Casa por cárcel es impunidad

Los ciudadanos estamos cansados de la impunidad que reina en el país. Ha habido, de tiempo atrás, una perversa laxitud en la imposición de las condenas, un régimen carcelario blandengue y permisivo, y unas rebajas de pena vergonzosamente pródigas. Y, como si fuera poco, ahora está haciendo carrera la práctica de otorgar el beneficio de la casa por cárcel de manera infundada e improcedente, dizque con el fin de reducir el hacinamiento carcelario.

De manera sistemática, jueces y fiscales vienen concediendo esa indulgencia a delincuentes peligrosos que no deberían obtenerla bajo ningún argumento. Si antes veíamos con preocupación que autores de delitos execrables cumplían penas efectivas de tan sólo diez o doce años –que son muy benévolas en comparación con el daño causado–, ahora el desasosiego es porque estos criminales están cómodos en sus casas y salen cuando quieren; incluso, muchos reciben permiso para trabajar fuera de su vivienda, como cualquier ciudadano de bien. Es decir, a pesar de que en Colombia hay una alarmante impunidad del 97 por ciento, nuestros jueces y fiscales están acabando soterradamente con las penas privativas de la libertad, propósito que promueven las corrientes –de suyo anarquistas– del mal denominado ‘nuevo Derecho’, con el cuento de que las cárceles no resocializan.

Sin embargo, ninguna sociedad puede aceptar que a temibles miembros de bandas delincuenciales les den la casa por cárcel con pretextos pueriles como ese de ser ‘padres cabezas de familia’, una de las artimañas favoritas de los penados para lograr una excarcelación expedita. De un lado, no son un buen ejemplo para sus hijos, quienes estarían mejor en manos de Bienestar Familiar, o de otros parientes que se puedan hacer cargo de ellos. Del otro, se vulneran los derechos de las víctimas al no haber castigo y, como si fuera poco, se pone en peligro a otros ciudadanos. Valga decir que los derechos de los hijos de los delincuentes no pesan más que los derechos de las víctimas o de los hijos de estas, ni están por encima de los derechos de probables nuevas víctimas y sus hijos.

Ahora, el pretexto de los problemas de salud tampoco es válido, aún en caso de que fueran reales. Es imposible estar de acuerdo con el fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago, para quien “la sustitución de una medida por domiciliaria no depende de la peligrosidad de la persona, sino del estado de gravedad por una enfermedad determinada y le corresponde al Inpec (…) asegurarse que (los penados) se encuentran realmente en su domicilio”. El Inpec no está para vigilar casas. En Colombia hay 22.000 delincuentes que gozan del beneficio de casa por cárcel –3.984 de ellos con manilla–, y el Inpec sólo cuenta con 11.200 guardias. Además, la casa no es el sitio adecuado ni para un preso ni para enfermo grave; el primero debe estar en la cárcel y el segundo en un hospital.

Pero hay más: la Ley 1142 de 2007, que se refiere al uso del brazalete electrónico, es muy clara al señalar (Artículo 38) que el beneficio sólo podrá concederse en caso de que la pena impuesta no supere los ocho años de prisión, y siempre y cuando no se trate de delitos de genocidio, contra el DIH, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo y delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. También exige que el Juez pueda deducir seria, fundada y motivadamente que el condenado no pondrá en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.

Es claro, entonces, que el beneficio no podía cobijar a Diego Alejandro Serna, alias ‘Kéner’, peligroso jefe de sicarios de una organización criminal, por enfermo que eventualmente estuviera, aunque es fácil deducir que su salud es normal. De hecho, las autoridades explicaron que «mientras estuvo en la cárcel de Palmira nunca tuvo una urgencia o una recaída».

El director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, denunció que ‘Kéner’ lanzó una amenaza en el momento de su captura: «Si me presentan como recapturado no quedará títere con cabeza». Si se tiene en cuenta que este sujeto se había convertido, para la Fiscalía, en un testigo clave en varios procesos contra financiadores de grupos paramilitares, y que en la Corte Suprema alcanzó a ofrecer datos sobre nexos de su organización criminal con dos congresistas de Antioquia, tal amenaza significa que ‘Kéner’ terminará convertido en otro ‘Pitirri’, lanzando falsas acusaciones a diestra y siniestra desde un cómodo exilio. ¿Será por eso que la Justicia venía tratándolo con tanta generosidad?

Publicado en el periódico El Mundo, el 15 de marzo de 2010