Los políticos toman las decisiones más importantes de la ciudad; es decir, en La Alpujarra —y a pocas cuadras, en el Edificio Inteligente— se toman las decisiones más trascendentales para los ciudadanos de Medellín. Sin embargo, pocas veces suele advertirse que esas determinaciones son igual de significativas para los habitantes de Envigado, Itagüí, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y el oriente y occidente cercanos.
La Constitución de 1991 proclama la necesidad de crear regiones administrativas fusionando varios departamentos para reducir burocracia ineficiente y liberar recursos que satisfagan necesidades reales, pero eso es utópico mientras prevalezca la rapacería política. El origen de departamentos y municipios siempre ha estado ligado a la politiquería y al espejismo presupuestario, en tanto que el sueño de los pseudo-líderes es gobernar su ínsula animados por una vocación de capataces que se ve estimulada por un cúmulo de necesidades apremiantes que no tienen solución y que, a la sazón, se yerguen como razón primordial para mantener los apetitos de enfermiza autonomía.
Aquí tenemos el mejor ejemplo de eso, donde hay una docena de municipios con toda la parafernalia política del caso —alcaldes, secretarios, concejales, etc.— pero ‘gobernados’ desde La Alpujarra porque su autonomía se ve afectada por ineficiencias internas y por el efecto gravitatorio que un cuerpo celeste inmenso causa en otros más pequeños.
La conurbación de la región metropolitana es más que evidente. Desde hace muchas décadas se vive un dinámico proceso de interacción entre municipios y todos a una conforman la misma ciudad. No se percibe algún asomo de rivalidad entre habitantes y los municipios satélites son vistos más como barrios o comunas de Medellín que como divisiones autónomas. Eso se debe, en parte, a que las fronteras se han borrado por el limitado espacio geográfico en el que se asienta la urbe, ya sin más territorio para expandirse, y a procesos históricos asociados al éxito de la empresa de servicios de la ciudad y a la concentración de esfuerzos cívicos, empresariales y políticos en Medellín que han terminado absorbiendo las necesidades de sus vecinos.
Así, las empresas que prestaban servicios a los municipios aledaños a Medellín se fueron atrofiando mientras las EPM satisfacían sus necesidades y se convertían en el principal factor de cohesión entre los habitantes del Valle del Aburrá, algo que nos hizo identificar a todos como de una misma especie. Si bien es cierto que cada municipio brinda por su propia cuenta —o por concesión a particulares— otros servicios como recolección de basuras, bomberos, transporte, y qué decir de salud y educación, el peso específico de los servicios residenciales (agua, energía, teléfono, gas y otros como internet y televisión por cable) le otorga una afinidad tal a la ciudad-región que hace suponer ya una virtual absorción o agrupación que aún no trasciende lo político pero que es ya evidente en todos los órdenes. Los ciudadanos no distinguen límites para elegir el lugar de vivienda, estudio, trabajo o diversión.
Bogotá tiene 6,7 millones de habitantes; Medellín tiene 2,2 millones y el resto de su área metropolitana (sin contar oriente y occidente cercanos) aporta 1,1 millones para un total de 3,3 millones de habitantes, la mitad de Bogotá. La implementación de la Ley 617 de 2000 puso de manifiesto que sólo Envigado tenía indicadores mejores o iguales a los de Medellín, mientras el resto de municipios del Valle del Aburrá, con diversos matices, presentaban resultados muy mediocres y un manejo irracional de sus recursos financieros.
No hay disculpas para ser una sola ciudad, apenas las taras de la clase política que sigue aferrada a los puestos y los presupuestos. Medellín debe convertirse en un Distrito Metropolitano que incluya en un principio a todo el Valle del Aburrá y en etapas posteriores al oriente y occidente cercanos. Ojalá algún día se dé este avance para beneficio de todos. ·
Publicado en el periódico El Mundo de Medellín, el 14 de mayo de 2007
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