Las mal llamadas comunidades de paz tendrán que abrir sus puertas al Estado porque no pueden haber republiquitas independientes ni podría inculparse al establecimiento de lo que pase en un sitio que se considera fuera de su jurisdicción.
Ninguna legislación del mundo contempla dentro del territorio o la jurisdicción de un país, regiones autónomas que no reconozcan la soberanía del Estado. Hay casos especiales como el de las embajadas que, en tiempos de tensión entre naciones, se han prestado para acciones clandestinas que violan las leyes locales. Otro caso puede ser el de las reservas indígenas, ya que no es ‘civilizado’ forzar a los aborígenes a renunciar a su cosmogonía para adaptarse a una cultura tan distinta a la de ellos. No obstante, las diferencias raciales, políticas, económicas o religiosas, ya no se consideran razones válidas para que algunos pretexten su autonomía.
La existencia de ‘comunidades de paz’ en Colombia es inexcusable. Hace tiempo existen sospechas sobre su origen, su financiación y sus propósitos. Se han denunciado insistentemente los atropellos, de quienes gobiernan estas comunidades, contra sus propios habitantes e, incluso, hacia los visitantes, pues los primeros son tratados como presos y no pueden salir a su amaño, mientras a los segundos se les excluye inopinadamente, sin que pueda acercarse por allí nadie diferente a los que señalen los ‘regentes’ de esos enclaves. Es decir, allí se han instalado gobiernos de facto, pequeñas satrapías o feudos como los que se creían desaparecidos desde la edad media. Pero lo más grave es que arguyendo una aparente neutralidad en el conflicto, estos enclaves esconden tras de sí el verdadero papel que cumplen: ser retaguardias de la guerrilla.
Declararse ‘neutral’ en el conflicto, no puede significar que se desacate al Estado; ser ‘neutral’ tan sólo puede significar el no tomar parte en las acciones de guerra, amparándose en la llamada objeción de conciencia. Desacatar al Estado viola la pretendida neutralidad porque al no reconocerlo se hace eco a los sediciosos que pretenden sustituirlo, por lo cual, aun sin querer —y buscando la supuesta neutralidad—, se termina alineado a los insurrectos. No se trata del aforismo aquel que dice «el que no está conmigo, está contra mí», sino de que las fuerzas armadas constitucionales no son, no pueden ser, un ‘actor’ del conflicto. El pacto social, refrendado en la Constitución, en los nombramientos por voto popular, en las instituciones, en el sistema —con sus bondades y defectos—, reconoce la autoridad del Estado sobre un territorio y una población sobre los que aquél debe ejercer soberanía, y nadie puede desconocer ese pacto porque sí, ni puede el Estado negarse a ejecutar su dominio y ni siquiera, en condiciones normales, puede entregar concesiones de preferencia a un grupo de individuos.
En ningún país pueden existir reductos donde se prohíba el ingreso de la Fuerza Pública, donde no hayan jueces y fiscales no por precariedad del Estado sino porque los reciben a bala, donde no pueda haber profesores ni médicos oficiales, ni se puedan cobrar impuestos, ni se puedan hacer elecciones ni pueda haber cualquier tipo de presencia oficial. De alguna manera, eso es lo que se ha vivido en las lejanías de Colombia por largos años: falta de presencia del Estado por ineficiencia y lasitud, pero ello no es excusa para que ahora, con intereses oscuros, se quiera reconocer la autonomía de esos territorios con la bendición de organizaciones de izquierda altamente comprometidas con las Farc.
Si bien no está claro quién cometió la masacre de la ‘comunidad de paz’ de San José de Apartadó, donde murieron ocho personas ejecutadas con alto grado de sevicia, es muy difícil creer de buenas a primeras que lo haya hecho el Ejército cuando los denunciantes carecen de neutralidad, precisamente, para ser voces dignas de crédito. La ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, es una reconocida simpatizante de la guerrilla, mientras que del padre Javier Giraldo —también de izquierda— se dice que probó armas en San Vicente de Chucurí, en una guerrilla. Sea quien sea el autor de los crímenes, las mal llamadas comunidades de paz tendrán que abrir sus puertas al Estado porque no pueden haber republiquitas independientes ni podría inculparse al establecimiento de lo que pase en un sitio que se considera fuera de su jurisdicción.
