No puede tolerarse más que a los niños los asesinen, secuestren, torturen y violen.
Las más aberrantes cifras oficiales de Colombia, son las de la violencia infantil en el país. Las últimas estadísticas oficiales revelan que cada ocho horas asesinan a un menor, cada 48 se suicida otro y cada 30 minutos uno es violado. El país sigue insensible ante ello a pesar de que cada día se registran más y más casos en la prensa. Hace apenas unas semanas se conocieron una docena de eventos pavorosos que harían conmocionar a cualquier otro país pero no a Colombia.
Un bebe muerto a puñaladas porque el padre debía veinte mil pesos; un padre que asesinó a sus tres hijos en Chocó y el hecho sólo se conoció porque ninguna aerolínea quería trasladar los cadáveres a Barranquilla, donde estaba la madre; un individuo capturado por mandar a asesinar a su esposa e hijos, aunque el crimen no se efectuó; un hombre que violó y asesinó una niña de brazos en Santa Fe de Antioquia en venganza a su madre, con quien había mantenido una relación amorosa; un caso idéntico al anterior pero en Sucre; una masacre en San José de Apartadó, donde, como víctimas propiamente del conflicto armado, fueron asesinados cuatro menores, y así.
Son tres muertos diarios. Abundan los muertos por balas perdidas, o sea casi por casualidad. Son 48 violados diariamente. Pululan las violaciones por parte de padrastros, tíos, abuelos, amigos de la familia, vecinos y por los propios padres, que a menudo embarazan a sus hijas. Son cerca de 180 los menores que se suicidan cada año casi siempre por los mismos motivos por los que muchos miles se escapan de sus casas: desatención, maltrato, violencia intrafamiliar, abandono…
Un país violento es un país enfermo pero lo es doblemente si la violencia es contra sus niños, y si no hace nada está perdido. Colombia ha sido reticente al hablar de cadena perpetua y de pena de muerte aún cuando se proponen contra la comisión de delitos execrables. Siempre se esgrime el retintín de los errores judiciales, de que de pronto se castiga a un justo o de que eso sólo se aplicaría a «los de ruana». En los países más avanzados, la justicia es particularmente implacable contra quienes asesinan policías, políticos o jueces; pero lo es más contra quienes asesinan niños. En el nuestro, se reclama especial protección para sindicalistas, maestros (sindicalizados) y periodistas, también para políticos y miembros de misión médica en zonas de conflicto, pero por los niños nadie aboga, un niño muerto o violado vale lo mismo que un perro aplastado por un bus.
Según cifras de Bienestar Familiar, en Colombia hay casi medio millón de nacimientos no deseados al año. Eso significa medio millón de niños y niñas que nadie quiere, que serán maltratados, violados, inducidos a la prostitución, a la delincuencia o a la guerra, niños que no tendrán acceso a la educación, que nunca saldrán de la pobreza y que se convertirán en reproductores de miseria y violencia. Y vale lo mismo el perro aplastado porque para los benefactores de los animales es humano esterilizar a los perros callejeros mientras que a los defensores de los derechos humanos les parece una canallada promover el sometimiento voluntario a la esterilización de personas de sectores vulnerables, léase indigentes y clases marginadas con más hijos de los que pueden mantener.
Son los mismos que se oponen a la propuesta de castración química de violadores con el falso argumento de que ello vulnera sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, al libre ejercicio de su sexualidad y no se sabe qué otras majaderías. Pero, por fortuna, la misma Constitución que estos defensores enarbolan señala que los derechos de los niños están por encima de todos los demás.
En lo único que debe caber el fundamentalismo en una sociedad es en la defensa de los niños. Este país, esta sociedad, debe dar señales de que está dispuesta a hacer el máximo esfuerzo por sus niños y hacerle entender a delincuentes, a enfermos sexuales, a grupos armados ilegales y a todos en general que los niños son intocables y que quien les cometa grave daño será castigado con especial dureza. A crímenes contra menores se les deben retirar todos los beneficios de Ley y no sólo se deben endurecer las penas sino implantar la castración para los violadores, la cadena perpetua y la pena de muerte de acuerdo con la gravedad del caso. Los colombianos hemos sido permisivos con la violencia en general pero no podemos hacer lo mismo tratándose de niños, no se puede permitir que a ellos los toque. Ya es demasiado que las circunstancias los expongan al hambre, el desplazamiento forzado, las minas antipersonales, la precariedad en salud y educación. Por eso no puede permitirse que los asesinen, secuestren, torturen y violen, eso es intolerable.
Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 11 de abril de 2005 (www.elmundo.com).
