Con el respeto que me merecen todas las personas que se oponen a las obras de la Vía Distribuidora de la Regional, y quienes han clamado por otros ‘arboricidios’ como el de la Avenida 33, es dable afirmar que la defensa del medio ambiente no puede ser un asunto coyuntural al que se apela sólo cuando se trastoca la propia vecindad y se generan perjuicios directos a los autoproclamados ‘defensores’. De esa manera, la comunidad afectada quiere ser juez y parte, y termina pareciéndose a aquellas que se oponen a la construcción de una cárcel o de un relleno sanitario en sus linderos, perdiendo credibilidad. Es decir, se llega al punto de no quedar claro qué es lo que se defiende: si el medio ambiente, el medio ambiente del barrio o, simplemente, el barrio y no la ecología de la ciudad y del planeta en general.
En Medellín hay decenas de temas por trabajar en materia medioambiental pero cada quien tan sólo es doliente de su propia calle y eso, a menudo, sólo de puertas para afuera porque en la mayoría de las viviendas ni siquiera se practica el reciclaje y la separación de basuras. Todos se indignan porque les talan un hermoso bosque frente a sus casas pero la vida útil de los rellenos les importa un carajo. A los vecinos de Camino Verde, en Envigado, les ha venido a germinar el espíritu ecológico ahora que les están talando un encantador bosque de pinos para hacer más edificios. Pero la queja no es por el dolor de ver la devastación de ese sitio paradisiaco sino por sentirse engañados por un constructor que les vendió la promesa de tener ese bosque para toda la vida. Es lo mismo que pasó en el Carlos E. Restrepo con el famoso parque que en realidad era un terreno particular.
Todas esas son puras lágrimas de cocodrilo. A los habitantes de Medellín nos falta mucho para tener conciencia ecológica y a los ecologistas de la ciudad les falta lo principal: ser integrales y no preconizar un falso interés por el medio ambiente. El sentido ecológico, en la ciudad, empieza en el reciclaje de las basuras, que debería ser obligatorio; sigue por el respeto de las cuencas y las quebradas, adonde no deben arrojarse desechos; pasa por el control de la contaminación en la industria; continúa en el tema de la contaminación del aire, sobre todo la que producen los vehículos automotores, y prosigue por muchos otros tópicos como el cuidado de la fauna y la flora, que tiene honda relación con el espacio público.
Si los ambientalistas —que deberíamos ser todos— están tan preocupados por el medio ambiente de Medellín en general no se entiende por qué sólo se quejan ahora. Si bien han sido estimulados por una administración que exageró el uso de la motosierra y remplazó frondosos árboles con raquíticos chamizos que tardarán décadas en igualar la biomasa que se tenía, siempre ha habido cosas por hacer en ese terreno y no todo puede ser responsabilidad del sector público. Hay que recordar la tarea altruista que por años desarrolló el doctor Jorge Molina Moreno y que ahora, en época electoral, trae a colación el candidato Alonso Salazar.
Todos los candidatos de la última década han hablado de campañas de reforestación pero poco se ha visto. Algunos líderes de opinión han coincidido en la necesidad y la importancia —incluso para el turismo— de llenar de árboles, flores y matas de jardín las vías que conducen al aeropuerto, la vía a occidente, los cerros y laderas de la ciudad. No cabe duda de que es mejor ver cientos de guayacanes florecidos que esas horrendas pirámides forradas con baldosín de baño. También hay centenares de zonas verdes en glorietas, separadores y orejas de puentes dignas de plantarse con setos, flores y especies nativas. No es precisamente el área que se requiere para una avenida la única donde se puede hacer un bosque.
En el tema de los automotores el Concejo de la ciudad y el nuevo alcalde deberían fijar la conversión a gas obligatoria para todos los vehículos de servicio público —taxis, buses y colectivos—, brindando un bono de un millón de pesos para cada uno, y suspender el ingreso de nuevos automotores de servicio público tipo diésel, cuya conversión a gas es muy costosa, hasta que no se resuelva el problema del abastecimiento de ACPM altamente contaminante (4.500 ppm). La ciudad sólo debe admitir diésel de 50 ppm como reza la norma Euro IV. Igualmente, se debe exigir el empleo de vehículos a gas para el Metroplús, no de diésel, ya que lamentablemente está descartada su operación con energía eléctrica. ·
Publicado en el periódico El Mundo, de Medellín, el 6 de agosto de 2007
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