Tienda de barrio

El consejero presidencial José Roberto Arango renunció a su cargo por supuesta incompatibilidad entre sus funciones públicas y los negocios de su familia. El mismo negocio, un batallón de toallas para el Ejército, también tumbó al vicefiscal general, Andrés Ramírez Moncayo, pues la compañía de su familia, Fabrilar, actuó como intermediaria en la fabricación de las toallas; es decir, ganaron el negocio pero las mandaron a fabricar en Fatelares, la empresa de los Arango.

La ex directora de Invías (Instituto Nacional de Vías), Alicia Naranjo, debió retirarse también por incompatibilidad con sus negocios pues, a través de sus empresas, es socia de Comsa, consorcio colombo-español con el que ella misma llegó a una dudosa conciliación para continuar la construcción de la carretera Tobía – Puerto Salgar, suspendida por incumplimiento del consorcio, por el que han abogado, ante los presidentes Pastrana y Uribe, desde José María Aznar hasta el rey de España.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, podría tener que renunciar por beneficiarse de una Ley (la de alcoholes carburantes) que él mismo reglamentó. Su familia posee una finca con 500 hectáreas de caña explotadas por el Ingenio Manuelita, donde se montará la primera planta de alcoholes carburantes en el país. Como si fuera poco, el alcalde de Cali, Apolinar Salcedo, acaba de permitir la venta de pólvora en esa ciudad, actuando en favor de uno de los principales benefactores de su campaña quien es propietario de una gran polvorería.

Para rematar, el presidente del Concejo de Medellín, el locutor de radio Santiago Martínez, se asignó una beca de capacitación por 40 millones de pesos para irse a España, entregando el cargo seis meses antes de lo previsto en cumplimiento de un acuerdo politiquero en el que se juegan esa presidencia, y sus beneficios, como si fuera un balón. Incluso, los concejales de Medellín andan haciendo maromas jurídicas para aumentarse el jugoso salario que devengan mientras los mendigos y desempleados proliferan en toda la ciudad.

Ninguno de los anteriores son casos aislados, son una muestra del carácter sórdido y mezquino de nuestros dirigentes. No todas las incompatibilidades son sinónimo de corrupción pero sí de tráfico de influencias en casi todos los casos. Está claro que si se sataniza la presencia de personas de la empresa privada en el Estado no podremos contar con la gente mejor preparada pero la dificultad es que casi todos los que licitan con el Estado o son grandes empresarios o pertenecen al ámbito político o ambas cosas. Uno no ve que el Estado colombiano contrate con microempresas o cooperativas ni siquiera para que intermedien en la elaboración de unas toallas.

Eso es un grave indicio de que la realidad va por un camino muy distinto al que se predica en el discurso social de todas las fuerzas vivas de la Nación. Las madres comunitarias que atienden treinta o cuarenta niños pobres reciben un misérrimo salario que no llega a medio mínimo y tienen que pelear con toda la burocracia del Estado para que les adjudiquen cada dos o tres meses un bulto de harina para alimentar a esos muchachitos. Mientras tanto, la riqueza se concentra cada vez más porque los millonarios contratos del Estado se los adjudican a los mismos de siempre, no importa que las obras les queden mal hechas como el Transmilenio o que no requieran mayor tecnología como el caso de las toallas, máxime si se puede subcontratar a un tercero.

Convertir un Estado burocrático y clientelista en uno concesionario y contratista, parece bueno en teoría pero en la práctica se presta para los mismos favorecimientos de siempre que convierten al Estado en una tienda de barrio.