El Mundo, Editorial, junio 30 de 2006
Es interesante contrastar el manejo que una y otra institución hacen de algunas cifras para llegar a conclusiones diferentes.
Nos llamó la atención que el mismo día, miércoles de la presente semana, se publicaran dos estudios sobre el desempeño de la economía colombiana diametralmente opuestos en sus enfoques, uno de ellos virulentamente crítico del Gobierno y el otro bastante elogioso del manejo que éste le ha dado a las distintas variables macroeconómicas que inciden en la reducción del desempleo y la pobreza. El primero es del Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID – de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, titulado “Bienestar y macroeconomía 2002-2006: el crecimiento inequitativo no es sostenible”, realizado por encargo de la Contraloría General de la República. Y el segundo es el Informe del Fondo Monetario Internacional, presentado en Washington.
A primera vista, el contraste es espectacular. El CID acusa al Departamento Nacional de Planeación de utilizar políticamente las cifras sobre la pobreza en Colombia y de hacer “contabilidad creativa” para magnificar los resultados del Gobierno. Éste, a su juicio, no ha logrado ni logrará reducir ese fenómeno porque deja todo esfuerzo en manos del crecimiento económico sin incorporar políticas redistributivas: “La pobreza no se superará mientras que no se afecte de manera radical la desigual distribución de la riqueza”. Verdad de Perogrullo. En cambio, el FMI asegura que el crecimiento de la economía colombiana fue “muy bueno” en el año 2005 y que la recuperación en los últimos cuatro ha sido sostenida y “mucho mejor de lo esperado”, lo que ha derivado en una disminución del desempleo y la pobreza. Para finales de 2005 el desempleo urbano había bajado al 12,2%, comparado con una tasa cercana al 16% entre 2000 y 2002, por lo que el FMI declara que las cifras reflejan “un crecimiento constante del empleo total”.
Es interesante contrastar el manejo que una y otra institución hacen de algunas cifras para llegar a conclusiones diferentes. Según el CID, el nivel de pobreza del 2005 (49,2%), es comparable con el que se obtuvo en 1995 (49,5%), cuando el PIB creció al 5,2 por ciento. Contra lo que dice el Gobierno, que sitúa la cifra de pobres en 22.5 millones, para el CID están por encima de 30 millones y minimiza los resultados de la recuperación económica después de la crisis de 1999, diciendo que “lo único que ha logrado es recomponer algunas de las pérdidas dejadas por la recesión, retomar algunos empleos, mejorar ciertas condiciones de la informalidad y volver a dar confianza para la reactivación de los negocios familiares y de micro empresas”. El FMI, por su parte, en lugar de comparar la tasa de pobreza del 2005 con la de hace once años, la contrasta con la del 2000 y 2002, que llegó al 56 por ciento, en pleno proceso de “balas y babas” – relación de la guerra con la economía que ignoran olímpicamente en su análisis los economistas de la Nacional -. Además, dice el FMI, la distribución del ingreso mejoró, a medida que el 50% de la población más pobre ha logrado acaparar una parte cada vez mayor del ingreso nacional, mientras que el ingreso del 20% más rico ha bajado levemente, aunque admite que “la desigualdad en la distribución de los ingresos sigue siendo alta en Colombia”, lo que es mucho más objetivo que afirmar que hay cero avance en redistribución de la riqueza.
La guerra que le declararon los violentos hace tantos años a Colombia tiene una incidencia innegable en la marcha de los negocios, la generación de empleo y la reducción de la pobreza, y el FMI reconoce los resultados de los esfuerzos de este gobierno en ese frente, al afirmar que “la situación de seguridad del país sudamericano sigue siendo mucho mejor que hace unos cuantos años atrás”. En cambio, el estudio del CID, al menos por lo que se desprende del amplio resumen publicado por El Tiempo, no hace mención del tema, quizá para no tener que dar el merecido crédito al Gobierno en el sentido de que ha puesto su mayor empeño en resolver un problema para nosotros prioritario, como es recobrar para el Estado el pleno dominio de las armas y restablecer el orden y consecuentemente la paz, como presupuesto indispensable de un desarrollo sostenido y más justo para todos.
Otro tema en que los dos enfoques son diametralmente opuestos es el de la inflación, pues para el CID su reducción en los últimos años “claramente ha tenido un impacto negativo en la calidad de vida de los hogares más pobres”, sustentando su afirmación en un estudio que realizó en Bogotá, según el cual los hogares de estrato uno gastaron en el 2004 un 11% de sus ingresos en servicios públicos, contra un 4% en 1997. Lo que no dice es qué tanto mejoraron esos servicios en ese período, aunque eso no justifica, por supuesto, las alzas desmesuradas en las tarifas, en cuyo control tiene gran responsabilidad el Gobierno. Para el FMI no es sólo muy positivo que en el 2005 el producto bruto interno de Colombia hubiera aumentado en más del 5%, comparado con el aumento del 3,96% en el 2004, sino que el índice de precios al consumidor hubiera estado por debajo del 5%, porque, obviamente, una baja inflación beneficia a todos, pero sobre todo es la mejor protección al ingreso de los pobres.
Aquí no somos defensores a ultranza de la política económica del Gobierno y de eso pueden dar fe nuestros lectores. Pero, francamente, muestran demasiado el cobre antigobiernista los autores del estudio del CID. En cambio, nos parece más objetivo el análisis del FMI, que por cierto examina con lupa la marcha de la economía de todos los países, independientemente de quienes estén al mando.