Juicios políticos

Cuando el fiscal del caso de Agro Ingreso Seguro afirmó que este era el escándalo de corrupción más grande de la historia agrícola de Colombia y que prácticamente el ciento por ciento del programa era un gran peculado con 33 mil beneficiarios, lo que puso de manifiesto es que tiene una postura política al respecto y una clara decisión de llevar funcionarios a la cárcel a como dé lugar.

Tan es así que hasta sectores que reclamaban airadamente justicia en este caso se sorprenden por el hecho de que a los Nule los esperen penas irrisorias mientras a ex funcionarios del Ministerio de Agricultura los amenazan con condenas prácticamente a perpetuidad, solo por cumplir con su labor puesto que el programa fue creado por ley en el Congreso de la República y los requisitos para acceder a sus beneficios eran certificados por una entidad internacional como es el IICA.

Un Editorial de El Espectador (12/04/2011) afirma que la actuación de la justicia en este caso es “mediática”, pues “se le quiere mostrar al país que (…) está por fin avanzando”. Esa es una visión ingenua; la hostilidad contra estos funcionarios está encaminada a ejercer sobre ellos una fuerte presión –indebida, por cierto– para obligarlos a acogerse al principio de oportunidad y hacer que acusen a superiores para llevar peces gordos a la hoguera. Es la misma estrategia que se ha usado en los otros escándalos que, sobre el gobierno de Álvaro Uribe, han sido magnificados desde las redacciones de algunos medios de comunicación.

En una columna de opinión titulada ‘Hace falta una reina’ (El Colombiano, 27/02/2011), Rudolf Hommes se apoya en las denuncias sobre corrupción que ha hecho el periodista Mauricio Gómez en el noticiero CM&, para afirmar que en cualquier municipio del Cesar “se ha malversado más plata que la que se entregó irregularmente en ese programa (de AIS)”. Y explica que si esos hechos no han escandalizado a nadie es porque no ha habido una reina entre los favorecidos que despierte la indignación de la gente. Es decir, que lo de AIS es más que todo un escándalo.

Claro que eso no significa que en AIS no haya delito. Es evidente que algunas personas se aprovecharon del asunto y deben ser castigadas por la ley. Hubo, entre otras irregularidades, reinas transformadas en granjeras, subsidios duplicados, terrenos fraccionados, asignaciones en familia y toma de créditos baratos tomados para pagar créditos caros. Pero la justicia se ha hecho la ciega con estas personas.

Venir a decir ahora que los casi 300.000 millones de este programa se perdieron feriándoselos a gente ‘rica’ es muy cuestionable. En un video muy difundido en Internet, nadie menos que Antonio Navarro Wolff aparece defendiendo el programa por su despolitización y los criterios netamente técnicos implementados para la adjudicación de las ayudas, y agradeciéndole al ex ministro Andrés Felipe Arias. Y un reciente informe de la firma Econometría, elaborado con la metodología de Planeación Nacional, va más allá y demuestra que el programa sí fue benéfico para el agro por el desarrollo de los sistemas de riego.

Tampoco tiene sustento ese esperpento moralista según el cual el Estado solo puede ayudarles a los pobres y de ninguna manera a los ‘ricos’, cosa que se pretende judicializar sin ser un tipo penal. Sucede que en todo el mundo hay subsidios para ‘ricos’ –sobre todo en el agro– que sirven para mantener miles de empleos en sectores estratégicos, cosa que siempre se ha practicado en Colombia también. ¿O será que el impuesto del 2 x mil, creado en 1998 por el presidente Pastrana y su ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, era para regalarles plata solo a los banqueros ‘pobres’? Si no, que empiece el juicio entonces.

(Publicado en el periódico El Mundo, el 18 de abril de 2011)