Andrés Felipe Arias es un símbolo. Un dirigente joven y preparado que cometió la osadía de echarse sobre los hombros, la responsabilidad de ser el sucesor de las banderas de Álvaro Uribe, una carga para la que aún no estaba listo. Sin embargo, se dejó tentar por el poder y se convirtió en el más entusiasta promotor de las políticas del Gobierno, sin importar que no fueran del resorte de su cartera. Fue así que defendió con denuedo la política de Seguridad Democrática y se convirtió en un crítico frontal de las Farc. Como si fuera poco, adoptó el tono de voz de Uribe y dio el mal paso de dejarse bautizar como ‘Uribito’, con lo que se ‘ganó’ a todos los enemigos del hoy expresidente.
La sanción de 16 años que le impuso el Procurador General de la Nación, lleva implícito el castigo de liquidar las aspiraciones políticas de Arias, de matar el símbolo. Pero se dice que no hay mal que por bien no venga, y la dura sanción del procurador Ordoñez podría evitarle la cárcel al exministro porque si se quería enviar el mensaje de que no son bienvenidos los clones de Uribe, ni malos ni buenos, y hasta el de que no se va a consentir la idea de que Uribe vuelva al poder, pues ya el mensaje está dado. Si se salva de la prisión, Arias tendrá que dedicarse a otra cosa, y probablemente, por razones de seguridad, en el exilio.
No obstante, la fiscal general Viviane Morales (samperista y esposa del guerrillero Carlos Alonso Lucio), fue implacable en la acusación contra Arias, con el argumento de que el programa AIS fue ejecutado con fines políticos, favoreciendo a terceros con el supuesto propósito de que estos financiaran su campaña presidencial.
La Fiscal no paró mientes para hilar bien delgadito. Como estos dineros no los manejó el Ministerio de Agricultura sino el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), la Fiscal acusó a Arias de incumplir requisitos de contratación por no tratarse —según ella— de convenios de ciencia y tecnología, ignorando que esta entidad ha sido contratada desde 1964 sin mediar licitación. Y lo que es peor: la Fiscal desconoció la idoneidad del Iica, y su condición de ser el organismo multilateral de asistencia recíproca, especializado en agricultura y bienestar rural, del Sistema Interamericano de naciones, afirmando que prácticamente era manejado por Arias como si fuera un recurso de bolsillo.
Es seguro que a AIS le faltaron controles pero es perfectamente válido, y no constituye delito alguno, apoyar a productores ‘ricos’. Es más, está en consonancia con el objetivo de mejorar la competitividad del agro con miras a afrontar el TLC. La firma Econometría —mencionada también por la Fiscal—, concluyó en un estudio que AIS fue altamente benéfico para el campo colombiano. Y, a su vez, de acuerdo con un cable de WikiLeaks (El Espectador, 15/06/2011), el director del Iica manifestó que los fondos fueron desembolsados directamente a los contratistas que hacían las obras de riego, no a los beneficiarios, y que no hubo evidencia de que el dinero autorizado para los proyectos fuera desviado a otros fines. Además, afirmó que para el Iica, el programa AIS fue un éxito.
En un país donde abunda la corrupción, es muy curioso que varios funcionarios sean acusados de favorecer a terceros con un programa que sí cumplió sus objetivos y cuyos recursos no se desviaron. O, acaso, ¿tiene Arias apartamento en Dubái? ¿Tiene avión privado? ¿Tiene un Porsche en su cochera? ¿Tiene chef personal? ¿Tiene un patrimonio exagerado? ¿Vive con ostentación?
No, esto no es más que una persecución política, un linchamiento. Como dice el abogado de Arias, Jorge Aníbal Gómez, “por los abusos de menos del 0,1% de los beneficiarios, todo el programa fue satanizado con fines mediáticos y convertido en delito por la Fiscalía”, con fines políticos, agrego yo.
(Publicado en el periódico El Mundo, el 25 de julio de 2011)
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