Las maromas del representante Petro

El congresista Gustavo Petro fue elegido por los periodistas que cubren la información en el Legislativo, como el mejor de los Representantes en cuanto a la asistencia a las sesiones, la participación en los debates y el interés que demuestra por su trabajo. Sin embargo, el (¿ex?) guerrillero muestra el cobre. En el programa de televisión del periodista D’Artagnan, Petro dijo que ninguno de los crímenes del M-19 podía catalogarse como de ‘lesa humanidad’, y en el debate de la ley de ‘Justicia y Paz’ acusó a un hermano del presidente Álvaro Uribe de integrar un grupo paramilitar en 1994. Son las mismas argucias de cualquier raposa.

Con notable cinismo, Petro, con frases cortas y sin ruborizarse, dijo que los crímenes del M-19, o fueron acciones de guerra o tuvieron cariz de crimen ‘político’. Eso significa que no hubo violación de derechos humanos ni atrocidad alguna en las tenebrosas purgas internas de la organización, en sus muchos secuestros y asesinatos, en la toma del Palacio de Justicia, etc.. Está claro que dar de baja en combate a militares no es un asesinato sino una acción de guerra, incluso cuando ésta se perpetra con franca ventaja y usando armas no convencionales, como al emboscar un pequeño convoy en una carretera minada. Esto porque la Fuerza Pública es el enemigo natural de unos sediciosos que quieren tomarse el poder y que para ello realizan prácticas terroristas. Pero cuando no se procede contra la Fuerza Pública quién puede catalogar el carácter de acción política de un crimen, ¿el representante Petro?

Es precisamente Petro uno de los parlamentarios más mordaces con respecto al proceso de paz con los paramilitares y quien más fustiga la alternativa de que a éstos se les trate como a delincuentes políticos. Para él no son más que mafiosos y asesinos fascistas, y todas sus acciones son crímenes de lesa humanidad. Carlos Castaño explicaba que las masacres se ejecutaban en contra de miembros de las guerrillas vestidos de paisano, dada su reconocida estrategia de camuflarse entre la población cuando les conviene. No obstante, con la franqueza que solía caracterizarlo, admitió muchos errores de apreciación. Castaño admitía también que se asesinaba a ‘colaboradores’ de las guerrillas de la misma manera que éstas hacen lo mismo con quienes consideran aliados de los ‘paras’. Las masacres —probablemente indiscriminadas— son las prácticas de los paramilitares más condenadas por tirios y troyanos y por las que son vistos como simples asesinos; pero desde su punto de vista son acciones de contrainsurgencia y, por tanto, de carácter político. No hay razones para creer que las ‘Autodefensas’ siempre se ‘equivocan’ y que sus crímenes no tienen el tal sustento político mientras que las acciones del M-19 eran perfectamente justificables. Eso no es serio.

También carece de seriedad que quien fuera un guerrillero de la peor calaña venga ahora a condenar un ciudadano por rumores de paramilitarismo. Señalar  que alguien supuestamente colaboró con grupos de autodefensa en 1994 y sugerir que debería ser investigado y puesto preso y que, de carambola, su hermano, el Presidente de la República, debería explicar y acaso renunciar al cargo al verse enlodado por el escándalo, es una bellaquería. Eso significa, ni más ni menos, que para el representante Petro los ciudadanos de Colombia, en 1994, época en la que los presidentes de turno le permitían a las guerrillas hacer lo que les viniera en gana, tenían que dejarse extorsionar, secuestrar y asesinar de las guerrillas, amordazados y atados de pies y manos, porque cualquier intento de supervivencia podría ser catalogado por Petro, la Corte Interamericana de DD.HH. y la Izquierda en general como un delito de ‘lesa humanidad’. Eso que en cualquier parte del mundo es actuar en defensa propia. Las baladronadas de Petro no son más que una desafortunada acrobacia intelectual, con cara gano yo y con sello pierde usted.

Esto resalta la importancia de recoger la tesis del filósofo español Fernando Savater para eliminar de la Constitución Política los mal llamados delitos políticos —rebelión, sedición y asonada— que no sirven tanto para garantizar la libertad, la igualdad y la justicia de los pueblos como para preservar la impunidad y cometer cualquier exceso en nombre de los más confusos ideales. No son más que una caperuza para ocultar las caras de unos bandidos. Ya la mayoría de los países del mundo han eliminado esta permisión de las cartas políticas y va siendo hora de hacerlo en Colombia para evitar vergonzantes promociones en las que impíos asesinos devienen en ‘honorables representantes’, que se creen paladines de la moral y la justicia.

Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 4  de julio de 2005.