Si hay quienes merecen todo el esfuerzo para traerlos de regreso a sus casas son los militares y policías secuestrados, no los politiqueros que están en poder de las Farc y, mucho menos, Íngrid.
Dice el columnista Héctor Abad Faciolince (Revista Semana, 15 de febrero) que en casos como el de Íngrid Betancourt lo correcto sería actuar con el pragmatismo de César Gaviria Trujillo cuando hizo negociar al gobierno de Samper con los terroristas del Jega para liberar a su hermano secuestrado. Otro columnista, Mauricio Vargas, (Revista Cambio, 15 de febrero) se pregunta si Íngrid no estaría más cerca de la libertad en el caso de que sus parientes y allegados, en vez de estar atacando al presidente Uribe, se hubieran dedicado a exigir que la guerrilla la libere sin contraprestaciones. Y un columnista más, Daniel Samper Pizano (El Tiempo, 18 de febrero), repudia de nuevo su secuestro a pesar de haber sido ella una piedra en el zapato del ex presidente Samper, pero niega con razones que tenga méritos para recibir el Nobel de Paz.
Hoy se cumplen dos años del secuestro de la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt y su asistente Clara Rojas. Un secuestro del que ella fue insistentemente advertida por las autoridades. Un secuestro del que ella misma, de alguna forma, es responsable y que es fruto de un muy mal calculado protagonismo político en plena campaña presidencial. Íngrid es la carta fuerte de las Farc para exigir un vulgar intercambio de carne humana que nada tiene de humanitario como lo ha dicho claramente el Comité Internacional de la Cruz Roja. Un simple chantaje de las Farc para recuperar varios centenares de asesinos que están presos —pero a quienes se les han respetado todos sus derechos y el debido proceso—, y que saldrían a sembrar el terror en todo el país. Un canje en el que sólo creen los guerrilleros y los familiares de los secuestrados, ya con síntomas de síndrome de Estocolmo.
Durante el viaje del presidente Uribe a Europa, la madre de Íngrid Betancourt, Yolanda Pulecio, participó en una manifestación donde llevaban una pancarta que pintaba a Uribe como Hitler; el ex esposo de Íngrid, a pesar de ser un diplomático francés en ejercicio, escribió un artículo calumnioso en contra del presidente de Colombia, en el diario Le Monde; y la hija de Íngrid intervino en el foro de opositores de Uribe, junto a Gloria Cuartas y Gustavo Petro. Eso demuestra que, en medio de un comprensible desespero, el enfoque de los parientes de Íngrid es tremendamente equivocado, los únicos responsables de que ella esté secuestrada son los terroristas de las Farc, no el presidente Uribe. Por eso, es francamente un esperpento candidatizar a Íngrid al Nobel de Paz si es para presionar el canje. Si ello sirve para que la liberen no sólo a ella sino a muchos otros secuestrados sin contraprestaciones, bienvenida la nominación y el galardón mismo. De lo contrario también hay que rechazar esa idea y, en cualquier caso, hacer honor a la verdad y decirle a los franceses y a la Academia Sueca que Íngrid no es Juana de Arco y que lejos está de ser el símbolo del secuestro en Colombia.
El único canje posible es el que ha propuesto el actual gobierno: a cambio de todos los secuestrados, incluyendo los que lo son por razones económicas; con el compromiso de que las Farc abandone esa práctica como método de financiación y como método de presión política; bajo el acuerdo —y el arbitraje internacional— de que los guerrilleros liberados no vuelvan al combate; sin despeje de territorios y por una sola vez. Eso es lo que le conviene al país pero como no le conviene a los terroristas el canje es, por ahora, imposible. Ahí sí cabe emplear las palabras del senador Rafael Pardo Rueda cuando dijo que Uribe había sido elegido para meter delincuentes en la cárcel y no para soltarlos.
Hay que enfatizar también que no pueden haber secuestrados de distintas categorías. Lo ocurrido en 1996 con el hermano de Gaviria fue una vulgar violación del Estado de Derecho. No sólo se pusieron de rodillas las instituciones —el general Rosso José Serrano, director de la Policía Nacional, encañonado en el avión de Pereira a Bogotá por un subversivo— sino que se cometieron delitos y hasta participaron delincuentes para lograr que Bochica no lo asesinara como era el plan inicial: capos de la droga del norte del Valle secuestraron a las familias de los secuestradores para exigir la liberación de Gaviria quien sabe a cambio de qué. Varios subversivos fueron exiliados en Cuba de manera impune. Se le dio al rehén un trato preferencial de miembro de familia real que parece humanitario y piadoso pero que termina siendo indigno y humillante para toda la sociedad porque ceder a un secuestro es dar la cuota inicial para otro.
Así, el ‘chantaje humanitario’, de efectuarse, no sería, como creen muchos, el principio de la solución definitiva del secuestro como arma de lucha política, sino todo lo contrario, la reafirmación de que es un arma efectiva. De hecho, si el secuestro ha florecido en Colombia hasta niveles insospechados es porque la gente paga y la suma que está exigiendo las Farc es muy alta, implica reemplazar el dolor de unas familias por el de muchas otras en el futuro. Pero, seamos muy claros en algo: si hay quienes merecen todo el esfuerzo para traerlos de regreso a sus casas son los militares y policías secuestrados, no los politiqueros que están en poder de las Farc y, mucho menos, Íngrid.
