación y, por tanto, ningún ser humano puede renunciar a tal virtud. Los paramilitares en Colombia serán historia cuando la guerrilla también lo sea. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto.
