Algunos lo toman a chiste: llaman a acatar y no reclamar, y dicen que “nos fue bien” sin considerar que todo lo ganado por Nicaragua era nuestro, y que de ellos no era nada. Añaden que la pérdida no tiene importancia, que no había actividad pesquera significativa y que los pescadores artesanales de San Andrés no son más que 200 descamisados que hallarán nuevos oficios. Igualmente, que estamos acostumbrados a perder territorio por descuido y negligencia: casi un millón de kilómetros cuadrados de territorio continental en las fronteras con Ecuador, Perú y Brasil, además de Panamá.
También hay los más papistas que el Papa, para quienes hay que aceptar los fallos a rajatabla, no importa si la injusticia salta a la vista. Tienen razón en que el desacato de las decisiones judiciales es el caos, pero muchos fallos judiciales constituyen quebrantamiento de la ley pues no se toman en derecho, como parece que pudo ser este de La Haya, una injusticia en perjuicio de muchos.
Resulta que el archipiélago le pertenece a Colombia desde hace 200 años, que hace unos 80 se ejerce soberanía hasta el último cayo y que el tratado Esguerra-Bárcenas era tan incontrovertible y claro como cualquiera de los otros pactos que establecen nuestros límites. Es cierto también que distintos gobiernos cometieron errores desde 1980, cuando los sandinistas desconocieron dicho acuerdo, pues ninguno tenía por qué aceptar que Nicaragua recusara un tratado sólido.
Pastrana cometió el error garrafal de reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para dirimir este pleito; Uribe continuó el proceso cuando la CIJ se declaró competente para establecer límites; y Santos incurrió en un inexplicable cambio de estrategia al cambiar la defensa del límite en el Meridiano 82 y optar por la tesis de la línea media, cosa que denuncia el abogado e historiador Enrique Gaviria Liévano, por lo que él mismo se retiró del equipo negociador. Ahí se gestó la solución “salomónica” (división entre las partes) que la canciller Holguín incitó con sus palabras.
Pero, aun con eso, ¿por qué habría que aceptar un fallo ilegítimo? La CIJ no es una corte celestial ni infalible; por el contrario, estos organismos internacionales suelen ser entes politizados en extremo, con una clara tendencia de izquierda afín al gobierno de Nicaragua. Tras esta decisión pueden existir diversos intereses que van desde lo ideológico hasta lo meramente material pues desde antes de que el sandinismo desconociera el tratado, ya se sabía del alto potencial en hidrocarburos de esa zona.
Asimismo, se ha denunciado en el Congreso que Nicaragua ya había puesto en licitación las áreas despojadas a Colombia desde antes de conocerse el fallo y que empresas petroleras norteamericanas ya estaban buscando financiación en la Bolsa de Nueva York para el costoso trabajo de exploración. Otro indicio de que la decisión se conocía de antemano, es la intromisión de un barco nicaragüense en nuestras aguas dizque por órdenes del presidente Ortega, ocurrida hace menos de un mes. Le midieron el aceite al gobierno colombiano, que fue incapaz de ejercer soberanía como correspondía, disuadiéndolo con disparos de advertencia, abordándolo por la fuerza o hundiéndolo.
El hecho es que ningún país admite un despojo de esa naturaleza, son muchos los que han desconocido sentencias de ese tribunal, aun menos lesivas. Las injusticias no se acatan. Colombia debe apartarse de la jurisdicción de la CIJ para evitar que nuestros tratados sigan siendo desconocidos. Ya es hora de madurar como país y dejar de estar esperando que los demás vengan a resolvernos los problemas.
¿Acatar o incumplir? Grave reto para Santos, que todo lo decide en función de su imagen. El pueblo, el Congreso y personajes tan disímiles como Uribe, Navarro Wolff y Jaime Arrubla Paucar, piden desconocer el fallo, pero queda por verse si Santos será capaz de enfrentarse a sus nuevos mejores amigos sin detrimento de lo que se cuece en La Habana.
(Publicado en el periódico El Mundo, el 26 de noviembre de 2012)
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